Obligación internacional del Estado de judicializar los casos de violaciones a los derechos humanos: un análisis desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Por Juan Antonio Rosas Castañeda


Introducción.-

Es evidente que la mayoría de normas internacionales sobre derechos humanos han adquirido la categoría de normas jus cogens, en especial aquellas que protegen el “núcleo duro”, irreductible e inderogable de los derechos fundamentales del hombre[1], en consecuencia, la vulneración grave de estas normas no puede ya responder a los esquemas clásicos de la responsabilidad del Estado por la comisión de hechos internacionalmente ilícitos, es decir, su reparación no puede quedar en la indemnización pecuniaria sino que debe buscar sobre todo la restitutio in integrum del derecho vulnerado y asegurarse que el Estado creará mecanismos efectivos para que los hechos violatorios no se vuelvan a producir.

         En el esquema clásico del derecho internacional público, la comisión de actos o hechos internacionalmente ilícitos por parte de un Estado hace que este incurra en “responsabilidad internacional”, la consecuencia jurídica de esta responsabilidad internacional es el nacimiento de la obligación de reparar. La doctrina ha identificado esta “obligación de reparar” como una norma secundaria que surge ante la vulneración de la norma primaria. En el derecho internacional clásico, donde se regulaban esencialmente los derechos de los Estados y las normas internacionales surgidas de la voluntad de los mismos respondían al equilibrio contractual de sus suscriptores, la obligación de reparar se identifica, fundamentalmente, como la obligación de indemnizar pecuniariamente al Estado víctima del agravio[2].

Pero como hemos advertido, debido a la naturaleza peculiar de las normas sobre derechos humanos no es posible que las consecuencias jurídicas de la vulneración grave de las mismas se limiten a la exigencia de una reparación pecuniaria a la víctima de la violación, porque ello implicaría que el Estado intercambia dinero por impunidad. Tomando en cuenta ello los organismos de tutela, creados por algunos de los tratados sobre derechos humanos, en especial en los ámbitos regionales de las organizaciones internacionales, han producido una basta jurisprudencia en torno a la configuración de nuevas obligaciones internacionales tras la vulneración de la norma primaria que no se limitan a la sólo exigencia de reparación pecuniaria a la víctima de la violación. En ese sentido, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde sus primeros casos contenciosos ha sido clara en señalar que debido a que los Estados se ubican en una posición de garantes de los derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y debido a que los mismos se han comprometido adoptar todas las disposiciones de derecho interno para a cumplir con sus obligaciones convencionales, cuando se trasgrede gravemente las normas primarias surge la obligación del Estado de: investigar, procesar y sancionar a los responsables materiales o intelectuales de las violaciones a los derechos humanos.

Si bien la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no abarca la determinación de la responsabilidad penal internacional de la persona humana individualmente considerada, la Corte ha entendido que los Estados se encuentran en la obligación internacional de procurar evitar en sus contextos normativos o de facto escenarios de impunidad, que ocasionen la repetición crónica de las violaciones a los derechos humanos. Por ello, como obligación secundaria surge la obligación internacional de persecución penal, en el ámbito interno, de las personas acusadas de la vulneración de las normas esenciales de convivencia humana. Más aún cuando los Estados crean mecanismos de jure o de facto que impiden la realización cabal de esta obligación vuelven a incurrir en responsabilidad internacional[3]. A partir de esta idea básica la Corte Interamericana ha hecho importantes aportes jurisprudenciales en el ámbito de la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos humanos, precisando en sus últimas sentencias[4], por un lado que cuando la vulneración concreta a los derechos humanos se produce en el contexto de una práctica sistemática del Estado y afecte normas inderogables la responsabilidad internacional del Estado es agravada[5]. Así se encuentra en formación un régimen propio de responsabilidad internacional del Estado por violaciones a los derechos humanos, diferente a la tradicional  responsabilidad estatal por hechos internacionalmente ilícitos que tiene como una de sus consecuencias jurídicas la obligación secundaria del Estado de investigar, procesar y sancionar a los responsables individuales de esas violaciones; es decir, la obligación estatal de judicializar las violaciones a los derechos humanos.

Pero esta obligación estatal de judicializar las violaciones a los derechos humanos, no sólo se deriva desde el punto de vista del derecho internacional, como una trasgresión a sus normas, es decir, como una consecuencia jurídica de su responsabilidad internacional, sino que tiene su origen también en un derecho subjetivo de las víctimas, de sus familiares y en general de todo la comunidad nacional de saber lo sucedido. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido este derecho subjetivo del individuo[6] y el Tribunal Constitucional del Perú ha llegado a parecida conclusión en un reciente caso de Hábeas Corpus.  El “derecho a la verdad” se empieza a perfilar en la doctrina como un derecho humano individual y colectivo que obliga al Estado a judicializar los casos de violaciones a los derechos humanos.

En suma la obligación estatal, de cara a las normas internacionales, de judicializar los casos de violaciones a los derechos humanos, no sólo es una consecuencia jurídico de la transgresión de aquellas sino que investigando, procesando y sancionando a los responsables de violaciones a los derechos humanos también satisface un derecho subjetivo de las víctimas y sus familiares en un caso concreto, y de la comunidad en general de saber por qué sucedieron esas violaciones, por qué en un determinado momento de la historia el Estado respondió a un fenómeno de violencia violando gravemente los derechos humanos, lo que permite crear en la comunidad un sentimiento de responsabilidad social frente las violaciones a los derechos humanos y evita que se creé la idea de que la violencia sólo es posible de ser combatida con más violencia. Cuando las comunidades entienden que todo tipo de violaciones a los derechos humanos es un crimen grave que hay que sancionar, no importando quienes fueron las víctimas o los victimarios, ni que razones o propósitos impulsaron al Estado o al grupo alzado en armas a perpetrarlos; en ese momento, el Estado podrá dar garantías de que las violaciones a los derechos humanos no se volverán a repetir y que se procurará dar plena satisfacciones a los agredidos por aquellas prácticas estatales, sólo así se consolidarán nuestras frágiles democracias.

Es así pues, que la presente investigación pretende describir, de cara al derecho internacional general y el derecho internacional de los derechos humanos, como se va configurando la obligación internacional del Estado de judicializar los casos de violaciones a los derechos humanos. Por un lado, como obligación nacida de las consecuencias jurídicas de la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, y por otro lado, como obligación actual y exigible no sólo por la víctima de la violación o sus familiares, en una concepción ampliada de víctima, sino también por la comunidad en general, incluso entendido como mecanismo de reconciliación de la sociedad. Para ello, se presentan tres apartados, en el primero analizamos la especial naturaleza de los tratados sobre derechos humanos, indicando como ello redunda en diversos ámbitos de aplicación del derecho internacional, esta conclusión nos permite abordar en el segundo apartado el especial régimen jurídico de las consecuencias jurídicas de la responsabilidad internacional del Estado por violaciones a los derechos humanos y finalmente, en el tercer apartado precisamos como a partir de la práctica jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se va consolidando la obligación de judicializar las violaciones a los derechos humanos. Se trata de visualizar en suma el surgimiento de la obligación de judicializar desde las consecuencias jurídicas del surgimiento de la responsabilidad internacional del Estado por violaciones a los derechos humanos, y el segundo lugar precisar la configuración del derecho individual y colectivo del derecho a conocer la verdad de los hechos. Ambos constituyen dos puntos de vista de analizar la obligación del Estado de judicializar los casos de violaciones a los derechos humanos en aplicación de la normatividad internacional que protege a la persona humana individualmente considera y la constituye en sujeto del derecho internacional de los derechos humanos[7]. Esto es producto de la interrelación cada vez más estrecha entre el derecho penal de los Estados y el derecho internacional de los derechos humanos.

 

Naturaleza de los Tratados sobre Derechos Humanos.
En las casi seis décadas de la adopción de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos[8] que inauguró el proceso de “humanización del derecho internacional”[9], se ha producido una espectacular revolución de las concepciones tradicionales de este derecho, lo que ha supuesto en muchos casos una redefinición del concepto de soberanía. Así el derecho internacional ha pasado a regular materias que antes le habían estado vedadas, temas como la protección de los seres humanos, no importando la nacionalidad de los beneficiarios, a través de adopción en el ámbito universal y regional de instrumentos internacionales de derechos humanos que consagran la obligatoriedad para los Estados del respetar de los derechos humanos, cuyo basamento filosófico primigenio es la dignidad humana. Sin embargo, pronto se entendió que no bastaba la adopción de instrumentos internacionales para cumplir con el propósito de proteger al ser humano, de la a veces despiadada estructura estatal, instrumentos que enuncian, a veces líricamente, los derechos humanos. Por ello, a la par de los derechos reconocidos por los citados instrumentos internacionales de carácter universal y regional, algunos de ellos han establecido órganos de supervisión de los derechos humanos, cuya principal función es la supervigilancia y promoción de los derechos humanos. A la vez se ha establecido mecanismo de petición individual que permiten a los individuos recurrir a éstos órganos para plantear denuncias de violaciones a los derechos humanos de parte de los Estados miembros del Tratado. Todas estas circunstancias hace que los tratados sobre derechos humanos adquieran una naturaleza especial, que genera regímenes jurídicos también especiales en diversos ámbitos de aplicación tradicional de las normas internacionales, así la trasgresión de las normas contenidas en los tratados sobre derechos humanos no sólo genera responsabilidad internacional del trasgresor, sino que se establecen una serie de nuevas relaciones jurídicas, entre la víctima y el Estado, y entre el Estado y la sociedad, estas nuevas relaciones jurídicas obligacionales son fruto del especial régimen de las consecuencias jurídicas de la trasgresión a las normas de derechos humanos, sustancialmente diferente al régimen jurídico de la responsabilidad Estado por hechos internacionalmente ilícitos. Pero ello se produce por la especial naturaleza jurídica de los tratados sobre derechos humanos. En consecuencia, ante de analizar el régimen jurídico de la responsabilidad internacional del Estado por violaciones de los derechos humanos, es precisó vislumbrar a la luz de la jurisprudencia internacional y la doctrina la especial naturaleza de los tratados sobre derechos humanos, para luego precisar como esto repercute en el ámbito de la responsabilidad internacional del Estado y su obligación de judicializar las violaciones a los derechos humanos.

La jurisprudencia es una fuente auxiliar, verificadora del derecho internacional vigente, tenga este alcance convencional, consuetudinario o emane de un Principio General del Derecho, conforme lo estable el artículo 38° del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Por tanto todo análisis que se realice sobre la existencia o alcance de una determinada norma o principio debe hacerse a la luz de la jurisprudencia. Siendo esto así, cabe precisar que la jurisprudencia internacional ha analizado la naturaleza especial de los tratados sobre derechos humanos y ha perfilado sus alcances e influencia en el derecho internacional general. Así, la Corte Internacional de Justicia precisó en la Opinión Consultiva del 28 de mayo de 1951 sobre la Validez de ciertas reservas a la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio que: “En este tipo de tratados los Estados contratantes no tienen intereses propios; solamente tienen, por encima de todo, un interés común: la consecución de los propósitos que constituyen la razón de ser de la Convención. Consecuentemente, en una convención de este tipo no puede hablarse del mantenimiento de un perfecto equilibrio contractual entre derechos y obligaciones”[10]. Esa misma idea fue esgrimida años más tarde por en el Caso Austria vs. Italia (1961) por la Comisión Europea que estableció que las obligaciones asumidas por los Estados partes en la Convención Europea de Derechos Humanos: “son esencialmente de carácter objetivo, diseñadas para proteger los derechos fundamentales de los seres humanos de violaciones de parte de las Altas Partes Contratantes en vez de crear derechos subjetivos y recíprocos entre las Altas Partes Contratantes...”[11]. La Corte Europea de Derechos Humanos afirmó en el caso Irlanda vs. Reino Unido (1978), refiriéndose al Convenio Europeo de Derechos Humanos, firmado en Roma en 1950, que “a diferencia de los tratados internacionales del tipo clásico, la Convención comprende más que simples compromisos bilaterales, mutuos, obligaciones objetivas que, en términos del Preámbulo cuentan con una garantía colectiva”[12]. Nuevamente estableció en el caso Soreing vs. Reino Unido (1989)  que la Convención Europea “debe ser interpretada en función a su carácter específico de tratado de garantía colectiva de derechos humanos y libertades fundamentales, y que el objeto y fin de este instrumento de protección de seres humanos exigen comprender y aplicar sus disposiciones de manera que haga efectivas y concretas tales exigencias”[13].

La Corte Interamericana de Derechos Humanos continua esta línea y ha señalado refiriéndose a los tratados sobre derechos humanos:

 

 “[su conclusión no ésta en función] de un intercambio reciproco de derechos, para el beneficio mutuo de los contratantes [...]. Al aprobar  estos tratados sobre derechos humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con los otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción”[14].

 

“La Convención Americana, así como los demás tratados sobre derechos humanos, se inspiran en valores comunes superiores (centrados en la protección del ser humano), están dotados de mecanismos específicos de supervisión, se aplican de conformidad con la noción de garantía colectiva, consagran obligaciones de carácter esencialmente objetivo, y tienen una naturaleza especial, que los diferencia de los demás tratados, los cuales reglamentan intereses recíprocos entre las partes y son aplicados por éstos, con todas las consecuencias jurídicas que de ahí derivan en los ordenamiento jurídicos internacional e interno”[15].

 

Entonces, cuando los Estados suscriben tratados de derechos humanos no están pensando en el equilibrio contractuales, en el que se aseguren sus derechos u obligaciones, sino en un interés común, el velar por el respeto de la dignidad humana. Ya que la comunidad internacional ha entendido que existen normas que se ubican por encima de la voluntad de los Estados y se va configurando un verdadero conjunto de normas pertenecientes al “orden público internacional”. Ello produce que en los tratados sobre derechos humanos, se atenúa la dimensión contractual, ya que el pacto estará destinado ya no a regular derechos y deberes recíprocamente concedidos, y sinalagmáticamente estructurados, sino a la búsqueda del interés común, que es la protección de los derechos humanos, rebasando el mero intereses de las partes. Para lograr este propósito se utilizan los tratados multilaterales, los denominados tratados Leyes, formulándose reglas generales que obligan a todos los Estados parte por igual. Sin embargo, va a depender del Estado adherirse al tratado, ya que el principio de consentimiento, sigue rigiendo las reglas del derecho de los tratados. Bajo el principio de la soberanía los Estados podrán presentar reservas a aquellos tratados. Aunque esta facultad como vinos en el caso de la Convención contra el Genocidio, se ve limitada[16]. Estas ideas generales han llevado ha afirmar a Juan Antonio Carrillo Salcedo que:

 

“En este tipo de tratados, en efecto, se atenúa, aunque no desaparece, la dimensión contractualista de los tratados en la medida en que la regulación convencional desborda la reciprocidad de derechos y deberes entre los Estados partes, ya que éstos buscan la consecución de un interés común más que la satisfacción de intereses particulares. Constituyen, en consecuencia, un procedimiento útil para establecer unas reglas de conducta aplicables al conjunto de los Estados, puesto que intentan regular intereses generales, de la comunidad internacional en su conjunto o de un grupo regional, y son por ello tratados multilaterales.

 

Este dato les diferencia, en mi opinión, de los tratados multilaterales clásicos, que al regular las relaciones entre Estados presentan caracteres sinalagmáticos, mientras que los tratados multilaterales de carácter normativo, por el motivo, tienen por finalidad formular reglas generales e impersonales en las que no es esencial establecer un equilibrio contractual entre las obligaciones y derechos de los Estados partes”[17].

 

 

Se adhiere a esta opinión Elizabeth Salmón cuando considera que aunque la discrecionalidad estatal sigue presente, la propia naturaleza de las obligaciones asumidas y los destinatarios, impide la reciprocidad presente en otro tipo de tratados. Así, el incumplimiento grave por parte de uno de los Estados obligados por este tipo de tratados, no otorga licencia a los otros para incumplir el tratado, como suele suceder en otro tipo de tratados. En consecuencia, nada habilita a un Estado para violar los derechos humanos de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción[18].

Los Tratados de derechos humanos tienen una vocación progresiva o de desarrollo. Esto significa que los derechos reconocidos en el catálogo constituyen un estándar mínimo que se exige al Estado, Como afirma Medina:

 

“nada autoriza a que el Estado lo restrinja y nada obsta, a más bien todo alienta al estado para que agregue otros derechos en su ordenamiento jurídico nacional, para que amplíe el alcance y contenido de un derecho del catálogo o para que mejore las posibilidades de ejercicio y goce de los derechos existentes.”[19]

 

Las normas contenidas en este tipo de tratados viene ha ser el compromiso internacional mínimo; a partir de estas disposiciones se puede dar mayor desarrollo a sus normas, en el plano interno. Ya que, según se establece en el artículo 40.1 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos, la obligación de informar sobre los avances en materia de derechos humanos o el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece la obligación de no hacer interpretaciones que limiten el goce o ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados. Ello implica pues una vocación expansionista de los tratados sobre derechos humanos.

El ordenamiento jurídico internacional ha ideado normas que aseguren su efectividad en el plano interno e internacional, en consecuencia limita dentro de la voluntad de obligarse, la soberanía de los Estados, ya que los Estados, sus órganos, sus agentes y su práctica debe amoldarse a las disposiciones establecidas en los tratados sobre derechos humanos, a riesgo de comprometer la responsabilidad internacional del Estado. Los artículos 27 y 29 de la Convención de Viena de 1969 han establecidos los principios de buena fe en la interpretación de los tratados y la obligación de no argüir impedimentos de derecho interno para sustraerse de sus obligaciones internacionales[20].

La regulación jurídica de los derechos humanos en la esfera internacional va aparejada al reconocimiento del hecho de que la protección de la persona humana ya no se realiza o, lo que es lo mismo, ya no interesa solo al Estado donde el individuo habita (lo que en términos jurídicos significaba la aplicación del principio de no intervención en los asuntos de jurisdicción interna); sino a la Comunidad Internacional en su conjunto. En efecto, en el derecho internacional clásico el tratamiento que los Estados brindaron a los individuos (con excepción de la posición jurídica de los extranjeros) era asunto de la jurisdicción interna; hoy en día la internacionalización de esos valores  y su afirmación como obligaciones de carácter erga omnes hace que la protección de los Derechos Humanos sea asunto de interés internacional[21].

Ello ha llevado a que el derecho internacional público a partir de los revolucionarios acontecimientos jurídicos y políticos del siglo XX ha quedado dividido en dos grandes estratos, según sugiere Marco Sassóli;

 

“(...) el primero, el estrato internacional, está integrado por las leyes que regulan la coexistencia y la cooperación entre los miembros de la sociedad internacional, principalmente los Estados; el segundo es un estrato nuevo y consiste en las leyes que reglamentan la comunidad de seis mil millones de seres humanos”. Y agrega el autor refiriéndose al derecho internacional humanitario: “Aunque el derecho internacional humanitario entró a formar parte del estrato tradicional, esto es, como un derecho que regula las relaciones entre Estados beligerantes, hoy apenas tendría importancia si no se le comprende dentro del segundo estrato, es decir, como un derecho que protege a las víctimas de la guerra de los Estados y de cualquier otra entidad que libre una guerra”[22].

 

Según esta idea, el derecho internacional de los derechos humanos y las normas convencionales o consuetudinarias que se deriven de él formar parte del segundo estrato en el que ha quedado dividido el derecho internacional. Las leyes que reglamentan la comunidad de seis mil millones de seres humanos se erige como un derecho supraestatal, donde la soberanía y discrecionalidad de los Estados se ve limitada. De allí que los tratados sobre derechos humanos tengan características especiales, que los diferencian de los otros tipos de tratados internacionales. En los tratados de tipo tradicional el intercambio recíproco de derechos y obligaciones busca beneficiar a los Estados; en cambio, en los tratados sobre derechos humanos el objeto y fin es la protección de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad; es así, que se estructura la “garantía colectiva” que compromete a la comunidad internacional en su conjunto[23]. Los Estados asumen obligaciones, por el bien común, hacia los individuos que se encuentran bajo su jurisdicción. Esas obligaciones genéricas de garantizar y respectar los derechos humanos se consagran, por ejemplo, en los artículos 1.1[24] y 2[25] de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por su importancia, algunas disposiciones de los tratados sobre derechos humanos, han alcanzado el rango de normas jus cogens[26]; es decir, normas de orden público internacional cuyos efectos erga omnes[27] alcanza a todos los miembros de la comunidad internacional; incluyendo, a los individuos. Esa característica hace que no admitan pacto en contrario y que sus efectos se extiendan inter alios acta. Además las normas imperativas sólo pueden ser derogadas por otras normas imperativas[28]. Para Asdrúbal Aguiar, las obligaciones erga omnes derivados de las normas jus cogens[29] de derechos humanos tienen un efecto triangular: frente a la comunidad Internacional, frente a cada Estado parte y frente a los individuos[30]. Los tratados de derecho humanos, en particular, y las obligaciones derivadas de normas convencionales o consuetudinarias de derechos humanos, en general, al ser normas que poseen todas estas características se estructuran como un ordenamiento jurídico que se erige sobre los Estados.

Por eso, es posible sostener que actualmente este estrato del derecho internacional público, el del derecho internacional de los derechos humanos, en particular,  y el derecho internacional que regula la suerte de todos los seres humanos, constituyen derecho supraestatal, donde la personificación del Estado, su soberanía y su voluntarismo se ven limitados. Pero ello es producto paradójicamente del propio ejercicio de la soberanía de los Estados Así la aplicación de los tratados sobre derechos humanos no afecta la soberanía de los Estados, porque éstos suscribieron libremente esos tratados y se sometieron a ese régimen[31], más aun los Estados se encuentran en la obligación se permitir el libre acceso a los mecanismos de contenciosos de tutela de los derechos humanos, ya que conforme lo refiere la Corte Interamericana los aspectos procesales de la Convención que permiten su realización se han convertido en cláusulas pétreas:

 

“Los Estados parte en la Convención deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios (effet utile) en el plano de sus respectivos derechos internos. Este principio se aplica no sólo en relación con las normas sustantivas de los tratados de derechos humanos (es decir, las que contienen disposiciones sobre los derechos humanos protegidos), sino también en relación con las normas procesales, tal como la referencia a la cláusula contenciosa del Tribunal... Tal cláusula, esencial a la eficacia del mecanismo de protección internacional, debe ser interpretada y aplicada de modo que la garantía que establece sea verdaderamente práctica y eficaz, teniendo presentes el carácter especial de los tratados sobre derechos humanos y su implementación colectiva”[32].

 

En suma la configuración especial de la naturaleza de los tratados sobre derechos humanos crea en diversos ámbitos del derecho internacional regímenes jurídicos especiales. En especial cuando nos encontramos frente a las consecuencias jurídicas de la responsabilidad internacional del Estado por violaciones a los derechos humanos. Como haremos notar en el próximo apartado.

 

Consecuencias jurídicas de la Responsabilidad Internacional del Estado por violaciones a los derechos humanos.
 

El régimen jurídico de la responsabilidad internacional parte de la idea básica de que el derecho internacional se estructura bajo los principios de soberanía e igualdad soberana, en una sociedad de iguales, por tanto, una trasgresión a sus normas lleva aparejada la obligación de “responder”. El Estado incurre en responsabilidad internacional cuando alguno de sus órganos incumple sus obligaciones internacionales, vulnerando las normas de protección a favor de los seres humanos[33]. Este Corte Interamericana ha reiterado en su jurisprudencia que es un principio de derecho internacional que toda violación de una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente[34]. En lo que respecta al artículo 63.1 de la Convención Americana,  la Corte ha indicado que esta disposición recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados.  De esta manera, al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación[35].

Sergio García Ramírez ha precisado al respecto:

 

“La lectura del inciso 1 del artículo 63 ha llevado a establecer una doble perspectiva en la operación de sus normas. La primera parte (“cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados”) miraría hacia el futuro y garantizaría, en ese plano del tiempo, protección de la libertad o el derecho,; se trataría, en consecuencia, de una disposición con objeto y efectos a un tiempo “preventivos” y “resarcitorio”.

 

La segunda parte (“Dispondrá –la Corte- asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”) miraría hacia el pasado, donde se consumió –formal o materialmente- la violación y se actualizó, por ello, una obligación reparadora y un derecho correspondiente; aquí se trataría, a su vez, de una suposición con objeto y efectos resarcitorios”[36].

 

Por tanto, en principio hay un deber de reparar el daño y hacer cesar las consecuencias de la violación, es decir, seguir respetando el obligación primaria vulnerada por el hecho ilícito del Estado. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior. En la mayoría de los casos eso no es posible por lo que los tribunales fijan otras medidas para reparar el daño ocasionado, la forma más usual para lograr ese objetivo es establecer el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados, compensaciones económicas que comprenden tanto el daño material concreto, el lucro cesante, el daño emergente y el daño al proyecto de vida[37]. La Corte Interamericana ha precisado además que esta obligación de reparar que se regula, en todos los aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios) por el derecho internacional, no puede ser modificada o incumplida por el Estado obligado, invocando para ello disposiciones de su derecho interno[38].

La relación jurídica que se entabla tras la violación de la norma internacional es con respecto a la víctima de la violación, como acreedora principal a las reparaciones, aunque hay que tener presente que el orden judicial internacional se despliega para la defensa de intereses individuales y colectivos, vulnerados simultáneamente por la conducta o la situación violatoria. Obviamente, esto mismo ocurre en el orden nacional.

Así, hay reparaciones debidas precisamente a la víctima, sujeto lesionado, como la indemnización por daños y perjuicios causados, la condena en costas, la atención al proyecto de vida; pero también las hay que se dirigen a restituir o reparar, reponer o preservar bienes que exceden al lesionado inmediato –aunque pudieran abarcarlo- y corresponden a la sociedad en su conjunto: tal ocurre cuando se dispone la reforma de una norma que se opone a la Convención o se ordena investigar y sancionar al responsable de la violación de derechos, libertades o garantías, que por serlo se convierte, bajo la ley doméstica, en autor de un delito. La persecución de los delitos pretende satisfacer al ofendido, pero ante todo permite mantener incólumes los bines jurídicos colectivos que se atienden a través de la justicia penal[39]. Esto último porque la obligación de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos es el resultado de su ‘efecto horizontal’ y tiene, a la inversa de lo que sucede con la obligación de respeto, un carácter positivo; efectivamente, ella implica el deber del Estado de adoptar todas las medidas que sean necesarias y que, de acuerdo a las circunstancias, resulten razonables para asegurar el ejercicio de esos derechos e impedir la interferencia de terceros. Por consiguiente –y paralelamente con su deber de respeto-, esta obligación impone al Estado el deber de proteger al individuo de los actos de particulares que tengan el efecto de obstaculizar el ejercicio de sus derechos, impidiendo o sancionando, por ejemplo, la acción de grupos armados que puedan atentar contra la vida o la integridad física de las personas, la interferencia con la vida privada de terceros, o la instigación a la discriminación racial en cualquier forma[40].

Por ello, cuando nos encontramos frente a violaciones graves a los derechos humanos que hagan surgir la responsabilidad internacional del Estado, como crímenes de lesa humanidad, el régimen jurídico de la responsabilidad internacional no puede reducirse a la sola indemnización monetaria, porque ello implicaría permitir a los Estados mantener la impunidad a cambio de dinero[41].

 

 

Obligación Secundaria de Investigar, procesar y sancionar las violaciones a los derechos humanos: práctica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
 

La Corte ha sostenido que es el deber de los Estados de organizar todo el aparato gubernamental, y todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos; por consiguiente, los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención, y procurar el restablecimiento –si es posible- del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos[42]. La obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos[43]. Un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, ya sea por tratarse de la obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención[44]. El Estado está en el deber jurídico de prevenir razonablemente las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles a éstos las sanciones pertinentes, y de asegurar a la víctima una adecuada reparación[45].

Cuando las normas de Derecho interno que garantizan los derechos consagrados en la Convención no son observadas, entonces el estado debe aplicar las disposiciones previstas para los casos de incumplimiento e imponer las sanciones correspondientes; éstas serían las medidas previstas por la Convención para garantizar y hacer efectivos los derechos y libertades previstos en ella[46]. La obligación de garantía también implica para el Estado la prohibición de adoptar disposiciones que le permitan substraerse al cumplimiento de sus compromisos internacionales y proteger a sus agentes cuando éstos violen los derechos humanos[47]. Así, en el caso Barrios Altos, la Corte decidió que para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, las Leyes de Amnistía carecían de efectos jurídicos cuando impliquen un obstáculo para que el Estado cumpla con su obligación de judicializar las violaciones de derecho humanos; por lo que, cuando el Estado no investiga ni sanciona a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos vuelve a incurrir en responsabilidad internacional.[48]

La obligación de garantía es autónoma y distinta de la de reparación, pues mientras la persona afectada o en sus familiares o allegados, la obligación del Estado de investigar los hechos y sancionar a los culpables no tiende a borrar las consecuencias del acto ilícito en la persona afectada, sino que persigue que cada Estado parte asegure en su orden jurídico los derechos y libertades consagrados en la Convención; aunque la víctima de una violación de los derechos humanos podría renunciar a la indemnización que le es debida, e incluso perdonar al autor de la misma, el Estado está obligado a sancionarlo[49]. Si una violación queda impune en un Estado, de modo tal que a la víctima no se le restablezca, en cuanto sea posible, la plenitud de sus derechos, se desprende que ha violado el deber de garantía y su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción[50].

El deber general del art. 2 de la Convención implica la adopción de medidas en dos vertientes: por una parte, ella obliga a la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención; por la otra, obliga a la expedición de nuevas normas y al desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías[51].

Una norma de Derecho Internacional general, derivada del derecho consuetudinario, prescribe que un Estado que ha celebrado un convenio internacional debe introducir a su Derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar la ejecución de las obligaciones asumidas; dicha norma tendría validez universal y habría sido calificada por la jurisprudencia como un principio evidente; esta obligación del Estado implica que las medidas de Derecho han de ser efectivas, y que el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para que lo establecido en la Convención sea realmente cumplido en su orden jurídico interno[52]. El art. 2 de la Convención, al igual que el art. 1 inciso 1, consagra una obligación de los derechos protegidos, cuyo cumplimiento por parte de los Estados la Corte tiene el deber de examinar de oficio, como órgano judicial de supervisión de la Convención[53]. En un caso concreto, la Corte puede examinar el contenido y los efectos jurídicos de una ley interna, para determinar su compatibilidad con las normas de la Convención, e incluso del Derecho Internacional de los derechos humanos[54]. El Estado se encuentra en consecuencia, en la obligación de judicializar las graves violaciones a los derechos humanos.

Esta obligación internacional se deriva también se desprende del derecho individual y colectivo a la verdad, Corte Interamericana ha precisado que el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que prescriben los artículos 8 y 25 de la Convención.[55]

El alcance colectivo e individual del derecho a la verdad ha sido precisado por el Tribunal Constitucional peruano:

 

La Nación tiene el derecho de conocer la verdad sobre los hechos y acontecimiento injustos y dolorosos provocados por las múltiples formas de violencia estatal y no estatal. Tal derecho se traduce en la posibilidad de conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales ellos ocurrieron, así como los motivos que impulsaron a sus autores. El derecho a la verdad es, en ese sentido, un bien jurídico colectivo inalienable.

 

Al lado de la dimensión colectiva, el derecho a la verdad tiene una dimensión individual, cuyos titulares son las víctimas, sus familiares y sus allegados. El conocimiento de las circunstancias en las que se cometieron las violaciones de los derechos humanos y, en caso de fallecimiento y desaparición, del destino que corrió la víctima por su propia naturaleza, es de carácter imprescriptible (...) [56].

 


Pero este derecho no puede quedarse en la mera averiguación de los hechos y su divulgación por parte del Estado, sino que requiere la concreta judicialización de los casos de violaciones a los derechos humanos. Un juicio no persigue ni analizar la historia de la estructura política y económica de un sistema que permitió el conflicto armado o un régimen represivo, ni evaluar el impacto social de la violencia cometida por el régimen o las partes en conflicto; pero ambos procesos son necesarios para una reforma institucional y para crear una memoria colectiva del pasado que contribuyan a la reconciliación[57].

 

Finalmente cabe citar las conclusiones del juez Augusto Cançado, en su voto razonado a favor de declarar la responsabilidad internacional del Estado peruano en el caso de los hermanos Gómez Paquiyauri:

 

En la presente Sentencia, en el capítulo sobre la responsabilidad internacional del Estado, la Corte Interamericana recuerda de dicha responsabilidad “se genera de inmediato con el ilícito internacional” atribuido al Estado, y cualquier actuación en el derecho interno no la inhibe para seguir conociendo un caso, en un proceso iniciado ante ella, por cuanto es su rol asegurar la debida protección de los derechos consagrados en la Convención Americana y las reparaciones de las violaciones cometidas (párrs. 75-76). Y agrega que, en el presente caso,

 

“la responsabilidad del Estado se ve agravada por existir en el Perú en la época de los hechos una práctica sistemática de violaciones de derechos humanos, entre ellas, ejecuciones extrajudiciales, de personas sospechosas de pertenecer a grupos armados realizadas por agentes estatales siguiendo órdenes de jefes militares y policiales. Dichas violaciones graves infringen el jus cogens internacional. Asimismo, para la determinación de la responsabilidad agravada, se debe tomar en cuenta que las víctimas de este caso eran niños” (párr 76).

 

“no se puede negar la estrecha vinculación entre la reparación y el combate a la impunidad, así como la garantía de no – repetición de los hechos lesivos, siempre y necesariamente desde la perspectiva de las víctimas. La verdadera reparatio, vinculada a la realización de la justicia, requiere la superación de la obstaculización de los deberes de investigación y sanción de los responsables, y el fin de la impunidad”.

 

La búsqueda de la verdad, - me he permitido agregar –, “constituye el punto de partida para la libertación así como la protección del ser humano; sin la verdad (por más insoportable que ésta venga a ser) no es posible libetarse del tormento de la incertidumbre, y tampoco es posible ejercer los derechos protegidos”. La cristalización del derecho a la verdad, en cuya construcción jurisprudencial ha estado empeñada esta Corte, es un imperativo para la preservación de “los vínculos y lazos de solidaridad entre los muertos y los vivos, formando la unidad del género humano, con el respeto debido a unos y a otros”.[58]

 

En suma como ha referido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante estos crímenes los Estados asumen múltiples obligaciones: “obligación de investigar y dar a conocer los hechos que se puedan establecer fehacientemente (verdad); obligación de procesar y castigar a los responsables (justicia); obligación de reparar integralmente los daños morales y materiales (reparación ); y obligación de extirpar de los cuerpos de seguridad a quienes se sepa han cometido, ordenado o tolerado estos abusos”[59]. Para denotar la gravedad de las conductas, la Corte Interamericana ha introducido una nueva categoría en el grado de “Responsabilidad Internacional del Estado”, en ese sentido, ha precisado que el Estado incurre en “Responsabilidad Internacional Agravada” cuando la violación concreta al derecho de la víctima se suscita en el marco de una práctica sistemática vulnerativa de normas jus cogens,[60] que constituyen crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. En estos casos se acentúa aun más el deber del Estado de judicializar las graves violaciones a los derechos humanos.[61]


 

Conclusiones:

1.- La mayoría de las normas sobre derechos humanos han adquirido la categoría de normas jus cogens, en especial aquellas que protegen el “núcleo duro”, irreductible e inderogable de los derechos fundamentales del hombre, en consecuencia, la vulneración grave de estas normas no puede ya responder a los esquemas clásicos de la responsabilidad del Estado por la comisión de hechos internacionalmente ilícitos, es decir, su reparación no puede quedar en la mera indemnización pecuniaria sino que debe buscar sobre todo la restitutio in integrum del derecho vulnerado y asegurarse que el estado creará mecanismos efectivos para que los hechos violatorios no se vuelvan a producir.

2.- En el esquema clásico del derecho internacional público, la comisión de actos o hechos internacionalmente ilícitos por parte de un Estado hace que este incurra en responsabilidad internacional, la consecuencia jurídica de esta responsabilidad internacional es el nacimiento de la “obligación de reparar” como una norma secundaria que surge como vulneración de una norma primaria. En el derecho internacional clásico donde se regulaban esencialmente los derechos de los Estados, las normas internacionales surgidas de la voluntad de los mismos respondía al equilibrio contractual de sus suscriptores, por ello, la obligación de reparar se identificaba fundamentalmente, como la obligación de indemnizar pecuniariamente al Estado víctima del agravio.

3.- Debido a la naturaleza peculiar de las normas sobre derechos humanos no es posible que las consecuencias jurídicas de la vulneración grave de las mismas se limiten a la exigencia de una reparación pecuniaria a la víctima de la violación, porque ello implicaría que el Estado intercambie dinero por impunidad. Tomando en cuenta ello, los órganos de tutela, creados por algunos de los tratados sobre derechos humanos, en especial en los ámbitos regionales de las organizaciones internacionales, han producido una basta jurisprudencia en torno a la configuración de nuevas obligaciones internacionales tras la vulneración de la norma primera (que protege un derecho humanos fundamental) que no se limitan a la sola exigencia de una reparación  pecuniaria a la víctima de la violación.

4.- La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde sus primeros casos contenciosos ha sido clara en señalar que debido a que los Estados se sitúan en una posición de garantes de los derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y debido a que los mismos se han comprometido a adaptar todas las disposiciones de derecho interno para cumplir con sus obligaciones convencionales, cuando se trasgreden gravemente las normas primarias surge la obligación del Estado de investigar, procesar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de las violaciones a los derechos humanos. Si bien la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no abarca la determinación de la responsabilidad penal internacional de la persona humana individualmente considerada, la Corte ha entendido que los Estados se encuentran en la obligación internacional de procurar evitar en sus contextos normativos y fácticos escenarios de impunidad, que ocasionen la repetición crónica de las violaciones a los derechos humanos. Por ello, como obligación secundaria surge la obligación internacional de persecución penal, en el ámbito interno, de las personas acusadas de la vulneración de las normas esenciales de la convivencia humana. Más aún cuando los Estados crean mecanismos de jure o de facto que impiden la realización cabal de esta obligación vuelven a incurrir en responsabilidad internacional. A partir de esta idea básica la Corte Interamericana ha hecho importantes aportes jurisprudenciales en el ámbito de la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos humanos, precisando en sus últimas sentencias, por lado que cuando la vulneración concreta de los derechos humanos se producen en el contexto de una práctica sistemática del Estado y afecta normas inderogables la responsabilidad internacional del Estado es agravada.

5.- Se encuentra en formación un régimen propio de responsabilidad internacional del estado por violaciones a los derechos humanos, diferente a la tradicional responsabilidad estatal por hechos internacionalmente ilícitos que tiene como una de sus consecuencias jurídicas la obligación secundaria de investigar, procesar y sancionar a los responsables individuales de esas violaciones; es decir, la obligación estatal de judicializar las violaciones a los derechos humanos.

6.- Esta obligación estatal de judicializar las violaciones a los derechos humanos, no sólo se deriva desde el punto de vista del derecho internacional como una trasgresión a sus normas, sino que tiene su origen en un derecho subjetivo de las víctimas, de sus familiares y en general de toda la comunidad nacional de saber lo sucedido. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional del Perú así lo han establecido, precisando que ese derecho se deriva de las normas que garantizan el derecho a ser oído ante un órgano de justicia y el derecho a la protección judicial efectiva.

Notas:

* El autor es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima – Perú. Candidato a Magíster en Derecho con Mención en Ciencias Penales por la UNMSM. Doctorando en Derecho por la UNMSM. Asistente de Cátedra en el curso Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho – UNMSM. Fue miembro de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

[1] El inciso 2 del artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que la suspensión de garantías: “no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.”

[2] Otro elemento interesante es que conforme al esquema clásico de derecho internacional el ius standi in iudicio le corresponde sólo al Estado cuyo interés individual haya sido vulnerado, mientras que conforme al Proyecto de Artículo sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos reconoce que cuando el Estado incurre en responsabilidad internacional por violación de obligaciones para con la Comunidad Internacional en su conjunto, da derecho a cualquier Estado a presentar una reclamación contra el Estado infractor, es decir, ese derecho de reclamación se constituye en una verdadera actio popularis.

[3] En el caso Barrios Altos, la Corte Interamericana declaró que las Leyes de Amnistías u otro mecanismos legal que impida la persecución penal de violaciones graves a los derechos humanos, al ser incompatibles con al Convención Americana sobre Derechos Humanos carecen de efectos jurídicos para todos los casos. En el caso “Niños de la Calle” la Corte determinó que los mecanismos de facto por los cuales el Estado se sustrae de su obligación de investigar, procesar y sancionar, en los que los órganos del Estado destinados a perseguir el delito.

[4] En especial en la sentencia del caso de la Matanza de Plan de Sánchez y en el Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú.

[5] Este nuevo grado o categoría de responsabilidad internacional es importante, porque abre el camino para la consideración de una responsabilidad penal internacional del Estado, consolidando los esfuerzos de la doctrina en esa dirección, en especial la consideración del crimen internacional del Estado.

[6] Sobre el particular revisar: Juan Méndez, “El derecho a la verdad frente a las graves violaciones a los derechos humanos”, en Martín Abregú y Christian Courtis (compiladores), la aplicación de los tratados sobre derechos humanos por tribunales locales. Buenos Aires: CELS, 1997, pp. 517 – 540.

[7] Cf., Sergio García Ramírez y Mauricio del Toro Huerta, “México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en Sergio García (coordinar), La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (México: Universidad Autónoma de México, 2001), pp. 21 - 22 .Augusto Cançado Trindade, Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos, Vol. 1 (Porto Alegre: Fabris editor, 1997).

[8] Para un estudio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos Ver: Jacques Maritain, Les Droits de l´Homme et la Loi Naturelle, (Paris, Paul Hartmann, 1947); Gomez, et a.l, La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su cincuenta aniversario. Un estudio interdisciplinario, (Bilbao: Universidad de Deusto, 1999); Juan Antonio Carrillo Salcedo, Dignidad frente a la barbarie. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, cincuenta años después, (Madrid: Minima Trotta, 1999), Fabián Novak y Juan José Ruda (editores), Declaración Universal de los Derechos Humanos: 50 años, (Lima: PUCP, Instituto de Estudios Internacionales, Instituto Riva – Agüero, 1999); Monique Lions, “Los derechos humanos en la historia y en la doctrina”, en: René Cassin y otros, Veinte años de evolución de los derechos humanos, (México: Instituto de Investigaciones Jurídicas- UNAM, 1974), p. 480; Antonio Cassese, Los derechos humanos en el mundo contemporáneo, (Barcelona: Ariel, 1991); Antonio Pérez Luño, Los derechos fundamentales, (Madrid: Tecnos, 1988); Juan Antonio Carrillo Salcedo, “Human Rigths, Universal Declaration”, en Enciclopedia of Public International law, 1985, Max Plack Institute, Vol. 8, pp. 303-308.

[9] Cf., Alejandro J Rodríguez Carrón, Lecciones de Derecho Internacional Público, (Madrid: Tecnos 2001), p. 93. Manuel Diez de Velasco, Instituciones de Derecho Internacional Público. Tomo I.  (Madrid: Tecnos 1980).

[10] Corte Internacional de Justicia, Recueil, 1951, pp. 23 – 24.

[11] Comisión Europea de Derecho Humanos, caso Australia vs. Italia, citado por CIDH, Caso Ivcher Bronstein, Competencia, Sentencia de 24 de septiembre de 1999, Serie C, núm. 54, párrafo 45.

[12] Corte Europea de Derechos Humanos, Series A. Vol. 25 páragrafo 239 de la sentencia de 18 de enero de 1979 relativa al asunto Irlanda contra Reino Unido de Gran Bretaña. Citado por Carrillo Salcedo, op. cit., p. 66. Tambien Cf., CIDH, Caso Ivcher Bronstein, Competencia, Sentencia de 24 de septiembre de 1999, Serie C, núm. 54, párrafo 45.

[13] Cf., CIDH, Caso Ivcher Bronstein, Competencia, Sentencia de 24 de septiembre de 1999, Serie C, núm. 54, párrafo 45.

[14] CIDH, Opinión Consultiva OC-2/82 de 24 de septiembre de 1982, Efectos de las Reservas Sobre la Entrada en Vigencia de la Convención Americana (artículos 74 y 75), párrafo 29.

[15] CIDH, Caso Ivcher Bronstein, Comptencia, Sentencia de 24 de septiembre de 1999, Serie C. Núm. 54, párrafo 42. También Cf., CIDH, Caso Tribunal Constitucional, Competencia, Sentencia de 24 de septiembre de 1999, Serie C, núm. 55, párrafo 41.

[16] Juan Antonio Carrillo Salcedo, Soberanía de los Estados y derechos humanos en derecho internacional contemporáneo, (Madrid: Tecnos, 1995), p. 102.

[17] Carrillo, op. cit., p. 66 – 67.

[18] Cf., Elizabeth Salmón, “Los tratados de derechos humanos”, en Fabián Novak y Elizabeth Salmón, Las obligaciones internacionales del Perú en materia de Derechos Humanos, (Lima: FEPUCP – IEDI, 2000) p. 62.

[19] Cecilia Medina, “El Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, En: Cecilia Medina y Jorge Mera (ed.) Sistema Jurídico y Derechos Humanos: El Derecho Nacional y las obligaciones internacionales de Chile en materia de Derechos Humanos, (Santiago: Sociedad de Ediciones Universidad Diego Portales, 1996), p. 32.

[20] Sobre las relaciones entre el derecho interno y el derecho internacional en materia de derechos humanos Ver: Carlos Ayala Corao, “El derecho de los derechos humanos. La convergencia entre el derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos”, en: Lecturas Constitucionales Andinas, N° 3 (Lima: Comisión Andina de Juristas, 1994). Néstor Pedro Sagüés, “Mecanismos de incorporación de los tratados internacionales sobre derechos humanos al derecho interno”, Revista de la Academia de la Magistratura,  N° 1 (enero de 1998), pp. 83 – 94. Hugo Rodríguez, “Los tratados internacionales sobre drechos humanos y el ordenamiento jurídico peruano” Revista de la Academia de la Magistratura,  N° 1 (enero de 1998), pp 95 – 112. Carlos Ayala Corao, “La jerarquía de los Tratados de Derechos Humanos”, en: Juan Méndez y Francisco Cox (ed.), El futuro del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, (San José: IIDH, 1998).

[21] Como afirmó el Instituto de Derecho Internacional en su Resolución sobre la protección de los derechos humanos y el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados (adoptada en la sesión de Santiago de Compostela del 13 de septiembre de 1989), la obligación de respetar los derechos humanos constituye una obligación erga omnes, por lo que incumbe a todo Estado con respecto a la Comunidad Internacional en su conjunto, u todo Estado tiene un interés jurídico en la protección de los derechos humanos. Cit., Juan Antonio Carrillo Salcedo, Soberanía de los Estados y Derechos Humanos (Madrid: Tecnos, 1995), pp. 18-19.

[22] Marco Sassóli. La responsabilidad del Estado por las violaciones del derecho internacional humanitario. Revista Internacional de la Cruz Roja, Junio de 2002, N° 846, p. 245.

[23] Augusto Cancado Trindade, El derecho internacional de los derechos humanos en el siglo XXI (Santiago: Jurídica de Chile), 2001, p. 40.

[24] Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 1.1: “Obligación de respetar los derechos: 1) Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

[25] Artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviese ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”.

[26] El jus cogens o derecho imperativo es descrito en el artículo 53 de la Convención de Viena sobre derecho de los Tratados de 1969, Casado Raigón considera que: “Ante todo (...) las normas jus cogens, al igual que en los ordenamientos internos, suponen un límite a la autonomía de la voluntad; como se ha señalado, constituyen, sin duda alguna, el más fuerte límite que el medio colectivo  en que los Estados viven y desenvuelven su actividad impone al relativismo del derecho internacional, al voluntarismo y subjetivismo de los Estados soberanos”. Rafael  Casado Raigón, Notas sobre el jus cogens internacional (Cordoba, 1991), p. 11. Sobre las normas jus cogens, ver también: Lauri Hannikainen, Peremptory normas (jus cogens) in international law: Historical development, criteria, present status (Helsinki: Finnish Lawyers’ Publishing Company, 1988).

[27] Cuando se habla de obligaciones erga omnes en el marco del derecho internacional se suele utilizar el orbitem dictum  de la Corte Internacional de Justicia en el asunto Barcelona Traction. En este pronunciamiento la CIJ caracteriza a la obligación erga omnes mediante la enumeración de dos elementos constitutivos que no están necesariamente presenten en un concepto exclusivamente etimológico. En opinión del CIJ, este tipo de obligaciones se caracteriza por dos rasgos esenciales, se contraen ante la comunidad internacional; e, incorporan valores esenciales para la comunidad internacional (protegen derechos esenciales), siendo este rasgo el que justifica que todos los Estados tengan un interés en su cumplimiento. Cfr. Sentencia de la Corte Internacional de Justicia, Reports 1970, p. 32, párrafos 33 – 34. Sobre las obligaciones erga omnes consultar también: Mauricio Ragazzi, The concept of International Obligantions Erga Omnes (Oxford: Claredon Press, 1997). Fernando Marino Menéndez, Situaciones jurídicas subjetivas constitucionales en el derecho internacional.  En: Cursos Euromediterráneos Bancaja de Derecho Internacional, 1999, Vol. III, p. 339. Bruno Simma, Bilateralims and Community Interest in the law of State Reponsability. En: Dinstein, Yaram (Ed.) International Law at a time of perplexity. Essays in honour of Shabtai Rosenne. Dordrecht; Boston; London: Martinus Nijhoff, 1989.

[28] Para Hannikainen, basándose en el artículo 53 de la Convención de Viena de 1969, los cuatro rasgos característicos del jus cogens son: i) Se trata de Normas de Derecho internacional general; ii) Tienen que ser aceptadas por la Comunidad de Estados en su conjunto; iii) Inderogabilidad; iv) Sólo pueden ser modificadas por nuevas normas imperativas. Cfr. Lauri Hannikainen, Peremptory normas (jus cogens) in international law: Historical development, criteria, present status. Helsinki: Finnish Lawyers’ Publishing Company, 1988. Citado por Alicia Cebada Romero. Los conceptos de obligación erga omnes, ius cogens y violación grave a la luz del nuevo proyecto de la CDI sobre responsabilidad de los Estados por hechos ilícitos. Revista Electrónica de Estudios Internacionales. N° 4, 2002. www.reei.org.

[29] Para un estudio de la evolución histórica del concepto Jus Cogens en el derecho internacional ver: Antonio Gómez Robledo, El ius cogens: estudio histórico – crítico, (México: UNAM, 2003).

[30] Cf., Asdrúbal Aguiar, “La responsabilidad del Estado por violación de derechos humanos”,  en: Estudios Básicos de Derechos Humanos, Tomo I (Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos,) p. 130.

[31] CIDH, Caso Cesti Hurtado, sentencia de 29 de septiembre de 1999, Serie C, Núm. 56, párrafo 169. 

[32] CIDH, Caso Ivcher Bronstein, Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C, núm. 54. párrafo 37 Cf. También los párrafos 36, 46, 47, 48, 49, 50.

[33] CIDH, Caso Velásquez Rodríguez, op., cit., párrafos 172, 173, 189, 191, 192.

[34] Cfr. Caso Bamaca Velásquez. Reparaciones, Serie C. No. , párr. 38. Caso Durand y Ugarte, Reparaciones, Serie C No. 89, párrafo 24.  Caso Barrios Altos, Reparaciones, Serie C, No. 87, párr. 24 Caso de  la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 163; Caso Cesti Hurtado. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 31 de mayo de 2001. Serie C No. 78, párr. 32; Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros). Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77, párr. 59; Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 25 de mayo de 2001. Serie C No. 76, párr. 75; Caso Ivcher Bronstein. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 177; Caso Baena Ricardo y otros. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72, párr. 201; Caso del Tribunal Constitucional. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71, párr. 118; Caso Suárez Rosero. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 20 de enero de 1999. Serie C No. 44, párr. 40; Caso Loayza Tamayo. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 42, párr. 84; Caso Caballero Delgado y Santana. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C No. 31, párr. 15; Caso Neira Alegría y Otros. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 19 de septiembre de 1996. Serie C No. 29, párr. 36; Caso El Amparo. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 14 de septiembre de 1996. Serie C No. 28, párr. 14; y Caso Aloeboetoe y Otros. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 10 de septiembre de 1993. Serie C No. 15, párr. 43.  En igual sentido, Cfr. Reparation for injuries suffered in the service of the United Nations, Advisory Opinion: I.C.J. Reports 1949, p. 184; Factory at Chorzów, Claim for Indemnity, Merits, Judgment No. 13, 1928, P.C.I.J., Series A, No. 17, p. 29; y Factory at Chorzów, Claim for Indemnity, Jurisdiction, Judgment No. 8, 1927, P.C.I.J., Series A, No. 8, p. 21. CIDH, Caso Neira Alegría y Otros. Reparaciones (artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 19 de septiembre de 1996. Serie C, núm. 29, párrafos 36, 37, 38. CIDH, Caso Loayza Tamayo, Reparaciones, op., cit., párrafos 84, 85, 86, 87. CIDH, Caso Blake, Reparaciones, op., cit., párrafos 31, 32, 33, 34. CIDH, Caso Suárez Rosero, Reparaciones, op., cit., párrafos 39, 40, 41, 42. CIDH, Caso Cantoral Benavides, Sentencia sobre el fondo, op., cit., párrafos 196 y 197. CIDH, Caso Durand y Ugarte, Sentencia sobre Fondo, op., cit., párrafos 143, 144, 145. CIDH, Caso Bámaca Velásquez, op., cit., párrafos 225,226, 227, 228 y 229. CIDH, Caso de los “Niños de la Calle”, Reparaciones, op., cit., párrafos 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. CIDH, Caso “Última Tentación de Cristo”, op., cit., párrafos 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102. CIDH, Caso Ivcher Bronstein, Sentencia de 6 de febrero de 2001, op.,cit., párrafos 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.

[35] cfr. Caso Cantoral Benavides. Reparaciones, párrafo 40. Caso Cesti Hurtado. Reparaciones, supra nota 2, párr. 35; Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros). Reparaciones, supra nota 2, párr. 62; y Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). Reparaciones, supra nota 2, párr. 78.

[36] Sergio García Ramírez, “Las reparaciones en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos”, en: Seminario El sistema interamericano de protección de los derechos humanos en el umbral del siglo XXI, tomo I (San José: Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2001), p. 130-131.

[37] Cfr. Caso Durand y Ugarte, Reparaciones, Serie C No. 89, párrafo 24.  Caso Cesti Hurtado. Reparaciones, párr. 33; Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros). Reparaciones, párr. 60; y Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). Reparaciones, párr. 76. CIDH, Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria (artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C, núm. 7, párrafos 25, 26, 30, 31, 26, 38, 39. CIDH, Caso Blake, Reparaciones, op., cit., párrafos 42, 47, 48, 49, 50.

[38] cfr. Caso Cesti Hurtado. Reparaciones, párr. 34; Caso de los “ Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros). Reparaciones, párr. 61; y Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). Reparaciones, párr. 77.

[39] Sergio García Ramírez, “Las reparaciones en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos”, en: Seminario El sistema interamericano de protección de los derechos humanos en el umbral del siglo XXI, tomo I (San José: Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2001), p. 132-133.

[40] Héctor Faúndez Ledesma, El sistema interamericano de protección de los derechos humanos: Aspectos institucionales y procesales, (San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1999), p. 82.

[41] Juan Méndez, “El derecho a la verdad frente a las graves violaciones a los derechos humanos”, en Martín Abregú y Christian Courtis (compiladores), la aplicación de los tratados sobre derechos humanos por tribunales locales. Buenos Aires: CELS, 1997, p. 520.

[42] Cf., Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Velásquez Rodríguez, sentencia de 29 de julio de 1988, párrafo 166, y Caso Godínez Cruz, sentencia de 20 de enero de 1989, párrafo 175. citado por Héctor Faúndez Ledesma, El sistema interamericano de protección de los derechos humanos: Aspectos institucionales y procesales, (San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1999), p. 82.

[43] Cf., Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Velásquez Rodríguez, sentencia de 29 de julio de 1988, párrafo 167, y Caso Godínez Cruz, sentencia de 20 de enero de 1989, párrafo 176. citado por Héctor Faúndez Ledesma, El sistema interamericano de protección de los derechos humanos: Aspectos institucionales y procesales, (San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1999), p. 82.

[44] Cf., Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Velásquez Rodríguez, sentencia de 29 de julio de 1988, párrafo 172, y Caso Godínez Cruz, sentencia de 20 de enero de 1989, párrafo 182. citado por Héctor Faúndez Ledesma, El sistema interamericano de protección de los derechos humanos: Aspectos institucionales y procesales, (San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1999), p. 83.

[45] Cf., Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Velásquez Rodríguez, sentencia de 29 de julio de 1988, párrafo 174, y Caso Godínez Cruz, sentencia de 20 de enero de 1989, párrafo 184. citado por Héctor Faúndez Ledesma, El sistema interamericano de protección de los derechos humanos: Aspectos institucionales y procesales, (San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1999), p. 83.

[46] Cf., Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Garrido y Baigorria, Reparaciones (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), sentencia de 27 de agosto de 1998, párrafo 71. citado por Héctor Faúndez Ledesma, El sistema interamericano de protección de los derechos humanos: Aspectos institucionales y procesales, (San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1999), p. 83.

[47] Héctor Faúndez Ledesma, El sistema interamericano de protección de los derechos humanos: Aspectos institucionales y procesales, (San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1999), p. 83.

[48] Cf., Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Barrios Altos, Interpretación de la Sentencia de Fondo. (Art. 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), sentencia de 3 de septiembre de 2001.

[49] Cf., Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Garrido y Baigorria, Reparaciones (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), sentencia de 27 de agosto de 1998, párrafo 72. citado por Héctor Faúndez Ledesma, El sistema interamericano de protección de los derechos humanos: Aspectos institucionales y procesales, (San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1999), p. 84.

[50] Cf., Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Garrido y Baigorria, Reparaciones (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), sentencia de 27 de agosto de 1998, párrafo 73. citado por Héctor Faúndez Ledesma, El sistema interamericano de protección de los derechos humanos: Aspectos institucionales y procesales, (San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1999), p. 84.

[51] Cf., Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Castillo Petruzzi y otros, sentencia de 30 de mayo de 1999, párrafo 207. Citado por Héctor Faúndez Ledesma, El sistema interamericano de protección de los derechos humanos: Aspectos institucionales y procesales, (San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1999), p. 85.

[52] Cf., Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Garrrido y Baigorria, Reparaciones (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), sentencia de 27 de agosto de 1998, párrafos 68 y 69. Citado por Héctor Faúndez Ledesma, El sistema interamericano de protección de los derechos humanos: Aspectos institucionales y procesales, (San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1999), p. 85.

[53] Cf., Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Cantoral Benavides, Excepciones Preliminares, Sentencia de 3 de septiembre de 1998, párrafo 46. Citado por Héctor Faúndez Ledesma, El sistema interamericano de protección de los derechos humanos: Aspectos institucionales y procesales, (San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1999), p. 85.

[54] Cf., Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Cantoral Benavides, Excepciones Preliminares, Sentencia de 3 de septiembre de 1998, párrafo 45. Citado por Héctor Faúndez Ledesma, El sistema interamericano de protección de los derechos humanos: Aspectos institucionales y procesales, (San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1999), p. 85.

[55] Cf., Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Barrios Altos, sentencia de 14 de marzo de 2001, párrafos 47 y 48. Cf., Caso Bámaca Velásquez, sentencia de 25 de noviembre de 2000, párrafo 201.

[56] Sentencia del Tribunal Constitucional del Perú en el Exp. Nº 2488-2002-HC/TC, de fecha 18 de marzo de 2004. Cf., también la Sentencia del Tribunal Constitucional del Perú en el Exp. Nº 2529-2003-HC, de fecha 2 de julio de 2004.

[57] Laura Olson, “Mecanismos que complementan las acciones judiciales”, Revista Internacional de la Cruz Roja Nº 854 (2002), p. 345.

[58] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú, sentencia de 8 de julio de 2004, Voto Razonado del Juez A.A. Cançado, párrafos 41, 42 y 43.

[59] Juan Méndez, “El derecho a la verdad frente a las graves violaciones a los derechos humanos”, en Martín Abregú y Christian Courtis (compiladores), la aplicación de los tratados sobre derechos humanos por tribunales locales. Buenos Aires: CELS, 1997, p. 521.

[60] Cf., Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, sentencia de 25 de noviembre de 2003, párrafo 139; Caso de la Masacre de Plan de Sánchez, sentencia de 14 de abril de 2004, párrafo 51; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú, sentencia de 8 de julio de 2004, párrafos, 110, 111 y 118.

[61] “no se puede negar la estrecha vinculación entre la reparación y el combate a la impunidad, así como la garantía de no repetición de los hechos lesivos, siempre y necesario desde la perspectiva de las víctimas. La verdadera reparatio, vinculada a la realización de la justicia, requiere al superación de la obstaculización de los deberes de investigación y sanción de los responsables, y el fin de la impunidad”. Cf., Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, sentencia de 25 de noviembre de 2003, Voto Razonado del Juez A.A. Cançado, párrafo 46; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú, sentencia de 8 de julio de 2004, Voto Razonado del Juez A.A. Cançado, párrafo 41; Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala, sentencia de 25 de noviembre de 2001, Voto Razonado del Juez A.A. Cançado, párrafo párrafo 29.

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