En el marco de la jornada “Ideas, propuestas y desafíos para la enseñanza del Derecho en la Argentina”, el Ministerio de Justicia y DD.HH. de la Nación y las Universidades Nacionales, firmaron los acuerdos que permitirán que los estudiantes avanzados de abogacía realicen prácticas profesionales en los Centros de Acceso a la Justicia del Ministerio, brindando asistencia legal gratuita a las personas de bajos recursos.

Los acuerdos firmados permitirán fortalecer la Red Federal de Patrocinio Jurídico Gratuito creada en diciembre pasado por los ministros Soria y Jaime Perczyk (Educación), en el marco de la reunión plenaria del Consejo de Decanos y Decanas de Facultades de Derecho: a través de la nueva Red, las áreas de práctica profesional de las distintas Facultades de Derecho de las Universidades públicas brindarán atención, patrocinio jurídico y seguimiento de los casos receptados por alguno de los 96 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) que el Ministerio tiene distribuidos en todo el país.

El Patrocinio brindará asesoramiento y representación para causas en trámite, para iniciar causas y para mediaciones prejudiciales a personas que acudan a los CAJ y puedan constatar la falta de recursos para contratar un abogado. A su vez, el servicio jurídico gratuito llevará adelante causas sobre cualquier materia y cualquier proceso judicial, excluyendo cualquier acción por cobro de dinero, quedando incluidas las causas vinculadas a reclamos de alimentos.

En la mesa central del acto realizado en la sede de la cartera nacional, el ministro Soria estuvo acompañado por el secretario de Justicia, Juan Martín Mena; la directora nacional de Promoción y Fortalecimiento de Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti; el presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), Néstor Pan; el rector de la Universidad de la Matanza, Daniel Martínez; el rector de la Universidad Nacional de José Clemente Paz, Darío Kuzinsky; el rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Diego Molea; Gimena del Río, titular de la Unidad Gabinete de Asesores del ministerio de Justicia, Nicolás Soler, subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Luis Calderaro, Director Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil.
Durante el encuentro, el ministro Soria expresó que “para los que defendemos con orgullo “haber caído” en la educación universitaria pública, gratuita y de calidad que tiene la Argentina, hoy es un día muy importante porque estamos dando un paso fundamental para ampliar y garantizar el acceso a la justicia de todos y todas las argentinas”.

“Gracias a los convenios que hoy estamos firmando -prosiguió Soria- los estudiantes avanzados de derecho de las universidades nacionales, van a poder realizar sus prácticas profesionales en los 96 CAJ que dependen de este Ministerio: por un lado, van a fortalecer la red de federal de acceso a la justicia para llegar a más ciudadanos; y al mismo tiempo mejorarán la calidad profesional con la práctica judicial que allí desarrollaran bajo la supervisión de sus docentes, ayudando también en la resolución de conflictos para descomprimir los casos que llegan a los tribunales. Eso es articular políticas públicas en beneficio de todas y todos”.

Mena, en tanto, sostuvo: “Como Poder Ejecutivo asumimos el compromiso de involucrarnos en el desarrollo de políticas públicas fundamentales; y también nos comprometimos que la voz del sector universitario esté presente en los grandes debates que tenemos que darnos en materia de administración de justicia y de reformas”.

“Entendíamos que el próximo paso que debíamos dar para satisfacer ese déficit que tenemos en materia de acceso a justicia era el de masificar, de la manera más veloz posible, la asistencia jurídica gratuita. En esa certeza se enmarcó el lanzamiento de la red de patrocinio gratuito y allí vimos la oportunidad de pedir ayuda a las universidades públicas y a las facultades de derecho particularmente y llegamos así a la mejor combinación de nuestras mutuas responsabilidades. Los estudiantes avanzados pueden dar sus primeros pasos profesionales desde una perspectiva que les brinde contexto y conciencia social, respecto del mundo al que van a salir a trabajar”, agregó.

A su turno, el rector de la Universidad de La Matanza destacó la importancia de la Red de Patrocinio Gratuito: “Es muy importante, especialmente para muchas universidades que estamos en zonas carenciadas, en zonas difíciles, donde a lo mejor las personas que son víctimas de determinados hechos o consecuencias de la vida social, no tienen como solventarse y recurren a veces a procedimientos difíciles de entender que les resultan más costosos. Este asesoramiento que se puede brindar a través de los estudiantes suma dos cosas. El primero es que va a ser gratuito y el segundo, le va a sumar experiencia a los jóvenes estudiantes que participan y van a lograr una experiencia que a lo mejor no logran en otra actividad, por eso esta tarea de campo es tremenda”.
La articulación institucional entre Justicia y la comunidad académica plasmada en la “Red Federal de Patrocinio Jurídico Gratuito” permitirá desarrollar 3 ejes fundamentales en pos de garantizar el acceso a los derechos de los ciudadanos, ampliar la formación de los estudiantes e incorporar nuevos actores a la resolución de conflictos:

En primer lugar, la Red Federal de Patrocinio Jurídico Gratuito fortalecerá los equipos interdisciplinarios de trabajo de los 96 CAJ a través de la incorporación de estudiantes avanzados de derecho que se ocuparán de asistir legalmente a las personas que asisten a esos Centros. Actualmente los equipos de los CAJ están integrados por profesionales especializados en derecho, psicología y servicio social.

Las Facultades, en tanto, incluirán como Espacios de Práctica Profesional para sus estudiantes a los CAJ y el trabajo que en ellos se realiza. Cada uno de estos espacios estará a cargo de 1 docente experimentado quien será el responsable de definir la estrategia jurídica a aplicar en cada caso.

De esta manera, se potenciará la formación de los estudiantes avanzados de las carreras de derecho y permitirá que los futuros abogados y abogadas brinden asistencia legal primaria y realicen el seguimiento de los casos recibidos por los CAJ.

A su vez, esta política también beneficiará a los sistemas judiciales provinciales y al nacional, ya que la atención y el servicio legal brindado en los CAJ permite atender conflictos y situaciones que pueden resolverse a través de mediaciones prejudiciales o métodos alternativos de resolución de controversias. El fortalecimiento de estos espacios reduce la judicialización de conflictos y permite encauzar y resolver los casos en instancias prejudiciales, evitando la acumulación de expedientes judiciales en los tribunales.

Durante el año pasado, los 96 CAJ recibieron 112.582 consultas y realizaron 981 operativos. En lo que va de 2022, los CAJ ya recibieron más de 70 mil consultas. Si se toma como parámetro el inicio de la pandemia, el número de consultas realizadas en los CAJ supera las 250.000 y los operativos ascienden a 2600.

Doce universidades nacionales se suman a la Red Federal de Patrocinio Jurídico Gratuito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

La jornada

El encuentro “Ideas, propuestas y desafíos para la enseñanza del Derecho en la Argentina” fue organizado por la Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y Sociedad Civil (DNRECASO) que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación.

Participaron decanos y decanas de facultades de Derecho de universidades públicas de todo el país y funcionarios y funcionarias del ministerio, para debatir y articular políticas sobre la enseñanza de la Abogacía en las universidades argentinas, en pos de identificar fortalezas y debilidades para trabajar en el diseño de herramientas y soluciones orientadas a perfeccionar las carreras.

El Ministerio de Justicia y DDHH busca involucrarse de manera sustantiva, a través de sus diferentes áreas, en la formación de los futuros abogados y abogadas de la Argentina. En ese sentido, el objetivo medular es liderar un proceso de profunda revisión de sus prácticas educativas, de sus perfiles de egresadas y egresados, así como de la práctica de la profesión para los jóvenes estudiantes.

De la jornada participaron Laura Giosa, decana de la facultad de Derecho de la UNICEN; Antonia Lidia Blanco, rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia; Rubén Gustavo Fleitas, rector de la Universidad Nacional de La Pampa; Francisco Marull, decano de la facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la universidad nacional de La Pampa; Diego Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora; María Fernanda Vázquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora; Oscar Arellano, rector de la Universidad Nacional de Catamarca; Gonzalo Salerno, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca.

Asimismo, estuvieron presentes Daniel Vega, rector de la Universidad Nacional del Sur; Pamela Tolosa, decana de la Facultad de Derecho UNS; Germán Antequera, rector de la Universidad Nacional de Chilecito; Sonia Amaya, directora de la carrera de Abogacía de la UNdeC; Pablo Petraglia, director de la escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires; Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda; Darío Kusinsky, rector de la Universidad Nacional de José Clemente Paz; Gonzalo Kodelia, director del Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNPAZ; Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario; Hernán Botta, decano de la Facultad de Derecho de la UNR; Daniel Martínez, rector de la Universidad Nacional de La Matanza; Luis Busnelli, decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNLaM.

Fuente: Min. Justicia y DD.HH.