Nuestro extraño imaginario jurídico penal

Por Mariano Hernán Gutiérrez


A pesar de insistir teóricamente una y otra vez en ello, los discursos jurídicos penales no consiguen salir de su confusión entre el ser y el deber ser, permanentemente, a través de una retórica descriptiva formulan principios prescriptitos. Actúan como si advertir la diferencia al comienzo de sus exposiciones les asegurara que cuando exponen sus teorías estas quedaran libradas de este defecto. Se evalúa lo que es a partir de lo que se piensa que debe ser. 

Tal vez no sea un error sino parte constitutiva de todo discurso jurídico, del necesario enmascaramiento que éste implica, que en un momento sus aprendices y operadores pasen subrepticiamente y sin ser conscientes de ello desde un análisis descriptivo del ser a fórmulas prescriptivas del deber ser casi sin notarlo, sin dudas, al menos, sin avisar de ello al lector.

No debiera ser llamativa esta falta de crítica autorreflexiva en los círculos académicos penales. Después de todo, el derecho, para ser un eficaz dispositivo de desplazamiento de la violencia, debe estar imbuido de misterio. Sus funcionarios, sus profesores, sus operadores, deben, a fin de cuentas, creer este misterio para reproducirlo de forma creíble.

En esta ponencia sólo me dedicaré a esbozar algunas características de estos polos jurídico-políticos que se enfrentan actualmente en los discursos jurídicos de la academia, en los discursos políticos, y  en las prácticas judiciales; para descubrir en ellos, heterogeneidades e incoherencias que suelen quedar bajo un necesario velo de ignorancia en el operador judicial (y aún, en menor medida, en el académico).

A este respecto, las críticas al funcionalismo sistémico penal ya son bien conocidas. En síntesis se podría decir que tienen una idea de la sociedad muy lejana a lo que permitiría cualquier observación empírica en nuestro contexto (como un “sistema”), y que con esa idea de sociedad proyectan un deber ser al derecho desde donde construyen su propuesta dogmática. Curiosamente es una dogmática antidogmática, porque si hay un axioma que no respeta, es la ley escrita. De esta forma, se convierten nuevamente casi en nuevos discursos naturalistas (sin dudas no positivistas jurídicamente), puesto que la norma no surge de la letra legal, sino de una realidad y necesidad natural: la funcionalidad al cuerpo social.

La ley no funciona en este caso como punto de partida para formular una teoría del delito. La teoría se construye por sobre y en contra de la legislación, y se supone que la legislación debe obedecer a las construcciones de la teoría y no al revés.

Es la ley y doctrina alemanas las que funcionan como axiomas en este caso. Pero éste no es un error específicamente del funcionalismo. Toda nuestra “nueva” doctrina penal –particularmente en lo que hace a la teoría del delito[1]- resulta tan germanófila que se olvida que su axioma a interpretar ha de ser la legislación nacional, y no la norma alemana, o incluso, principios filosóficos, por demás cuestionables (como la “realidad óptica-ontológica de la acción”).

Particularmente ha sido el auge del finalismo el que se ha especializado en operar esta prestidigitación. Entre otras cosas esto ha supuesto seguir los postulados alemanes sobre el dolo eventual[2], la omisión impropia, y la naturaleza objetiva-subjetiva de las causas de justificación. Construcciones y propuestas muy alejadas de lo que permitiría una interpretación de la ley argentina. Muchas de estas interpretaciones que siguen acríticamente las construcciones alemanas continúan aun presentes en casi todos los autores (Zaffaroni, sólo luego de varias décadas de sostenerlas, ha modificado, en la última versión de su teoría del delito, su propuesta respecto de la omisión impropia no tipificada y de la naturaleza objetiva de las justificaciones; no ha modificado, sin embargo, su interpretación del dolo eventual). 

Pero esta tradición exageradamente eurocéntrica, la tendencia a utilizar palabras inentendibles o inventar neologismos, o aún, la tendencia a buscar una justificación de la “teoría” del delito en teorías filosóficas gnoseológicas (que, en concreto, nada tienen que ver con el objeto de estudio en particular) y que en nada influyen, no debe ser tratados sólo cómo errores o modas intelectuales. También son mecanismos que al complejizar las interpretaciones, aplicaciones y enseñanzas sobre el derecho penal (sin producir por ello cambios en los resultados concretos en la situación de los justiciables), dotan progresivamente de una cierta autonomía al derecho penal frente a otras ramas del derecho. Nuestra academia penal más moderna maneja conceptos, teorías, vocabularios que resultan novedosos, extraños y hasta incompatibles para el resto del saber jurídico. Se ha ido configurando, paulatinamente, un “campo” de derecho penal, con relativa autonomía de los otros saberes jurídicos. Un “campo” que se supone que tiene un peso específico de (y mayor que) las otras ramas del derecho en el manejo de la vida cotidiana y de las relaciones estado-individuo; porque en la forma en que se produzca y maneje el binomio transgresión-represión se juegan representaciones de gran peso simbólico sobre lo que es la autoridad, el estado, la legitimidad de la violencia estatal, etc.

Esto implica que la ideología política forma parte inescindible de los discursos sobre derecho penal, tal como queda claro en muchas de las mismas exposiciones de sus máximos autores y aún las discusiones coloquiales entre los estratos más bajos de la academia. Y aunque las aplicaciones de una u otra postura penal (una u otra “teoría”) modifiquen poco sobre la realidad penal (particularmente la carcelaria), el derecho penal aparece como un campo en el que los distintos autores luchan por imponer sus ideas sosteniéndolas sobre la base de que éstas producirían importantes modificaciones en las políticas penales reales y en las formas y medidas de la criminalización. Implícita en estas discusiones técnicas, siempre hay una discusión política, pero que opera principalmente, en la dimensión discursiva-simbólica. Cada condena tiene efectos reales, sin duda, pero lo que más importancia y peso tiene a los efectos políticos-sociales es su efecto simbólico: quién se ve degradado en la condena; quién se ve reivindicado; de qué forma; cuáles son las reglas para ello.[3] El “mensaje” que emite en las prácticas el Poder Judicial -si se dicta una condena u otra, y contra quién, si se aplica un lenguaje u otro, el sometimiento de un personaje por otro (por ejemplo de un imputado, con cierta identidad política o social asignada, por parte de un juez, a quien se le atribuye cierta pertenencia política o ideológica), todo ello- tiene una fuerte implicancia simbólica política, un efecto de mensaje (tal como lo deja en claro el funcionalismo sistémico, aunque no se permita cuestionar la inescindible dirección política de ese mensaje). Y es por esto por lo que se debate y lucha en las corrientes académicas-jurídicas y judiciales, por el valor y significado de estos mensajes que debe efectuar el Poder Judicial, aparato dotado de excepcional legitimidad para asignar selectivamente  nombres y categorías (y por lo tanto derechos) a los sujetos sociales.

En nuestro caso puntual, los plexos de afinidades jurídicas-políticas-ideológicas, no sin ser heterogéneos, se han agrupado en dos grandes polos, cuya particular conformación actual debe mucho al momento de la llegada de las ideas dogmáticas y procesales a nuestro contexto, lo que representan los actores que tratan de imponerlas, contra qué estructuras políticas-jurídicas se dirigen, y qué proyecto político acompañaba a estos actores.

Una particularidad en el imaginario jurídico penal que debería haber llamado la atención hace mucho tiempo en la sociología jurídica se refiere a la forma en que se ha desarrollado la dogmática penal en nuestro país, y a esta implicancia mutua que existe en el imaginario jurídico-político de la academia, y de muchos actores judiciales entre finalismo-garantismo-izquierda y su consecuente enfrentamiento con causalismo-conservadurismo.

A pesar de que Zaffaroni insista que el finalismo fue la fórmula de la socialdemocracia  alemana de posguerra (enfrentado, en esto, con Ferrajoli), lo cierto es que en sus consecuencias prácticas sobre el “reo” (imputado o condenado), el finalismo de ninguna forma resulta más “benigno” que el causalismo[4]. Sólo existe un caso en que la solución sobre si una conducta es delito está determinada por las estructuras y formas de las teorías finalistas y causalistas: el caso del error de prohibición indirecto vencible que recae sobre los hechos, y en esta divergencia, al contrario de lo que se supone, el causalismo es más benigno y el finalismo más represivo[5] ¿Entonces, por qué se supone que el finalismo es más “garantista”? No debe ser pasado por alto, en primer lugar, una cierta fascinación académica en los dogmáticos por lo más nuevo y lo más complejo, aunque sea inaplicable o no produzca beneficios en la practica penal[6]. Pero además, porque al haber sido Zaffaroni tal vez su principal impulsor, y al asociarse a Zaffaroni al “garantismo”, se entiende que garantismo y finalismo van de la mano. Por el contrario, las formulas finalistas alemanas que vinieron de la mano de Zaffaroni en su primera formulación distaban mucho de ser garantistas, pues imponían soluciones dogmáticas mucho más represivas y gravosas que lo que la interpretación de la ley argentina permitía.[7]

Otro error muy frecuente entre los causalistas-conservadores (y de allí, en gran parte del discurso mediático) es creer que el garantismo es “de izquierda”. Por el contrario para las teorías y propuestas políticas marxistas (por poner un ejemplo) el garantismo son sólo libertades burguesas que han de ser superadas eventualmete. Si tomamos en cuenta que el garantismo es ni más ni menos la corriente que boga por una interpretación constitucional de la ley nos daremos cuenta de que debería ser tenido por conservador por parte de un discurso propiamente de izquierda. La postura garantista, es claramente un producto liberal-republicano, y por ello de cierta forma funciona como una parte del dispositivo conservador del sistema democrático formal-representativo y republicano. Es sólo a partir de que los autoritarios y golpistas de derecha se han adueñado del título “republicano” y, por nuestra particular historia, que la verdadera racionalidad republicana (división de poderes estatales, racionalidad públicas en los actos de gobierno, control del ejercicio del poder, etc.) ha quedado asociada a la izquierda (o mejor dicho a lo que la derecha local supone que es la izquierda). En esto ha habido un triunfo histórico de los discursos de los sectores de derecha y las dictaduras en nuestro imaginario colectivo: se asocia a las pretensiones de límites y control del poder del Estado (el liberalismo republicano) a la izquierda, y así corre la misma suerte que la deslegitimación general de la izquierda por parte de los discursos dominantes.

Es así que en las facultades conservadoras-causalistas (pienso, por ejemplo, en La Plata) se tiene a Zaffaroni por “de izquierda”, cuando claramente es, antes que eso, un “garantista” (un republicano liberal); términos que en otros contextos (por ejemplo, en una organización política republicana-liberal) serían opuestos políticamente.

El causalismo se ve así, desde la metrópolis académica y las elites ilustradas, como un arcaísmo, como un elemento propio del pasado, y ello remite a dictaduras y discursos represivos. Esto en parte porque los mismos conservadores, se protegen en el un difuso discurso “causalista” al ver en el finalismo un peligro (en realidad inexistente) de progresismo-liberalismo-izquierda. Desde las universidades satélites del Gran Buenos Aires o desde La Plata los profesores conservadores se encargan de denunciar al finalismo como progreso-progresismo (y por tanto, se supone, garantismo-izquierdismo). Pero, tampoco es cierto que la postura causalista sea más conservadora que la finalista. Sólo es así en nuestro particular contexto histórico.

El garantismo (o liberalismo republicano, lo mismo da) no es de izquierda en otros contextos. Sólo cuando existe un opuesto en común parecen coexistir cómodamente. En nuestro caso este opuesto está conformado por un plexo de actores que basan propuestas jurídicas conservadores sus propuestas políticas represivas. Tampoco esta unión es universal, sino contextual.

Una nueva asociación que se ha hecho en estos plexos de fuerzas que se van unificando para formar dos polos opuestos, es la propuesta jurídica procesal acusatoria al garantismo y al finalismo (y, nuevamente, a la supuesta izquierda liberal). Una vez más, las propuestas acusatorias han tomado fuerza en las facultades, sin dudas, de la mano del liberalismo republicano que floreció las últimas dos décadas. Y, siendo nuestra tradición judicial (y jurídica) fuertemente inquisitiva, la irrupción de las ideas acusatorias se ha vivido como algo novedoso, y como la invasión de ideas académicas “progresistas” en una estructura judicial tradicional. Así, tener ideas nuevas -estas ideas que llegaban con la democracia y con la vuelta de viejos profesores excluidos en las intervenciones de la dictadura- implicaba ser garantista en la justificación del sistema penal, finalista en la teoría del delito, y acusatorio en la propuesta procesal penal. Por otro lado, ser conservador, rechazar la injerencia de los “nuevos” académicos (nuevos en los años 80) en las prácticas judiciales (e incluso ser “pragmático” en la práctica judicial) se asocia a promover el proceso inquisitivo (y mantener el discurso causalista, o al menos, antifinalista).

Sin embargo, lo cierto es que el proceso inquisitivo es tan conservador como el acusatorio. Cada uno es conservador en la cultura judicial y contexto social en el que se arraiga. Y aunque el sistema acusatorio sea más “garantista” en sus formas (en el respeto de la racionalidad jurídica republicana liberal) y hasta más democrático (en sus características del del juicio por jurados y de la persecución a manos de la víctima), es también más efectivo en la represividad. No soluciona los peores problemas de la represión penal y hasta los agrava: produce condenas más duras (las condenas de los juicios por jurados suelen ser mucho más duras que las de los tribunales), permite grandes tasas de encarcelamiento (como en el caso insólito de Estados Unidos), y no evita ningún tipo de selectividad social, sino que hasta parece validarla y legitimarla (también como en el caso de Estados Unidos, y como en el de cualquier otro sistema penal del mundo). En estado mixto (como en el caso de nuestros procesos inquisitivos reformados) no sólo no soluciona ninguno de los problemas del sistema inquisitivo sino que en algunos casos los potencia: En cuanto a las libertades y tasas de presos sin condena, al dejar la instrucción como etapa predominantemente inquisitiva, la libertad del “reo” se resuelve allí a la hora de dictar su prisión preventiva, y no a la hora de la condena; la libertad de evaluación de la prueba permite a los jueces aplicar la selectividad con gran discrecionalidad; y permite que en el conjunto de principios de la instrucción se resuelva a expensas de los principios acusatorios, relegados a la etapa final de juicio (a los efectos prácticos para el reo, la menos importante en su realidad, pues suele liberar de un encarcelamiento inmerecido ya sufrido o bien legitimarlo).

Es decir que ateniéndonos a los resultados, ni el finalismo es más garantista que el causalismo, ni el sistema procesal acusatorio es menos represivo o selectivo que el inquisitivo. Ninguno de ellos son “de izquierda” en sus propuestas y estructura[8]. Se los tiene por tales porque estas teorías han llegado para pelear la producción del imaginario jurídico penal a corrientes políticas conservadoras cuyas armas de legitimación eran en la academia, un discurso de la interpretación legal basado en autores “clásicos” (viejos, ergo, causalistas, pues sus doctrinas de la parte general no pasan de mediados de siglo), y en política judicial, un sistema fuertemente inquisitivo (sin dudas oscuro en sus prácticas y armado por y entre “familias” políticas). Estas “viejas” estructuras  políticas conservadoras denuncian a las corrientes finalistas y acusatorias como “garantistas” o “de izquierda” porque en ellas ven una racionalidad legal liberal y una tendencia revisionista e intervencionista en el poder judicial que se enfrenta al status quo de sus estructuras académicas y judiciales.

Es necesario, distinguir que en cada corriente de fuerzas coexisten discursos jurídicos, prácticas de administración de justicia y propuestas políticas cuya alianza es sólo transitoria.

En defensa de los derechos del imputado, por ejemplo, las corrientes más políticamente de izquierda y las más reduccionistas o minimalistas (liberales), del derecho penal coinciden y luchan juntos por la imposición de la necesidad de estas ideas. En este caso, tienen un rival opuesto en común por la ya conocida y probada selectividad penal en lo social (puesto que los imputados suelen ser, por supuesto de extracción pobre). Pero no es fácil de mantener esta coincidencia cuando el imputado es considerado “un poderoso”, un “represor”, o incluso frente a un policía (en cuya identidad social predomina el peso de ser agente de las fuerzas de represión y no el de ser de clase baja).

Un conflicto interno de esta corriente o “polo” se puede observar cuando por ejemplo, ONGs como el INECIP y el CELS hacen campaña por ampliar las facultades de persecución de las víctimas contra el imputado. Una postura garantista-reduccionista, no podría suscribir tales ideas sino sólo en caso de que al mismo tiempo se reduzcan las facultades persecutorias del estado[9]. En este caso, el INECIP y el CELS privilegian el significado político de las condenas que se podrían lograr de esta forma (entienden que se esta forma se podría combatir la “impunidad de los poderosos”).

De la misma forma, no ha resultado nada fácil dictar la invalidez de las leyes de punto final y obediencia debida desde el discurso y la postura técnica-garantista. Para ello, ha predominado el fuertísimo peso simbólico que tienen los funcionarios y principales operadores de la represión de la dictadura. El significado de la condena o absolución de “El Turco Simón” adquiría un peso tan fuerte que incluso los jueces tenidos por máximos representantes del garantismo penal (Argibay, Zaffaroni, etc.) han debido someter el principio de las garantías absolutas del imputado (las que surgen del principio de legalidad, básicamente) a excepciones (en el caso han aceptado que una condena de este tipo, por la excepcional gravedad del caso, puede basarse en principios internacionales de derecho no escritos). En este caso, por el excepcional peso simbólico del fallo, el conflicto interno garantismo-orientación política, se ha resuelto a favor de esta última pertenencia. Fayt, en el caso –única disidencia-, representa la postura predominantemente técnica en lo jurídico y garantista en lo político.

A diferencia de lo que solemos creer quienes militamos en este polo jurídico-político, también el plexo del conservadurismo-represión (en síntesis, la derecha) observa esta heterogeneidad y conflictividad. Los viejos juristas tradicionales que suelen ser citados por los funcionarios judiciales conservadores (desde Soler a Fontán Balestra, por ejemplo, en lo que hace a derecho penal sustantivo) tienen también un discurso jurídico que no puede sino arraigar necesariamente en algunos principios constitucionales (y por lo tanto liberales) que muchas veces constriñe sus interpretaciones y cuestiona las posibilidades de los políticos de hacer efectivas sus propuestas de legitimar legislativamente (o judicialmente) el poder represivo policial-estatal. [10]

Cuando un jurista conservador de prestigio apoya campañas de represión que, sabe, son contrarias a la buena técnica jurídica, lo hace también con cierta resignación a la política, en la que siempre se va a colar la opinión del “experto” (del jurista, para el caso). Tras la oleada popular de reclamo por mayor represión penal generada por el caso Blumberg (y alimentada y reproducida por los grande medios de comunicación y algunas figuras políticas claves), es cierto que se modificó la ley penal, haciéndosela más gravosa en muchos casos, pero también es cierto que algunas de esas reformas fueron limitadas o quedaron truncas, pues no pudieron pasar indemnes las objeciones “técnicas” de coherencia jurídica.

Un caso similar ocurrió con la “reforma Ruckauf” sobre el CPP de la Provincia de Buenos Aires. Muchos de los artículos que impedían excarcelaciones fueron declarados inconstitucionales (por los mismos jueces conservadores que forman la parte Mayoritaria del Poder Judicial de la provincia)  por el absurdo jurídico que implicaban.

Es decir, así como muchas veces no somos concientes de los conflictos en nuestras propias posiciones jurídicas-políticas, también forma parte de nuestro extraño imaginario jurídico penal suponer que el otro polo jurídico-político es más homogéneo, coherente, y más poderoso políticamente, por no poder observar sus heterogeneidades e incoherencias. En esta percepción de la heterogeneidad, se encuentra, sin embargo, espacios estratégicos para logar modificaciones puntuales[11].

Conocer más nuestro extraño imaginario jurídico penal y su particular formación histórica nos puede ayudar a entender mejor de qué forma nuestros discursos se articulan en nuestro contexto específico con prácticas y fuerzas políticas específicas. Y tomar conciencia de la verdadera utilidad de ello. Además, es un necesario ejercicio de localización de teorías, que tarde o temprano debe llegar al saber jurídico (que siempre pretende regirse por principios o métodos científicos decimonónicos que supone atemporales). Es decir, debe contextualizarse y darse historicidad a las “teorías” jurídicas para descubrir en ellas la carga política que está implícita en sus luchas discursivas, y la que es añadida por el contexto en el que son propuestas, defendidas, impuestas. Esta ultima, es la variable de mayor importancia. En segundo lugar, debe entonces, diferenciarse el valor política puramente discursivo de estas “teorías” de sus efectos en las prácticas reales, si es que queremos ser concientes de los resultados de nuestros aportes concretos, y si es que queremos operar modificando la realidad práctica, más allá de las luchas discursivas.

 

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Notas:

* El autor forma parte del CEPOC (Centro de Estudios en Políticas Criminales y Derechos Humanos)

[1] Tal vez parte de los sutiles mecanismos que permiten esta confusión sea, justamente, seguir llamando “teoría” (y así implícitamente darle autoridad científica) a una propuesta interpretativa de la ley. Debemos convenir que la teoría del delito no es una teoría en el sentido científico del término, sino una construcción interpretativa que trata de sistematizar la ley penal. Recordando esto –y tal vez, entonces, eliminando el pretencioso título de teoría- sería más difícil lograr esta confusión.

[2] Este tema está tratado en mi artículo Contra el Dolo Eventual, en Cuadernos de Jurisprudencia y Doctrina Penal, colección Criminología, nro. 1, Ad Hoc, 2001.

[3] El caso más claro es la lucha que existe por dirige el efecto degradatorio de la condena a ciertos personajes de trascendencia. Los efectos de las condenas a genocidas operan muchos más allá de la mera venganza contra un asesino: tiene un “mensaje” político, y esto es lo más importante cuando se lucha por ella. También tiene un “mensaje” político muy claro, pero muy distinto, la criminalización de la protesta social (en concreto, la condena penal a los piqueteros). En todos los casos de resonancia pública hay un efecto simbólico de la condena de suma importancia. Y aún en la condena cotidiana de marginales y excluidos también hay un efecto simbólico degradatorio y de sometimiento que se reproduce día a día.

[4] Recuérdese que más allá de su inverosímil y forzado discurso sobre respetar la “ontología de la acción”  la propuesta interpretativa del “finalismo” tuvo un sentido político concreto en un contexto de un sistema procesal específico:  intentó resolver el conflicto de los huelguistas alemanes, para que el problema sea resuelto por los jueces de instrucción y no por los de juicio.

[5] Mientras para el finalismo sólo cabe ajustar la pena al mínimo dentro de la escala penal dolosa, para el causalismo la conducta puede ser calificada como culposa. Esta divergencia es una preocupación netamente “de laboratorio” (plantea poco problemas en la práctica), pero aún de considerarse importante, puede ser solucionado con un “parche” en la teoría o bien con una pequeña modificación legislativa que disponga de una solución ad hoc.

[6] Esto explica el auge del “funcionalismo sistémico” penal proyectado a un país que por su estructura, conflictividad, heterogeneidad y fragmentación social, nunca podría ser considerado un “sistema”.

[7] Me refiero a las ya mencionadas anteriormente, específicamente a su solución para los casos de omisión impropia no tipificados (solución que en su nueva teoría ha sido modificada).

[8] Entiendo que ambos sí son claramente mucho más compatibles con un nuestro sistema jurídico legal: el finalismo por su interpretación de la tipicidad (por la forma en que esto está legislado en nuestro Código Penal); y el sistema acusatorio porque respeta las garantías constitucionales de clara tradición republicana-liberal (y el inquisitivo no).

[9] En particular, un conflicto de este estilo se ha producido cuando el INECIP emitió una circular con respecto a la ola de reclamos populares contra los jueces de Cámara (el más conocido de ellos, Bruzzone) que resolvieron la excarcelación de Omar Chabán. En ella, aprovechaban la oportunidad para argumentar a favor de un proceso penal que asegure más facultades a las víctimas reclamantes. Esto generó algunas reacciones entre quienes mantenían una postura más garantista con respecto al caso. Para entender el conflicto, es necesario recordar que el personaje Omar Chabán había cobrado una fuerte carga simbólica como un empresario lucrativo y despreciativo de la vida de su clientela. Las víctimas a la vez habían construido una identidad de familias pobres y “de barrio”. Entonces el conflicto se resolvía en la dimensión de las representaciones políticas e ideológicas (las familias pobres contra el empresario ambicioso). En los actores que apoyaron el reclamo desde esta posición garantista-izquierdista predominaba una orientación de izquierda que hacía entender el reclamo en términos políticos simbólicos. En quienes, desde esta mismo polo criticaban el reclamo o defendían la decisión judicial predominaba su orientación jurídica técnica-garantista.

[10] Suele predominar en nuestros ámbitos un discurso pesimista que cree que la derecha “va ganando” y que tiene más coherencia en el ejercicio del poder porque es más pragmática y menos principista. Pero debe tenerse cuidado con esta trampa del pesimismo impotente. De observar las frustraciones del polo conservador-de derecha (reclamos enardecidos “contra la impunidad”, fracasos al tratar de imponer políticas penales puramente represivas, estructuras policiales delictivas que reaccionan al verse amenazadas por investigaciones –peirodísticas o incluso del poder político- y sus consecuentes reformas), notaremos que ellos piensan, justamente, lo contrario: que “nosotros” vamos ganando; y que es hora de cambiar las cosas.

[11] Cosa evidente para cualquier operador político. Las divergencias en el polo garantista-izquierda han facilitado la posibilidad de la reforma Blumberg. Y las divergencias en el polo conservador-represivo en cuanto a la revisión histórica del proceso militar han facilitado el fallo de la invalidez de las leyes de punto final y obediencia debida.


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Debate: ¿Es falso el debate entre el sistema acusatorio y el inquisitivo?

Texto incorporado el: 2011/01/27. Revista de actualización permanente. Se recomienda citar: Apellido, Nombre. "Título del trabajo" en Revista electrónica Derecho Penal Online [en línea]. Disponible en: http://www.derechopenalonline.com

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