El Tribunal Oral en lo Criminal  Federal nro. 2 de San Martín dictó recientemente su pronunciamiento, luego de un largo juicio oral en el que se  juzgara a la banda acusada del secuestro y homicidio del joven Axel Blumberg, y de otros hechos de privación ilegal de la libertad. Luego de la lectura de la parte dispositiva del decisorio, el querellante, Ingeniero Juan Carlos Blumberg manifestó,  muy ofuscado, ante los periodistas que lo requerían que el fallo era  un excremento (desde luego que utilizó otra palabra más vulgar una de cuyas acepciones alude a “cosa sin valor o mal hecha” y también expresa contrariedad o indignación). Más allá de que no resulta muy seria la crítica de una sentencia de la cual aun no se  conocieron los fundamentos, los cuales se están redactando y según ha trascendido se encontrarán plasmados en alrededor de novecientas páginas, también es muy comprensible y hasta justificable que los deudos de las víctimas de hechos tan terribles se expresen con todo su odio y dolor, y por más que aleguen la búsqueda de justicia, los anime la venganza, un sentimiento no cristiano, pero sí humano.

Sin embargo, lo que nos impulsa a escribir estas líneas no es la reflexión precedente, sino resaltar la digna actitud del tribunal. No conozco a los jueces, y tampoco el caso, más allá de lo informado por la prensa, por lo que no sería responsable de mi parte emitir una opinión sobre la decisión. No sé si el fallo es correcto o contiene errores en las cuestiones jurídicas o en la apreciación de los hechos conforme una adecuada y justa valoración de la prueba. Además, el derecho no es una ciencia exacta, de manera que no existe un modo único de aplicar las normas generales a los casos particulares. Por eso, las partes que no se encuentren conformes con lo decidido (en un caso así seguramente serán todas, en alguna u otra medida), podrán  recurrir ante instancias superiores para que se revise el fallo, en un largo camino que recién comienza, y debería transitarse en plazos razonables en función de la complejidad  y número de imputados y víctimas.

Resalto el comportamiento del tribunal, alejado de cualquier vedetismo mediático; todo lleva a pensar que resolvió conforme lo que creía jurídicamente correcto, abstrayéndose de cualquier presión, en especial del señor Blumberg que sin dudas se ha convertido en un líder social, y probablemente, en un dirigente político en un futuro cercano. Ello contrasta claramente con el desempeño de muchos legisladores, que improvisadamente y bajo la atenta y severa mirada del nombrado Blumberg, aprobaron con premura diversas iniciativas  para “endurecer” el Código Penal, temerosos de las marchas, escraches, y posibles pérdidas de votos.

Aquellos jueces, cuyos apellidos no recuerdo, seguramente tienen en claro  la delicada función de juzgar, como terceros ajenos al conflicto, en forma desapasionada y prescindente de las posturas e intereses de las partes implicadas; decidiendo no por capricho ni intuiciones, ni desnudos subjetivismos, ni para conformar a alguien o buscar el aplauso, sino conforme a la convicción razonada que surge a partir de la prueba válidamente incorporada al proceso. Recuérdese que el Poder Judicial no responde a coyunturales mayorías, sino que obtiene su legitimación de su sujeción a la ley, en especial a la Constitución.

En definitiva, el juzgador tiene dos límites infranqueables, los hechos probados y el derecho aplicable, y en ese marco debe desempeñarse como órgano estatal independiente e imparcial; independiente no sólo de los otros poderes del Estado y de los tribunales de instancias superiores, sino también -en especial en los casos con amplia repercusión- de la opinión pública, o de cualquier grupo de poder o de presión. Ello, porque nunca estará demás recordar (aunque a veces no se tenga presente, y lo más  penoso: ¡lo olviden algunos jueces!) que el Poder Judicial es un Poder del Estado,  las sentencias son actos de gobierno, y al resolver el más trivial de los casos se está aplicando la Constitución.