Arresto domiciliario. Denegatoria. Lesa humanidad. Obligatoriedad de sancionar los delitos.

Tribunal Oral Federal de Tucumán, c. “D. C., L. A. s/incidente de prision domiciliaria”, del 30/11/2015.

 

San Miguel de Tucumán, 25 de noviembre de 2015.-

AUTOS y VISTOS

La solicitud de arresto domiciliario efectuada por la defensa del condenado Luis Armando D. C. -fs.2/11 y 28/28 vta.-, los informes de salud del Médico Forense Dr. Armando -fs. 12/14 y 20-, la contestación de vista del Fiscal –fs. 31/32- y

Y CONSIDERANDO:

La defensa pública de Luis Armando D. C. solicita se conceda arresto domiciliario a su representado en razón de las afecciones de salud que padece, las que tornan inhumano y degradante su alojamiento en establecimiento penitenciario. Funda su pedido en las constancias de los informes de salud de la Junta Médica del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del 5 de diciembre de 2014, y del SI.PRO.SA., del 30 de julio de 2014.
En lo sustancial, refiere que al decidir el traslado de D. C. al establecimiento penitenciario, el tribunal sólo tuvo en cuenta el informe del médico forense Dr. Armando, informe que califica de parcial e incompleto por no haber tenido en cuenta las patologías que impiden el alojamiento de su asistido en el penal (artrosis y problemas traumatológicos). Asimismo destaca que tales padecimientos sí fueron advertidos por los médicos del SI.PRO.SA. y por los peritos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Interpreta que el informe realizado por el médico forense de la C.S.J.N., Dr. Donnes, con el que coincide el Dr. Armando, conduce a afirmar que ningún establecimiento penitenciario podría cumplir con los requisitos exigidos por los médicos para el adecuado cuidado de la salud de su pupilo y que por ello debe concedérsele el arresto domiciliario que solicita. Por último, pide que antes de resolver esta incidencia, se requiera informe al servicio médico del establecimiento penitenciario de Villa Urquiza, a fin de que informen si cuentan con los requisitos necesarios para el alojamiento de su defendido.
En oportunidad de contestar la vista, el Fiscal pide que se rechace el pedido de la defensa y se mantenga la actual situación de detención de Luis Armando D. C.. Destaca el contenido de los informes que se realizaron, tanto el del Dr. Donnes del 5 de diciembre de 2014 -fs. 4/5- como los del Dr. Armando del 16 de octubre de 2015 –fs. 12/14- y del 6 de noviembre –fs. 20-.
De otra parte, enfatiza que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena a prisión perpetua impuesta a Luis Armando D. C. en esta causa y que tal circunstancia motivó la solicitud de ejecución de sentencia efectuada por el Ministerio Público que representa.
Asimismo, el Fiscal se remite a las conclusiones médicos legales efectuadas por el médico forense de la Cámara Federal de Apelaciones – fs.14/16- para refutar los argumentos de la defensa respecto al artículo 32 de la 24.660. Destaca, en particular, que el hecho de que el imputado tenga más de 70 años no implica la concesión automática del beneficio sino que se deben chequear, además, la existencia o no de riesgos procesales, especialmente en causas como la presente, que refieren a crímenes de lesa humanidad. Cita los fallos Vilardo, Díaz Bessone, Machuca, Mendías y Morales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, señalando que el criterio en ellos asumido no puede ser dejado de lado a la hora de decidir cuestiones como las que aquí se plantean.
Puesto el tribunal en el examen de la cuestión suscitada, cabe adelantar que a criterio de estos jueces, no corresponde conceder el beneficio del arresto domiciliario al condenado Luis Armando D. C. por las razones que se expresan en los párrafos siguientes.
En primer lugar, los informes médicos sobre la salud de D. C. efectuados en distintas oportunidades no conducen a decidir en ese sentido. Esa es la conclusión a la que se arriba luego de valorar el contenido de los siguientes informes: i) el realizado en fecha 5/12/14 por el Dr. Gustavo A. Donnes, médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que obra a fs. 4/6; ii) el del 16/10/15 efectuado por el Dr. Gustavo J. Armando, médico forense de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán -fs.12/27-; iii) y el informe del 6/11/15 en el que el Dr. Armando ratifica el anterior informe y manifiesta coincidir con el Dr. Donnes en cuanto a las condiciones edilicias necesarias para que D. C. pueda permanecer alojado en el establecimiento penitenciario. Sin embargo, los profesionales mencionados recomiendan que se tomen medidas edilicias y en relación al entorno, para que el condenado D. C. no sufra menoscabos en su salud y pueda movilizarse de modo adecuado acorde a su discapacidad física.
En este punto cabe aclarar que si bien no se desconoce el informe de salud de fecha 30 de julio de 2014 –que desaconsejaba el alojamiento de D. C. en establecimiento penitenciario- fueron los últimos dictámenes de salud emitidos -por ser más cercanos en el tiempo-, los que preponderaron a la hora de arribar a la decisión que aquí se asume.
En segundo término, es preciso destacar que la condena impuesta a Luis Armando D. C. en este juicio, ha quedado firme adquiriendo el carácter de cosa juzgada, con el alcance que ese status tiene en nuestro orden jurídico. De tal manera, desde el día que fue rechazado o no fue admitido el recurso de queja por denegación del recurso extraordinario, ha comenzado la etapa de ejecución de la pena, momento en el que cobran vigencia, además, sus consecuencias accesorias (aunque para algunos autores tales consecuencias forman parte de la pena misma).
De la misma manera, en lo que hace al cumplimiento efectivo de la pena de prisión, no se debe soslayar que la condena lo ha sido a prisión perpetua, con lo que caben algunas consideraciones sin que ello corresponda tomar partido en la intensa discusión doctrinaria que se viene dando ya desde los principales pensadores griegos y, en particular, desde que se produce el nacimiento formal de la ciencia del derecho penal (para la mayoría, desde Beccaria y Feuerbach, en Italia y Alemania, respectivamente).
Ahora bien, en torno a los fines de la pena y en forma inescindible de las funciones del derecho penal, sí corresponde pronunciarse sobre la vigencia de tales objetivos en el momento de la ejecución. Nos parece que hay coincidencias en que, al momento del dictado de la norma por el legislador, está presente el propósito de prevención –podría decirse general positiva-, en el sentido de la vigencia de la norma para que no se cometan delitos que lesionen bienes jurídicos esenciales para la vida del hombre en sociedad. La distinta gravedad de los delitos y el respeto del principio de culpabilidad, indican también la presencia de cierto nivel de retribución a través de la pena como amarga necesidad frente a un ser imperfecto cual es el hombre, es decir una sanción (un mal) frente a un hecho socialmente dañino.
Recuérdese que para Feuerbach debía incluirse también el fin de intimidar a la población para que se decida en contra de la comisión de los delitos (prevención general negativa). De esta manera, al momento de dictar sentencia se hacen presentes aquellos fines y el de prevención especial que busca que el autor no cometa nuevos delitos (a través de la inocuización y la resocialización). Llegamos así al momento de la ejecución, en el que se ha subrayado a partir de normas internacionales y nacionales el propósito de resocialización, o sea, que cuando menos debe buscarse la aceptación de la vigencia del orden jurídico por parte del autor y en lo posible su reinserción en la vida en sociedad.
Ahora bien, partimos desde la base que en nuestro sistema jurídico no hay penas eternas, es decir que incluso la prisión perpetua tiene un término, aunque en el presente caso está lejos de su cumplimiento.
Frente a ello, teniendo presente la edad del condenado, que no tiene mayores impedimentos de salud para estar alojado en el establecimiento penitenciario (tomándose los recaudos aconsejados por los profesionales de la salud) y la obligación de nuestro país de juzgar y sancionar los delitos de lesa humanidad (en coincidencia con la más reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de “Vigo” y concordantes), debemos hacer operativos tales fines de la pena en este momento de la ejecución. No hay dudas que el cumplimiento efectivo hace a la ratificación de la vigencia de la norma y consecuente neutralización de la indignación social, a lo que de alguna manera el maestro Ferrajoli asigna como la justificación esencial del sistema penal: sólo la violencia institucionalizada necesaria para neutralizar la violencia social dirigida al delincuente que generaría la acción delictiva. Más aún, la gravedad de la sanción consecuente con la gravedad del hecho resulta suficiente fundamento para tal exigencia de efectividad.
De tal manera, teniendo en cuenta los informes médicos referidos supra y las consideraciones médico-edilicias que efectúan los profesionales forenses Dres. Donnes y Armando, se rechaza la solicitud de arresto domiciliario en beneficio de Luis Armando D. C. quien deberá cumplir la pena de prisión en la Unidad Penitenciaria de Villa Urquiza.
|En consecuencia, corresponde requerir al director del establecimiento penitenciario de Villa Urquiza, el cumplimiento de los recaudos que los profesionales de la salud intervinientes en esta incidencia indicaron para el adecuado tratamiento de las dolencias de Luis Armando D. C.: provisión de elementos que lo asistan en la marcha (silla de ruedas, andador o bastones) y facilitación de su adecuada movilidad (evitar uso de escaleras y/o superficies irregulares, acceso a baño apropiado según su limitada flexibilidad, ducha con elemento de apoyo, cama a nivel adecuado a su limitación); control médico periódico de su patología osteo-articular y adecuado tratamiento farmacológico y kinesiológico.
Por último, corresponde disponer el pase de las actuaciones al Actuario para que realice el cómputo de la pena y a resolución para la instrumentación de las otras accesorias legales.
Por lo que,

RESUELVE:

I) NO HACER LUGAR a la solicitud de arresto domiciliario efectuada por la defensa del condenado Luis Armando D. C. -fs.2/11 y 28/28 vta., conforme se considera.

II) REQUERIR al director del establecimiento penitenciario de Villa Urquiza, el cumplimiento de los recaudos que los profesionales de la salud intervinientes en esta incidencia indicaron para el adecuado tratamiento de las dolencias de Luis Armando D. C., conforme se considera.

III) DISPONER el pase de las actuaciones al Actuario para que realice el cómputo de la pena y a resolución del Tribunal para la instrumentación de las restantes accesorias legales.

IV) PROTOCOLÍCESE - HÁGASE SABER.

Gabriel Eduardo Casas - Carlos E. I. Jiménez Montilla  Jueces de Cámara ANTE MI: Mariano García Zavalía Secretario de Cámara


Texto incorporado el: 2015/11/30. Revista de actualización permanente. Se recomienda citar: Apellido, Nombre. "Título del trabajo" en Revista electrónica Derecho Penal Online [en línea]. Disponible en: http://www.derechopenalonline.com

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