Luego de la resolución de 233 carillas donde la Corte hizo lugar al hábeas corpus colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el gobernador Felipe Solá dijo que "en general la declaración (de la Corte Suprema) parece positiva porque en primer lugar se involucra en un problema general" y subrayó que en su gobierno "acatan la decisión de la Corte". Aseguró que el problema central no son los menores en comisarías porque en la Provincia está prohibido. Desde hace algunos meses está vigente una resolución del Poder Ejecutivo Provincial "que prohibe la detención de menores en comisarías" a  partir de una iniciativa del ministro de Seguridad, León Arsianián.

El gobernador indicó que hay "coincidencias" con la Corte nacional, ya que "recientemente" envió a la Legislatura la "ley de cupo" que establecerá límites en torno a la cantidad de internos alojados en cada unidad. Dijo que "la tasa de encarcelamiento es más rápida que la tasa de creación de cárceles. Por lo tanto, hay otras soluciones además de las que la Corte abre espacio con esta resolución".

Por su parte el ministro de Justicia bonaerense, Eduardo Di Rocco, dijo a LA NACION que el 10 por ciento de la población carcelaria estaría en condiciones de ser excarcelada, ya que no sería peligrosa para la sociedad, de acuerdo con evaluaciones realizadas por especialistas del Servicio Penitenciario. “Es cierto: hicimos el muestreo y el resultado es que hay 2500 presos que no son peligrosos, que podrían ser favorecidos con excarcelaciones. Pero la provincia no puede disponer esto. Los que deciden son los jueces. Hay muchos internos que llevan detenidos más de dos años y ni siquiera está terminada la instrucción" (Fuente: La Nación). También  dijo (Fuente: Crónica del  05/05/2005) que antes de fin de año se habilitarán más de 5.000 nuevas plazas carcelarias. De todos modos, el funcionario aclaró que eso no alcanzará para solucionar el problema de fondo: "La tasa de encarcelamiento que tiene hoy la provincia realmente es difícil de sostener, porque cuando la media nacional de la Argentina son 107 ciudadanos privados de su libertad cada cien mil, la provincia de Buenos Aires tiene hoy un promedio de 217 cada cien mil". El titular de la cartera de Justicia dijo que "la provincia de Buenos Aires tiene la mitad de los presos de todo el país, 25.000 en el Servicio Penitenciario y otros 5.000 en comisarías, pero solamente el 15 por ciento tiene condena". Para Di Rocco, el fallo de la Corte Suprema de la Nación que ordenó a la provincia flexibilizar las leyes de excarcelaciones "fue muy importante porque por primera vez involucra a los tres poderes del Estado". Aseguró que el Poder Ejecutivo provincial "ya implementa un programa que tiene por objetivo satisfacer los requerimientos de la Corte" y precisó que para ello "se fortaleció el Patronato de Liberados, que es el organismo encargado de controlar a los beneficiados por una excarcelación".
      
En Página/12 el 05/05/2005 el ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Cafiero negó que haya 200 chicos detenidos en comisarias en  en la provincia. “Ese número refleja el momento en el que se presentó la acción de amparo”, alegó.

Anoche, el Senado de Buenos Aires aprobó un proyecto de resolución que tiene por fin convocar a una mesa de trabajo que se dedicará a “adecuar la legislación procesal penal en materia de prisión preventiva y excarcelación”. También se buscará adecuar las leyes “de ejecución penal y penitenciaria”. Serán invitados a participar de esa mesa miembros de la Suprema Corte de Justicia, del CELS, legisladores y el Ministerio de Justicia, entre otros organismos.
          
En La Nación (Pág. 16 del 05/05/2005) pudo leerse que el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Héctor Negri, consideró que el sistema carcelario bonaerense es un "verdadero fracaso" y la situación en los penales es "desesperante". Además dijo que los menores que delinquen constituyen "el problema más acuciante, que no pueden resolver sólo los jueces, sino que debe haber una fuerte y comprometida labor de toda la sociedad". Negri, que ocupa el cargo por tercera vez, reconoció que, en la provincia "los tiempos procesales son realmente lentos" y consideró que el Código de Procedimientos Penales bonaerense, aplicado desde 1998, "no es satisfactorio" y que, lejos de resolver problemas, "complicó el funcionamiento de la judicatura".
Cree que el problema puede explicarse, en buena parte, por "la falta de una buena administración económica que permita que haya trabajo, que los chicos puedan ir a la escuela y que la gente tenga horizontes". Y agregó: "Lo que está fallando no es la justicia judicial, sino la justicia social". El magistrado, que describió a una Justicia "agobiada" por la sobrecarga de trabajo y la falta de recursos, sostuvo que es imprescindible "reconstruir la credibilidad de la gente en la Justicia" y criticó "la superficialidad con que se legisla".
Dijo: "… Estamos agobiados por el tremendo problema de las cárceles. El sistema penitenciario bonaerense se encuentra absolutamente desbordado y colapsado. Las cárceles son un verdadero fracaso. Todo juez sabe que no está cumpliendo su tarea de reencausar y permitir que la persona que se equivocó encuentre el camino de la convivencia. Este fracaso, que no es patrimonio de la provincia exclusivamente, es muy fuerte, pero es válido aclararlo, no dependen las cárceles de los jueces, más bien es al revés, los jueces dependemos de que las cárceles estén en condiciones de albergar a aquellas personas para quienes no queda otra alternativa que aplicar una medida de contención de libertad.

En La Prensa (05/05/2005) se publicó que el ministro de justicia, Horacio Rosatti, calificó de positivo el fallo de la Corte y desestimó que si hay excarcelaciones se produzcan más delitos: "Yo no le veo una relación tan directa entre inseguridad y excarcelaciones. Sinceramente no creo que sea un elemento de peligrosidad adicional", afirmó. A su vez, declaró que "este fallo de la Corte resalta la necesidad de que el sistema carcelario en todo el país se acerque a los estándares internacionales básicos, porque esto tiene que ver con el respecto de los derechos humanos básicos". De todos modos advirtió que el edilicio "no es el único problema. También hay un tema de la formación del personal del servicio penitenciario y también hay un tema de la relación del interno con la sociedad".