ISSN 1853-1105





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Encubrimientos "encubiertos". Algunos comentarios a los párrafos 2º y 3º del art. 206 del Código Penal.
por Mauricio Ernesto Macagno

No es desconocido por todos nosotros, los pocos seguidores que hoy tiene la ficción del "legislador racional", el que nunca se equivoca y siempre representa los intereses de la comunidad. Es común observar, en esta época de inflación punitiva, ciertos dislates legislativos con consecuencias gravísimas en quienes soportan el peso del sistema penal.
Con anterioridad , he expuesto mi parecer respecto del art. 206 del Código Penal -que motiva este trabajo-, concluyendo que el mismo debe tacharse de inconstitucional por cuanto viola el principio de legalidad, las facultades no delegadas al gobierno nacional por los Estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la prohibición de doble punición .
Atendiendo tal conclusión, trataré de explicar los tipos penales resultantes de los dos últimos párrafos del art. 206 y demostrar las incoherencias por las cuales transitaron -y dejaron en su camino- nuestros legisladores.

La norma
La primera parte del art. 206, originaria de la ley 11.179 -Código Penal de 1921-, textualmente reza: "Será reprimido con prisión de uno a seis meses el que violare las reglas establecidas por las leyes de policía sanitaria animal". Su antecedente directo se halla en el art. 223 del Proyecto de Código Penal de 1906, del cual es copia exacta , y mediato, en la falta contra la Seguridad General legislada en el art. 348 inc. 18 del Proyecto de Código Penal de 1891 .
Durante la vigencia de los decretos leyes 17.567 de 1968 y 21.338 de 1976 el artículo establecía una pena alternativa de multa, ampliaba la conducta típica a "las medidas impuestas por la ley o por la autoridad", aunque restringía los supuestos a que tales medidas lo fueran "para impedir la introducción o propagación de una epizootia o de plaga vegetal". Hoy, las reglas sólo pueden provenir de leyes de policía sanitaria animal, nunca referidas a los vegetales, no previéndose las dictadas por la autoridad competente y castigándose únicamente su infracción sin importar los motivos de su sanción como lo hacían las normas de los gobiernos de facto.
El 27 de noviembre de 2001 se sancionó la ley 25.528 que le adiciona una segunda parte al art. 206 donde se contemplan un medio comisivo específico, en dos formas subjetivas distintas, y una agravante: "Si la violación de las reglas precedentes se cometiere realizando faenamiento de un animal que, de acuerdo a las circunstancias, debía sospecharse proveniente de un delito la pena será de ocho meses a dos años de prisión.
La pena será de uno a tres años cuando conociere el origen ilícito del animal. Si hiciere de ello una actividad habitual, se le aplicará además la pena de inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena".

El bien jurídico lesionado.
Un primer acercamiento al problema es posible a través del bien jurídico lesionado. Inserto el artículo entre los delitos contra la salud pública, la búsqueda parece llegar a su fin; más la redacción de la norma deja ciertas dudas respecto si se pretendió tutelar a los animales, a las personas, o a ambos.
Uno de los mentores de nuestro Código Penal, Rodolfo Moreno (h) adscribió a la posición que sostiene que esta norma penal se refiere sólo a los animales. "Así -enseñaba- como se castiga a los que propagan enfermedades con relación a los individuos y a los que violan los reglamentos sanitarios por peligro de las infecciones humanas, se incrimina aquí el relativo a los animales, entre los que existen numerosas epidemias" .
Carlos Creus se expide en el primero de los sentidos indicados. Refiere que "el bien jurídico protegido es directamente la salud de los animales" pero tal decisión legislativa incursiona, según este autor, en una protección indirecta de la salud pública.
Peco, al redactar su Proyecto de Código Penal de 1941, considera que el art. 206 "se propone resguardar a los humanos de la epidemia animal". Señalaba el profesor de la Universidad Nacional de La Plata que "a diferencia del código penal suizo, que en los artículos 232 y 233 incluye la propagación de epizootias entre los animales domésticos y la propagación de un parásito o germen para la agricultura o selvicultura, entre los delitos contra la salud pública, el proyecto, al igual del código penal, se refiere a la salud humana". Seguidamente afirma que quien ocasiona la propagación de una epidemia a plantas o animales atenta "contra la economía nacional, si trae consecuencias para la economía rural, forestal o zootécnica" , pero, concluye, "la norma sólo importa a los delitos contra la salud pública cuando el quebrantamiento de las leyes de policía sanitaria comporta el peligro de una epidemia humana" .
Es indiscutible que la norma genera ciertas dudas. Las leyes de policía sanitaria animal pueden tener distintos objetivos: desde la delimitación de zonas geográficas para mantenerlas incólumes frente a una enfermedad, como el caso de la fiebre aftosa, pasando por cronogramas de vacunación y medidas de higiene de transportes, así como todo tipo de medidas tendientes a la no propagación de enfermedades entre animales o de éstos al hombre.
Es dable analizar los argumentos que esgrimiera José Peco: se halla el tipo penal previsto entre los delitos contra la salud pública, comprendiéndose en ella a la salud de las personas de la sociedad y no a la salud de los animales. Así, lo que interesa es que la infracción a una regla de policía sanitaria animal implique una lesión o peligro de afectación del bien jurídico "salud pública". Por esta razón, quien viola una ley que impone determinados cuidados para que una enfermedad sólo transmisible a los animales no se propague, por la disminución del peso de los animales a faenar que ella implica, no puede interpretarse como la comisión del delito previsto por el art. 206 del Código Penal.
Debe reconocerse que ésta resulta la interpretación y la posición más acorde con nuestro Código Penal: es la "salud pública" -entendida como el bienestar psicofísico de una comunidad o número indeterminado de personas- el bien jurídico de carácter social o colectivo que se lesiona por la comisión de este delito. Además, la forma de comisión agregada por la ley 25.528 refuerza esta postura, ya que el "faenamiento" es, generalmente , propio del consumo humano .
Si bien el derecho es un instrumento creado por las personas para su convivencia, modernamente se postula el reconocimiento de bienes jurídicos a sujetos no humanos, como los animales; prepersonales, como el feto; suprapersonales; como el medio ambiente y aún a sujetos futuros, como las generaciones venideras en el derecho penal ecológico o ambiental, pero no parece que estas nuevas doctrinas hayan recalado en nuestro vetusto digesto penal de fondo.
Una mención aparte merece la posición sustentada por Carlos Malagarriga . Al determinar la razón de la norma penal del art. 206, decía que ella era "la protección de la fortuna nacional en cuanto el ganado que se importa podría contagiarlo; la defensa del crédito del mismo stock ganadero nacional que se perjudicaría en los mercados extranjeros si se exportaran animales enfermos". Ejemplo manifiesto de una Argentina con políticas agroexportadoras y de una oligarquía dominante.
Luego de lo expuesto, pocas dudas quedan respecto del bien jurídico lesionado por el delito de Violación de leyes de policía sanitaria animal, más el texto de lo párrafos incorporados por la ley 25.528 resultan asistemáticos puesto que en nada parecen contemplar la salud pública más que en la mención del medio comisivo específico.
La redacción del 2º y 3º párrafo se asemejan a un encubrimiento: el faenamiento contraviniendo las reglas emanadas de leyes de policía sanitaria animal, en circunstancias en que su autor "debía" sospechar que el animal proviene de un delito o cuando efectivamente lo conociera, se refiere más al interés del Estado en la persecución del abigeato que una preocupación por la salud de la comunidad. No se insertó una agravante por la producción de enfermedades o lesiones en los miembros de una comunidad, sino que el desvelo del legislador lo fue por el origen ilícito del animal a faenar.
Tal situación surge claramente de la lectura de los fundamentos de los distintos proyectos que dieron origen a la ley 25.528: la preocupación de los legisladores fue, en todo momento, el delito de abigeato y, muy indirectamente, la potencial afectación a la salud de la población por la ingesta de carnes faenadas en condiciones antihigiénicas y ajenas a cualquier control sanitario , lo que desencadenan distintas enfermedades en los consumidores .

Las conductas típicas y sus relaciones con el art. 277 C.P.
Sin lugar a dudas, los párrafos segundo y tercero del art. 206 son supuestos del primer párrafo; son Violaciones a las leyes de policía sanitaria animal que los legisladores estimaron de mayor gravedad por el modo en que se lleva a cabo, más no debe perderse de vista que en nada se sustentan si se suprimiera la figura básica.
El segundo párrafo es claro y preciso en ello: el faenamiento, entendido como la acción de matar o carnear el ganado para aprovechar su carne, cuero y demás productos , debe realizarse en "violación de las reglas precedentes", remitiendo así a lo establecido en la primera parte de la disposición, a lo que se suma que por las "circunstancias" debía sospechar "proveniente de un delito" . El tercer párrafo, con distinto requerimiento subjetivo, cabalga sobre lo mismo.
La redacción del párrafo segundo del art. 206 revitaliza, de alguna manera, la discusión que otrora se diera tanto en la doctrina como en la jurisprudencia en torno del art. 278 según el texto de la ley 23.468 , pese a que tales problemas parecían solucionados por la sanción de la ley 25.246 , que nuestros legisladores no desconocían.
Repárese en que el dictamen rubricado por la mayoría de los miembros de las comisiones de Justicia, de Legislación Penal, de Drogadicción, de Finanzas y de Transportes de la Cámara de Diputados de la Nación al tratar la ley 25.246, daba cuenta de las discusiones que había generado el art. 278 y señalaba que, admitiendo un tipo subjetivo culposo, su pena resultaba equivalente a la del homicidio culposo. De allí que consideraban que los tribunales sólo debían imponer pena por este delito cuando existiera certeza de que el autor se representó, efectivamente, la posibilidad de un origen ilícito de los objetos recibidos. Por tales motivos, los diputados firmantes por la mayoría consideraron que la Receptación de Objetos de Procedencia Sospechosa podía suprimirse del Código Penal argentino .
Según el dictamen de la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios de la Cámara de Senadores emitido respecto de la norma en estudio, la reforma prevé dos situaciones: donde existe "culpabilidad culposa" y la segunda, "cuando exista dolo" .
Según lo reseñado, es indiscutible que el legislador pretendió introducir un encubrimiento especial para el abigeato cuya acción típica es la de "faenar", o un encubrimiento agravado por el modo de comisión. Ante ello, vale la pena hacerse ciertas preguntas:
¿Qué sucede con quien carnea un animal, que por las circunstancias, no le era posible sospechar su origen delictivo?: la conducta es atípica en orden al segundo párrafo y sólo podrá hallarse incurso en una contravención, si tal hipótesis se encuentra legislada.
Por otra parte, si por las circunstancias "debía sospechar" que el animal provenía de un ilícito penal y, aún más, lo sospechó pero no lo faena sino que lo utiliza de otra manera, tampoco es posible reprimir a su autor. Y ello es así, por cuanto no pertenece este caso al art. 206 y el encubrimiento culposo, o con dolo eventual, no existe en la legislación nacional como se indicara supra .
Sin embargo, en esta especie de encubrimiento, el sujeto activo viola los deberes de cuidado propios del caso concreto y por tal razón, no sospecha cuando debía hacerlo. Quien faena en dichas circunstancias, es castigado; quien hace otra cosa con el animal, no. Quien en similares circunstancias recibe un bien robado -no un animal-, por ejemplo, no podrá ser sancionado.
Puede entenderse lo expresado como una inconsecuencia legislativa, a la que cabe sumar que la pena dispuesta para el segundo párrafo tiene un mínimo superior -ocho meses de prisión- que el mínimo del encubrimiento del art. 277, inc. 1º, C.P., que es de dolo directo .
Quien mata un animal para sacar sus carnes conociendo -la ley exige un conocimiento cierto- que el mismo es fruto de un delito, lo que el art. 206 prevé en su tercer párrafo, se castiga a su autor con una pena de uno a tres años de prisión, lo que resulta una penalidad el doble más gravosa en cuanto a su mínimo, respecto del art. 277, inc. 1º.
Podrá entenderse que los montos punitivos señalados se deben a la gravedad de las conductas ilícitas que atentan contra la integridad psicofísica de las personas. Pero es indudable que el bien jurídico lesionado "salud pública" sólo puede pensarse en peligro o directamente afectado cuando la faena tiene como destino el consumo de personas indeterminadas o de una colectividad, por lo que mal puede pensarse que resulta reprimible aquel supuesto en el que el animal se destinará a la ingesta del autor o de otros animales. El bien jurídico funciona como límite al poder punitivo del Estado.
Otro dato que aporta la lectura sistemática de la norma, es la agravante por habitualidad.
Esta circunstancia agravatoria, no existente en el proyecto original, fue agregada por el Senado y se refiere, exclusivamente, según se deduce de su ubicación, al faenamiento con conocimiento del origen delictivo del animal. Por sus características, resulta similar a la calificante del art. 277, inc. 2º, c, del C.P.; sin embargo, las penas son distintas: inhabilitación especial en el 3º párrafo del art. 206, uno a seis años de prisión para el encubrimiento. Más aquí no podrá aducirse que se agrava la pena por la posible afectación a la salud de las personas por cuanto, de ser así, no debió presentar una penalidad menor que la prevista para un delito contra la administración de justicia.
Salvo que el interés del Estado en la persecución de los delitos sea más importante que la propia salud y vida de los miembros de la sociedad...

La inconstitucionalidad del art. 206 C.P.
Brevemente, debo traer a colación las consecuencias de otro trabajo ya citado , por cuanto son fundamentales para entender las conclusiones del presente.
En aquella oportunidad, señalé que la acción descripta en el tipo objetivo es de una extensión inusitada con gravísimos inconvenientes al momento de fijar cuál de las reglas era la que debía cumplirse, lo que refuerzan las distintas legislaciones que se dictan en esta materia. Resulta así una norma con una sanción pero sin una conducta típica precisa , violatoria del principio de legalidad (arts. 18, 19 y 75 inc. 22º C.N., 9 C.A.D.H. y 9 P.I.D.C.P).
Por otro lado, al integrarse la norma penal de fondo con una emanada de otros ámbitos legislativos, se produce la incursión del gobierno nacional en ámbitos que no le corresponden (arts. 75 inc. 12 -a contrario- y 121 C.N.), salvo que ley sanitaria haya sido dictada por la Nación y aún en estos supuestos, es seguro que la ley sanitaria fijó la penalidad correspondiente. Y, sumado a lo expuesto, resulta que, en la práctica, es habitual la doble punición de quienes se ven imputados de la comisión de este delito, lo que cercena los arts. 33 y 75 inc. 22 C.N., 14.7 del P.I.D.C.P. y 8.4 C.A.D.H.
La función de policía sanitaria animal es concurrente entre los estados nacional, provinciales y de la ciudad autónoma de Buenos Aires y municipales conforme a los arts. 5, 121, 123 C.N. y 192 incs. 4 y 6 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, lo que, si bien trae aparejado una multiplicidad de normas aplicables -que en muchos casos se superponen-, ello no resulta atentatorio de los postulados de la Constitución Nacional. Lo es cuando se imponen múltiples sanciones por los mismos hechos a las mismas personas y por distintos órganos del Estado.
El art. 206 sanciona conductas reprimidas como contravenciones y es en éste ámbito donde deben quedar. Sin negar el carácter eminentemente penal de las faltas y contravenciones es, sin lugar a dudas, una materia legislativa no delegada a la Nación por las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. El ejercicio del poder punitivo a través de la ley penal de fondo implica un avasallamiento de las competencias de los distintos estados por el gobierno nacional, lo que resulta afirmado por la aplicación de esta norma que hacen las agencias judicial y ejecutiva.
La agencia judicial, al recibir una denuncia o notitia criminis de una violación a las leyes de policía sanitaria animal no deberá intervenir por incompetencia, para actuar conforme con el articulado de la Constitución Nacional o, en su caso, declarar la inconstitucionalidad del tipo penal de Violación de leyes de policía sanitaria animal. En los supuestos rarísimos en los cuales no exista una penalidad prevista en la ley sanitaria, habrá que entenderse que el legislador ha valorado la conducta prohibida o la omisión de la ordenada como hipótesis fácticas de mínima o ninguna afectación a bienes jurídicos ajenos. Y por ello, no podrá aplicarse la norma del art. 206 del Código Penal.

A modo de conclusión
Las distintas incoherencias fruto de una labor legislativa poco razonada, fueron demostradas en este breve comentario al art. 206, y tienen su nacimiento en una no oculta tendencia represiva de los proyectistas: aunque se refirieran a otros artículos del Código Penal, a la diputada Fontanetto le inquietaba que con las penas vigentes los autores de abigeato "gozan del beneficio de la excarcelación"; por su lado, los diputados Bussi y Pinchetti de Sierra Morales explicaban que "aumentando el mínimo y el máximo previsto en la norma de fondo, los jueces podrán ser más severos al momento de dictar sentencias condenatorias, las que por su monto serán efectivas".
Es necesario retomar aquí lo que dejé delineado más arriba: las conductas de faenamiento previstas en los dos últimos párrafos del artículo estudiado se sostienen en el primero; es decir, son casos particulares de la Violación a las leyes de policía sanitaria animal.
Por tal motivo, a ambas hipótesis delictivas les cabe los mismos reparos constitucionales que a todo el artículo, sin que su casi manifiesta calidad de encubrimientos -"encubiertos"- permita su separación o autonomización de la figura principal.
Puede sostenerse que los párrafos analizados poseen su propia conducta, por lo cual no atentarían contra el principio de legalidad y que lo que el legislador estableció son supuestos que, en andas de una infracción a la ley sanitaria animal, reprimen encubrimientos que bien pueden ser desligados de la norma básica.
Tal aseveración cae con sólo señalar que el párrafo segundo comienza diciendo "si la violación de las reglas precedentes se cometiere realizando faenamiento de un animal...", lo que implica que se trata siempre de un supuesto particular de violación a una regla de policía sanitaria animal que se halla prevista en otro cuerpo normativo: el "faenamiento" para ser típico, debe ser circunstanciado, es decir, realizado como modo de contravenir las reglas sanitarias, y luego de ello podemos sumarle los requisitos subjetivos de la norma referidos al conocimiento de la naturaleza ilícita del animal.
En síntesis, todos los argumentos expuestos que demuestran la inconstitucionalidad del art. 206 del Código Penal son plenamente válidos respecto de todas sus partes.
Lo demás, son algunos dislates legislativos.

(*) El autor es docente de Derecho Penal II - Parte Especial, U.N.L.P. Miembro del Grupo PMI.-



Texto incorporado el: 2011/08/13. Revista de actualización permanente. Se recomienda citar: Apellido, Nombre. "Título del trabajo" en Revista electrónica Derecho Penal Online [en línea]. Disponible en: http://www.derechopenalonline.com

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