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Suspensi贸n del Juicio a Prueba. Tesis restringida.
Corte Suprema de Justicia, "G., Ricardo s/ recurso de casaci贸n".


texto completo

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2002.

Vistos los autos: "G., Ricardo s/ recurso de casaci贸n".

Considerando:

1) Que contra la resoluci贸n de la Sala III de la C谩mara Nacional de Casaci贸n Penal, que al rechazar el recurso de casaci贸n interpuesto por la defensa de Ricardo G. confirm贸 la resoluci贸n por la cual el titular del Juzgado Nacional en lo Correccional N潞 3 no hab铆a hecho lugar a la solicitud de suspensi贸n del proceso a prueba, se interpuso el recurso extraordinario que fue concedido a fs. 412.

Se le imput贸 a G. el delito de lesiones culposas (art. 94 del C贸digo Penal) que habr铆a cometido al embestir con un cami贸n con acoplado -que conduc铆a- a un veh铆culo de transporte colectivo, provocando lesiones a varias personas.

2) Que en el agravio alegado el recurrente consider贸 que la resoluci贸n cuestionada era arbitraria, porque hab铆a omitido tratar el ofrecimiento del imputado de obligarse a una "auto-inhabilitaci贸n" para la conducci贸n de veh铆culos automotores -en el marco de las reglas a imponer- conforme lo previsto en los arts. 76 ter y 27 bis del C贸digo Penal y, en cambio, remitirse a la doctrina fijada en el plenario N潞 5 de ese tribunal: "Kosuta, Teresa Ramona s/ recurso de Casaci贸n", del 17 de agosto de 1999, que no conten铆a un supuesto como el de autos.

3)聽聽聽聽聽聽聽聽 Que de acuerdo con la cuesti贸n planteada corresponde determinar el alcance que cabe otorgar al art. 76 bis del C贸digo Penal que prev茅 el instituto de la suspensi贸n del juicio a prueba. A esos efectos, es pertinente recordar que "la primera regla de interpretaci贸n de las leyes es dar pleno efecto a la intenci贸n del legislador" (Fallos: 302:973), y la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley (Fallos: 299:167), as铆 como que los jueces no deben sustituir al legislador sino aplicar la norma tal como 茅ste la concibi贸 (Fallos 300:700).

4) Que a la luz de estos principios, el Tribunal comparte y hace suyos los argumentos expuestos por la C谩mara Nacional de Casaci贸n Penal en el fallo plenario "Kosuta, Teresa Ramona s/ recurso de casaci贸n" de fecha 17 de agosto de 1999, en lo que ata帽e a cu谩l es el criterio interpretativo para establecer el l铆mite de la escala penal que habilitar铆a la viabilidad del instituto, as铆 como tambi茅n en lo que respecta a su improcedencia en aquellos supuestos en que respecto del delito imputado est茅 prevista pena de inhabilitaci贸n como principal, conjunta o alternativa.

5) Que en el caso de que se trata, la denegaci贸n aparece sustentada en la 煤ltima de las circunstancias mencionadas en el considerando precedente.

La imposibilidad de acceder al beneficio de la suspensi贸n del proceso a prueba para aquellos delitos cuya pena prevea la de inhabilitaci贸n -art. 76 bis in fine del C贸digo Penal- surge de manera inequ铆voca de la intenci贸n del legislador.

En efecto, el miembro informante del dictamen de la Comisi贸n de Legislaci贸n Penal de la C谩mara de Diputados de la Naci贸n, diputado Antonio M. Hern谩ndez, se帽al贸 que "en este caso existe un especial inter茅s del Estado en esclarecer la responsabilidad del imputado, para adoptar prevenciones al respecto" lo que importa continuar el juicio hasta una sentencia definitiva que pruebe adecuadamente la conducta del imputado y que permita adoptar las sanciones que correspondan seg煤n el caso (ver Antecedentes Parlamentarios, La Ley, 1995).

6) Que en este orden de ideas, la propuesta del recurrente de ofrecer una "auto-inhabilitaci贸n" no puede prosperar toda vez que acceder a lo solicitado importar铆a suspender el ejercicio de la acci贸n p煤blica en un caso no previsto por la ley afectando de ese modo el principio de legalidad y desconocer la intenci贸n del legislador en cuanto previ贸 la posibilidad de adoptar las prevenciones que los delitos -como el imputado a Ricardo G.- exigen.

7) Que en consecuencia, no aparece como arbitraria la decisi贸n del tribunal a quo que rechaz贸 el planteo de la defensa del nombrado Gregorchuck con remisi贸n al plenario antes mencionado y neg贸 la posibilidad de suspender el juicio a prueba por vincularse el hecho investigado con un delito que prev茅 la sanci贸n de inhabilitaci贸n.

Por ello, se rechaza el recurso extraordinario. H谩gase saber y devu茅lvase. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR - CARLOS S. FAYT (seg煤n su voto)- AUGUSTO CESAR BELLUSCIO (seg煤n su voto) - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI (seg煤n su voto)- ANTONIO BOGGIANO (seg煤n su voto)- GUILLERMO A. F. LOPEZ - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ (en disidencia).

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VOTO DE LOS SE脩ORES MINISTROS DOCTORES DON CARLOS S. FAYT, DON ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI Y DON ANTONIO BOGGIANO

Considerando:

Que el recurso extraordinario es inadmisible (art. 280 del C贸digo Procesal Civil y Comercial de la Naci贸n).

Por ello, se lo rechaza. H谩gase saber y devu茅lvase. CARLOS S. FAYT - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ANTONIO BOGGIANO.

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VOTO DEL SE脩OR MINISTRO DOCTOR DON AUGUSTO CESAR BELLUSCIO

Considerando:

Que el recurso extraordinario no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 14 de la ley 48).

Por ello, se lo rechaza. H谩gase saber y devu茅lvase. AUGUSTO CESAR BELLUSCIO.

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DISIDENCIA DEL SE脩OR MINISTRO DOCTOR DON ADOLFO ROBERTO

VAZQUEZ

Considerando:

1) Que contra la resoluci贸n de la Sala III de la C谩mara Nacional de Casaci贸n Penal, que al rechazar el recurso de casaci贸n interpuesto por la defensa de Ricardo G. confirm贸 la resoluci贸n por la cual el titular del Juzgado Nacional en lo Correccional N潞 3 no hab铆a hecho lugar a la solicitud de suspensi贸n del proceso a prueba, se interpuso el recurso extraordinario que fue concedido a fs. 412.

Se le imput贸 a G. el delito de lesiones culposas (art. 94 del C贸digo Penal) que habr铆a cometido al embestir con un cami贸n con acoplado -que conduc铆a- a un veh铆culo de transporte colectivo, provocando lesiones a varias personas.

2) Que en el agravio alegado el recurrente consider贸 que la resoluci贸n cuestionada era arbitraria, porque hab铆a omitido tratar el ofrecimiento del imputado de obligarse a una "auto-inhabilitaci贸n" para la conducci贸n de veh铆culos automotores -en el marco de las reglas a imponer- conforme lo previsto en los arts. 76 ter y 27 bis del C贸digo Penal y, en cambio, remitirse a la doctrina fijada en el plenario N潞 5 de ese tribunal: "Kosuta, Teresa Ramona s/ recurso de Casaci贸n", del 17 de agosto de 1999, que no conten铆a un supuesto como el de autos.

3) Que si bien por principio, las resoluciones como la impugnada no constituyen sentencia definitiva en los t茅rminos del art. 14 de la ley 48, corresponde, de acuerdo a las circunstancias propias del presente caso, equipararla a aquella en la medida que origina agravios cuya enmienda en la oportunidad procesal que se lo invoca, exhiben prima facie entidad bastante para conducir a un resultado diverso del juicio, por lo que de ser mantenidos generar铆anse consecuencias de insuficiente o imposible reparaci贸n ulterior (Fallos: 310:276, entre muchos otros). As铆 ocurre con el pronunciamiento que omiti贸 tratar el ofrecimiento del imputado de obligarse a una "auto-inhabilitaci贸n", en el marco enunciado en la consideraci贸n precedente.

4) Que los agravios de la parte recurrente suscitan cuesti贸n federal para su consideraci贸n por la v铆a intentada, pues aunque remitan al examen de normas de derecho com煤n, materia ajena -como regla y por su naturaleza- al remedio previsto en el art. 14 de la ley 48, tal circunstancia no constituye 贸bice para invalidar lo resuelto cuando la decisi贸n s贸lo satisface en apariencia la exigencia constitucional de adecuada fundamentaci贸n, con perjuicio de imposible reparaci贸n ulterior y con evidente menoscabo de las garant铆as de igualdad ante la ley, defensa en juicio y debido proceso (arts. 16 y 18 de la Constituci贸n Nacional).

5) Que en efecto, a pesar de su aparente fundamentaci贸n y de las afirmaciones gen茅ricas que vierte en remisi贸n a la doctrina plenaria que cita, la resoluci贸n recurrida omite examinar el ofrecimiento efectuado por el imputado de auto-inhabilitarse para conducir automotores, cerrando toda posibilidad de acceder al instituto de suspensi贸n del juicio a prueba. Dicha negativa por parte del tribunal a quo adquiere especial gravitaci贸n por cuanto aquel ofrecimiento podr铆a resultar de singular trascendencia para el resultado del juicio, implicando, en consecuencia, una arbitraria lesi贸n a las garant铆as constitucionales invocadas.

De esta forma, no ha reparado en aspectos conducentes para la decisi贸n del caso, limit谩ndose a expresar argumentos que s贸lo en apariencia satisfacen los requisitos a cuyo cumplimiento esta Corte ha supeditado, con base en la Constituci贸n, la validez de los actos judiciales (Fallos: 306:178, entre muchos otros).

6) Que, el Tribunal comparte y hace suyos los argumentos expuestos por la C谩mara Nacional de Casaci贸n Penal en el fallo plenario "Kosuta, Teresa Ramona s/ recurso de casaci贸n" de fecha 17 de agosto de 1999, en lo que ata帽e a cual es el criterio interpretativo para establecer el l铆mite de la escala penal que habilitar铆a la viabilidad del instituto.

7) Que no obstante, distinta resulta la opini贸n de esta Corte en lo que respecta a la procedencia o no del instituto de la suspensi贸n del juicio a prueba cuando el delito -como el analizado en el sub lite- tiene prevista pena de inhabilitaci贸n especial en forma conjunta.

8) Que desde sus primeras decisiones (Fallos: 16:118) este Tribunal ha interpretado que la garant铆a de la igualdad consagrada en la Constituci贸n Nacional consiste en aplicar la ley a todos los casos ocurrentes seg煤n sus diferencias constitutivas, de tal suerte que no se trata de la igualdad absoluta o r铆gida sino de la igualdad para todos los casos id茅nticos, lo que importa la prohibici贸n de establecer excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en las mismas circunstancias (Fallos: 123:106; 180:149); pero no impide que el legislador establezca distinciones valederas entre supuestos que estime diferentes, en tanto aqu茅llas no sean arbitrarias, es decir, que no obedezcan a prop贸sitos de injusta persecuci贸n o indebido privilegio, sino a una objetiva raz贸n de discriminaci贸n (Fallos: 301:381 y 1094; 304:390).

9) Que en tal sentido, debe se帽alarse que en cuanto a la inaplicabilidad del instituto de la suspensi贸n de juicio a prueba respecto de los delitos amenazados con pena conjunta de inhabilitaci贸n, la interpretaci贸n de la ley efectuada por el a quo resulta irrazonable en tanto permitir铆a su aplicaci贸n para los delitos de mayor gravedad cometidos en forma dolosa quedando excluidos aquellos sancionados con una pena menor y cometidos en forma negligente, es decir, violando s贸lo un deber objetivo de cuidado -m谩xime cuando pueden diferenciarse las penas y su aplicaci贸n entre s铆: en autos la privativa de la libertad de la inhabilitaci贸n-.

10) Que, m谩s all谩 de estas consideraciones, el a quo ha dado respuestas meramente formales, vac铆as de todo contenido, a reclamos de la parte recurrente que resultaban id贸neos para modificar la soluci贸n del pleito, por lo cual corresponde la descalificaci贸n de la decisi贸n como acto jurisdiccional v谩lido.

Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto el pronunciamiento apelado. Notif铆quese y devu茅lvase, a fin de que, por quien corresponda, se dicte nuevo fallo con arreglo a lo aqu铆 decidido. ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ.

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Texto incorporado el: 2011/07/11. Revista de actualizaci贸n permanente. Se recomienda citar: Apellido, Nombre. "T铆tulo del trabajo" en Revista electr贸nica Derecho Penal Online [en l铆nea]. Disponible en: http://www.derechopenalonline.com

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