Una mirada internacional a la ejecución de la responsabilidad civil derivada del delito

Por Iracema Gálvez Puebla


La práctica internacional  ha implementado  diferentes alternativas  tras la  búsqueda de la solución de la ejecución o satisfacción de la Responsabilidad civil derivada del delito, la creación y justificación de algunos de los mecanismos de reparación e indemnización, se argumentan teniendo en cuenta, los siguientes planteamientos:

La consideración del fracaso al que ha arribado el Estado dentro de su función de garante,  de la seguridad de sus ciudadanos, tras haber asumido, el monopolio del poder punitivo, que le fue vedado a los particulares.

La ineficacia, hasta ahora irreparable de la tradición estatal de la reparación a la víctima.

El monopolio del control estatal ante cuestiones neurálgicas como la Responsabilidad civil derivada del delito, lejos de fortalecer el amparo ­y protección individual, que reclama la víctima, produce una to­tal desatención a intereses particulares y mella sobremanera el principio doctrinal moderno de garantizar a todas las personas ­el acceso a la tutela judicial efectiva. Se ha demostrado que la Responsabilidad civil para hacerla efectiva cuando esta se vincula con la producción de un delito durante años ha quedado a un plano secundario, pues tanto los tribunales penales como el ministerio público ponen una mayor dedicación a la represión penal. 

Sugiere, esta problemática,  enfrentar la poca funcionalidad de los mecanismos públicos resarcitorios; pues sin duda no pueden los efectos del delito crear al causante del ilícito penal una total indiferencia hacia su deber de indemnizar los daños y perjuicios causados; ni que derive esta responsabilidad de pago al soporte estatal sobre los presupuestos públicos, cuando estos costes los debe soportar y enfrentar primordialmente el responsable de los daños. Por estas cuestiones planteadas, la doctrina se ha referido a la aplicación de algunos mecanismos que traten de lograr conseguir  rembolsar esos pagos oficiales, así como viabilizar el resarcimiento.

Se han dividido estos mecanismos resarcitorios en extrajudiciales, legales, procesales y ejecutivos, por los efectos que producen, y para una mejor comprensión y organización metodológica de la institución.

Mecanismos extrajudiciales.

Mediante los mecanismos extrajudiciales, se ha incorporado en Alemania la tercera vía de solución[1], que la doctrina ha denominado  Conciliación. 

La búsqueda de nuevas alternativas al modelo tradicional del proceso penal como marco escénico, ha propiciado la aparición de una tercera vía que ha de contribuir a los fines convencionales del Derecho penal[2].

La manera habitual de valorar el impacto y las consecuencias del delito condujo como resultado la valoración de los intereses sociales minimizando el interés individual de la víctima[3].

La conciliación víctima-comisor[4] se considera, que debe colocarse dentro del Derecho penal, y orientarse según sus principios generales, aunque se resuelva fuera del proceso penal, en dependencia del tipo de hecho delictivo que se haya llevado a cabo,  pues no es prudente que se utilice  en los delitos de gran peligrosidad social. Esta conciliación necesita por consiguiente del  Derecho penal para decidir qué es delito, quién es el sujeto comisor y  quién es la víctima. Sin embargo, la solución al conflicto se propicia de forma extrajudicial, siempre y cuando esta mediación sea ejecutada por expertos en la materia, que logren que las partes involucradas lleguen a un acuerdo justo y proporcional.  

Lo que se pretende, es de analizar la posición en la que ha quedado la víctima, y valorar de qué forma puede sentirse ésta compensada; se debe entrar a valorar la proporcionalidad de la gravedad del daño, que lógicamente será siempre un marco importante de referencia, para el uso de esta alternativa, pues no podemos caer en la privatización de la justicia penal, pero si estamos conteste que puede ser una solución al conflicto. La llamada conciliación víctima‑ sujeto comisor, como una alternativa más, no la única de la Justicia Penal[5] desarrolla mecanismos que logran solucionar el conflicto creado; de no existir acuerdos para resolver espontáneamente entre las partes el problema suscitado y sus divergencias jurídicas; entonces entra a jugar su rol fundamental la administración de justicia;  solucionando la  vía jurisdiccional el conflicto.

Una de las finalidades más significativas de la conciliación víctima‑ comisor es encontrar soluciones que logren disminuir los efectos del delito de una manera rápida y eficaz. La dilación de la Justicia Penal, y la poca efectividad de resarcimiento a los perjudicados de los actos delictivos; son  las razones fundamentales, que han beneficiado el nacimiento de movimientos similares[6] a la conciliación.

Resulta necesario esbozar en qué consiste la figura del mediador. Pues, no es precisamente un nuevo juez, o sea no se encarga de imponer las medidas. Es meramente una persona que ayuda, que media en la situación, pero que no ofrece una solución inmediata al conflicto, su función deriva en poner en relación a la víctima y al comisor del hecho delictivo para que sean éstos quienes examinen la solución más ajustada.

A través de la conciliación se busca conseguir una mejora del clima social, no es  la simple y mera compensación del daño, es la  confrontación de aspectos importantes de un proceso dinámico entre los sujetos que están implícitos como protagónicos. Es la discusión activa del problema, que es abordarlo directamente; es sentir que se forma parte de ese conflicto.

La doctrina no propone, con la utilización de la posibilidad de que concilien las partes,  que gocen de impunidad determinados hechos antijurídicos, sino por el contrario, posibilita una  solución  que puede lograr resolver  el conflicto, siempre que sean susceptibles de valorar otras formas de solución ajenas a la represión, a partir de lo que se nombre como tercera vía del Derecho penal, la que según Maier, “permite que la reparación del daño por voluntad del autor solucione el conflicto social que se ha creado con el delito; permite con más eficacia, se alcancen los fines de la pena en una prevención general positiva dada por la satisfacción que genera en la conciencia jurídica colectiva ver que el conflicto se ha superado, así como una prevención especial positiva que se traduce en el reconocimiento, por el propio autor, del interés de la víctima y lo satisface llevando a cabo una acción voluntaria tendente a la reparación del daño causado”[7].

Estas ideas sin embargo, corren el riesgo, según reconocen sus propios autores[8], de ser absorbidas en favor de los poderosos, enunciando el predominio de las clases más enriquecidas y políticamente dominantes, sin embargo se parte de la idea de determinar cuestiones medulares que instrumentan tal alternativa, pues siempre esta solución debe partir de los postulados básicos de la doctrina penal, y no puede materializarse arbitrariamente a favor de una minoría.

La conciliación[9], a pesar de las críticas que ha recibido, instituidas en algunos aspectos que la justifican, presenta un balance general favorable, pues permite obtener la finalización de muchos procesos, cumpliendo el objetivo con ella perseguido, el cual ha sido el logro de la  descongestión de los despachos judiciales.

Los efectos de la alternativa[10] de reparación a la víctima[11]; entrañan una manera diferente de enfrentar y combatir el delito; por lo que presuponen un reto para el Derecho penal[12] el análisis de esta nueva concepción. Deviene esta alternativa, en posibilidad real de garantías de protección ­a las víctimas, e instauraría además, una cultura de satisfacción de obligaciones, por las propias motivaciones en que ubicarían al ­sujeto comisor del hecho delictivo y las deseadas por las víctimas, siempre que no se contrapongan con las disposiciones reguladas en los  ordenamientos jurídicos.


1.1.1       Mecanismos Legales.

Los Códigos penales han instaurado determinados mecanismos legales, para   combatir el desamparo que rige en cuanto a la ejecución de las obligaciones civiles y han instaurado; la incorporación  de la reparación del daño  dentro del sistema de sanciones jurídico- penales (Ver Anexo 3), en consecuencia trata de sustituir la pena, o lograr al menos que se disminuyan sus consecuencias[13].

En la actualidad aún existen posiciones doctrinales escépticas en cuanto a la aplicación de la reparación del daño, incluida dentro de un sistema de sanciones, por considerar que no le corresponde al Derecho penal, y que rompería con el sistema de fines de la pena[14] que se ha instaurado y justifica la imposición de la sanción penal[15]. Si se sigue esta línea de pensamiento el Derecho penal, se realza como un sistema que hace fracasar los intereses de los perjudicados.  Sin embargo se debe considerar que en la mayoría de los casos la reparación por las altas cuantías de pago se convierte en un verdadero sacrificio para el autor del hecho; lo que permite valorar los efectos preventivos especiales que generaría el resarcimiento de los daños derivados del delito; así como los efectos que repercuten dentro de la sociedad en general; la aceptación de la reparación como una sanción independiente dentro de un sistema de sanciones cumpliría perfectamente con los fines tradicionales de la pena. Es hora de dejar detrás los viejos dogmas de separar la pena y el resarcimiento del daño, que de alguna manera rompen con el sistema de control y seguridad jurídica.

Dentro de los mecanismos legales podemos incorporar:

1.      Utilización de atenuantes.
2.      Suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad.
3.      Sustitución de las penas privativas de libertad.

El incorporar  una atenuante[16] que disminuirá en casos de delitos no graves la sanción del autor del hecho cuando este procure medios eficaces para reparar el mal que ocasionó por su actuar ilícito o impedir sus consecuencias, ha sido un logro en  la reducción  de la sanción teniendo en cuenta términos estrictamente pragmáticos; se valoran en la determinación de la pena, determinados factores objetivos[17], siempre y cuando estos no se consideren de gravedad y  presenten escasa peligrosidad social, que de cumplimiento a un interés general, el de satisfacción a la víctima[18].

Lo importante en la utilización de estas alternativas al intento de reparación, utilizando medios y métodos eficaces, es lograr una resocialización, que permita que el sujeto comisor del hecho se sienta comprometido y responsable ante lo sucedido y materialice de manera espontánea la reparación de los daños y la indemnización de los perjuicios, aunque no lo logre en su totalidad, pero que no se sienta ajeno a la situación.

La apreciación dentro de los Códigos penales, sobre como apreciar una preocupación particular sobre la reparación que ha de resultar procedente y como garantizarla, se desprende de las propuestas de materialización ante tal perturbación  latente en la doctrina contemporánea, de esta manera se desliza fundamentalmente otras de las alternativas ante la ejecución de las obligaciones civiles derivadas del delito, como la propuesta fraccionada del pago del resarcimiento del daño material, teniendo en cuenta las necesidades del perjudicado y las posibilidades del responsable.

Teniendo en cuenta los dos sistemas que sigue  el Derecho comparado[19], el que más acogida ha tenido es el sistema Europeo, que suspende la ejecución de la pena impuesta, teniendo en cuenta la proporcionalidad de la gravedad del hecho, valorando la prevención general y especial, por cuestiones político- criminales, el tribunal otorga remisión condicional, atendiendo a  determinados requisitos legales, que varían en dependencia de lo regulado en los diferentes Ordenamientos jurídicos. Sin embargo, la suspensión de la pena impuesta no se extenderá al cumplimiento de la Responsabilidad civil derivada del delito, sino es una de las alternativa que se ha utilizado en la doctrina para agilizar el cumplimiento de las obligaciones civiles derivadas del hecho delictivo.

La remisión condicional está sujeta al requisito del cumplimiento de las obligaciones civiles, cuestión que si no se cumple por el beneficiario de tal concesión puede ser motivo de revocación.

La sustitución de las penas privativas de libertad, es otra de las cuestiones que se han incorporado como mecanismos legales que satisfacen la Responsabilidad civil derivada del delito, las sanciones que sustituyen la pena privativa de libertad, vienen motivadas en cuanto a determinadas circunstancias que deben subsistir para su utilización, cuestiones personales del sancionado, naturaleza del hecho, conducta, y  en particular el esfuerzo que realice el imputado para  reparar el daño causado.

Debe destacarse que de no ser cumplidas las obligaciones a las que queda obligado el sancionado, el tribunal puede revocar por causal de incumplimiento la sustitución de la pena al cumplimiento de la pena privativa de libertad originaria.

El fundamento de estas variantes legales, radican en ensanchar los marcos del cumplimiento de la ejecución de la Responsabilidad civil, concesiones que les permiten a los perjudicados obtener en cortos plazos su resarcimiento por los daños o perjuicios que sufrió a consecuencia del delito.


1.1.2       Mecanismos procesales.

Dentro de los mecanismos procesales se valoraran los diferentes modelos para el ejercicio de la acción civil, y la importancia de utilizar medidas cautelares de carácter civil dentro del proceso penal.
 
Para analizar los mecanismos procesales, se debe partir de los Modelos[20] que hacen posible exigir la Responsabilidad civil derivada del delito, lo cual posibilita la aplicación de las diferentes posibilidades que se brinda desde el proceso para la ejecución de  la reparación de los daños y la indemnización de los perjuicios. 

El examen doctrinal, así como la incorporación de varios análisis sobre la normativa foránea ayudaron a valorar la institución, su diagnóstico puede servir de referencia tanto a los operadores como a los investigadores del Derecho, al vincularse con uno de los tópicos de interés en el contexto jurídico penal por el redescubrimiento que ha adquirido en las últimas décadas el perjudicado del delito; así como la tendencia normativa de la regulación del resarcimiento dentro  del andamiaje de las relaciones sociales protegidas por el Derecho penal.

La práctica indica que en ocasiones, se presentan situaciones que producen de manera coetánea consecuencias penales de las cuales se derivan determinada trascendencia civil; es decir la exigencia por parte del Ordenamiento Jurídico Penal de considerar por la comisión de determinados hechos punibles, que sus autores sean merecedores tanto de una sanción penal como de responder civilmente por los daños y perjuicios causados a la víctima. 

Se examina teniendo en cuenta la actual normativa  si los tribunales penales, en los casos en que el hecho origine exigencia de ambas responsabilidades, se permite utilizar de manera simultánea un mismo tribunal y un mismo procedimiento para dilucidar ambos tipos  de responsabilidad o por el contrario, se requerirán procesos separados.

Los modelos utilizados en la doctrina internacional, para el ejercicio de la acción civil parten, de dos puntos de vista:

El modelo diferenciado y;
El modelo acumulativo, que se divide en dos vertientes, acumulativo en sentido estricto y alternativo o adhesivo.
 
Esto viene dado por el sistema por el cual se rigen los Ordenamientos jurídicos, el sistema del Common Law, ha incorporado el modelo diferenciado, que parte del ejercicio de la acción civil y la acción penal por separado, considera que son cuestiones que competen a jurisdicciones distintas, no nos identificamos con la postura que asumen los países que optan por la separación absoluta de la responsabilidad penal y civil, por la línea que se ha seguido en la investigación en cuanto a la relación de estas materias, partiendo de la obligación civil específica que surge con la comisión de un hecho delictivo del cual se deriven determinados daños típicos o extratípicos, que necesitan ser reparados para satisfacer las expectativa de los perjudicados, en cuanto a la seguridad jurídica como la certeza del Derecho, esto ha conllevado a que la doctrina penal conjugue dentro de su normativa determinados presupuestos para lograr materializar y ejecutar la obligación civil derivada del delito.

El ejercicio por separado de la responsabilidad penal y la civil que se derivase del hecho punitivo; precisa que la acción penal es de conocimiento de los tribunales especializados en esa materia y la acción civil se ejercita mediante el procedimiento civil; de esta manera el afectado interpone demanda civil, que dará origen a un juicio de esta índole que podrá ser simultáneo, anterior o posterior al proceso penal, la cuestión que marca la diferencia entre el diferenciado y el alternativo, es que en este último depende la tramitación de la acción civil a la culminación del proceso penal, no siendo así en el modelo diferenciado, por resultar la acción civil independiente totalmente del proceso penal.

El principio de que la acción civil[21], para exigir la indemnización de los daños y perjuicios causados a la víctima y la acción penal derivada de la comisión del hecho penal se ventilen en jurisdicciones separadas, sin importar su mayor o menor extensión, le posibilita al juez penal no tener que atravesar por el inconveniente de aplicar y manejar una doble técnica legislativa y así no tienen que probar y juzgar penal y civilmente en la misma causa, posición que criticamos por las causas siguientes:

Cuestiones que derivan  en   perjuicio de los perjudicados, en cuanto a los inconvenientes que resultan de la aplicabilidad  en procesos separados que entorpecen la prontitud de la reparación de los daños y la indemnización de los perjuicios.
Otras de las desventajas que podemos citar en el ejercicio de este modelo[22] es la escasa agilización en el pronunciamiento judicial, pues dos cuestiones importantes que se desprenden de un mismo acto, no deben ser tratadas en diferentes procesos, que puede provocar;  el pronunciamiento de sentencias contradictorias, por la valoración y percepción de cada juez por separado; y
Se complicaría el sistema procesal por hacerse cargo de dos juicios diferentes con todas las implicaciones económicas que eso acarrea.
 
Estas cuestiones han provocado que la doctrina[23] actual se rehúse a la utilización de este modelo y son cada día menos los países que lo ponen en práctica por la ineficacia en cuanto a la materialización del resarcimiento. 

El sistemas romano- francés permite, que se ejercite la acción civil conjuntamente con la acción penal, este modelo se ha denominado modelo acumulativo, sin embargo se divide en acumulativo en sentido estricto, cuando el Ministerio Fiscal ejercita conjuntamente la acción civil y la acción penal dentro del proceso penal, y en proceso adhesivo o alternativo, en el cual el perjudicado se convierta en parte dentro del proceso penal, o renuncie al ejercicio de la acción civil dentro de la jurisdicción penal y se reserva su ejercicio en un proceso civil posterior a la culminación del proceso penal.

El modelo alternativo[24], posibilita  que los perjudicados del hecho delictivo, ejerciten la acción civil tanto en sede penal como en la  jurisdicción civil. La puesta en marcha de la maquinaria jurisdiccional[25], constituye un presupuesto indispensable para el planteamiento de la pretensión, y lograr el resarcimiento total o parcial por el menoscabo sufrido. Este ejercicio alternativo[26], le otorga la facultad de elección a la víctima, para que esta ejercite la acción civil en la jurisdicción que considere más atinada y lograr su satisfacción en cuanto al resarcimiento de los daños y perjuicios, pero con la limitación que una vez admitida tal pretensión en el proceso penal no es posible presumirla en un tribunal civil sino media desistimiento expreso, si el interesado opta por plantearla en sede civil[27] no podrá ejercitarla en el proceso penal.

Cuestión novedosa que se establece con el modelo alternativo[28], es respecto a la decisión del juez penal, conocedor de los hechos ante una sentencia absolutoria, que resuelve también la cuestión civil válidamente introducida en el proceso[29], fijando así la forma de resarcimiento por los daños y perjuicios[30] ocasionados. El fundamento que brinda la doctrina penal de los diferentes países que lo ejercitan, viene dada por la preocupación en cuanto a la satisfacción rápida al perjudicado, y el  beneficio en cuanto al principio de economía procesal que permite que la impartición de justicia sea más expedita, pues ya no tendrá necesidad de formular posteriormente su reclamación ante los tribunales civiles. Postura que asumimos teniendo en cuenta como aspecto  fundamental:

La existencia de alguna causa que exime la responsabilidad penal, pero deja latente la responsabilidad civil, ante la cual el tribunal debe extenderse  en cuanto al pronunciamiento de la Responsabilidad civil derivada del delito, si esta quedó demostrada en el acto del juicio oral.
 
Otra de las cuestiones trascendentales que introdujo el modelo alternativo o adhesivo es la posibilidad de resolver en caso de muerte del imputado, antes de dictar la sentencia, las cuestiones civiles que se deriven del hecho, sin remitir al perjudicado a la vía civil para que interponga demanda contra los  herederos del causante.

Varios son los países[31] que siguen este modelo, ejemplo de ello citamos a Perú, que lo establece dentro de su Código Procesal Penal, en los artículos 11 y 12, en el artículo 126 la Ley de Procedimiento Penal de Guatemala, Bolivia lo regula en los artículos 37 y 38 de su normativa,  Argentina en el artículo 16 . (Ver anexo 4)

El modelo acumulativo, ventila en el proceso penal  tanto el interés público orientado a la aplicación de la pena, como el interés privado de la persona legitimada para lograr el resarcimiento de los daños y perjuicios causados.

Este  modelo al permitir  el ejercicio conjunto en un mismo proceso[32] de la acción civil y penal[33], por la comisión de un hecho delictivo proporciona economía procesal, teniendo en cuenta la propia naturaleza de los procesos civiles, los cuales se caracterizan por su lentitud en la solución del conflicto de intereses, se evitan las sentencias[34] contradictorias, el mismo juez conocedor de los hechos, se pronunciará sobre la responsabilidad penal del autor,  probada en el marco del proceso y extenderá la exigencia de la responsabilidad civil derivada del delito[35]. Algunos de los países que acogen este modelo son Cuba y México. (Ver Anexo 5)

Sin embargo dentro de la doctrina penal el sistema que más acogida ha tenido ha sido el modelo alternativo[36], por brindarle determinadas prerrogativas al perjudicado tales como:

El titular de la acción, pueda promoverla o desistir de esta en caso de que haya mediado conciliación de reparación de los daños entre víctima y autor, en dependencia de que los hechos cometidos hayan sido contra el patrimonio o en los casos de delitos culposos[37].

El  ejercicio de las medidas cautelares ejercitadas dentro del proceso penal, para asegurar la ejecución de la obligación civil, que es otro de los mecanismos con que cuenta el proceso penal para materializar el resarcimiento de los daños y la indemnización de los perjuicios, seguridad que brinda   a los perjudicados por ser estos los que recurrirán a la petición, de la medida cautelar para asegurar la finalidad de la sentencia, y en este caso nada impida la plena efectividad del resarcimiento.

La posibilidad de decretar medidas cautelares con un marcado carácter civil dentro del proceso penal logra  equidad, y establece  un equilibrio que debe imperar en todo proceso judicial, así mantiene la igualdad de las partes durante el desarrollo del proceso. Calamandrei, al respecto plantea en cuanto a las medidas cautelares, que constatan su utilización al servicio de esa resolución definitiva, con el oficio de preparar el terreno y aportar los medios aptos para su éxito[38].

Algunas legislaciones[39], han incluido dentro de su normativa, la aplicación de   medidas cautelares que pueden aplicarse, desde el momento de la denuncia hasta que se dicte sentencia, puede que el agente comisor del hecho delictivo, impida el cumplimiento de un eventual resarcimiento por los daños y perjuicios causados. Una vez decretadas estas medidas, su práctica, decisión y trámite se adelantarán conforme a las  normas que regulan la materia en el Código de Procedimiento Civil.

La utilización de las medidas cautelares impiden que se pierda virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurre el proceso penal desde su iniciación hasta el pronunciamiento de la sentencia definitiva, en cuanto a la ejecución de la Responsabilidad civil derivada del delito. Pues la realización de un proceso  no puede olvidar que se deben tomar todas las diligencias posibles que logren un resultado[40], y por lo tanto materializar el contenido de la decisión judicial.

La aplicación de estas medidas prevén la posibilidad en cuanto resulte irrealizable la ejecución de la Responsabilidad civil derivada del delito, por sobrevenir cualquier circunstancia que imposibilite la materialización y convierta en inoperante el pronunciamiento judicial definitivo, ya sea que el imputado se despoje de sus bienes con el objetivo de incumplir con el resarcimiento por encontrarse en estado de insolvencia, o por la disminución de su patrimonio que altera el estado de hecho primario, antes de la comisión del hecho delictivo, lo que produce como consecuencias que no se ejecute totalmente la reparación por no disponer de bienes suficientes que cubran la obligación civil derivada del delito. Ante tales peligros la institución de las medidas cautelares, se requieren y disponen dentro de los procesos penales, consistente en asegurar el resultado práctico de la sentencia, pues su fin inmediato se encuentra, en la garantía del resultado final, ejecutar el fallo del órgano jurisdiccional.

Las normas vigentes en cuanto a la regulación de las medidas cautelares dentro de un Estado de Derecho pueden resultar en definitiva,   eficaces y  válidas, en cuanto a su verdadera utilidad dentro de un proceso penal, si queremos lograr enfatizar sobre la ejecución de la obligación civil introducida por la jurisdicción penal,  no se puede restringir  solo su pronunciamiento dentro del fallo judicial, sino se debe extender a la satisfacción de los perjudicados mediante su ejecución.  

Por ello la importancia que se encuentra en ahondar en cuanto a los peligros que puedan contener de no dictarse la medida cautelar de embargo preventivo sobre los bienes del imputado, que logren procurar la ejecución del fallo. Condicionada a circunstancias tales como, inejecución por parte del imputado, o  prima facie, la existencia de peligro en la demora[41], caracte­rísticas propias que se manifiestan frente a la duración o demora del proce­so, y esta prolongación durante un tiempo más o menos largo crea siempre un riesgo a la justicia y para los perjudicados, las medidas cautelares se limitan a mantener el status para facilitar la ejecución de la sentencia por lo trámites que así lo determinen.

La instrumentalidad de las medidas cautelares parten de la ayuda y auxilio que le brindan a la providencia principal, denota como consecuencia dos elementos fundamentales, la precaución y la anticipación.

Las medidas cautelares proporcionan como finalidad la garantía jurisdiccional o el resultado de asegurar el cumplimiento de la sentencia en cuanto a la obligación civil derivada del delito. La tutela preventiva no supone el uso, disfrute, disposición o posesión de los bienes, sino tan sólo la afección exclusiva de esos bienes al pago futuro.

La doctrina procesal[42] reconoce dos grupos en cuanto a la clasificación de las medidas cautelares;

Los que limitan las medidas cautelares a las providencias que actúan con una función eminentemente ejecutiva,

Los que relacionan a las providencias con fines preventivos, con independencia de su función ya sea declarativa, ejecutiva o constitutiva.

Nos referiremos a las medidas cautelares que presentan una función  ejecutiva como el embargo, que garantiza el cumplimiento de una obligación, si lo embargado es una cosa específica, es necesario el remate de los bienes aprehendidos, al no ser que se haya embargado una suma de dinero,  asegura el resultado de un proceso que recae sobre determinados bienes cuya disponibilidad se imposibilita durante la tramitación del juicio, así como el depósito de bienes con fines preventivos y de conservación, el cual materializa la ejecución de la Responsabilidad civil derivada del delito.


1.1.3       Mecanismos ejecutivos.

Dentro de los mecanismos ejecutivos se podrán valorar :

La institución del Juez de Ejecución Penal,
La institución del Huissiers de justicia.
La Caja de Resarcimiento.


En los mecanismos ejecutivos, la individualización de la pena, conlleva a  la imposición de la sanción que impone el órgano jurisdiccional, así encontramos la individualización penitenciaria  de la pena[43],  que se  desarrollara  en las   políticas penitenciarias, teniendo en cuenta el modo de cumplimiento de la sanción; el juez de ejecución, juez de vigilancia penitenciaria o juez del control de la ejecución de la pena   es la figura central en el control de la ejecución de la  pena, es el funcionario judicial que estará encargado de la sustanciación y resolución de todas las cuestiones que se planteen sobre la ejecución de la pena[44], traza lo que de manera general se aplicará, en cuanto a todos lo beneficios que le pueden ser otorgados al interno; cuestión que trasciende a la libertad condicional;  para poder conceder este beneficio, es necesario que  concurran los requisitos que establece la ley; no obstante se requieren de otras condiciones que tuvieron que haberse cumplido para otorgarlo; como la reparación de los daños y perjuicios que se ocasionaron; o de no encontrarse totalmente reparada la víctima del delito, el órgano jurisdiccional, puede a su prudente arbitrio valorar la posibilidad de que el interno cumpla con algún programa  de reparación a la víctima de manera fraccionada, en pagos a corto y mediano plazo, en dependencia de las condiciones y cualidades del sancionado, siempre y cuando se haya acordado anteriormente con el perjudicado; tal beneficio se subordinará al cumplimiento de manera satisfactorio del programa de reparación; lo que conlleva en caso de incumplimiento a la revocación del beneficio otorgado.

La libertad condicional, se supedita al régimen progresivo que se sustenta dentro de los centros penitenciarios; la progresión de grados[45], como afirma Heriberto Asencio, dependerá de la modificación positiva de aquellos factores directamente relacionados con la actividad delictiva, se manifestará en la conducta global del interno, y entrañará un incremento de la confianza depositada en el mismo, que permitirá la atribución de responsabilidades más importantes, así como en la medida de las posibilidades de los centros de reclusión incorporar a los reclusos a determinados trabajos de mayor remuneración que les permita cumplir en la mayor prontitud posible la reparación de los daños o la indemnización de los perjuicios, y poder disfrutar de  un mayor margen de libertad[46].

La progresividad dentro del régimen penitenciario, se establece en pro de la reinserción social, por lo tanto el estado utilizará mediante la administración penitenciaria como establecimiento por excelencia para el cumplimiento de los fallos emitidos por el órgano jurisdiccional los medios necesarios y adecuados que cumplan con esta finalidad mediante los tratamientos[47] interdisciplinarios que se basan en la progresividad[48], la duración de la pena impuesta  resultará dividida en fases o grados[49] con modalidades de ejecución de distinta intensidad en cuanto a sus  efectos restrictivos, etapas a las que el interno irá accediendo gradualmente de acuerdo a su evolución en el régimen y procurando su incorporación anticipada al medio libre a través de los institutos penitenciarios, cuestiones que aportan en gran medida posibilidades de incluir al recluso en diferentes programas de reparación del daño causado, de manera progresiva.


La progresión en fases, proporciona a los perjudicados seguridad jurídica, en dependencia del cumplimiento satisfactorio de las obligaciones civiles derivadas del hecho, su incumplimiento provoca  consecuencias[50] adversas que repercuten en la obtención de la libertad condicional.

Los tratados internacionales,  establecen que la finalidad de la ejecución penal será, “lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la Ley procurando su adecuada reinserción social, estableciéndose así cuales son los objetivos que debe perseguir el Estado durante la ejecución de la pena privativa de libertad y a los que deben estar orientados a la actividad de los operadores penitenciarios y judiciales”[51].

La reinserción social representa un proceso de introducción del individuo en la sociedad, es favorecer directamente el contacto activo recluso- comunidad[52], lo que  significa que los funcionarios de los centros penitenciarios deben iniciar con el cumplimiento de la sanción, un proceso de contacto social del recluso y procurar atenuar los efectos negativos de la pena, así se logra que la interacción del interno en el establecimiento penitenciario se asemeje lo más posible a la vida en libertad y, en la medida de la ubicación del sancionado dentro del régimen y tratamiento penitenciario, promover y estimular las actividades compatibles con dicha finalidad[53]. Es preciso destacar que este proceso atraviesa por determinados requisitos de cumplimiento a los que está sometido el sancionado, dentro de los cuales se encuentra el cumplimiento de la obligación civil derivada del delito.

La libertad condicional, complementa la última fase  de la ejecución, dentro de las discusiones teóricas- dogmáticas, la polémica radica en considerarla como un derecho, o como un beneficio que otorgan los establecimientos penitenciarios, si el interno cumple determinados requisitos tanto objetivos como subjetivos, téngase en cuenta factores en cuanto al cumplimiento satisfactorio y acorde con al principio de legalidad así como la buena conducta del sancionado. Nuestra consideración al respecto, parte de considerarlo, no un derecho, sino un beneficio  otorgado por las políticas penitenciarias, teniendo en cuenta las diferentes exigencias según los requerimientos dispuestos que se deben cumplir por parte del interno; como extinguir un quantum del término de la sanción impuesta, y el dictamen favorable del funcionario penitenciario a cargo de su reeducación, que materialice su posible incorporación a la sociedad, cuestiones que trascienden a la satisfacción de la Responsabilidad civil derivada del delito,  que deben ser valoradas además por el juez de ejecución.

En ocasiones los órganos jurisdiccionales olvidan que dentro de sus facultades y ejercicio de funciones no sólo se encuentra la de imponer una pena, sino controlar el cumplimiento de ésta, y de esta manera se hace efectivo la tutela judicial, de lo contrario se está desnaturalizando esta fase del proceso penal. Dentro de las categoría en cuanto a la intervención judicial[54] en el control de la ejecución de la sanción, encontramos tanto a los jueces de la causa, como apéndice de sus funciones en cuanto a velar por lo ejecutado, como el juez especial, el cual se ha diseñado específicamente para controlar la ejecución de las penas privativas de libertad, con determinadas funciones de supervisación, en la ejecución de las obligaciones civiles derivadas del hecho delictivo.

El tema del juez de ejecución[55], fue abordado en el Congreso Internacional Penal y Penitenciario de Berlín en 1936,  y se favorece la creación de esta figura para controlar la ejecución de las penas privativas de libertad, con posterioridad en las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos no se hace referencia a esta institución, pero si es recogida en el Consejo de Europa de 1973, en su artículo 56.2. Esta institución posibilita que los jueces no vean ajena a sus funciones el cumplimiento y control de las penas privativas de libertad, como se expresa, “la unidad de mando no debe quedar en manos de la Administración Penitenciaria, entre otras causas por el principio de subordinación que, sin excepción, rige en el campo administrativo y que contrasta con el principio de independencia judicial a través de la cual se anula todo atisbo de parcialidad e inseguridad jurídica. Hoy día, ya que tradicionalmente se considera exclusivamente administrativa la ejecución de las penas, puede y debe hablarse de juricidad de la pena en su fase ejecutiva”[56].

Francia ha implementado la figura del Huissiers de Justicia[57], como otras de las alternativas que materializan la ejecución de la Responsabilidad civil derivada del delito. El huissiers de justicia, es un profesional independiente, encargado de ejecutar las decisiones del juez,  es un auxiliar judicial, y dentro de sus funciones se pueden constatar la entrega de documentos judiciales o extrajudiciales, confecciona actos de procedimiento, y fundamentalmente ejecutar las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales, su campo de acción está delimitado geográficamente, con una competencia territorial[58].

El Huissiers de Justicia, aplica la decisión del juez conforme a la legislación vigente[59]. Esta institución no se subordina al Tribunal, por lo tanto no representa ni al deudor ni al acreedor, ni al juez, lo que le permite una autonomía en sus servicios, siguiendo solo las instrucciones de lo estrictamente regulado, que permite agilizar el procedimiento de ejecución con mayor imparcialidad y neutralidad, al garantizar el cumplimiento de la sentencia, refuerza la credibilidad de los ciudadanos en el sistema de justicia, al no quedar sin efecto una decisión judicial. Esta figura ejecuta las decisiones judiciales, sin embargo el control de estas ejecuciones  lo realiza el juez de ejecución, que presenta potestad para suspender la ejecución de concurrir algún impedimento, no se trata de que el juez de ejecución se le atribuyan funciones en cuanto a la realización de la ejecución, sino  que resolverá los litigios que sobrevengan en el transcurso de la ejecución que se ejercita por el Huissiers de Justicia.

Otra de las alternativas que se implementó dentro de la política criminal de algunos Estados latinoamericanos fue la creación de las llamadas Cajas de Indemnizaciones o de Resarcimientos  a las víctimas de los delitos. (Ver Anexo 6); sin embargo ya la idea de las Cajas de Resarcimientos se encontraban presentes desde que Bentham en 1778-1832,  propuso los diferentes medios de satisfacción de los daños,  y como último medio de satisfacción  concluyó; la indemnización a cargo de un tercero, que directamente no ha participado en el delito pero si es responsable por el hecho, como ejemplo propuso la responsabilidad de los amos por sus sirvientes, de los tutores por sus pupilos, de los padres por sus hijos, del esposo por su esposa y del Estado por la víctima, por la falta de patrimonio solvente, que satisfaga la obligación civil del pago del resarcimiento a la víctima.

Dos figuras de la escuela positiva italiana Ferri y Garófalo, sostuvieron la incorporación de la reparación del daño que podía concretarse en la indemnización directa al perjudicado o en el pago de una multa al Estado, al que incumbía la organización de un fondo público de ayuda a las víctimas; y se añadía la posibilidad de prestaciones laborales a favor de la comunidad; considerándose un anticipo de las más modernas propuestas científicas y reformas legislativas.  El Derecho instituye  la Caja de Resarcimiento  con posterioridad al surgimiento y desarrollo de la corriente positivista, que la contempla como una vía eficaz para lograr resarcir a la víctima de un delito por los daños o perjuicios ocasionados. 

Actualmente existe una tendencia de incorporar la reparación pública de los daños derivados del delito, por mediación de la satisfacción a los perjudicados de los fondos estatales[60], sin embargo este precedente se incluye, para ciertos delitos[61] por su relevancia social o la imposibilidad de determinar el sujeto responsable de tales hechos.

En cuanto  al resarcimiento por acciones terroristas[62], las prestaciones estatales que se ofrecen van dirigidas fundamentalmente a tratar de aminorar los efectos y las graves perturbaciones  sociales que hechos de esa magnitud y naturaleza ocasionan en la sociedad.

El marcado carácter social que presentan estos conceptos indemnizables, se manifiestan en la certeza  del acto terrorista y de la no identificación generalmente de sus autores; esto posibilitó que se extendieran estas reparaciones a todos los actos violentos, a partir de la Convención Europea de 1983; sobre asistencia a víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. 

La perspectiva[63] de la reparación pública de los daños derivados del delito, se incardina en aras al principio de solidaridad del Estado[64], con el fin de evitar que se vea frustrado el proceso de resarcimiento de los perjudicados por falta de insolvencia del responsable o su inidentificación, así como la complejidad del sistema de reclamaciones y la desinformación de los perjudicados; la extensión del Estado en la reparación a los perjudicados de otros delitos diferentes del terrorismo, parte de la defensa de los bienes jurídicos fundamentales con intolerancia por parte de la sociedad ante su comisión.

La trascendencia de estos mecanismos ha sido la valoración que han permitido de la ejecución de la Responsabilidad civil derivada del delito y la reflexión sobre la satisfacción de las víctimas, no obstante consideramos que falta aún mucho camino por andar, pues la inejecución de la obligación civil derivada del delito es una cuestión aún  latente.

 

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Notas:

[*] La Dra. Iracema Gálvez Puebla es Profesora Asistente del Departamento de Ciencias Penales y  Criminológicas de la Facultad de Derecho de la Univwersidad de La Habana, Master en Criminología en el año 2004 y doctora en Ciencias Jurídicas en el año 2009, profesora de las asignaturas de Criminología y Derecho Penal.

[1]    La tercera vía de solución combina un ideal de Derecho penal mínimo con mecanismos que tienden a la desjudicialización a favor de soluciones que no solo reparen el daño causado a las víctimas directas e indirectas del delito, sino, que recompongan la relación interpersonal alterada por el hecho delictivo. La primera y la segunda vía se refieren a las penas y a las medidas de seguridad. Ver Fernández Entralgo, Jesús y Palacios Mejía, José María: Ob. Cit., Págs. 98 y 99.

[2]    Ver Silva Sánchez, J. M.: “Sobre la relevancia jurídico-penal de la realización de actos de reparación”, Revista del Poder Judicial, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1997, Pág. 199.

[3]    “Y a todo esto nadie recuerda que fue lo que acontece con la víctima una vez producido el delito que los perjudica”. Ver Silva Sánchez, J. M: “Victimodogmática en Derecho Penal”, Ponencia publicada en el Cuaderno del Departamento de Derecho Penal y Criminología de La Universidad de Córdova No.3. España, 2000. Pág. 123.

[4]    Algunos autores no denominan  esta relación víctima- comisor, y lo traducen en víctima- delincuente. Ver  García- Pablos de Molina, Antonio: Ob. Cit., Pág. 64, Fernández Entralgo, Jesús y Palacios Mejía, José María: Ob. Cit., Pág. 55.

[5]    El modelo de solución mediada de conflictos puede construirse como una vía alternativa a la jurisdicción penal o como mecanismos insertos a ella. Ver Fernández Entralgo, Jesús y Palacio Mejía, José María: Ob. Cit., Pág. 24.

[6]    Se han aplicado programas tales como, mediación víctima y delincuente, conferencias de grupo de familias en Australia, Canadá, nueva Zelanda, e incluso en Estados Unidos. Estas estrategias son ejemplos, de lo que se ha descrito como justicia restaurativa, una teoría criminológica que cuestiona el enfoque estrecho de los esquemas punitivos tradicionales, adopta una visión más holística del delito y sus consecuencias para las relaciones sociales. Ver Luna, Erik: “La justicia Restaurativa: Un modelo de penas alternativas”, en La implementación de penas alternativas: experiencias comparadas de Cuba y Brasil, Ob. Cit., Pág. 104.

[7]    Ver Maier, J. B: “La víctima…”, Ob. Cit. Pág. 25.

[8]    No hemos llegado tan lejos, como para aspirar a una disolución del Derecho penal en modos de administración de justicia privada, que dependan, fundamentalmente de la autonomía de la voluntad de las personas asociadas y no del poder político central que gobierna. La disolución del conflicto social, solo pone en juego intereses privados, contrapuestos directamente por arrojar su solución al juego de las presiones…de manera que los fuertes y más poderosos triunfarán sobre los débiles; menos poderosos. Ello no deberá asombrar, pues así funciona en general, nuestra administración de justicia en Derecho privado actualmente; a la cual no acceden los débiles y en la cual, probablemente, tampoco triunfan ellos, en gran medida. Ver Maier, J. B: Ibídem, Págs.37 y 38; Hirsch, H.: “La posición del ofendido en Derecho Penal y en el Derecho Procesal Penal, con especial referencia a la reparación”, en Cuadernos de Política Criminal, 1990, Pág. 565.

[9]    El derecho penal puede ser un espacio también para la concordia, y no solamente para el conflicto, si  se reflexionara  un poco más profundo sobre la falta de mecanismos legales que puedan dar sentido de normalidad a la reparación. Ver  Quintero Olivares, Gonzalo; Cavanillas Mugica, Santiago; Suárez- Barcena, Emilio De LLera: Ob. Cit., Pág.31.

[10]   Esta alternativa evitaría lo que se ha dado en llamar la revictimización, primero víctima del delito y después víctima de la reacción del Estado frente al delito, pues ella no podrá ni tan siquiera escoger la solución del conflicto en el que involuntariamente se ha mezclado. Ver García- Pablos de Molina, Antonio: Ob. Cit., Págs. 60 y 61; Gómez Pérez, Ángela: Ob.Cit., Pág. 312.

[11]    Ver Alastuey Dobón, M. C.: “La Reparación a la víctima en el marco de las reparaciones penales”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, Págs. 445 y siguiente.

[12]   Es adoptar una nueva forma de pensar el Derecho y el proceso penal. Ver Giménez-Salinas Colomer, E.: Ob. Cit., Pág. 70; Véase igualmente Peters, Tony: “Alternativas en el campo judicial, Curso El Derecho Penal y Procesal Penal del nuevo siglo”, Escuela de Verano del Poder Judicial, Galicia 1999 y Estudios de Derecho Judicial, Consejo General del Poder Judicial Xunta de Galicia, Madrid, 2000, Págs. 147 y ss.

[13]   Dentro de la Ordenanza Procesal Alemana, el Artículo 153 a), permite desde el procedimiento de investigación, una clausura bajo la instrucción de reparar el daño, la suspensión de la pena a prueba, según el artículo 56 b) del código Penal Alemán, con la instrucción de que el condenado repare, en la medida de sus posibilidades, los daños causados por el hecho. Algo análogo rige, correspondientemente para la suspensión del resto de la pena según el Artículo 57 y 59 ambos de la normativa penal. En la determinación de la pena, el esfuerzo  del autor para reparar los daños es, según el artículo 46 del código Penal una circunstancia que se debe tomar en cuenta. Ver Roxin, Claus: “Fundamentos Político- Criminales del Derecho Penal”, Editorial Hammurabi s.r.l., 1ra edición Buenos Aires, Coordinación Gabriela E. Córdoba y Daniel R. Pastor, 2008, Pág. 207.

[14]   Quien es partidario de la teoría retribucionista advertirá que el hecho de codearse con la reparación significará la renuncia a la retribución, pero aún partiendo desde el  punto de vista de las teorías preventivas, se puede hacer valer que el efecto preventivo es igual a cero, de manera tal que una timitación a la reparación, aniquilaría el fin preventivo- especial de la amenaza penal, desde el punto de vista de la  prevención general la mera reparación como reacción  a las violaciones jurídicas, significaría una invitación al intento nuevamente de la comisión delictiva. Ibídem Pág. 214.

[15]   Si el jurista tiene hoy dificultades para familiarizarse con la idea de que la reparación es una pena o de que, cuando menos podrá reemplazar a la pena, total o parcialmente, ello se vincula con la separación estricta del Derecho Penal y el Derecho Civil, que hoy nos parece casi evidente, pero que solo se impuso recién en la segunda mitad del siglo   XIX y sin duda bajo la influencia de Binding esencialmente. El que la pena fue originariamente reparación y el que las penas privadas y otras satisfacciones concedidas al ofendido hayan jugado un papel importante hasta ya bastante entrado  el siglo  y el que también se las hallase de diversas maneras en órdenes jurídicos extranjeros, no cambia para nada de que el hecho vigente parte del principio de separación. Ibídem Pág. 212.

[16]   Esta combinación de criterios es compartida por otras legislaciones, a modo de ejemplo podemos citar el Artículo 72.2 del Código Penal de Portugal, que incluye entre las causas de atenuación especial de la pena, haber realizado actos demostrativos de sincero arrepentimiento del agente y singularmente la reparación de los daños causados hasta donde le haya sido posible. En Italia se llega a conclusiones coincidentes al aplicar la atenuante contenida en el inciso f) del apartado 2 del Artículo 62 del Código Penal, consiste en que el culpable…antes del juicio se   haya ocupado, espontánea  y eficazmente de eliminar o atenuar las consecuencias dañosas del delito. Tras su modificación en el año 1994, el Artículo 46 del Código Penal Alemán, epigrafiado Conciliación entre autor y Víctima, reparación del daño, cabe una atenuación potestativa de la pena, que se convierte en exclusión de las penas graves menos de 1 año de privación de libertad o 360- días- multas; cuando se dé algunos de estos supuestos; primero que el autor repare totalmente o en su mayo parte el daño causado; o le pretenda seriamente en un intento de lograr una conciliación  con la víctima; o que la indemnice totalmente o en su mayor parte. 

[17]   Como opinión generalizada entre los expertos, la determinación de la pena, en un sistema penal propio de un Moderno Estado Democrático de  Derecho, a de hacerse ante todo, desde un doble punto de vista; como primer aspecto, la importancia del bien jurídico protegido, desde la perspectiva de su relevancia para la organización de la conciencia social; y como segundo aspecto, la gravedad del ataque que representa el comportamiento que lo lesiona. Ver Fernández Entralgo, Jesús y Palacio Mejía, José María: Ob. Cit. Pág. 62.

[18]   Interés que se extiende hacia todos los ciudadanos como víctimas potenciales de futuros delitos.  Ibídem. Pág. 67.

[19]   El sistema angloamericano deja en suspenso el pronunciamiento de la sentencia; a diferencia del Europeo que pronuncia la sentencia y se suspende la ejecución de la pena impuesta. Ver Luzón Cuesta, J.M.: “Compendio de Derecho Penal, parte general”, Ob. Cit., Pág. 241.

[20]   Los modelos para el ejercicio de la acción civil entre los tres posibles sistemas seguidos en el derecho comparado, se encuentran: a) el de estricta separación entre la acción civil y la acción penal, obligando a que deba ejercitarse cada una ante los tribunales de los distintos órganos jurisdiccionales correspondientes; b) el sistema de ejercicio necesario de ambas acciones civil y penal ante los tribunales del orden penal, c) el sistema que permite la opción del perjudicado para ejercerlas conjuntamente o separadamente. Ver Horta Dia, Jaime: “justicia Restaurativa”, trabajo presentado en el Seminario: El nuevo sistema penal colombiano en la práctica, Ley 906 del 2004, realizado en Bogotá D.C., del 21 al 26 de septiembre del 2004, organizado por la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y el Colegio de Abogados de la Universidad nacional CAUN. Ver Quintero Olivares, Gonzalo; Cavanillas Mujica, Santiago; De Llera Suárez- Barcena, Emilio: Ob. Cit., Pág. 177.

     

[21]   Ver Cubas Villanueva, Víctor; Doig Díaz, Yolanda; Quispe Farfán, Fanny Soledad: “El nuevo proceso penal: estudios fundamentales”, Palestra, Lima, Perú, 2005, Pág. 58.

[22]   Ver Cubas Villanueva, Víctor: “¿Revolución Penal?”, Justicia Viva, Lima Perú, 2004, Pág. 34.

[23]    El modelo diferenciado es criticado actualmente por la demora que recibe la víctima para lograr el resarcimiento de los daños y perjuicios; se analiza por parte de la desvinculación entre el juez civil a los pronunciamientos del juez penal en los supuestos de ejercicio de la acción de responsabilidad civil. Ver Medrano Molina, Joseph Marel: “Pronunciamientos sobre  la acción civil”, Revista Jurídica No. 12, Valencia,  Enero 2003, Pág. 1.

[24]   Ver San Martín Castro, César: “Derecho Procesal Penal”, Tomo I, Editorial Griley,  2da Edición, Lima Perú, 2003, Pág. 64; Gavira Londoño, Vicente Emilio: “Algunos aspectos civiles dentro del proceso penal”, Universidad  Externado de Colombia, 2000, Pág. 54.

[25]   Ver Torado Álvarez, Andrés Felipe: “Principales problemas  de la acción civil dentro del proceso penal”, Universidad Javeriana, Facultad de Ciencia Jurídicas, Bogotá, 2002, Pág. 104.

[26]   Ver Barbosa Castillo, Gerardo: “Principales transformaciones del Derecho Procesal Penal, un análisis estructural”, 1ra Edición, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá D.C., Printed in Colombia, 2006, Pág. 25.

[27]    Excepcionalmente se resolverán ciertas acciones civiles, que por su propia naturaleza no justifican el inicio de un proceso civil por no ser cuestiones jurídicas complejas, por lo que se dispone que se ventilen en el proceso penal que simultáneamente determinará y se pronunciará ante ambas responsabilidades, en esta situación se encuentra la restitución de la cosa que ha sido objeto del delito. Ver Artículo 59, 60, 61 de la Ley de Procedimiento Penal Chilena, promulgado por ley 19.696, publicada con fecha 12 de octubre del 2000.

[28]   La legislación penal Peruana, ha adoptado el sistema del ejercicio conjunto alternativo de la    acción civil resarcitoria, en tanto se permite la acumulación de la pretensión penal y civil en el proceso penal, pero que ello no es óbice para que a solicitud de la víctima o los legitimados, puedan tramitar la pretensión civil por separado y en forma independiente en la vía civil. Ver Palacios Meléndez, Rosario: “Reparación civil y Proceso Penal. ¿Segunda Victimización?”, en Revista Actualidad Jurídica, Tomo 133, Gaceta Jurídica Editores, Diciembre 2004, Pág. 134.

[29]   Ver Código Procesal Penal argentino, Ley No. 23.984, artículo 16; Código Procesal Penal de la República de Perú, Decreto legislativo No. 957, artículo 12.3; Código Procesal Penal, Decreto 51- 92, edición actualizada, 2007, Guatemala, C.A, artículo 124.

[30]   Ver Tamayo Jaramillo, Javier: “La indemnización de perjuicios en el proceso penal”, Biblioteca Jurídica DIKE, Bogotá, 2003, Pág. 34.

[31]    Ver Código Procesal Penal argentino, Ley No. 23.984, artículo 16; Código Procesal Penal de la República de Perú, Decreto legislativo No. 957, artículo 12.3; Código Procesal Penal, Decreto 51- 92, edición actualizada, 2007, Guatemala, C.A, artículo 124, Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal Español, en relación con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Artículo 109.2.

[32]   Corte Suprema de Justicia de El Salvador, Centro de Documentación Judicial, aspectos procesales, 2006. Pág. 1.

[33]   Font Serra, E.: “La acción civil en el proceso penal: su tratamiento procesal”, Editorial La Ley, Madrid, 1991, Pág. 127.

[34]   Dentro de la doctrina española, existe una cierta preocupación por parte de la jurisdicción penal al ejercicio conjunto de la acción civil y penal dentro de un mismo proceso penal, Nadal Gómez en su literatura recoge algunas sentencias que no rechazan tal postura. Ver Nadal Gómez, I.: “El ejercicio de acciones civiles en el proceso penal”, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, Pág. 196.

[35]   Al respecto, considera que dentro de este modelo, resulta como inconveniente la obligación a los jueces de la doble mentalidad sobre las instituciones civiles y penales. Ver Gómez Colomer, J.L, Montón Redondo, Barona Vilar, Montero Aroca; Juan: “Derecho Jurisdiccional”, Tomo III, 9na Edición, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, Pág. 110- 111.

[36]    Este sistema de acumulación adhesivo de pretensiones penal y civil en el mismo procedimiento penal se propone desde instancias internacionales como modelo de política jurídica para los países que tradicionalmente han carecido de él, sin embargo tampoco puede ocultarse que la referida acumulación nunca ha estado exenta de problemas terminológicos, de fundamentación y también de aplicación práctica. Ver Silva Sánchez, Jesús María: Ob. Cit. Pág. 2.

[37]    Los artículos 64, 65 y 66 del Código Penal Argentino, contiene las disposiciones sobre la reparación de perjuicios, prevé el derecho de la víctima de introducir la acción civil dentro del proceso penal, para lograr una pretensión reparatoria, y establece las reglas de preferencia y solidaridad en la obligación de indemnizar, así como los efectos de la insolvencia parcial y total del condenado.

[38]    Calamandrei, Piero: “Introducción al estudio sistemático de las Providencias cautelares”, traducción de Sentis Melendo, Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1945, Pág.31.

[39]    Código de Procedimiento Penal, Decreto 3700 de 1991 Artículo 52, que establece el embargo y el secuestro de los bienes, se interpone medida de aseguramiento, o con posterioridad el fiscal o el juez decretarán el embargo y secuestro preventivo de los bienes…en cuantía que considere suficiente para garantizar el pago de los perjuicios y daños que se hubieren ocasionado. En el caso específico de las personas jurídicas como deudores ante otra persona jurídica acreedor de la responsabilidad civil derivada del delito, el artículo 62 de la Ley de Procedimiento Penal Colombiana, Ley 600 del año 2000, aplica la prohibición de enajenar, que busca que no se desintegre el patrimonio de la persona jurídica, pues como cautela debe atenderse a un criterio de practicidad del proceso, toda vez que la ley no puede ignorar una maniobra de insolvencia por parte del deudor. 

[40]   El resultado, así como el modo de llegar a éste, se encuentran indisolublemente unidos, de manera que si se prima al resultado sobre el camino para llegar a él, se convierte en inadmisible el resultado mismo, dado que a él se ha llegado sin respetar las garantías previstas para ello. Ver Perrachione Mario, C.: “Medidas Cautelares”, Editorial Mediterránea, 2006, Pág. 16 y ss.

[41]   Existe unanimidad que lo cautelar obedece a una necesidad común que se invoca como justificación; la de evitar el periculum in mora, esto es, el peligro del daño efectivo, genéricamente, el peligro por el retardo, o en el retardo, no es otra cosa que  el riesgo  que específicamente se puede derivar del proceso, es la imposibilidad de acelerar, la práctica del proceso y el logro de la sentencia definitiva, lo que hace surgir el interés en el dictado de una medida cautelar, que logre asegurar determinados bienes del imputado para evitar que puede transferir su propiedad a otras personas o enajenarlos, para con posterioridad al pronunciamiento de la sentencia del tribunal alegar estado de insolvencia, lo que provocaría inejecución de la obligación civil derivada del delito. Ver Perrachione Mario, C.: Ob. Cit., Pág. 16.

[42]   Cfr. Calamandrei, Piero: “Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares”, Ob. Cit., Págs. 34 y ss.

[43]   Ver Asencio Cantisán, Heriberto: “La individualización de la pena”, en La implementación de penas alternativas experiencias comparadas de Cuba y Brasil, Ob. Cit., Pág.14.

[44]     Se trata en definitiva de que se pueda subsanar la discordancia que se ha observado entre la condena nominal fruto de la individualización judicial y la condena real fruto de la individualización penitenciaria, se introducen como puente entre la jurisdicción y la administración penitenciaria. Ver García Albero, Ramón y Tamarit Sumilla, Josep María: “La reforma de la ejecución penal”, Editorial Tirant lo Blanch, Valenia, 2004, Pág. 43.

[45]   Se establece la regresión en grados cuando en el interno se aprecie alguna evolución negativa en cuanto al pronóstico de  integración social y en su personalidad o conducta,  de esta manera  no se le otorgara en cuanto al pedido de libertad condicional, el beneficio, al manifestarse un tránsito irregular por el tratamiento y régimen penitenciario y del que se desprende la circunstancia de probable reincidencia o multirreincidencia, e incumplimiento de la Responsabilidad civil derivada del delito, los informes técnicos – criminológicos son concluyentes, para valorar la petición del condenado,  siempre y cuando se le ofrezcan posibilidades administrativa y judiciales para estimularlo al cumplimiento del objetivo principal que es lograr satisfacer todos los pronunciamientos reflejados en el fallo del órgano jurisdiccional. Ver Asencio Cantisán, Heriberto: “La individualización de la pena”, en La implementación de penas alternativas experiencias comparadas de Cuba y Brasil, Ob. Cit, Pág. 30,      Zaffaroni, Eugenio Raúl: “Derecho Penal. Parte General”, Editorial Ediar, Buenos Aires, 2000, Pág. 125; Mir Puig, Santiago: “Derecho Penal. Parte General”, 7ma Edición, Buenos Aires, 2004, Pág. 132; Cesano José D.: “Estudios de Derecho Penitenciario”, Editorial Ediar, Buenos Aires, 2003, Pág. 123 a la 129; Rivera Beiras, Iñaki- Salt, Marcos Gabriel: Ob. Cit., Pág. 225.

[46]   Ibídem. Pág. 30.

[47]   Para la individualización del tratamiento, tras la adecuada observación de cada sancionado, se realizará su clasificación, destinándose al establecimiento que se le haya señalado, y, en su caso, al grupo más  idóneo dentro de aquél, la clasificación debe tomar en cuenta no sólo la personalidad y el historial individual, familiar social y delictivo del interno, sino también la duración de la pena y en su caso el medio al que probablemente retornará y los recursos, facilidades y dificultades existentes n cada caso y momento para el buen éxito del tratamiento. Ver Manzanares Samaniego, José Luis: “El cumplimiento íntegro de las penas”, Revista actualidad penal, No. 1, 2003, Pág. 207.

[48]   Para profundizar en las características del régimen progresivo. Ver García Basalo, Juan Carlos: “El régimen penitenciario argentino”, Librería del Jurista, Buenos Aires, 1975, Pág. 31 y ss.

[49]         El  cambio que se desarrolló en Europa en torno a la pena de privación de libertad y su cumplimiento en instituciones especialmente dedicadas a ello tuvo su repercusión en el movimiento penitenciario norteamericano.  Durante los siglos XVIII y XIX se experimentaron allí dos sistemas penitenciarios: el filadélfico y el auburniano.  En ambos tuvo lugar un cambio en los edificios surgiendo una arquitectura original con formas particulares (radiales, circulares, panópticas).  diseñadas para cumplir aunque fuera aparentemente  los programas propuestos.  Por ello, los sistemas pensilvánico y aubuirniano alcanzaron cierta difusión y predominio, aun cuando en su interior las condiciones físicas y psíquicas de los reclusos no hallaron  mejorías para un desarrollo equilibrado de la personalidad. La rigidez y severidad  de los sistemas filadélfico y auburniano se procuraron eliminar mediante la institución de un nuevo modelo denominado “sistema progresivo”. La principal modificación del sistema progresivo que se introdujo en la prisión de Pentoville consistió en reducir  a  tres los cuatro períodos originalmente  instituidos. El primer período transcurría en aislamiento total, aun cuando el penado podía ser sometido a trabajo obligatorio.   El  segundo período se caracterizaba porque el sancionado era destinado al  trabajo común durante el día  y aislamiento celular nocturno.  En este período el condenado se iba haciendo  acreedor de unos vales  que le permitían reducir la condena y alcanzar el tercer período, que consistía en una libertad condicional que se obtenía cuando había reunido un número determinado de vales. Este  tercer período estaba condicionado al cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena inicialmente impuesta. Por régimen penitenciario se entiende  el orden jurídico instituido en los establecimientos penitenciarios, que garantiza la corrección y reeducación de los sancionados y la solución de las tareas vinculadas con los fines de prevención especial y general de la pena. Por ello, el sistema penitenciario no es uniforme, único, sino que comprende  varios  regímenes que se diferencian por el grado de rigor disciplinario, por las medidas de seguridad penal,  por la compartimentación y limitación de movimientos de los reclusos. Ver Quirós Pírez, Renén: “Manual de Derecho Penal”, Tomo IV, en proceso de edición.

[50]   Cfr. Espinosa Ramos, José Ángel: “La reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas: luces y sombras”, Revista de derecho y proceso penal, No. 11, 2004, Págs. 24 y 25; Cervelló Donderis, Vicenta: “Los nuevos criterios de clasificación penitenciaria”, La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario, No. 8, 2004, Págs. 5 a la 22, Gonzalo Rodríguez, Rosa María: “Legislación aplicada a la práctica: Análisis del Código Penal tras la Ley Orgánica 7 del 2003, de 30 e junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas” , La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario, No. 9, 2004, Págs. 75 a la 94.

[51]    Sobre el alcance del concepto de readaptación social de conformidad con los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional. Ver Cesano, José Daniel: “Los objetivos constitucionales de la ejecución penitenciaria”, Editorial Alveroni, Córdoba, 1997, Pág. 112 a la 118.

[52]    Ver Fernández García, Julio: “Manual de Derecho Penitenciario”, Editorial Colex, Madrid, 2001, Pág. 131.

[53]    Esta interacción del sancionado con los tratamientos  a los que es sometido logra en cierta manera romper con la repercusión de la subcultura carcelaria y con las condiciones de vida institucional que en ocasiones deforman la personalidad de los reclusos. Ver Kaufmann, Hilde: “La ejecución penal y terapia social”, Trad. De Juan Busto Ramírez, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1979, Págs. 119 a la 129

[54]   La vigilancia de la ejecución, de las penas vino atribuida al juez, hasta la Revolución Francesa, en que, sin fundamento doctrinal, se produce un abandono de funciones en la Administración Penitenciaria. Ver Luzón Cuesta, J.M.: “Compendio de Derecho Penal, parte general”, Ob. Cit., Pág. 298.

[55]   Brasil fue el primer país que incorporó la figura del juez de ejecución... con amplias facultades en materia de ejecución y vigilancia, y tiene la posibilidad de cursar órdenes o instrucciones a los responsables de la administración penitenciaria, en cuanto a violaciones detectadas; en Europa,  Italia fue el primer país que creó la institución, atribuyéndole competencias  en materias tales como el control del tratamiento, sanciones disciplinarias, vigilancia del principio de legalidad en la ejecución, supervisación de los derechos de los internos, permisos de salida, reducción de penas, libertad condicional  e imposición de medidas de seguridad. Esta figura se encuentra regula en varios ordenamientos jurídicos como Francia, Portugal, España, Guatemala,  Honduras, El Salvador,  Costa Rica, Cuba, sin embargo, Perú eliminó esta figura por no cumplir las funciones por las que fue creada. Ver Asencio Cantisán, Heriberto: “La individualización de la pena”, en La implementación de penas alternativas experiencias comparadas de Cuba y Brasil, Ob. Cit, Pág. 35 y ss.

[56]   Ibídem Pág. 37.

[57]   Históricamente el oficio de  huisiers de justice, es muy antiguo, en el período romano los encontramos bajo el nombre de apparitores, viatores y executores, nació al mismo tiempo que el juez, para permitir que se respetara la decisión judicial en los siglos XVII y XVIII, se llamaron sargentos, y su función fue informar de la decisión del juez a la partes y ejecutar sus sentencias, ha sido siempre un profesional independiente notificador de los actos y ejecutor de la decisiones judiciales. Ver Bertaux, Jacques: “El Huissiers de Justicia una figura independiente o la autonomía del profesional encargado de la notificación y la ejecución”, en El procedimiento  de ejecución de sentencias en materias civiles, comerciales y penales, evento realizado en La Habana, los días 19 y 20 de marzo del año 1998, Pág. 8.

[58]   En Francia el número de Huissiers está fijado por el Ministerio de justicia, quien crea las oficina de los Huissiers en las zonas más pobladas,  la organización judicial francesa delega en estos profesionales del Derecho la ejecución de las sentencias, bajo el control del Ministerio de Justicia. Ibídem. Pág. 9.

[59]   Esta posibilidad se la ofrecen los textos que prevén la ejecución, así como la fórmula ejecutoria indicada al pie de cada sentencia o de los títulos ejecutivos.  Ibídem, Pág. 10.

[60]   Nueva Zelanda, es el primer país  que incorpora dentro de su ordenamiento un sistema de reparación pública de daños ex delitos, aprobado en 1963, La Criminal Injuries compesation  Act, a Nueva Zelanda seguirían en primer término Inglaterra  con el Criminal Injuries compesation  Scheme del 1ro de agosto de 1964, y la posterior Criminal Injuriesto Persons Compensations Act en 1968, de aplicación en Irlanda del Norte, posteriormente varios Estados norteamericanos, Canadá y Australia aprobaron sus propios sistemas de reparación pública, La República Federal de Alemania, de la Europa continental es quien incorpora primero las tendencias anglosajonas con la Ley de indemnización de delitos violentos de 11 de mayo de 1976 y su ejemplo es seguido por  Holanda, Francia, Dinamarca y Noruega, las recomendaciones y resoluciones e organismos internacionales han  resultado un acicate además para la extensión de estos sistemas  a otros países como Suiza y España, como el Plan  Nacional del Sindrome Tóxico, que contempla la asistencia de víctimas de atentados a la salud pública. Ver  Sainz- Cantero Caparrós, María Belén: Ob. Cit., Pág. 167; De Ángel Yagüez, Ricardo: “Algunas previsiones sobre el futuro de la responsabilidad civil, con especial atención a la reparación del daño”, Editorial Civitas, Madrid, 1995, Pág. 104.

[61]   Para un detenido análisis legal y jurisprudencial, Ver Díaz Alarbat, S.: “La responsabilidad estatal por los actos de bandas armadas y terrorismo”, en ADC, abril- junio, 1990, Págs. 429 a la 473.

[62]   El sistema de reparación pública en España tiene su precedente en el Decreto- Ley de 26 de enero de 1979, sobre protección  de la seguridad ciudadana, que dispuso el resarcimiento por los daños y perjuicios ocasionados por bandas o miembros de grupos organizados y armados, en particular por el Real  Decreto de 5 de marzo de 1982, la Ley Orgánica 9 de 1984 de 26 de diciembre , contra la actuación de bandas armadas y elementos terroristas, regularía posteriormente la materia dedicando un capítulo a la indemnización derivadas de hechos terroristas, y señala al Estado de  como encargado del resarcimiento de los daños que se puedan producir a consecuencia de estos hechos, con posterioridad el Real Decreto No. 1311 de 1988 d3e 28 de octubre, configura el derecho del perjudicado al resarcimiento con una naturaleza de indemnización especial , al asumir la administración del Estado una responsabilidad por hechos de otros. Ver Sainz- Cantero Caparrós, María Belén: Ob. Cit., Págs. 165, 166 y 167; Díaz Alarbat, S.: Ob. Cit., Págs. 429 y ss.

[63]   La doctrina penal se ha mostrado  siempre reacia a establecer una automática responsabilidad civil del Estado frente a la responsabilidad del sujeto comisor del hecho delictivo, salvo en determinados supuestos, como los delitos de terrorismo que conllevan al desconocimiento del autor del delito. Ver Morrillas Cuevas, L.: Ob. Cit., Pág. 139.

[64]   Viene marcado por la satisfacción que reclama la sociedad ante conductas  dañosas, las cuales ante determinados hechos delictivos violentos,  el Estado asume una reparación automática   de todos los daños que se produjeron, por el marcado carácter social que presenta garantizar a  las víctimas la compensación del daño ex delito. Ver Sainz- Cantero Caparrós, M.B.: “La reparación del daño ex delito: entre la pena privada y la mera compensación”, Ob. Cit., Pág. 176.

 

Texto incorporado el: 2010/10/21. Revista de actualización permanente. Se recomienda citar: Apellido, Nombre. "Título del trabajo" en Revista electrónica Derecho Penal Online [en línea]. Disponible en: http://www.derechopenalonline.com

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