ISSN 1853-1105





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El Programa de Seguridad Comunitaria en el contexto de la Policía Costarricense.
por Mario Zamora Cordero

“...MAS LEYES, MAS JUECES, MAS POLICIAS

 Y MAS CARCELES SIGNIFICAN MAS PRESOS...

PERO NO MENOS DELITOS...”


Presentación.

Junto al nombramiento de la primera mujer como máximo jerarca de las fuerzas de seguridad de un Estado Latinoamericano, Costa Rica también fue una de las primeras naciones de la zona en incorporar un programa de seguridad comunitaria en el seno de su organización Policial. Al celebrarse en este año la antesala a su décimo aniversario resulta oportuno analizar su peso y significado en el quehacer policial como en el contexto de la relación policía-comunidad que a través del mismo se persigue.

En procura de tal objetivo, en un primer momento del análisis se tratará la importancia de la participación comunitaria en el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho a efectos de garantizar y potenciar la construcción y consolidación de un modelo de seguridad humana capaz de revertir las amenazas que desde la criminalidad afectan al conjunto de la población a través de la adecuación en la prestación de los servicios policiales a la necesidades que de manera organizada ha definido la comunidad. En una segunda fase del análisis se trata la estrategia de implementación del Programa de Seguridad Comunitaria en el marco institucional de la policía costarricense describiendo, en líneas generales, su metodología y estructura de trabajo que ha perdurado (con mínimas variaciones) al día de hoy. Finalmente, desde una óptica de futuro, se señala el horizonte de este programa dentro del horizonte general de la Fuerza Pública.

Partiendo del hecho de que un modelo de seguridad democrática está asentado en un debate democrático que le transforma y dinamiza desde la participación de la propia ciudadanía en tal debate, por lo tanto este ensayo no es más que un insumo para el abordaje de una temática ante la cual la sociedad costarricense ha brindado poca atención.


1. La Participación comunitaria en el contexto de un Estado Social y Democrático de Derecho.


Como ha reconocido la Teoría Alemana del Derecho Penal, la esencia de la violencia que ejerce el Derecho es el poder de (des) nombrar a otro u otros, mediante la aplicación y elaboración de normas jurídicas: “nombrándola”, cuando reconoce a la persona, y en ella, sus derechos y libertades; y, “desnombrándola”, cuando se le piensa sin individualidad, como objeto de apropiación y por ende como “cosa”. Y este acto de cosificar una individualidad es la suprema expresión de la violencia.

La participación ciudadana en la construcción del marco jurídico normativo que rige al Estado Social y Democrático de  Derecho y dentro del campo de la seguridad y la justicia significa una vía idónea para que las personas se hagan nombrar, y por ende respetar, por parte del Sistema de Control Social y por parte de sus agencias. La no participación comunitaria en estos asuntos, por el contrario, influye a efectos de que se des-nombre a grupos e individuos dentro de un proceso de cosificación por parte de dicho Sistema.

La participación de las personas de manera real y efectiva dentro del Sistema Penal en general como dentro de cada uno de los subsistemas que le conforman es una vía idónea para democratizar tales escenarios. Sirve, además, para que el Sistema Legal mejore los niveles de representación de múltiples intereses y necesidades humanas en el contexto socio-jurídico sobre el que opera dicho Sistema a partir de la presencia comunitaria en el control sobre la aplicación y formulación de normas legales.

Bajo estos presupuestos sistémicos es que surgen los esquemas de participación comunitaria dentro de la estrategia de prevención criminal a efectos de mejorar los niveles de prestación y eficiencia de las fuerzas policiales en procura de generar espacios públicos y privados capaces de satisfacer el pleno ejercicio de los derechos y libertades de que goza todo ser humano.

Desde el aporte de distintos estudios Criminológicos se ha determinado la eficacia que reside en la seguridad comunitaria como una estrategia exitosa a nivel mundial en lo que respecta a la prevención criminal en zonas urbanas mediante la utilización de políticas de proximidad que conjunten la acción de la policía con la participación de los propios ciudadanos como mecanismo de contención del fenómeno delincuencial. Tal estrategia, según el criterio de distintos expertos internacionales en esta materia, representa una de las fórmula más exitosa en el combate a la delincuencia gracias a la acción coordinada entre fuerzas policiales y grupos organizados de ciudadanos.

Reposicionar el tema en el conjunto de la formulación de políticas públicas en materia de seguridad representa un aspecto central dentro de la estrategia por contener el fenómeno delincuencial que afronta la sociedad costarricense. En este sentido, hacer del: “Modelo de Policía Comunitaria” el eje central dentro del proceso de modernización policial constituye una garantía a efectos de que este se guíe y se rija dentro de parámetros absolutamente democráticos y progresistas (gracias al control ciudadano que se puede ejercer y gracias a la adecuación de los servicios policiales ante la demanda de la comunidad).

El Modelo de Policía Comunitaria, dentro del contexto de las estrategias de prevención de la delincuencia y la criminalidad en zonas urbanas, representa una oportunidad para resolver la violencia social bajo un marco democrático y propio de un Estado de Derecho, de ahí su importancia.

Es importante señalar que el desarrollo de “Programas de Policía Comunitaria” aconteció, casi en forma exclusiva, en los países del Primer Mundo en razón del alto coste que implicaba su puesta en marcha de manera efectiva. Costa Rica fue uno de los primeros países en Latinoamérica en adoptar esta iniciativa y ponerla en funcionamiento con un alto nivel éxito. En este caso cabe reconocer que la viabilidad o no de aplicar Modelos de Seguridad Comunitaria  más allá de las fronteras geográficas en que los mismos fueron fraguados abrió nuevas posibilidades, nuevas opciones, nuevas alternativas, de cuyo aprovechamiento se ha hecho gala a efectos de enfrentar los retos que plantea la seguridad pública.

En el período de Doña Laura Chinchilla como vice-ministra de seguridad y luego como ministra de esa cartera se instauró el modelo en Costa Rica a partir de la creación de la Unidad de Policía Comunitaria en el seno institucional del Ministerio de Seguridad Pública. En el origen de tal proceso pueden denotarse tres elementos centrales:  a) Formulación del marco legal que dio cobijo a esta iniciativa; b) Establecimiento de la Unidad de Policía Comunitaria dentro de la Fuerza Pública con un mandato nacional que posibilitó la emergencia de políticas de proximidad en el seno de las políticas clásicas en materia de seguridad; c) Definir por vez primera en Cota Rica la relación ciudadanos-policías bajo roles y mecanismos que entrelazan la acción protectiva de las fuerzas de policía con las necesidades humanas de la comunidad en materia de seguridad.

La Seguridad Comunitaria, como componente de una Política Criminal que cimienta y fortalece al Estado Social y Democrático de Derecho ante los retos que deparan las distintas manifestaciones del fenómeno delincuencial; constituye una salvaguarda en términos de Seguridad Democrática y un factor clave para la Seguridad Humana. Reconocer la fuerza transformadora de la Comunidad y su importante papel en la humanización en la aplicación fáctica de las normas penales a través de la policía, es otra de la ventajas que comporta este modelo.

Recuérdese que para la contención del fenómeno de inseguridad ciudadana que enfrentan la mayor parte de las sociedades occidentales y muy especialmente las Latinoamericanas se han ensayado distintas modalidades de respuesta por parte de los órganos encargados de la seguridad pública, y dentro de estas, quizá la más útil y provechosa ha sido la de incorporar a la ciudadanía en tareas de prevención del delito.

Como ha dicho José María Rico, teórico iberoamericano en materias de Justicia y Policía, hoy en día la Policía debe encarar una serie de desafíos: la transformación de sus funciones tradicionales (Patrulla e investigación), el impacto en ellas (y en el crimen) de la tecnología moderna, la proliferación de los servicios privados de seguridad, la posibilidad e incluso necesidad de recurrir a la prevención del delito más que a su represión, aunada a la obligación de proteger y asistir a las víctimas y testigos de actos criminales;  todo ello en el contexto de una sociedad democrática que se orienta cada vez más hacia una mayor participación de la comunidad en materia de Administración de Justicia.
 
Para que la gente pueda participar de manera correcta en este tipo de tareas es imprescindible que reconozcan previamente que el Crimen no es un tumor, ni una epidemia, sino un doloroso “problema” interpersonal y comunitario. Una realidad próxima, cotidiana, en fin: un problema “de” la comunidad, que nace “en” la comunidad y que (inevitablemente) ha de resolverse “por” ésta. Un problema social tanto en su diagnóstico como en su tratamiento, según reconoce este teórico de la seguridad.

Por otra parte, el modelo de seguridad comunitaria también sirve para corregir desviaciones que a lo interno de la Comunidad se suscitan y que se traducen en un no colaboracionismo con las acciones desplegadas por la Policía, ya que distintos estudios antropológicos y sociológicos dan cuenta de la predominancia en los espacios comunitarios de una fuerte tendencia hacia la indiferencia y la desconfianza frente a lo que sucede en el contexto comunitario y que se traduce en una ruptura de los ciudadanos para con sus deberes y para con las instituciones a través de las cueles estos se ejercen (nos referimos a la denuncia por la comisión de hechos delictivos, a testimoniar judicialmente sobre lo acaecido o participar en los programas de prevención, etc.) todo lo cual aleja a las personas de los problemas que aquejan a sus comunidades de manera proporcional a como se alejan de la resolución sobre los mismos, con graves efectos sobre los niveles de eficiencia del Sistema.

Por lo tanto no es casualidad de que a través de este modelo se trate de recomponer el tejido comunitarios desde la base que estipulan los roles ciudadanos en la prevención del delito, mediante una colaboración eficaz entre policía y comunidad. Ya que es un hecho que numerosos delitos podrían evitarse si los ciudadanos fueran consientes del número y de las consecuencias de las actividades criminales que tienen lugar en la zona donde habitan y asumieran ante este fenómeno un mínimo de responsabilidades.

La participación de la comunidad en el campo de la seguridad pública abre nuevas perspectivas de solución ante el problema de inseguridad ciudadana. Así, la conferencia de Cranfield, celebrada entre el 22 y el 25 de abril de 1980, reconocía desde esa lejana fecha lo siguiente:

• Que los ciudadanos tienen un cometido primordial en la prevención y en la detección de la criminalidad.

• Que existe una relación esencial entre las funciones policiales preventivas y la detección de la delincuencia, porque “la policía preventiva” (es decir, una Policía orientada al servicio de la comunidad), contribuye a la creación de confianza hacia la Policía, como institución, a un sentimiento de seguridad en el seno de la sociedad, y estos factores se traducen en una participación más activa de los ciudadanos en el descubrimiento de la delincuencia.

• Que la Policía, en esta actividad “conjunta”, contra la delincuencia, tiene la misión de animar y catalizar los recursos comunitarios.

• Que se han de evitar, en la Policía, los inconvenientes que comportan todas las estructuras centralizadas, especializadas y tecnificadas. “El viento está a favor de la descentralización, dando menos importancia al control central y haciendo prevalecer los contactos humanos en un plano local.


La Comunidad organizada bajo parámetros de seguridad comunitaria también desempeña un papel central en la detección temprana de desviaciones de los miembros de las fuerzas de policía que en muchas ocasiones sus mandos no están en capacidad de identificar. Por otra parte la Comunidad también es esa reserva moral para efectos de hacer cumplir una serie de principios Político-Criminales que sirven como fundamento regulador del poder punitivo del Estado. Entre ellos destaca el Principio de Intervención Mínima del Derecho Penal y el Principio de Intervención legalizada del poder punitivo del Estado.

Una misión de control de la comunidad ante los grupos que conforman las distintas agencias estatales encargadas de ejercer el control social está dado por el juicio de contraste entre las actuaciones de estas últimas y su apego estricto bajo el Principio de Intervención Mínima que enmarca el ejercicio del poder punitivo del Estado (uso de la violencia institucionalizada) el cual debe utilizarse sólo en última instancia, con carácter de “última ratio”, y sólo cuando fracasan todas las demás barreras extrajurídicas (Sociales, culturales, políticas, etc.) y jurídicas (Intervención de otras ramas del ordenamiento jurídico, de otros fragmentos de dicho ordenamiento) y solo para proteger a los bienes jurídicos que mediante procedimientos legislativos democráticos han sido definidos como valores imprescindibles para la convivencia en sociedad, por lo que son legalmente tutelados en razón de haber sido democráticamente elaborados.

Por otra parte, el Modelo de Policía Comunitaria es una herramienta pedagógica que colabora en sustraer a las personas de los mitos y estereotipos con que perciben el fenómeno delincuencial. El programa al otorgar conocimiento criminológico a la Comunidad posibilita una aproximación real de los delitos y de los delincuentes, en sus dimensiones cualitativa y cuantitativa, así como el estudio etiológico de los diversos factores que explican el incremento, mantenimiento o disminución de los diversos tipos de delincuencia.

Desde mi óptica personal el modelo de seguridad comunitaria comporta una nueva visión respecto de la criminalidad en la medida en que su enfoque no es de combate y captura de la delincuencia, sino de reducción del daño en la medida en que lo que pretende es evitar el enfrentamiento físico entre personas de la comunidad y personas delincuentes, reduciendo los niveles de vulnerabilidad del vecindario ante la comisión de hechos delincuenciales así como el registro sobre bienes para su ulterior recuperación y medidas de socorro que se centran en las víctimas y no en los victimarios.

El modelo preventivo que se estableció en Costa Rica posibilita el empoderamiento ciudadano en materia de seguridad pública y constituye un refuerzo para la vigencia y consolidación de un esquema de seguridad pública basado en preceptos de orden democrático.


2. La estrategia de implementación del Programa de Seguridad Comunitaria en el marco institucional de la policía costarricense.

El Programa de Seguridad Comunitaria tuvo su origen en la unidad de investigación y extensión comunitaria de la Escuela Nacional de Policía “Francisco J. Orlich” y su primera fase de implementación fue a través de la modalidad de “experiencia piloto” hasta lograr su consumación institucional a través de la creación de la Unidad de Seguridad Comunitaria del Ministerio de Seguridad Pública y Gobernación (1997).

Desde un punto de vista axiológico su fundamento residió en el reconocimiento del valor comunitario en la resolución del problema de inseguridad a través de un proceso de descentralización en materia de seguridad ciudadana, debe tenerse especial cuidado con la definición y alcances de dicho concepto, por ello la propia fundadora del proyecto lo definió como:  “un proceso político que tiene una expresión institucional y territorial, consistente en una “apropiación democrática de los espacios locales”. Entendida así, constituye una forma de redistribución del poder que se manifiesta mediante el traslado de la prestación y administración de los servicios públicos, desde las instituciones centrales de gobierno hacia formas de organización local (en lo que a la toma de decisiones se refiere, no en cuanto al enfrentamiento físico ante la delincuencia).

Así la puesta en práctica del Proyecto requirió de elaboración de un marco teórico a través del cual se diseño el rol tanto de la policía como de los grupos ciudadanos intervinientes; por otra parte el diseño de intervención también fue debidamente reglado a efectos de que la organización comunitaria así como sus actuaciones preventivas, nunca reactivas, nunca de enfrentamiento directo ante delincuentes o sospechosos de serlo, se diese dentro de un estricto marco de legalidad que permitiera una incorporación gradual de las personas ante las distintas complejidades de que está revestido el problema criminal. De ahí que tal estrategia de organización comunitaria partió de la explicación de los fundamentos preventivos sobre los cuales se prefija el espacio comunitario en materia de seguridad mediante la capacitación de las personas que conformaron tales grupos mediante módulos impartidos de manera progresiva y gradual por parte de funcionarios policiales y no-policiales.

La conformación del equipo de capacitadotes fue una clave para el éxito de esta iniciativa ya que más de la mitad de sus integrantes eran policías en activo, exinstructores de la Escuela Nacional de Policía, mientras el resto del equipo estuvo integrado por abogados, criminólogos y administradores.

Una vez que el grupo de vecinos se auto-conformaba por mutuo propia y sin ingerencia alguna de la policía, éstos contactaban a la unidad de policía comunitaria a través de la campaña pública hecha para ofrecer de manera gratuita tal capacitación a grupos organizados, se daba la primera reunión con la comunidad la cual permitía el establecimiento de un Pacto Cívico entre las personas de la comunidad y los miembros de la Unidad de Policía Comunitaria sobre la base de un compromiso: La policía brindaría la capacitación y la gente no solo se responsabilizaba de asistir a todos los talleres, sino que también asumía el reto de implementar las medidas y recomendaciones que módulo tras módulo se les impartían.

El primer módulo a impartir lo era: 1- El Módulo de Desarrollo Comunitario. Subdividido a sus vez en cuatro componentes: 1.1. Formación del Grupo Comunitario a través de la reconstrucción del tejido social preexistente. 1.2. Establecimiento de la estructura interna para la toma democrática de decisiones, las cuales son de naturaleza colegiada, horizontal y transparentes para efectos de fomentar la participación. 1.3. Cultura Preventiva. En esta fase de la capacitación la enseñanza se dirige a reducir los niveles de vulnerabilidad de la comunidad ante la comisión de hechos delictivos, tanto a nivel del Barrio como en la casa de cada vecino mediante la adopción de un conjunto de recomendaciones de cultura preventiva ante hechos delincuenciales. 1.4. Establecimiento del Sistema Comunal de Seguridad Ciudadana mediante el establecimiento de un árbol telefónico que integre al vecindario y la configuración de horarios de observación sobre el entorno comunal que activen el sistema de alarma sónica ante la presencia inequívoca de un acto delincuencial, permite ahuyentar a través del sonido al delincuente y evita su enfrentamiento por parte de los vecinos, lo cual se deja en manos de las fuerzas de seguridad ante el reconocimiento de que el enfrentamiento físico con la delincuencia es una función eminentemente policial. (Este punto es clave para diferenciar al modelo costarricense de otros modelos comunitarios implementados en Latinoamérica que han readaptado al escenario de la seguridad ciudadana formas de organización comunal que fueron implementadas durante la guerra fría y desde una óptica de seguridad nacional que se fundamentan en la utilización instrumental de grupos organizados de personas que a nivel civil colaboran con las fuerzas de seguridad estatales haciendo lo que a estas corresponden y participando de manera armada ante cualquier amenaza a la seguridad pública. La reproducción de este patrón ha hecho que grupos comunitarios enfilen contra la delincuencia o contra todo aquello que desde su óptica es delincuencial respuestas de naturaleza violentas bajo la lógica de enfrentar a la delincuencia a través de métodos delincuenciales, lo cual no solo es un factor multiplicador de la violencia social sino que también incrementa artificialmente la acción de las fuerzas policiales ya no solo sobre los grupos delincuenciales, sino también sobre los grupos que intentan combatirlos. De ahí la importancia de sustentar un modelo de participación comunitaria desde la óptica de la seguridad democrática y desde enfoques pro-activos y no re-activos).

El segundo módulo constituyó el marco teórico de referencia sobre el que se fundamentó la participación ciudadana en materia de seguridad, este módulo denominado: 2. Derecho y Criminología, forma al ciudadano respecto de los parámetros legales que debe de respetar para efectos de combatir eficientemente a la delincuencia, por otra parte, brinda información sobre el fenómeno criminal en sí a efectos de desterrar los mitos y estereotipos vigentes en este materia. Tal módulo se subdivide a su vez en las siguientes áreas: 2.1. Fenomenología Criminal, acá se explican las causas que producen delincuencia a efectos de que los ciudadanos se conscienticen sobre esta problemática y participen en materia de prevención del delito, por otra parte se brinda información real sobre la clase de delitos cometidos en el sector así como los principales medios de ejecución a través de los cuales estos se consuman, se brinda información real sobre el “modus operandis” utilizados por la delincuencia para la comisión de sus fechorías, para finalizar contraponiendo la percepción que sobre la criminalidad tienen los habitantes con la tasa real de registro delictivo. El segundo subcapítulo de este módulo esta compuesto por la capacitación sobre 2.2. “Deberes y Derechos Ciudadanos” que sirve como marco aclarador de las conductas legalmente permitidas por el ordenamiento legal para que los ciudadanos las respeten al momento de participar en el campo de la seguridad ciudadana, por otra parte se explica el procedimiento legal aclarando el ámbito de competencia policial, judicial y penitenciario así como el deber de cooperación de los ciudadanos en materia de denuncia y como testigos en procesos judiciales.

El siguiente módulo es el denominado: 3. Módulo Técnico Policial, que es el encargado de articular la relación entre el grupo comunitario y la unidad policial a cargo de dicha jurisdicción. El primer componente de este módulo está constituido por el: 3.1. Enlace Policial, que en esencia es una reunión de presentación a cargo del Jefe Policial de la zona donde en forma transparente informa a la ciudadanía de los recursos policiales existentes en el área, la forma de accesar a ellos, los mecanismos de denuncia en caso de actos criminales así como de faltas o errores en la prestación del servicio policial. El objetivo central es la personalización de la relación policía-comunidad.

En un segundo plano, se desarrolla el siguiente componente: 3.2. Apoyo Policial. En este apartado, se pretende el establecimiento de contactos policía-comunidad en aras de identificar en forma conjunta los problemas que aquejan a la comunidad en materia delictiva y elaborar soluciones que sensibilicen a la población sobre la seguridad personal y contribuyan a la participación de la comunidad en la resolución de los problemas sociales que le aquejan. Por otra parte, con el apoyo de la policía, organizar y ejecutar programas preventivos, tales como: Información General a la población sobre medidas preventivas, visitas a Escuelas y Colegios para explicar el funcionamiento del cuerpo policial, establecimiento de un programa de reuniones periódicas entre las autoridades policiales y los grupos de vecinos, realización de talleres y conferencias 

En un tercer plano, dentro del Módulo Técnico-Policial se desarrolla la capacitación sobre 3.3. Apoyo Ciudadano, en la que se capacita a los habitantes sobre aspectos que tiendan a mejorar su relación con los cuerpos de seguridad en caso de presentarse una emergencia o un hecho delictivo. Los ciudadanos reciben capacitación básica sobre técnicas de descripción de sospechosos, se familiarizan con la utilización del sistema telefónico de emergencia ( 911 en Costa Rica) a efectos de que la información que suministren en caso de crisis sea fidedigna (Racionalización en la utilización de los recursos policiales y de otros cuerpos de emergencia). Por otra parte, reciben capacitación sobre la administración del momento del suceso, con base en la elaboración de un Plan de Emergencia previamente diseñado entre la comunidad y la unidad policial de la zona.

Este módulo finaliza con un 3.4. Simulacro que pone a prueba el Sistema de Seguridad establecido por la comunidad, basado en la detección temprana del infractor y su disuasión a través de una alarma de sonido.   Dicha prueba constituye la evaluación sobre el modelo asumido, denotando los puntos altos y trabajando sobre las debilidades encontradas a efectos de mejorar los niveles de seguridad que presenta la comunidad. Esta experiencia representa un fuerte efecto demostrativo de cara a la comunidad y sirve para mejorar los niveles de compromiso e involucramiento de los ciudadanos en esta materia. Por otra parte, permite a la Policía mejorar sus normas de actuación.

4. Una vez verificado el simulacro y denotándose su efectividad, se utiliza la información recabada en la zona para que otras unidades de policía contribuyan en la resolución de los problemas encontrados:  Así, la Unidad de Control de Drogas se encarga de la investigación de los casos de venta y distribución de estupefacientes en tales zonas, gracias a la información suministrada por los propios ciudadanos. Programas preventivos antidrogas cuando se denote la presencia del problema; la acción de la Unidad Contra la Violencia Doméstica, etc. Así se maximiza la utilización de los recursos policiales mediante su utilización de cara a problemáticas concretas y previamente definidas por la propia comunidad.

Finalmente, cabe destacar, que la lucha contra la delincuencia y la seguridad no es un asunto temporal, que solo opere bajo distintas coyunturas, por el contrario, es una acción permanente y constante que debe de darse día a día. Por ello el programa finaliza con un Módulo denominado: 5. Control y Seguimiento, que es el encargado de verificar la continuidad de los grupos, su actuación dentro de los cánones establecidos por el Modelo, su permanencia y crecimiento y en caso de debilidad, generar acciones de rearticulen el grupo comunitario. Para tales funciones se realizan visitas periódicas al sector, en el apartado de 5.1. Verificación; sometiendo a evaluación el nivel del grupo y el estado de la relación policía-comunidad, 5.2., y desarrollando un archivo que sirva para monitorear la acción comunitaria desarrollada por los grupos de seguridad comunitaria.

En Conclusión, de la aplicación del Modelo de Seguridad Comunitaria pueden extraerse los siguientes dividendos en materia de seguridad ciudadana: Se eleva la participación de la comunidad. Disminuye el sentimiento de inseguridad. Disminuye la criminalidad. Mejora la imagen de la Policía. Por lo tanto la Policía Comunitaria es un recurso que permite resolver en términos democráticos, el problema de inseguridad y sus temas conexos. Es una respuesta democrática, preventiva, científicamente diseñada, para la contención del fenómeno criminal.


Pese a los logros que entraña este modelo de seguridad, caben señalar algunas amenazas que se ciernen sobre su presente y su futuro: 1) Al comportar la participación ciudadana en materia de seguridad una alternativa político criminal que posibilita la democratización de la seguridad, también puede ser un vehículo para traspasar al ámbito policial el factor político o el factor electoral que bien pueden dañar la legitimidad de este modelo de intervención policial. 2) Por otra parte, la robotización en que pueden caer los capacitadotes y la manera en que mecánicamente se imparten los módulos arriesgan el cumplimiento de los objetivos que pretende este tipo de programa. 3) La falta de recursos es un factor central que determina la forma en que se imparte la capacitación hacia las personas. 4) El programa continua siendo un programa al margen de la Fuerza Pública pese a que ya pasó su etapa de plan piloto y nunca fue proyectado al seno de las fuerzas de policía adscritas al Ministerio de Seguridad a efectos de que constituyese un eje transversal sobre todas las actividades policiales. 5) La contradicción de promover un programa de descentralización policial a través de un órgano centralizado limita sus objetivos a lograr a través del mismo. Por lo tanto descentralizar y regionalizar a la Unidad de Policía Comunitaria debe de ser uno de los objetivos a los que debe aspirar el país. Haciendo que el modelo de seguridad comunitaria parte de la transversalidad que debe de regir el quehacer policial en general.


3. Presente y Futuro del Programa de Seguridad Comunitaria.


Plantear formas de resolución alternativa a los problemas derivados de la crisis de seguridad ciudadana a través de método participativos y en esencia no-violentos y de naturaleza prevencional, pareciera no ser hoy lo dominante en materia de seguridad y justicia, ya que como muy bien lo reconoció el teórico francés André Hauriou, a principios de los años sesenta, al señalar que de la crisis en la función promocional de la igualdad que debe llevar a cabo el Estado, es decir de la inequidad social generada con tal ausencia, se origina la consiguiente conflictividad social cuyas transgresiones en términos de fuerza y violencia se traduce no sólo en una variación cuantitativa de la demanda de justicia, sino en una transformación cualitativa de la misma. Según éste constitucionalista no se trata ya solamente de hacer cumplir las normas y con ello garantizar la vigencia de los bienes jurídicos tutelados que esta protege y que son el sustento para la convivencia social que defiende el Estado de Derecho. Es precisamente  el fracaso de ésta lo que determina el surgimiento del conflicto.

Si los valores que tutela el ordenamiento jurídico a través de las normas en que está estructurado el Sistema Legal están en crisis en relación con las exigencias sociales que presenta la sociedad moderna en este momento histórico de su evolución resulta errado pretender hoy suplir en el momento jurisdiccional la incapacidad del momento político para satisfacer la demanda social y la evitación del conflicto.

Por lo tanto debe de reconocerse que la resolución de la crisis de inseguridad está asociada con la insatisfacción social generada a partir de la desatención de los intereses colectivos por parte del poder público, expresándose tal desatención en el debilitamiento de la seguridad social y las política sociales encargadas de obstaculizar el surgimiento de conductas que encuentran en la criminalización su única respuesta, en aras de disminuir su coste.


Por lo tanto, concluye Hauriou, la imposibilidad de que la actuación jurisdiccional erradique el sentimiento generalizado de insatisfacción, se la responsabiliza de una ineficacia que sólo es atribuible a otros centros de poder. En este contexto, sin embargo, es que se da el influjo de corrientes autoritarias que privilegian a toda costa, la mantención del “orden público”, aún a costa del sacrifico de la legalidad y mediante la eliminación radical de la delincuencia, en procura de una mítica sensación de seguridad que solo es dable a través de otros medios.

Si en aras de la competitividad nacional y la atracción de inversión extranjera se desmantela el Estado y se dejan ayunos de contenidos y de recursos sus programas sociales, el olvido de la igualdad como función rectora del Estado y de sus instituciones hace aflorar la inequidad social y con ella la criminalidad, por lo que la intervención del sistema de control social a través de la Justicia de los Tribunales solo sirve para ratificar el desmantelamiento previo que han sufrido otras instancias de contención del fenómeno delincuencial que incrementan la utilización del Derecho Penal fuera de su función natural en un Estado Social y Democrático de Derecho, es decir, como última ratio, en contraposición a su función actual como prima fase dentro de dicho sistema de contención criminal.

En este marco en que lo reactivo no da espacio a lo proactivo, en que la represión prevalece sobre la prevención, el desarrollo de un programa de seguridad comunitario queda descontextualizado y replegado de su función real dentro de un sistema de seguridad basado en el ejercicio y respeto de valores democráticos que hacen identificar a la igualdad y su defensa con la Justicia y sus operadores.

El traslado del eje crítico de la seguridad, del campo de la seguridad nacional al campo de la seguridad ciudadana, implica el traslado en el manejo de la disidencia de los órganos de seguridad del Estado al escenario de lo jurisdiccional. Lo cual disminuye la posibilidad de violación a los Derechos Humanos que implica dicho tratamiento; no obstante, también se impone por esta vía una misión resguardadota del statu quo a los órganos de justicia que puede terminar por contaminar el rol de imparcialidad y neutralidad ante los asuntos que son sometidos a su competencia.

Este aumento en la intervención social de la justicia en relación a los problemas sociales que enfrenta la colectividad ratifica la incapacidad anotada por Hariou del escenario de lo político para resolverlos en forma satisfactoria. En este sentido no resulta extraña la tendencia a resolver la crisis de “inseguridad ciudadana”, entendida esta como la insatisfacción generalizada que sienten las personas en relación con los obstáculos y limitaciones que ofrece el entorno social para el ejercicio de sus derechos y libertades a través del riesgo persivido sobre su integridad física y patrimonial a través de la pretendida protección y salvaguarda que ofrece el Sistema Penal y no de los mecanismos previos con que cuenta el sistema de control social a efectos de que tales amenazas no hubiesen llagado a su materialización jurisdiccional.

Así, si la crisis de inseguridad ciudadana genera un aumento desproporcionado y descontrolado de la demanda social sobre el sector Justicia y sobre su capacidad de respuesta ante el fenómeno delincuencial ya hecho manifiesto, las estrategias preventivas quedan en un segundo plano (dada la incidencia que sobre el Sistema Social logra la delincuencia ya formada y ante la cual tal prevención resulta insatisfactoria para efectos de su control y desactivación) y surge la vía Penal como la única ruta posible para tratar los desequilibrios delincuenciales que alteran al Sistema en su conjunto.

Tal ruta, en vez de neutralizar la incidencia criminal, la reproduce y la acrecienta (al relegar y vaciar de contenido al sistema prevencional que es el llamado a evitar el desarrollo de conductas desviadas y criminales en la población) con lo cual se genera una situación de insatisfacción generalizada producto de la relación deficitaria entre la capacidad de resolución del problema criminal que oferta el Sistema Penal y el aumento en las demandas sociales por Justicia que reclama la ciudadanía. Esta presión sistémica ha tendido a resolverse a través de un incremento en las respuestas penales de carácter coercitivo que a la postre tampoco han servido para atenuar los altos grados de tensión que afronta el Sistema Penal en su conjunto.

La sociedad expresa de manera creciente un mayor grado de insatisfacción por la no-atención parte del Estado y de sus instituciones de la necesidad social por una mayor seguridad ciudadana (sobre la base de que toda persona tiene el derecho a exigir ante el Estado la protección de su persona, la de los suyos y de sus bienes),  lo cual incapacita y distorsiona el funcionamiento normal del Sistema Penal. Así, la acentuación en los niveles de conflictividad que presenta el orden social se traduce en un aumento en las expectativas para el uso del régimen sancionatorio de que dispone el subsistema de administración de justicia penal para efectos de contener esta problemática. Por lo tanto a mayor inseguridad ciudadana, mayor presión social sobre el sistema de justicia y de esta para con la utilización de la Pena como instrumento de control social.

Este circulo vicioso entra en desequilibrio a partir de la incapacidad del Sistema para satisfacer la demanda a la que es sometido por parte de la población, pese a la acentuación ya lograda en su carácter represivo, por lo cual hoy en día está abierta la discusión para encarar los retos que impone la criminalidad y la delincuencia desde lógicas nuevas de intervención que aseguren un mejor control a través de un menor uso de la violencia legal.

La experiencia histórica demuestra que la sensación de alarma social a partir de hechos delincuenciales concretos y que era proyectada a  las instancias de poder político en procura de respuestas penales más fuertes y coercitivas, han entrado en crisis a partir de su incompetencia para contener los efectos sociales del fenómeno criminal. Denotando que muchas de las respuestas asumidas en materia de incremento de penas carecían de la legitimidad científica para haber operado y eran más bien obra de las presiones sociales, superficiales y temporales. Sacrificando así, los requerimientos mínimos establecidos por el ordenamiento legal para efectos de garantizar condiciones imparciales de enjuiciamiento criminal a los imputados de tales hechos.

El cóctel explosivo que se configuró entre élites socio-políticas que tradujeron su poder de influencia legislativo en normas penales represivas, y un sistema de justicia penal que las implementó en forma inquisitiva, acentuó la inseguridad ciudadana a través de la inseguridad del veredicto, que a la postre se terminó convirtiendo en una nueva amenaza para las personas y no en una fuente de protección como axiológicamente está llamado a ser.

Costa Rica es sin lugar a dudas una excepción en esta tendencia represiva que hoy sacude a Latinoamérica pero no por ello está del todo exenta de este tipo de influencia. Quizá la baja tasa criminal en comparación a otras naciones de su entorno cultural no ha puesto en jaque aún la aplicación del Principio de Intervención Legalizada del poder punitivo del Estado, que en otros contextos latinoamericanos, bajo el pretexto de justificar el “Fin” de mantener a ultranza el orden público, han tolerado el empleo de todo tipo de “medios”, legales e ilegales, en aras de salvaguardar a la sociedad de la delincuencia, previamente estigmatizada  y etiquetada de manera tal que se le “descalifica” y se le “desconoce” en su plano Humano, y por ende, no se le reconoce como titular de ningún derecho.

Lo que si presenta Costa Rica es un alto nivel de insatisfacción sobre la percepción con que la ciudadanía evalúa el comportamiento del Sistema Penal y una evidente tensión entre las demandas sociales que son canalizadas a través de vías jurisdiccionales y la capacidad de repuesta judicial ante las mismas. Esta situación abre posibilidades para la búsqueda de la Justicia por cuenta propia y para el ejercicio de la venganza que intenta desmotivar, precisamente, el Derecho Penal.

Por otra parte, la proliferación, real o aparente (acción de promoción de la prensa sobre hechos de violencia) del fenómeno criminal y de sus formas de manifestación, lleva a la ciudadanía a asumir por sí misma la seguridad que no le garantiza el Estado ante la eventual comisión de hechos delincuenciales en su contra.

Estas amenazas que se yerguen sobre el sistema de administración de justicia y sobre el marco de actuación en el que operan las fuerzas policiales representa una oportunidad para el fortalecimiento del programa de seguridad comunitaria dada su capacidad para transformar, a través de la participación ciudadana, dichas amenazas.



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