Amenazas. Atipicidad. Proferidas al calor de la discusión

Cámara Nacional de Casación Penal, Sala I, causa Nº 12.002, caratulada: “O., U. J. s/recurso de casación” del 26/10/10

amenazas

///la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los 26  días del mes de octubre de 2010, se reúne la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal, integrada por el doctor Juan E. Fégoli como Presidente, y los doctores Raúl R. Madueño y Juan C. Rodríguez Basavilbaso como Vocales, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto por la querella en esta causa Nº 12.002, caratulada: “O., U. J. s/recurso de casación”, de cuyas constancias RESULTA:

1º) Que la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal Correccional revocó la resolución de fs. 132/135vta., y dispuso el sobreseimiento de Ulises Jesús O. respecto de los hechos por los cuales fue indagado (artículo 336, inciso 3º, del C.P.P.N.) -cfr. fs.160/160vta.-.
Contra ese pronunciamiento interpuso recurso de casación la parte querellante; concedido, fue mantenido en esta instancia (cfr. fs. 193/194vta.; 196/196vta. y 205, respectivamente).

2º) Que el recurrente estimó procedente el recurso “...toda vez que no se ha aplicado correctamente la ley sustantiva, pues la conducta del imputado constituye la figura tipificada por el art. 149 bis del C.P. -que es de acción e instancia pública- tanto en su aspecto objetivo como  subjetivo; asimismo el auto resulta arbitrario, no está fundado en probanzas del legajo por lo que deviene falto de la motivación exigida por el ordenamiento adjetivo...” (fs. 193).
Continuó manifestando que no puede soslayarse que “...la Sra. Marta Lilyan C. es la querellante en esta causa porque... resultó intimidada por las amenazas de O., que la alcanzaban a ella en forma directa, sino no existiría razón para tenerla como querellante en estos actuados...” (fs. 193vta.).
Entendió que el Tribunal yerra al sostener que “...`en tales condiciones (conflicto familiar de larga data y que el `propio denunciante´ afirmó que no se sintió intimidado) las frases que se reputan intimidantes pierden entidad objetiva en los términos del art. 149 bis para provocar alarma en la medida en que la propia víctima no se sintió atemorizada´...” (fs. 194).
Sobre la base de tales consideraciones solicitó que se revoque el decisorio atacado y se resuelva conforme a derecho (fs. 194vta.).

3º) Que durante el plazo del art. 465 del C.P.P.N. y en la oportunidad del art. 466 ibídem, la parte querellante presentó el escrito glosado a fs. 208/209vta., por el que solicitó la revocación de la resolución puesta en crisis.
En primer lugar sostuvo que “...el motivo del agravio consiste en que el órgano a quo ha entendido que la conducta del imputado Ulises O., respecto al delito de amenazas coactivas, resulta atípica...” (fs. 208).
Sobre el particular adunó que “...no se trató de la ira espontánea producida por una discusión familiar, sino de dos hechos deliberados y preordenados, uno perpetrado el 19 de octubre de 2008 y el otro el 31 de ese mismo mes y año...” (fs. 288vta.).
Asimismo acompañó copia de la denuncia penal de nuevos hechos producidos el 20 de febrero del corriente año.
Por su parte, la Defensora Pública Oficial, Dra. Eleonora Devoto, presentó el escrito glosado a fs. 211/212vta., por el que solicitó que se confirme la resolución recurrida, sin hacer lugar al recurso de casación interpuesto.
En primer lugar sostuvo que “...el acusador privado carece de legitimación activa para impugnar...[y que]... `la doble instancia´ es una `garantía´ y ella se encuentra prevista a favor de los ciudadanos y no respecto de los órganos del Estado´, situación que resulta claramente extensible a la querella...” (fs. 211vta.).
Mencionó, por otra parte, que no existen otras pruebas que lo declarado por los propios damnificados en cada uno de los hechos y, que todo ello, se extiende en un ámbito de conflicto familiar con el imputado (cfr. fs. 212).
En punto a ello, manifestó que los nombrados olvidan “...que la función del derecho penal es la protección subsidiaria de bienes jurídicos, bajo determinadas reglas y que se persiguen penalmente conductas, no personalidades...” (fs. 212vta.).
A partir de lo expuesto concluyó “...que el recurso de la querella representa un mero conjunto de afirmaciones dogmáticas que evidencian una diversa valoración de la prueba reunida en estas actuaciones...” (fs. 212 vta.), por lo que solicitó que se confirme la resolución recurrida, haciendo reserva del caso federal (fs. 212 vta.).

4º) Que, superado el trámite previsto por el art. 468 del C.P.P.N., las actuaciones quedaron en condiciones de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Juan E. Fégoli, Raúl R. Madueño y Juan C. Rodríguez Basavilbaso.

El doctor Juan E. Fégoli dijo:
En trance de abordar los agravios traídos a estudio por la recurrente analizaré en primer término el argumento de la defensa referido a la falta de legitimación de aquella parte para recurrir la decisión sometida a examen.
En punto a ello entiendo que la persona particularmente ofendida por el delito a la que se alude en el art. 82 del código de rito es precisamente aquélla que resulta afectada por éste, de tal manera que para verificar esta circunstancia se deberá conjugar el verbo a que alude la descripción típica acuñada en la ley penal (Navarro, Guillermo Rafael y Daray, Roberto Raúl, “Código Procesal Penal de la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial, Hammurabi, 2da. edición, Bs. As., 2006, pág. 272).
Dicho ello, adviértase que en el presente caso surge que C. instó querella criminal contra  O. por las presuntas amenazas que éste le confiriera (cfr. fs. 132/135vta.) y, sobre la base de ello, resultó tenida por parte querellante por el señor juez ante la instrucción (cfr. fs. 8), siendo entonces particular ofendida por el delito gozando entonces de aquella capacidad reconocida por el texto legal de cita.
En atención a lo indicado, considero que en el sub lite se torna aplicable la doctrina conforme la cual el derecho de querellar corresponde al titular del derecho conculcado, por lo que en tal entendimiento, la querellante en las presentes actuaciones se encuentra legalmente habilitada a impulsar la acción penal con los límites que expresamente prevé el Código Procesal Penal de la Nación en los arts. 457, 458 y 460 -los que en el particular caso de autos no han surgido como óbices al derecho impugnaticio intentado- (cfr. en igual sentido mi voto in re: “Méndes, Nicolás y otros s/recurso de casación”, causa nº 6.317, reg. nº 9.937 de la Sala II, rta. el 02-05-2007 y “Borenholtz, Bernardo s/recurso de casación”, reg. nº 44 del 28-09-1993, de la Sala I).
Sentado ello, y analizando los agravios traídos a estudio por la querella a la luz de las probanzas obrantes en autos, adelanto que la vía intentada no tendrá por mí favorable acogida.
En primer lugar, cabe recordar que Ulises Jesús O. fue procesado por el delito de coacción -dos hechos-, a saber: "...1) Haber amenazado a Marta Lilyan C., abuela de su concubina, el día 19 de octubre de 2008 a las 19.30 hs. En dicha oportunidad, Ulises Jesús O. se dirigió al domicilio de la damnificada sito en la calle XXX de esta ciudad y le dijo: ´Salgan todos porque sino les voy a quemar el coche, te voy a matar en el hospital´. Más tarde, a las 22.30 hs., junto con su ex pareja y su hija se presentó nuevamente en el lugar mencionado y desde la calle gritó ´los voy a incendiar a todos, mejor que no salgas a la calle porque te voy a matar, salgan todos, no sean cobardes, sino los voy a matar´. 2) Haber amenazado a Linder Antonio S., esposo de Marta Lilyan C. con fecha 31 de octubre de 2008 a las 19.00 hs. Ese mismo día a las 18.30 hs., el nombrado notó que en la entrada de su domicilio ubicado en XXXX de esta ciudad, su hijo Guillermo Héctor S. discutía con O., por lo que le dijo que lo ignore. Como el imputado advirtió que los familiares no respondían a su actitud se retiró y a las 19.00 hs. regresó y le refirió a Linder Antonio S. ´si no terminás con las denuncias abuelito, podés elegir como querés morir, quemado o con un tiro en la cabeza´..." (fs. 132).
Ahora bien, apelada que fue por la defensa aquella resolución, las actuaciones llegaron a conocimiento de la Alzada, que la revocó por considerar que si bien fueron realizadas las pertinentes denuncias de los hechos acaecidos los días 19 y 31 de octubre de 2008, el imputado los negó en la indagatoria  y no existen testigos presenciales (cfr. fs. 160).
Para así concluir, entendió el Tribunal a quo que "...no puede perderse de vista el marco en que se desarrollaron los acontecimientos. Así, las víctimas informaron la existencia de un conflicto familiar de larga data que involucra también a su hijo, Guillermo Héctor S...., a punto tal que el propio denunciante afirmó que no se sintió intimidado por O., quien realizó las expresiones cuestionadas en medio de una discusión, en la que se lo notaba furioso (fs. 23vta.)..." (fs. 160).
Al respecto adunaron los señores Magistrados que "...en tales condiciones las frases que se reputan intimidantes pierden entidad objetiva en los términos del art. 149 bis del Código Penal para provocar alarma en la medida que la víctima no se sintió atemorizada..." (fs. 160/160vta.).
Sobre el particular se ha expedido la doctrina señalando que "...corresponde sobreseer a quien se le imputa el delito de amenazas coactivas cuando, teniendo en cuenta el ámbito en el que se propiciaron, no encuadran en la figura típica los dichos vertidos en el fragor de una discusión, pues tal circunstancia impide interpretar que anuncian un daño real que efectivamente se llevará a cabo..." (Álvero, Marcelo R., análisis del art. 149 bis/ter, en ´Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial´ de David Baigún y Eugenio R. Zaffaroni, Ed. Hammurabi, Tomo 5, Bs. As., 2008, 1era. edición, pág. 570).
Y que "...es imprescindible que para que el delito de amenaza se vea configurado dicha amenaza tenga idoneidad para actuar sobre el ánimo y la voluntad de la víctima, en cuanto ésta se vea constreñida a usar cautela para resguardarse del peligro que la espera..." (Álvero, Marcelo R., Ob. cit., pág. 570), circunstancias que no se encuentran acreditadas en autos y que, además, la recurrente no logra demostrar más allá de la genérica alusión a que se había sentido amenazada por los dichos de O..
Desde los aspectos centrales del tipo objetivo del art. 149 bis del C.P., la doctrina ha sido conteste en entender que "...lo importante es el poder de que esté dotada la amenaza para impresionar al sujeto pasivo...", y que a los fines de concretar ésta se "...exige poner atención en las personas intervinientes, la ocasión en que se profiera el anuncio, los actos anteriores, simultáneos y, sobre todo, posteriores al hecho material de la amenaza...". Comparte la opinión Jareño Leal al sostener que "...dejar librado al sujeto pasivo la objetividad de las amenazas lleva a resultados excesivos..." (Álvero, Marcelo R., Ob. cit., pág. 547).
Sobre el particular, y en atención a la valoración de las circunstancias en las cuales habrían sido proferidos los dichos de O., es del caso señalar -tal y como lo puso de relieve el a quo- que los testigos ofrecidos a fs. 18/19 no presenciaron lo ocurrido, particularidad sobre la cual se advierte fundada la falta de relevancia asignada por la Cámara sobre el punto (cfr. fs. 160vta.).
En este orden de ideas, al analizar los agravios introducidos en el planteo casatorio por la querella y compulsado el razonamiento desarrollado por los juzgadores, tengo para mí que la resolución atacada se ha ajustado a las reglas de la sana crítica y a los principios lógicos que gobiernan el pensamiento.
En este sentido, considero que la sentencia puesta en crisis, cuenta con fundamentos suficientes que obstan a su descalificación como acto judicial válido, ajustándose a las prescripciones contenidas en los arts. 123 y 404, inciso 2º, del ordenamiento ritual, toda vez que no se vislumbran fisuras en el razonamiento elaborado por el a quo. Cabe recordar al respecto que nuestro Alto Tribunal ha sostenido que los supuestos en materia de arbitrariedad son estrictamente excepcionales, y ello así en tanto las sentencias que cuenten con los fundamentos mínimos excluyen su descalificación como acto judicial (Fallos: 256:28 y 259:20, entre otros).
Se observa así, prístinamente, que el desarrollo de fs. 160/160vta. conforma un cuadro de análisis lógico-convictivo que la querella no logra conmover en las escasas y genéricas líneas que en el recurso dedica al planteo de la ilogicidad de la sentencia y a la valoración de la prueba, gozando el decisorio atacado del grado de certeza apodíctica que este tipo de pronunciamientos exige (en igual sentido, cfr. Sala II, mis votos in re: causa nº 3217 “Camborda Vejarano, Omar y otro s/rec. de casación”, reg. nº 4.187, rta. el 14-06-2001 y causa nº 2.066 “Pietropaolo, Rafael Luis s/rec. de casación, reg. nº 2.657, rta. el 30-06-1999; entre otras), por lo que el recurso impetrado en lo que aquí respecta, no tendrá por mí favorable acogida.
Por las consideraciones expuestas en los acápites anteriores, propongo al acuerdo rechazar el recurso de casación deducido por la parte querellante, con costas (artículos 470 y 471, a contrario sensu, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

El doctor Raúl R. Madueño dijo:
Que por compartir sus fundamentos adhiere en un todo al voto del doctor Juan E. Fégoli.

El doctor Juan C. Rodríguez Basavilbaso dijo:
Sellada como está la suerte del recurso, dejaré expresada en breves líneas las razones de mi disidencia.
Treinta y cuatro años han pasado desde que  la pluma de Miguel Angel Almeyra, entonces camarista a quien ya acompañaba mi actual colega Raúl R. Madueño, evocara a Martínez Estrada (“La cabeza de Goliat”), a Gonzalez Tuñón (“Poema del conventillo”) y los sainetes de Vacarezza para recrear ese escenario, “causa de promiscuidad y de querellas”, en el que se había formulado la amenaza que en esa causa se ventilaba y que fue declarada atípica por haber sido proferida en el calor de un altercado verbal (C.C.C., Sala 5ª., Galater, J., rta. el 16/9/76, un Fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Tomo I, Segunda serie, Año 1976).
El caso de autos, sin embargo, dista de adecuarse al precedente y a la doctrina establecida; el fallo  se sustenta en aserciones que juzgo arbitrarias, tales como otorgar fuerza exculpatoria a la existencia de un conflicto familiar de larga data, al hecho de que el denunciante dijo no haberse sentido intimidado y a que las expresiones fueron vertidas en medio de una discusión. Esta argumentación, según lo veo, es sólo aparente: en primer lugar, porque el conflicto familiar no excluye la posibilidad de que se hubiera pretendido concluirlo, precisamente, mediante amenazas; en segundo lugar, porque la afirmación de que la víctima no se sintió intimidada (inidoneidad de la advertencia), extraída de los dichos de Linder Antonio S., soslaya que en sede prevencional (fs. 11) manifestó temer por su integridad (lo que es coherente con su espontánea concurrencia a la Comisaría 43ª.) y omite toda consideración de que Marta Lilyan C., codestinataria de las amenazas y querellante, funda su agravio aseverando haberse sentido amedrentada.
Finalmente, tampoco el hecho atribuido se ciñe al decurso de una polémica irreflexiva. Antes bien, se imputa a Ulises Jesús O. las graves amenazas que dirigió a C. a las 20.30 hs. del 19 de octubre de 2008, que reiteró a las 22.30 hs. del mismo día, y que hizo extensivas a S. el 31 de ese año; es decir que mediaron intervalos suficientes para atemperar los ánimos, si de un simple exabrupto se hubiese tratado.    
Así pues, el señalado déficit en la fundamentación de la resolución impugnada determina mi voto en favor de que se ha lugar al recurso.

Por ello, y en mérito al acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: Rechazar el recurso de casación deducido por la querella, con costas (artículos 470 y 471, a contrario sensu, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).
Regístrese, notifíquese en la audiencia ya designada y, oportunamente, devuélvase a su procedencia sirviendo la presente de atenta nota de estilo.-

Fdo.: Juan E. Fégoli, Raúl Madueño y Juan C. Rodríguez Basavilbaso.

Ante mí: Javier E. Reyna de Allende, Secretario.

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