Fragmentación del espacio: Enrejamiento y criminalización de la ciudad de Santiago.

Por Javiera Díaz L.


Dar cuenta de las particularidades y consecuencias que presenta, tanto para la subjetividad1 social como para la de los individuos2, el fenómeno de la segmentación o fragmentación del espacio, implica necesariamente la referencia a las actuales tendencias de transformación y modernización del control social en los espacios de carácter público, y al crecimiento de las ciudades y sectores urbanos, lo que conlleva una preocupación por tomar medidas de orden entre la ciudadanía, en tanto esta espacialidad pone en evidencia la fragilidad que porta una problematización de la dicotomía entre el espacio público y el privado en el contexto actual.

Del mismo modo se hace imprescindible, para la comprensión de la fragmentación del espacio urbano, el análisis de los cambios en la producción de la sociedad, en tanto se considera el espacio como producto y condición de producción y reproducción de las relaciones sociales que se establecen entre los hombres, principalmente a través de la división del trabajo, como forma de división de clases, la que se constata en la actualidad con mayor sutileza en la segmentación social que tiene por condición la exclusión de un tipo de sujeto, que no es mas que una clase, a todas luces marginal, y a la cual se le imputa la delincuencia.

El análisis del contexto chileno actual da cuenta de una sociedad que, en todos sus aspectos, se encuentra cada vez más sujeta a lo económico, es decir, sus determinantes de producción tienen un carácter netamente económico alcanzando todos los niveles de producción de la vida. De este modo, el espacio urbano no queda ajeno a la lógica del sistema imperante en tanto es producto y reproducción de la producción social; el espacio se ha convertido en mercancía y, a través del intercambio, el valor se sobrepone al uso del espacio. De esta manera, la posibilidad de uso del espacio es mediada por la propiedad del capital, de un suelo; espacio que a su vez es vendido y comprado en parcelas (pedazos o trozos), en este sentido de modo fragmentado.3

El espacio público es definido aquí como aquel lugar que pertenece a la comunidad o ciudadanía en tanto tiene por condición un acceso y permanencia libre, lo que a su vez le ha permitido ser el espacio de relación, vinculación y acercamiento de los sujetos que pertenecen a dicha comunidad, lo cual también implica la existencia de un contacto y comunicación que trasciende la pertenencia a cualquier división u estereotipo social.4

Contextualizando el concepto de espacio público al acontecer histórico de Chile se hace posible hacer referencia al período de dictadura militar, período entre otros que nos permite situar más radicalmente la problematización del espacio que podemos llevar a cabo hoy, ya que se nos presenta una época contemporánea donde no existió ningún respeto ni resguardo de este espacio que fue delimitado en su carácter de "estado de sitio", marcando de forma más radical el desdibujamiento de este espacio en relación a lo que se define como privado5.

Hoy en Chile podemos constatar el realce de la privatización, por parte del gobierno en conjunto con instituciones privadas y los gobiernos comunales, de los espacios considerados como públicos a través de la normativa aplicada a estos, y que a grandes rasgos se basa en la instalación de aparatos de vigilancia (humanos y tecnológicos), la cual ha conllevado a la delimitación y rigidización del uso y acceso a estos espacios. Desde esta lógica cualquier referencia a los espacios públicos implica necesariamente considerar las políticas estatales y aquellas promovidas por instituciones privadas de poder que lo definen y que regulan su uso; lo que se ve posibilitado en gran medida por la ausencia de referencias legales respecto a lo que se define como público y como privado.

Aquí entran en consideración los fenómenos de exclusión urbana que conllevan los nuevos productos inmobiliarios donde figuran los cercamientos de calles y plazas, la instalación de casetas de seguridad, las cámaras de vigilancia, el enrejamiento de poblaciones6, aparatos que dan cuenta de una transformación, a lo menos física, de la ciudad de Santiago, y donde lo que se aprecia es la carencia de espacio público a pesar de la aparente existencia de "calles abiertas" y de recursos de regulación y fiscalización que aparecen en el discurso de aquellos aparatos promotores de nuevos "espacios de sociabilización", donde actualmente se impone la gestión activa municipal en pos de la revalorización y creación de espacio público.

Es el caso en nuestro país de la aparición más o menos explicita de grupos económicos de poder que, entre otras políticas, se insertan en el abordaje de las temáticas referidas al espacio con planes tales como "Espacios Públicos Seguros"7 y que conforman instituciones privadas cuyos intereses se perfilan en esta dirección retomando las temáticas de inseguridad y llevándolas hacia un nuevo lugar que las totaliza enmarcándolas en la necesidad de internalizar a un sector de la población como criminal. En este sentido el tema la delincuencia, como propia de un sector social, es donde se focaliza la seguridad ciudadana, tema que también es producido y sacado a la luz por el accionar de estas instituciones.

Es así como las nuevas políticas de urbanización, que operan a nivel comunal y que se postulan en pro de la vigilancia directa por parte de los miembros de la comunidad, vigilancia hacia si mismos y hacia su entorno, es propuesta y operacionalizada por esta institución privada conocida como Fundación Paz Ciudadana, la cual sienta las bases respecto a la forma que deben tomar las acciones gubernamentales frente a la problemática de seguridad ciudadana; institución que, entre otras cosas, propone la iluminación y apertura del espacio de manera de que la vigilancia se torne cada vez más cotidiana y eficaz.

Este discurso y acción emergente y dirigido por ciertos intereses políticos y económicos propone una recuperación de los espacios perdidos por la "comunidad" a causa del actuar de la delincuencia en ellos. Un ejemplo de esto podemos encontrarlo el la omisión, por parte de las políticas de seguridad, de los estudios que revelan que la inseguridad es en gran medida producto de la percepción social de que se vive en un sistema que incrementa la desigualdad social (PNUD; Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, 1998). Lo que se desdibuja aquí es la pregunta sobre cuáles son los espacios públicos y cuales son los privados, todos los espacios se privatizan y se perfilan para conservar la paz y la seguridad de la ciudadanía que ha sido supuestamente violentada por la delincuencia.

Esta nueva forma de producción y control social sólo se hace posible en la medida en que la figura del delincuente se hace parte del imaginario social y opera en la cotidianidad de la sociedad que debe unirse para su destrucción. Esta destrucción se vuelve insostenible si se considera a la delincuencia como una producción social que tiene por objetivo mantener al sistema e integrar a los individuos en el sistema de control, donde la idea de protección social, protección de la ciudadanía ante un eventual peligro, se relaciona con la puesta en práctica de un control social que opera tanto para la ciudadanía como para el sujeto puesto en la condición de significar un peligro, donde este último está directamente relacionado con la manera en que la sociedad está organizada y organiza a sus miembros8. Así mismo la idea de delito como construcción social podemos afirmarla a partir de las investigaciones abolicionistas de la criminología crítica, donde se destaca la ausencia de una realidad ontológica del delito y donde éste no sería independiente de las "actividades de definición del sistema penal"9.

Actualmente en Chile el instrumento de intervención del espacio más difundido es el "Plano Regulador Comunal" el cual se define como un medio de gestión comunal que consiste en una serie de normas que implican la conjunción y coordinación de procedimientos que tienen efectos directos sobre el espacio, los cuales responden a ciertos intereses. Dichas políticas públicas-privadas de regulación y control del espacio están basadas en ciertas definiciones de los posibles peligros a los que exponen estos espacios, donde la definición de delincuencia y la naturalización que se hace de dicho concepto tienen un rol protagónico, principalmente por el impacto comunicacional que han alcanzado en el acontecer nacional, lo cual ha naturalizado la relación entre un supuesto peligro inminente y la estructura de defensa que se levanta ante éste, dando cuenta de un proceso de necesidad y dependencia mutua que posibilidad su autoperpetuación como relación validante del sistema, ya que podría considerarse como fundamento de éste una práctica de control social que es ejercida por un imperativo hegemónico de producción, donde un sector social se impone como poder vigilante sobre la ciudadanía, ejerciendo, al menos simbólicamente, un control absoluto de cada movimiento social.

Se hace fundamental destacar el hecho de que las políticas de urbanización y fragmentación territorial impulsados por la hegemonía del sistema neoliberal, basado en la competencia, están acompañadas de un discurso que las contradice en tanto se predica una planificación basada en el consenso (la participación ciudadana) y la solidaridad social (políticas de seguridad ciudadana). Esta contradicción se hace más evidente al hacer referencia a la clara separación entre la ciudad y los ciudadanos, haciéndose manifiesto el hecho de que las ciudades no le pertenecen a los ciudadanos ya que la producción de la ciudad se ha divorciado de los actores sociales que la producen, a saber los ciudadanos.

Sin embargo, para que puedan legitimarse estas prácticas de control se hace imprescindible la participación los ciudadanos en el sentido de que deseen y tengan la necesidad de ese poder de control social, con lo que se asegura la perpetuar de la idea de una peligrosidad, lo cual no sólo le otorga el estatudo derecho al sistema, como mecanismo legal, de intervenir sino que asimismo la obligación de entregar protección, a través de mecanismos como la vigilancia, a la ciudadanía. Es así como la necesidad que originariamente pertenecía a los intereses de dominación de un sector social, se hace propia del sujeto social, de la ciudadanía, pasa a ser parte de su deseo, calando en una estructura más profunda del sujeto, constituyendo su subjetividad.

Lo anterior pude ser burdamente constatado a través de la revisión de los resultados de la encuenta vecinal realizada por la Municipalidad de Santiago el presente año, donde de los once barrios encuenstados respecto de los proyectos que evaluaban como de prioridad para el sector de Santiago Sur (con un total de 17.939 votantes), en todos triunfo como primera mayoria la instalación de Casetas de Seguridad, lo cual sobrepaso con creces a los proyectos de pavimentación, iluminación, servicios de asistencia comunal gratuita, entre otros.10

Esta misma producción a la cual se ha hecho referencia es la que permitirá la instalación del "temor urbano" como una característica sobresaliente de los sujetos que viven en la ciudad de Santiago. Así la percepción de inseguridad en la subjetividad santiaguina aleja la mirada de lo que se podría considerar como la "producción social del delito"; de este modo los mecanismos de control social se vuelven en extremo sutiles al tiempo que permiten ir vinculando y reconstruyendo diferentes aspectos de la vida social a la luz de la delincuencia, uno de estos aspectos es claramente la fragmentación y enrejamiento del espacio (como una política de control del espacio público fundamentada en la instalación de la problemática de seguridad ciudadana), de la "vida y circulación pública" de los sujetos.

En este contexto es donde se sobrexplota el tema de la seguridad ciudadana y de la participación comunitaria en la "lucha contra la delincuencia"11 de forma de controlar la proliferación del miedo y la alerta constante de las personas en relación al espacio, donde lo que se intenta producir es un enemigo y al mismo tiempo un vigilante interno, de modo tal que la contradicción se hace evidente al tiempo en que se enmascara ya que se exalta el individualismo que permite realizar un control más profundo y permanente al instalar al individuo como su propio aparato de control. Esto se lleva a cabo a través de una estrategia comunicacional, dirigida por los grupos económicos de poder, la que les permite posteriormente justificar un control basado en la persecución y mirada constante en el espacio público que se manifiesta a través de las demandas de una intensificación del control por parte de la ciudadanía; todo esto enmarcado en la inseguridad que, primeramente, ellos mismos, como institución y sofisticado medio de comunicación, han generado.

Si el espacio abierto se retrata como un lugar de proliferación de la delincuencia, si la calle se constituye como el lugar más peligrosos de la ciudad, no existe ninguna necesidad de imponer la privatización y la lógica que reproduce al sistema, ya que ésta integrará a cada ciudadano y lo hará pedir a gritos que lo cerquen y limiten, que lo protejan de si mismo, que se sature con cámaras y vigilantes el espacio, que se le privatice e hipervigile para su propia tranquilidad y seguridad, la de la ciudadanía.

De este modo se destaca que los planes de urbanización y reestructuración del espacio responden a la técnica que porta el sistema, pero ésta no es ingenua en el sentido de que, por una parte necesita la ahistorización o naturalización de ciertos modelos sociales, como es el caso del delincuente o criminal, de manera que se produzcan socialmente y se integren en el vivenciar individual, como temor urbano e inseguridad ciudadana, lo que, por otra parte, se nutre a partir de la producción de nuevas conductas sociales al interior de la ciudad: la limitación en el uso de la
infraestructura urbana, en el uso del espacio público y la adopción de mayores resguardos de seguridad en las residencias entre otros; con lo cual lo único que se asegura es la perpetuación y legitimación de la represión y manejo subjetivo del sistema actual.

En Chile, luego del extenso período de dictadura militar, asumen el gobierno los partidos pertenecientes a la concertación cuyo discurso se enmarca en la consolidación de la democracia en el país. Sin embargo, al poco tiempo de asumir el poder se hace evidente la falta de interés, por parte del nuevo gobierno, a otorgar una alternativa al sistema neoliberal que se había venido instalando, lo cual, entre otras esperanzas de alegría negadas en la instauración de las nuevas políticas, generó un clima de abatimiento y desesperanza que permitirá a los gobiernos posteriores producir un discurso y una práctica de cohesión hacia la ciudadanía que permita otorgar nuevos sentidos y que, aunque responden a la misma lógica represiva, se instalan de manera tal que la peligrosidad y la noción de enemigo interno es trasmudada a otro sujeto, ya no hacia el dictador o en su defecto hacia el comunista12, sino que hacia el delincuente, que es investido con un nuevo carácter al recogerlo como clase marginal que está fuera y es opuesta a la comunidad y a la ciudadanía que ahora se produce con un nuevo deseo, una nueva lucha perfilada hacia la eliminación de un sujeto que no es otra cosa que una clase que, por oposición, permite que el ciudadano se defina como tal en torno a un deseo común.

Este proceso se instala materialmente en el segundo gobierno concertacionista de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, donde una de las prácticas que se evidencia como promotora de dichas políticas es la intervención en el espacio público.

Este proceso a tenido un progresivo avance hacia un mayor perfeccionamiento en el control de los espacios y políticas de urbanización que permiten su reafirmación y su producción constante, ya no necesariamente desde un lugar central sino que desde cada uno de los diferentes actores sociales.

La Biblioteca Nacional, históricamente construida como una fuente de acceso público a la memoria nacional, es cercada en este período por la iniciativa de políticas municipales de la comuna de Santiago Centro. Este enrejamiento, además de su impacto físico, esta dando cuenta del hecho de que un espacio de cultura pública se ve coartado por una voluntad gubernamental y de grupos económicos dominantes que permite mediar en el comportamiento ciudadano una direccionalidad que vincula lo público a lo desprotegido e inseguro, al tiempo que genera en lo individual una necesidad de protección del espacio propio a través de un mecanismo de identificación que da cuenta de la necesidad de seguridad que finalmente remite al ámbito de lo privado que esta permanentemente amenazado por un sujeto que se define como delincuente y que atenta contra todos por igual. De esta manera la necesidad de seguridad se vincula de tal forma al individuo que éste no la delega completamente a los aparatos de poder sino que la hace parte de sí.

Paralelamente a esto se colocan cámaras de vigilancia en todo el centro de Santiago lo que permite evidenciar la instalación de todo un sistema de control sobre la ciudad amparado sobre la base de un discurso de inseguridad que ahora se materializa en el espacio de contacto público. Es así como se pude hablar de políticas gubernamentales que se van perfilando en la idea de un sistema de democracia tutelada, donde la libertad es entendida como una delimitación de la acción del ciudadano, una mirada de quien gobierna sobre el otro, lugar al cual todos podemos pertenecer.

No obstante se observa una constante de control sobre todos los sujetos, esto se manifiesta de manera cada vez más sigilosa y sutil, a través de nuevas políticas que van orientadas a la apertura de los distintos espacios públicos, por medio de un diseño arquitectónico que permite la desrigidización de una de las clásicas formas de vigilancia: el enrejamiento.

El diseño urbano en la remodelación de la Estación Central, popular lugar comercial, se ha regido bajo esta nueva forma de control en donde su arquitectónica es diseñada de manera de ampliar la mirada de cada individuo, es decir cada espacio permite la entrada de la mirada de un otro. Ahora la vigilancia esta puesta en cada uno, lo que permite que se descentralice el ejercicio del control, a la vez que refuerza la concepción de la construcción panóptica13 del espacio, donde todo es visible, donde la mirada de uno ya es condena. Así mismo los paraderos de "micros" (microbuses de transporte público) han sido remodelados en base a un estilo moderno y transparente lo que da cuenta de la constante visibilidad de todo acto, donde la persecución, la inseguridad se hace masiva.

Estas mismas políticas de apertura del espacio, que dan cuenta de la ilusión de libertad, se aplicaron de manera más impactante y emblemática con la apertura de las puertas de la Moneda, actual palacio de gobierno, puertas que permanecieron cerradas durante la dictadura (y durante los dos primeros gobiernos de la concertación de partidos por la democracia). Esta apertura se realiza con la llegada del actual presidente Ricardo Lagos, lo que significo un acrecentamiento del simbolismo de la democracia, sin embargo esta medida responde al refuerzo del mismo control, ya que las puertas se abren, la multitud se hace notar, pareciera que se recupera algo, pero la entrada sólo es permitida por uno de sus costados, y la salida por el otro, las cámaras abundan y los "pacos" también. La ilusión de deambulación se hace evidente, se permite la circulación por un espacio histórico para la sensibilidad chilena que había sido negado, no obstante surge una nueva negación, la del pasado, ya no se pude retroceder ni detenerse sólo avanzar sobre lo ya dispuesto.

Lo que aquí se intenta vincular es el tema de la historicidad y el de la subjetividad, vinculación que intenta dar cuenta del carácter dinámico y enmarañado que porta el proceso de definición de las problemáticas que son entendidas como sociales, lo cual conduce a la pregunta por el cómo se organizan estos componentes subjetivos a través de la historia social.

En la presente exposición se ha planteado a ciertos discursos sociales, gubernamentales y privados, como los que se han encargado de introducir estructuralmente en la comunicación social ciertos componentes de historicidad y subjetividad, que les han permitido dar cuenta y relevar algunos elementos definitorios de los debates modernos respecto a cuáles son los problemas sociales, políticos y morales que afectad al Chile actual.


Los discursos sociales, entendidos aquí como un conjunto de prácticas que tienden a mantener y al mismo tiempo promover ciertas relaciones sociales, en tanto se ejercen como poder, se constituyen como estructuras de sentido que plantean cursos de acción al expresar compromisos comunicacionales hacia la práctica, y al ser antes que nada esenciales componentes pragmáticos de la comunicación social.

De esta manera, el control de las condiciones de producción de los discursos sociales aparece determinando la exclusión o negación de cirtos grupos sociales, generalmente mayoritarios, a la posibilidad de participar en el debate de definición de los fenómenos problemáticos.14

La racionalidad de estos discursos sociales se manifiesta cargados de mecanismos de control y producción de la subjetividad, que al mismo tiempo y por esta misma razón portan la capacidad de determinar quienes será aquellos privilegiados que podrán participar en este proceso de definición de la realidad social social; de este modo lo emerge es una descontextualización de la historicidad propia del discurso planteado en este sentido como verdad.

Más concretamente las políticas dirigidas comunicacional y prácticamente hacia el espacio urbano en la ciudad de Santiago nos remite a la instalación de la criminalidad como verdad, a la vigilancia constante e integrada al devenir ciudadano y a un enmantelamiento del control desde los aparatos de poder, de forma de producir que la subjetividad social en extremo individualizante se vuelva vulnerable en su propio territorio que ya no deesa ser compartido y que se define como criminalizado y criminilizador en su más amplio sentido, y no donde queda más que apludir el socavamiento aparente que se les imputa a los mismo aparatos que lo han instalado socialmente.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Foucault, Michel . Vigilar y Castigar. Edición Siglo XXI, México 1976.
- Marcuse, Herbert. El Hombre Unidimensional, Editorial Seix Barral, Barcelona, 1971.
- Revista Políticas Sociales: Seguidad Ciudadana. Irma Rodríguez, Cepal, Santiago, 1999.
- Pavarini, Massimo. Control y dominación. Editorial Siglo XXI , Madrid 1983.
- M. Ramos / J. A. Guzmán La Guerra y La Paz Ciudadana Editorial Lom , Santiago 2000
- Resultados Consulta Vecinal de Proyectos Santiago Sur 2001.
- Taylor, Ian y otos autores. La nueva criminología: contribución a una teoróa social de la conducta desviada. Editorial Amorrortu, Buenos Aires, 1973.
- Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Chile, 1998.


NOTAS:

(*) La autora pertenece al Grupo de Estudios sobre Violencia y Control Social. Universidad Diego Portales CHILE. Santiago, Chile.

1 Una de las las condiciones que aquí se le otorgan a la noción de subjetividad, entendida aquí indistintamente a la noción de sujeto, es el hecho de que el conocimiento y el modo de concevir y vivir la realidad no se expresa nunca como un conocimiento objetivo de la sociedad sino como un conociminto en tanto es en la sociedad.Al hablar de subjetividad o de sujeto se estará aludiendo a una escisión de éste, tal como lo conceptualiza e historiza Freud de modo que se le suponga "al movimiento del deseo en tanto se inscribe en lo inconsciente" (Laurent, Assoun Paul, Introducción a la metapsicología freudiana. Buenos Aires, 1994. Pp.380)

2 El individuo por su parte será entendido como un lugar diferenciado y autónomo respecto de lo social, que se autodetermina, y donde lo social se expresa como algo externo. Está visión retoma las perspectivas clásicas cartesianas y kantianas entre otras, que son retomadas como prácticas en la forma de ser del indivilualismo actual.

3 Un ejemplo lo constituye el hecho de que desde el año 1979, el gobierno militar en chile inició un proceso de erradicación masivo de pobladores pobres, desde el centro de la ciudad hacia los sectores periféricos, hacia el año 1985 alrededor de 35 mil familias de escasos recursos fueron retiradas de los lugares en que vivían. "La premisa de esta política era que el reunir a la pobreza permitiría focalizar la inversión social. Pero a la vuelta de diez años, una investigación del Centro de Estudios SUR analizó los resultados de ese proceso y afirmó que, para el grueso de los transplantados, la ganancia de una casa propia quedó neutralizada por la sensación de aislamiento" (La Guerra y la Paz Ciudadana 2000)

4 Retomando usos del término que han sido difundidos hacia el sentido común

5 Entendido como aquello que se posse un individuo en términos de propiedad, que en este sentido adquiere un valor valor exclusivo para quien lo posea.

6 "A partir de 1979 lo que se venía erradicando no era la pobreza sino la presencia del pobre en el espacio público, creandose grandes sectores cerrados donde sólo entraban y salían ellos" La Guerra y la Paz Ciudadana, 2000.

7 Proyecto de reurbanización de la Fundación Paz Ciudadana aún en desarrollo

8 Idea desarrollada por Herbert Marcuse (1971), en El Hombre Unidimensional, Editorial Seix Barral, Barcelona.

9 Referencia en La nueva criminología: contribución a una teoróa social de la conducta desviada.Ian Taylor y otos autores. Editorial Amorrortu, Buenos Aires, 1973.

10 Referencia obtenida a partir de los resultados de la Consulta Vecinal de Proyectos Santiago Sur 2001.

11Una de las frases emblemáticas en la campaña comunicacional de la Fundación Paz Ciudadana.

12 Rogelio Baeza, Director de la Comunidad Tiempo Joven, en una entrevista con los autores de La Guerra y la Paz Ciudadana Afirma : "Así como la izquierda fue el Enemigo Interno en un contexto donde el principal valor del Estado era el control del poder, hoy tenemos que el joven de población es el Enemigo Interno de un contexto donde el principal valor es la propiedad"

13 Entendida en el sentido en que la aborda Michael Foucaul en Vigilar y Casticar

14 Al respecto Michael Foucault (1970) plantea que en toda la sociedad moderna la producción del conocimiento está a la vez controlada, seleccionada y distribuida por un cierto número de procedimiento de exclusión social.

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