La tragedia de la lucha por la justicia.

Por Mariano H. Gutiérrez


El espacio de mediación


Hay más cosas entre el cielo y la tierra, Horacio,

que las que sospecha tu filosofía.

Hamlet


Dice Pegoraro que “El operador sociológico del sistema penal es no tanto el enunciado de la norma, sino su funcionamiento, digamos su aplicación o no aplicación ya que entre el enunciado y la aplicación o “descarga” de la norma existe un “espacio de mediación” cuyo observable es el funcionamiento concreto del sistema penal de la cual la norma forma parte.

Estas mediaciones pueden ser la interpretación del hecho, la naturaleza de la víctima o del victimario, el clima cultural, la repercusión social o político del hecho, la ideología del funcionario u operador del sistema penal, la influencia del contexto social, la actuación de los medios de comunicación entre otras. De tal manera la aplicación de la norma está sometida a un contexto o contingencia que puede explicarse en función de una cierta racionalidad del sistema penal, de una direccionalidad que lo conduce o simplemente de una contingencia interpretativa” (Pegoraro, 2006). Es sobre este espacio de mediación, cruzado por un haz de fuerzas de distinta clase e intensidad que centraremos nuestro estudio.

En la historia de la lucha social por la definición de justicia hay ciertos casos que tienen un poderoso efecto representativo sobre otros casos, que tienen más impacto público, que son un producto mediático más consumido que otros. Estos casos emblemáticos suelen actuar como catalizadores de una complejidad de sentimientos arraigados en una sensibilidad más o menos generalizada, y la expresión de conflictos más amplios que se traban en el imaginario colectivo imperante en un momento dado2. Marcaremos así etapas y giros de esta pequeña historia haciendo referencias a ellos.

El recorrido que proponemos puede leerse de varias maneras. La primera, la historia sintética de los emprendedores morales de los que habla Howard Becker (1971), en los últimos 25 años. Y dentro de esa clase de empresarios, la de aquellos que dedican a un rubro particular. Otra es la que analiza la transformación en las concepciones dominantes de la “justicia” en el imaginario dominante. El cambiante juego entre poderes sociales en disputa (poderes de entidad desigual, que emergen y desaparecen, mutan, cambian su forma, se truecan, se heredan unos a otros, en ideología, en actores en objetivos explícitos y funciones latentes) para definir la verdad, a través de la memoria, e imponer un sentido de la justicia. Poderes que en definitiva, se disputan también el poder de impactar en la sensibilidad y la psicología de otros actores sociales, generar y modelar expresiones colectivas. Es una historia cuyo último capítulo, que aquí sintetizaremos, comienza desde la restauración democrática, pues antes de eso, las reglas del juego eran otras, otras la relación entre los actores, y otro el sentido por la disputa de la “justicia”. En definitiva, arrojaremos reflexiones sobre ese espacio de mediación que existe entre el enunciado de la norma y su aplicación efectiva, y trataremos de develar algunas de las conexiones que permiten entender ese enorme desplazamiento entre una y otra. Una discusión que emparenta el reclamo de un sistema de justicia penal democrática y la emergencia de empresarios morales (Becker, 1971), la creación y fomento de pánicos morales (Cohen, 1980), y también las ceremonias de degradación de unas u otras identidades sociales3 (Garfinkel, 1956).

Se trata, también de meternos en una cuestión sumamente compleja sobre el funcionamiento del sistema penal, pero en este caso no partiendo de su aplicación como vía exclusiva de administración del encarcelamiento, sino también como distribuidor de etiquetas sociales degradatorias y reivindicativas (Gutiérrez, 2006), y las relaciones entre ambas operaciones.

Y, en fin, de abordar los rasgos locales de un fenómeno que señala también Pavarini (2003): “Se está difundiendo hoy una cultura populista de la pena, que introduce, quizás por primera vez, la cuestión de una penalidad socialmente compartida “desde abajo”. Tal vez no sea por primera vez, y el fenómeno sea global. Pero esta historia, en lo local, tiene particularidades históricas propias.

La triste historia de las luchas más nobles.

Ya que exiges justicia, ten por seguro

que hoy aquí tendrás más de la que deseas

El Mercader de Venecia


Tal vez el primer trabajo empírico importante en este sentido en nuestro país haya sido el de Laura Gingold (1997) sobre la “masacre de Ingeniero Budge” del año 1987. Se trata de la muerte alevosa de tres jóvenes de clase baja a manos de policías de la Provincia de Buenos Aires, que genera una campaña de familiares y vecinos del barrio para que la justicia investigue y persiga a los culpables. En el movimiento al que da lugar la masacre hay, principalmente por parte de los vecinos del barrio de Ingeniero Budge, una búsqueda de construir visibilidad, aún más de construir ciudadanía, subjetividad en el plano jurídico, una afirmación de entidad. O por decirlo de otra manera: después de cuatro años de democracia, los vecinos pobres de Budge comienzan a tomar conciencia o a recordar que tienen derechos, a construirse como sujetos de derechos. Este mismo proceso, importa también –según la autora- la construcción de autonomía del sistema judicial respecto del poder político y de las prácticas autoritarias heredadas de la dictadura, apertura posible gracias al efecto de la fuerza de presión de la organización comunal, de la prensa y de algunos sectores políticos aún minoritarios (Gingold, Op. Cit.).

Esta es una dimensión de análisis que me interesa señalar para poner la atención sobre sus desplazamientos: el rol de la prensa y de la presión comunitaria. Hasta aquí como lo eminentemente democrático en contra de una estructura burocrática estatal con prácticas oscuras (sin duda clasista y autoritaria).

El año 1987 aún “los derechos humanos” era una reivindicación moral importante y generalizada. Y -como lo recuerda la misma autora- el levantamiento de semana santa de ese mismo año, la reactualizó. Los “derechos humanos” eran una bandera que catalizaba la preocupación general por los militares (y su posible vuelta al poder) y se enarbolaba como un imperativo moral en oposición a todo lo que los militares representaban: tortura, violación del estado de derecho, crueldad, genocidio, Así, derechos humanos y democracia eran dos caras de un mismo principio (este dato es importante, porque ente quince años después, esta relación se quebrará). Y el reclamo de “justicia” en contra de sus violadores era el sostén moral de este principio. La “justicia” (punitiva) entonces, era entendida como la condición de la democracia y los derechos humanos. Y todo ello representaba la oposición a la dictadura militar pero también, indirectamente, a los actores sociales identificados con ella, a la policía cómplice, a los autoritarios, a la oligarquía.

Si bien el caso de ingeniero Budge catalizó una sensación de indignación de los vecinos –que se autoorganizaron en comisiones de reclamo- y de las clases pobres, la posibilidad de darle entidad política y judicial dependió también de actores políticos y judiciales claves que instruyeron a los reclamantes, los representan y organizan el lenguaje público del movimiento social. Así, en la forma que asumirá el discurso habrá una cierta continuidad con la principal empresa moral colectiva (es decir, el principal movimiento moral social) del último cuarto de siglo, que había comenzado unos años antes: las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Segundo plano de análisis en el que se observarán mutaciones: el rol de actores políticos sumándose al reclamo, dándole voz y ayudándole a conseguir entidad jurídica, y a la vez dándole una forma pública de presentarse y una dirección ideológica.

En esta época, entonces, emergerán tres conceptos cuyo valor será cambiante, pero cuya presencia permanecerá como articuladora de todo discurso de reclamo de justicia punitiva de allí en más. Se podría decir que es un andamiaje conceptual fundado como tal por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: El valor de la memoria como forma de recuperar e instalar la verdad histórica, y de allí hacer justicia. Implicando esto, en este contexto histórico, principalmente justicia vindicativa y retributiva contra los asesinos (no sólo asesinos de los hijos y nietos, sino de la democracia y los derechos humanos): justicia, por ende, degradatoria de los dictadores militares y sus cómplices; que implica, en consecuencia, una reivindicación de sus víctimas y de los valores que ellos representan (valores políticos que van desde pacifistas democráticos hasta revolucionarios de izquierda).

En definitiva, durante los ochenta, el reclamo de justicia vindicativa está atado a la necesidad democrática de que el poder judicial –principalmente- reconozca y reivindique a las víctimas del terrorismo de estado, y que, en segundo lugar, pero absolutamente consecuente con ello, dé la personería política y legal a los pobres que el estado policial-militar negó.

Durante los noventa, se acentúa el discurso que denuncia la impunidad pero a la vez comienza a mezclarse con el del reclamo por seguridad. Un bombardeo mediático alterna la permanente y clásica alarma frente al delito, con el discurso contra la impunidad del poder, que aparece con fuerza en la prensa y movilizando más conciencias que multitudes, y que se teje un tipo de victimas y victimarios particular. Son dos los casos más emblemáticos que se opondrán y colocarán en crisis ya no a la lógica autoritaria de una burocracia estatal, sino ahora con nombre y apellido a un cierto grupo gobernante, a una cierta cultura del exitismo y el individualismo que ese grupo encarna, en definitiva a todo eso que se llamó menemismo.

El primero, el de María Soledad Morales, corrido apenas “fundado” el menemismo, en el año 1990. Una joven catamarqueña es raptada y muerta, los culpables son, aparentemente, jóvenes “hijos del poder”, el sobrino del gobernador, el hijo de una familia poderosa. A medida que se intenta investigar una poderosa red de encubrimientos y manejos turbios parece torcer todo. Por el tipo de poder feudal contra el que se combate, por afinidades estéticas, ideológicas y partidistas, todo parece conectar a esa red de encubrimientos con el menemismo y con las esferas más altas de su aparato de poder. Se organizan numerosas marchas del silencio, y la sospecha queda instalada. Ahora será una monja (Marta Pelloni) el operador político que logra articular esa sensibilidad colectiva en una voz pública, le aporte un lenguaje específico y una orientación ideológica.

El segundo, el caso Cabezas ocurre en 1997. El 25 de enero de 1997 es asesinado el reportero gráfico José Luis Cabezas. Las repercusiones del hecho en la prensa, y las multitudinarias movilizaciones populares para el esclarecimiento del hecho y castigo a los culpables, obligan a salir a la luz al principal sospechoso, Alfredo Yabrán, un empresario sospechado de ser uno de los mayores representantes del crimen organizado en el país con vínculos, también en las más altas esferas de la política. También produce una reforma integral de la policía bonaerense, la más poderosa del país, y mancha de sospechas al mismo presidente Menem y sus estructuras de poder, y su misma lógica de poder. Aquí no hay familiares, vecinos u otros actores espontáneos que protagonicen o lancen el movimiento. Es el sindicato de trabajadores de prensa y la prensa corporativamente la que se posiciona como la víctima protagónica y adquiere status de actor político y social protagónico en estos tipos de reclamo. Y como antagonista al mismo tiempo de ese difuso político-cultural llamado menemismo y las estructuras políticas: no un poder público en especial, sino numerosos actores dispersados por todos ellos: las redes de este tipo de corrupción organizada parecían llegar a todas las esferas.

Pero junto a ellos durante todo este período también hay un cúmulo de casos de mediana intensidad que mantienen vivo el reclamo, su lenguaje y su orientación ideológica. Las víctimas serán los hijos jóvenes de la clase media y media baja (Miguel Bru, Walter Bulacio, Natalia Melman, Mariano Wittis) hijos de la misma generación que vivió la dictadura militar. Hasta este momento estos reclamos se presentan como heredados del discurso contra la impunidad de las Madres y Abuelas (tanto como la masacre de Budge). Lograr la persecución de estos casos era dar visibilidad pública y entidad jurídica a las víctimas, negadas por la violencia policial (y por el no castigo de esa violencia), reivindicación que en este caso también apuntaba contra la nebulosa conceptual “menemismo”. Igual que en los otros casos de la época el problema no era ya la estructura estatal autoritaria en sí misma, sino oscuras redes de poder que se filtraban en ellas y las dominaban –la corrupción y el autoritarismo, dos caras del mismo enemigo. Para el 2003 los reclamos “contra la impunidad” habían cobrado tanta notoriedad, tanto espacio en los medios, y por lo tanto, tanto peso político que durante el primer año del gobierno de Néstor Kirchner, se creó una oficina para capitalizar ese caudal y esa energía en los casos en que los victimarios eran de fuerzas de seguridad o “hijos del poder”; lo que, además resultaba en una imagen positiva para el gobierno que se situaba decididamente del “lado de la gente”.

Pero antes de ello, ya venía ocurriendo otro desplazamiento. A estos casos de hijos víctimas del poder –principalmente de la tortura o del gatillo fácil policial- se une un caso que adoptará el mismo discurso de denuncia contra la “impunidad” pero ocurre por un hecho de tránsito. Y su antagonista será no un mafioso, ni un sobrino de gobernador, ni un policía: un joven “nuevo rico”. Se trata del “caso Cabello”, ocurrido a fines del año 1989, y concluido con una espectacular condena en el año 2004. Este caso es curioso porque opera como bisagra entre los movimientos “antiimpunidad” de los 80 y 90 (con una marcada ideología democrática de centro izquierda a izquierda y reivindicaciones políticas explícitas), y la fuerte aparición en escena de los movimientos pretendidamente “apolíticos”. Y es que el caso se presentaba como la escenificación del atropello de una clase media tradicional (que invocaba la cultura del trabajo y la educación, la honestidad) pauperizada, por parte de la nueva clase alta menemista (egoísta, competitiva, extranjerizante)4. Pero generó también campañas por mayores controles de tránsito, por castigos a todos los que corrieran picadas, por unir en el dolor a todos los padres y madres víctimas de cualquier hecho que en democracia quedaba impune. La madre y abuela de las víctimas, protagonista de la campaña, reproducía el discurso “anti-impunidad del poder”, pero entendía que siempre que había impunidad era por una diferencia de poder.5 Y creaba asociaciones de reclamo de castigo con otras víctimas de accidentes de tránsito y de cualquier tipo de hecho que provocara la muerte de jóvenes. Como decía, pretendía crear una especie de “Madres” pero de hijos muertos en democracia. Sin ser conciente de ello, al equipararse a las Madres de Plaza de Mayo “pero en democracia”, estaba quitando toda la carga política que hace a las “Madres” ser lo que son, estaba vaciando todo su sentido, porque justamente, las “Madres” y las “Abuelas” representan la resistencia de la conciencia moral en contra de la dictadura. Y existen por ello y para ello. Estas organizaciones de “Madres” pero en democracia, que a inicios del siglo XXI se fundaban, y que terminaría por lavar de contenido político al reclamo “antiimpunidad”, luego terminarían formando las “Madres de Dolor”. En el discurso y en el imaginario de estos grupos ya no se trataba de combatir una impunidad específica o calificada, la impunidad de ciertos sectores o de ciertos victimarios, sino la impunidad en sí misma, el no-castigo, como un mal en sí mismo.

Este tipo de apoyos muy ambigüos ideológicamente, poco espectaculares, poco difundidos por los medios, por entonces, sin embargo, formarían una columna vertebral organizada de todos los actos posteriores contra “la impunidad” (por ejemplo, en el caso Blumberg). Y generaban un continuum de apoyos entres los actos contra la impunidad de los “hijos del poder” y un fenómeno que ya emergía con fuerza esa época, contra la impunidad de los delincuentes (en general representados por los asesinos, principalmente de policías).

Se acopla, entonces, con otro tipo de movimientos que ya se venían gestando unos años antes, en los que los comunicadores en los medios avanzaban tomando protagonismo. El 13 de agosto del año 1999 el periodista conservador Bernardo Neustadt organizó un acto “contra la impunidad” de los delincuentes. Si bien no logró una masiva convocatoria popular, sí aglutinó a numerosos referentes de la política y los medios de comunicación. En ese acto, con un discurso victimizante que hacía referencia a algunos de los movimientos antes mencionados, ya se tejía fuertemente el problema de la “impunidad” al de la “seguridad”. 6

Hacia fines del 2001, los familiares de víctimas del poder comienzan lentamente a perder protagonismo en la prensa pero a la vez, su problema se generalizará y esparcirá, por un lado, y por otro, aparecerán con más fuerza otros reclamos antiimpunidad que no articulan en términos políticos claros sus demandas, que no aparentan una comprensión ideológica de su problema, y sus invocaciones sobre la moral y la justicia son más místicas. Es, justamente tras la crisis de finales del año 2001 y comienzos del 2002 donde este discurso hará su entrada revolucionaria triunfal. La clase media urbana que parecía temer dejar de existir, tradicionalmente aliada y dependiente del Estado, se convierte, frente al caos político que parece amenazarla (particularmente desde diciembre 2001 hasta marzo 2002), en una clase resistente que incluso se atreve a tomar la calle por la fuerza (como en las numerosas marchas y en las asambleas populares) y amenazar con hacer justicia por mano propia. Amenaza a los poderes instituidos con actuar de facto para recomponer las viejas costumbres y valores. Señala, juzga y condena a sus propios productos y medios de dominio. Se lincha abiertamente a los políticos conocidos en performances públicas llamadas “escraches”7. El discurso de la asamblea de vecino de clase media rescata al recurso a la fuerza de hecho, y se dice pariente del “piquete” de los pobres y desempleados (filiación que luego negará hasta perseguir desatadamente a sus otrora hermanos). Desde diciembre de 2001 hasta fines del 2002, ocurre una nueva aparición en la presa: comienza a hablarse de una “clase política”, que seria la responsable y la que está en crisis. La prensa se abre, delimitando a un culpable. Momento clave de desplazamiento del rol de la prensa: En un primer momento se posiciona ella misma como actor atacado por las redes oscuras del poder de la corrupción (caso Cabezas), ahora define a la “clase política”8, se desmarca de ella y se posiciona del lado de “la gente”. “La política” y “la gente” son, en estas representaciones que trabajará la prensa, antagónicos.

Este período importa, entonces, una ruptura: por un lado, se capitaliza como un reclamo general de cambio hacia un proyecto político más nacionalista, desarrollista y de solidaridad social, clave en el nuevo discurso de legitimación presidencial de la “nueva política” de Kirchner, que será el discurso dominante en la política hasta el año 20089 y que se monta en estas reivindicaciones “contra el (viejo) poder”. Pero, por otro lado, una ruptura justamente hacia el lado opuesto, un efecto cultural que permanecerá por muchos años, dando su primer golpe en el año 2004 (con el caso Blumberg) y terminando por poner en jaque al “kirchnerismo” -también entendido como una difusa amalgama político-cultural- en el 2008 (con los numerosos apoyos a los grandes y medianos productores rurales en contra de la política gubernamental). Frente a ese otro discurso de la recuperación de la política (la evocación de los años 70, un nuevo desarrollismo, peronismo “trasversal” y centro-izquierda popular), emerge también con más fuerza una reivindicación moral de lo apolítico.10

Es la misma pretendida apoliticidad que ingresa en el discurso tecnocrático del neoliberalismo en los años 90 y que se hará cada vez más fuerte luego de esta ruptura emocional y representacional de amplios sectores de la clase media con la “clase política” en los años 2001-2002. Un efecto de deslegitimación generalizada de todo lo político y una búsqueda de construir la personalidad pública al margen e incluso en contra de “lo político”.

Es en este contexto en que hay que leer el doble fenómeno Blumberg-Cromañón ocurrido en el año 2004. El caso Blumberg moviliza las manifestaciones más multitudinarias de este tipo. Comienza con el secuestro de Axel Blumberg que capta la atención de los medios de comunicación, y que finaliza con el encuentro de su cadáver, ejecutado por los raptores. El protagonista de los reclamos será su padre Carlos Blumberg. A pesar de ser su hijo víctima no sólo del crimen organizado sino de la policía corrupta, su reclamo se dirige contra el Poder Judicial (reclama a los jueces mayor rapidez y mayor dureza), contra el Poder Ejecutivo (a quien impugna por su concepción política de los derechos humanos “a favor de los delincuentes” y acusa de permisivo o de cómplice) y al Poder Legislativo (exige reformas legales y luego las fiscaliza desde dentro del recinto). Los tres órganos del Estado son impugnados por este reclamo y sus más de 150.000 seguidores presentes, y más de un millón adherentes por escrito. Pero nuevamente, lo que se pretende ellos será “menos política”, tomarse “las cosas en serio”, oponiendo la política a la practicidad, la eficiencia, la valentía y, por supuesto, al “reclamo de la gente”. Este discurso apolítico será intentado capitalizar por el kirchnerismo11, pero finalmente será capitalizado políticamente por el peronismo conservador –oposición- que dándole a Blumberg un lugar simbólico privilegiado en el Parlamento (no como legislador pero si como observador omnipresente) lo utilizará para montar sobre él viejos proyectos de reformas legales con tendencia represiva.12 En definitiva, la figura construida por este sector político y la prensa finalmente aglutinará bajo el discurso de la moralidad superior de “lo apolítico” (en contra de “la política”) a la oposición antikirchnerista en el ámbito de la política nacional, y a las tendencias represivas antigarantistas en el ámbito del sistema penal. Instalará de forma sostenida y consecuente la alarma por la inseguridad que la crisis del 2001-2002 había interrumpido y llevado a un segundo plano. Llegará a poner en fuerte crisis lo que hasta ese momento parecía un proyecto político sólido, y permitirá la más intensa oleada de legislación represiva en décadas.

La tragedia de Cromañón y el tipo de movimiento a que dio lugar (el último día del mismo año), es la otra cara del mismo fenómeno, pero ya no desde la clase media alta, sino desde la clase media baja. Se trata de la muerte de alrededor de 200 jóvenes, ocurrida por un incendio en un local de espectáculos, durante un recital de rock En un primer momento, las voces de los familiares son variada y heterogéneas, como parecen ser las responsabilidades. Poco después, el aglutinante de todas ellas terminará por ser “los pibes” de la cultura rock, construidos en su propio imaginario como jóvenes “de barrio”, rebeldes, inocentes, y de buenos sentimientos, en contra de una combinación de egoísmo y cobardía empresaria por un lado (encarnadas en el empresario Omar Chabán), y de la soberbia y la corrupción de la clase política (encarnada en el jefe de Gobierno, Ibarra) por otro. El movimiento logró la destitución del jefe de gobierno (en una audiencia muy marcada por la mirada mediática y por la capitalización del conflicto por parte de la oposición) y el procesamiento del dueño del local y numerosos funcionarios.

Hasta este año 2004, Clarín seguía alternando su discurso alarmado por la inseguridad con una postura crítica de la represividad penal y el autoritarismo policial, que había asumido a mediados del año 2002, luego del asesinato de Kosteki y Santillán.13 Pero a partir del año 2005, tras la tragedia de Cromañón, que sacude la sensibilidad pública, se hace mucho más fuerte el discurso que ataca la impunidad de la “clase política” en general. Inseguridad-impunidad-clase política comienzan a ser aristas del mismo problema. Y también comienza a cambiar el lenguaje de las noticias policiales presentando de forma mucho más morbosa y truculenta las noticias policiales.

Si Blumberg fue la expresión de la impugnación de la “clase política” oponiéndola a la reivindicación de los buenos y tradicionales valores “republicanos” (en su particular retórica) de la alta burguesía argentina y del empresario emprendedor, que construye a pesar de los políticos; Cromañón fue su duplicado: la ruptura con la “clase política” (y del snobismo artístico de la clase media progresista) por parte de los buenos pibes del barrio, y sus valores tradicionales: la honestidad, la simpleza, pero también la vagancia y el hedonismo, y el conservador “rock chabón”, una expresión musical de rebeldía particularmente maniquea y simplista.

Llegando año 2008 las grandes empresas mediáticas se comportaron de forma particularmente homogénea. La crisis entre el gobierno y los sectores de productores y arrendatarios rurales más poderosos fue presentada como una batalla moral del “campo” en contra de la corrupción (del gobierno). Durante todo el año el conflicto fue salpicado con noticias sobre hechos delictivos particularmente truculentas14. Y los comunicadores de los principales medios celebraban, por ejemplo, la creación de un registro público de violadores y censuraban a aquellos que enarbolaban, en oposición, a estas propuestas la bandera de los derechos humanos. La escalada de alarma por la inseguridad llegó a una especie de clímax a comienzos de este año 2009 cuando famosas vedettes y estrellas del mundo del espectáculo de masas haciéndose eco de un sentimiento corriente de desesperación frente a “la inseguridad”, comenzaron a gritar a las cámaras “el que mata tiene que morir”.

Es imposible no ver en esta historia de la lucha por definir la memoria-justicia, que se continúa la lucha por definir la seguridad-justicia, la expresión y continuidad de luchas sociales e ideológicas más amplias. Guerras de violencia física contenida, pero con armas que descargan violencia simbólica, guerras no abiertas pero continuas y esforzadas, por imponer una verdad, una concepción del derecho y -a la vez y gracias a ellos- someter al otro, vencerlo, reivindicarse. Dice Foucault que: “Detrás de la paz se debe saber ver bien la guerra. La guerra es la cifra misma de la paz. Estamos entonces en guerra los unos contra los otros: un frente de batalla atraviesa toda la sociedad, continua y permanentemente, poniendo a cada uno de nosotros en un campo u otro. No existe un sujeto neutral. Somos necesariamente el adversario de alguien... (hay) una concepción binaria de la sociedad: hay siempre dos grupos, dos categorías de individuos, dos ejércitos que se enfrenta. El que habla, el que dice la verdad... está necesariamente situado de un lado o del otro: está en la batalla, tiene adversarios, se bate por obtener una victoria particular. Indudablemente tiene el discurso del derecho, lo reivindica... La verdad es, en suma, una verdad que sólo puede desplegarse a partir de su posición de lucha o de la victoria que quiere obtener...” (1993, p. 41)

Sobre la deslealtad de las cosas.


La virtud no puede injertarse en nuestro viejo tronco

sin que nos quede de él algún mal resabio

Otello

En esta breve historia podemos observar aquí el desplazamiento de la función simbólica de degradación/reivindicación de la persecución penal. Y, relación con ello, del rol de la prensa, y de la presión popular. Y todo ello en relación al cambiante valor y significado del castigo como práctica social. Como analiza Pavarini (2003), sin embargo, es innegable que esta historia “se trata de una recalificación de la política, de la voluntad de instaurar “contrapoderes” allí donde antes no se encontraban, de reencontrar la soberanía ahí donde ésta había sido concedida, o bien expropiada, a los de los sistemas burocráticos de representación. Es decir que la construcción social que produce la expansión de la demanda del remedio penal es sólo el síntoma más vistoso de una transformación y aumento de la democracia como la función de la representación fuerte del Estado de derecho”. Pero, un contrapoder democrático cuya razón de ser es la búsqueda del castigo expresivo, es un “mal tronco” para injertar la virtud.

Repasemos los roles y construcciones y relaciones de los objetos en esta pequeña historia. A fines de los ochenta, un reclamo popular en contra de la tendencia autoritaria y clasista de una burocracia estatal. La prensa analizada como un factor esencialmente democrático que amplificaba y daba armas a esta reivindicación popular en contra de las tendencias autoritarias del Estado. La gente (pobre, pero organizada, recuperando ideología y personería) luchando contra su negación burocrática. La justicia persecutoria de sus asesinos entendida como la reivindicación formal de su existencia y entidad. El lenguaje político del reclamo como forma de presentación pública, lo político como estrategia organizativa y una dirección ideológica explícita que arraigue el reclamo en un orden de problemas superior.

Durante los noventa se presenta fuertemente el término “la gente” haciendo referencia a clase media y media baja inocente y victimizada, un sector social desplazado y atropellado por otro que ocupaba el poder. Un poder oscuro y corrupto encarnado en nuevos ricos e “hijos del poder”. El reclamo de justicia vindicativa se dirige principalmente al Poder Judicial como arena de ese conflicto. Y la prensa entra como protagonista en el conflicto (como víctima), toma partido claro y encabeza ella misma campañas persecutorias.

Entrado el siglo XXI, tras la mayor crisis económica e institucional de los últimos veinticinco años, al mismo tiempo se recupera “la política” en contra del discurso tecnocrático neoliberal, lo que se aglutina y capitaliza en el proyecto gobernante; como, por oposición, la política trastoca en un valor negativo, opuesto a la moral, a lo bueno y lo honesto, discurso que aglutinará a todo lo que sea oposición. La prensa, a su vez, se despega de la clase dirigente, señalando a la “clase política” y adopta un tono cada vez más moralista y “apolítico”. La “gente” se dice ahora en crisis víctima de la inseguridad que provocan los delincuentes y reclama ahora su reivindicación simbólica en contra de la clase política y de su supuesta permisividad con la delincuencia. Con ello se vuelve a combinar de una manera específica y propia de la época en el imaginario la “seguridad” y la “justicia”. O más bien, la justicia dejará de ser relevante sólo como valor y proceso histórico sino que será relevante para proveer seguridad.

El discurso contra la impunidad, fundado, sostenido y alimentado durante estas décadas, trasmitido, heredado, hurtado, de un movimiento a otro, es una sustancia común desde donde se extrae la legitimidad moral de los reclamos punitivos. Se dirá que las formas, direcciones e ideologías que hay entre estos reclamos han variado casi hasta darse vuelta por completo. Pero también es cierto que tienen en común un discurso que ha impuesto la “impunidad” -como objeto general, sin calificaciones- como un mal en sí mismo, y por lo tanto la pena y el castigo como un bien en sí mismo.

Y es que, una vez construidos estos objetos en el imaginario, cargados de estos valores y significados, ya no se es dueño de su resultado. Como afirma Nietzsche en Genealogía de la Moral: “La causa original de una cosa y su utilidad final, su empleo efectivo, su clasificación en el sistema de causas finales son dos puntos separados por completo; una cosa que existe, una cosa que ha sido producida de una manera cualquiera es siempre llevada por un poder que le es superior hacia nuevos propósitos, siempre puestas a requisición, puestas y transformadas para un empleo nuevo… su uso puede ser una cadena ininterrumpida de interpretaciones y de aplicaciones siempre nuevas, cuya causa no tienen que ser si quiera ligadas entre ellas” (1994, Tdo. II)

En este proceso social se ha construido y terminado por imponer una concepción del castigo judicial como la vía necesaria y justa para imponer premios y castigos, etiquetas degradantes o reivindicativas, y construir identidades colectivas fuertes. Esta necesidad con que se carga a la “justicia” (punitiva), es la que la ha convertido en la pareja inseparable del reclamo por la “seguridad”. El desplazamiento ideológico que antes esbozamos permite comprender el sentido específico que adquiere el reclamo contra la inseguridad, y una nueva concepción de justicia punitiva como proveedora de seguridad ontológica (en similar sentido a lo que señala Young, 2008). Intensificando el efecto, en épocas de “despolitización” de las imágenes y discursos, este imaginario se tiende a esencializar la culpabilidad del victimario sin grandes relatos que introduzcan mediaciones o atenuaciones, que sometan a los discursos a su propia matriz interpretativa, y descargar sobre la clientela clásica del sistema penal la responsabilidad de la provisión de seguridad ontológica (Gutiérrez, 2007).

La historia de los movimientos punitivos recientes es la historia de la recreación de reacciones emocionales que buscan la construcción o la defensa de una identidad colectiva –como diría Mead (1918), siguiendo a Nietzsche, construida “negativamente”-. Y esto comienza a ser ya no una solución personal o grupal, sino una estrategia de construcción de subjetividad que se extiende y se convierte en práctica cultural. “Esta cultura de la victimización emerge de las llamadas políticas de identidad, esto es, de grupos que se definen a sí mismos exclusivamente en términos de sus reclamos relativos a su identidad particular y a sus sufrimientos específicos” (Cohen, 2005, p.38).

La prensa como Juez y la justicia como espectáculo.


No hay nada malo o bueno, el pensamiento decide tal

Hamlet

El reclamo antiimpunidad/seguridad que llevado al paroxismo el año 2009 se ha convertido en un grito desesperado de estrellas del mundo del espectáculo de masas. El reclamo se mezcla en el lodazal imaginario y aglutina imágenes críticas sobre el garantismo, el gobierno, la corrupción, “los montoneros”, todo en un confuso mix de sentimientos de oposición, a una nebulosa de sensaciones, significados y objetos que se suponen se han instalado en el poder.

Todo ello, tras la ruptura de la legitimidad de la clase política, montado en la cultura individualista y exitista que deja instalada el neoliberalismo, y en la inestabilidad emocional e identitaria propia del imperativo consumista15. “Las ansiedades de este tipo se combinan a menudo con la ira y el resentimiento y, cuando se las experimenta en masse, pueden suministrar la base emocional para leyes vengativas y castigos expresivos” dice Garland (2005, p. 259). Y como gran articulador de esta “base emocional”, los medios masivos de comunicación.

Durante este último período, los grandes medios de comunicación han ido perdiendo su diferenciación ideológica compitiendo por la mayor representatividad posible del público lector. Dependiendo de la época, Clarín (o cualquier otro gran medio) puede amplificar e instigar estas campañas morales como el defensor del garantismo y los derechos humanos, el perseguidor del “poder corrupto”, como actuando de sheriff violento, de voz indignada de la conciencia moral en crisis, que reclama la prisión a todos sin si quiera pretender una máscara de mesura16. En un mismo año, o de un mes a otro, puede a veces darse este viraje. ¿Cuáles son los intereses, las condiciones, que lo explican?


Podemos señalar, acaso, una de las condiciones de que esto ocurra. Siguiendo a Becker (1971) toda conducta de un actor concreto en la empresa moral está motivada por un interés. Es decir que la intervención de un agente creador o impositor de normas está determinada por un interés concreto en participar en la campaña.17 Si esto es cierto, los factores que pueden explicar los cambios de rol de los medios de comunicación en las campañas persecutorias, más allá del generalizado uso del escándalo y la alarma como producto en sí mismo, deben buscarse allí, en los “intereses”.

Podríamos advertir de una cierta orientación ideológica general que marca el perfil de la empresa comunicativa, que forma parte del “contrato de lectura”18 con el público consumidor. Pero las empresas verdaderamente masivas (como vimos en el caso de Clarín) no condicionan su interés comercial a una ideología fija sino al valor emocional de las imágenes. En términos ideológicos se muestran flexibles, amplios e incluso se permiten la permanente contradicción, de acuerdo a lo que se supone que proveerá mayor representatividad y por ende, mayor público y de acuerdo a la preponderancia de otros intereses.

Esos otros intereses pueden ser, en primer lugar, la amplitud de la convocatoria de un movimiento social, que da indicio de que existe una opinión y una actitud en la sensibilidad general a favor o en oposición a un objeto o personaje, y a todo lo que él amalgama difusamente en el imaginario colectivo. Es decir que un reclamo se presenta como legítimo y representativo para un sector importante de la población. En este sentido el medio pretende posicionarse como la voz moral de “la gente” (el gran público) a quien siempre alude en su reclamo19. Esto es necesario para su imagen (la imagen de ser un fiel representante de los valores y formas de sentir de “la gente”), como condición empresaria de crecimiento, consiguiendo la fidelidad de su público consumidor20. Segundo, el interés económico directo o indirecto del grupo empresario. Los medios de comunicación impresos, radiales o televisivos de mayor envergadura hoy sólo son una empresa más de todo un holding empresario que suele incluir compañías de teléfono, de internet, fábricas de papel y agencias de noticias. En este sentido, una política pública siempre corre riesgo de tocar un interés particular, con lo cual probablemente esto pueda iniciar una campaña como respuesta. En este sentido, por ejemplo, las noticias repetidas sobre la inseguridad, cuando se ordenan en forma de campaña, siempre afectan al gobierno en tanto es el principal objeto de reclamos públicos. Demostrar caos social, inseguridad, miedo, afecta a la autoridad constituida como legítima y la coloca en un rol de impotencia.21

Durante estos años también ha ocurrido que se han borrado los bordes distintivos entre los productos de las empresas de comunicación masiva. En los noticieros se ocupan de divertir al televidente, en los programas de entretenimiento de “informarlo”. Hay una noticia-espectáculo permanente. Y además, en este mismo espacio la noticia espectáculo, juzga22, incluso juzga a los jueces, condena, aplica etiquetas, estimula a la reacción emocional. Un lenguaje moral y consensualista marca esos juicios, y estimula a la indignación y la reacción. “Lo que es propio de la nueva arena es que constituye una máquina de fusión y de excitaciones dentro de la cultura de masas (…) Esto ocurre tan pronto comos e es una persona pública: un político, una estrella mediática, un deportista de elite o un objeto de escándalo”. …(Sloterdijk, 2004, p.124)

La historia, que comenzaba con los medios de comunicación como el arma de la democracia y la trasparencia para atacar la opacidad y el autoritarismo de burocracias estatales, se trueca, y el mismo comportamiento de la prensa comienza a poner en jaque el delicado equilibrio entre democracia y república, y el no menos delicado orden de las diferencias funcionales23. Hay una creciente indiferenciación entre la prensa, el espectáculo24 y los gobiernos. “Nuestra civilización tiene los parlamentos, los sistemas encargados de dar las noticias y los estadios deportivos, por citar sólo tres de las instancias que conforman la opinión pública, un sistema de distinciones o discreciones que garantiza el funcionamiento de la sociedad moderna de masas bajo formas medianamente tranquilas. Sin embargo, existe un estado de excepción en el que desaparecen los límites entre los distintos campos, de tal forma que la función social, la totalización se hacen posibles gracias a la sensación de crisis. Esta situación excepcional o repentina equivale para nosotros a un escándalo o un affaire. Los affaires o escándalos son situaciones que tienden a abolir las diferencias de la sociedad; en ellas por una vez puede decirse todo y desde cualquier sitio.” (Ibíd. p. 123)

La crisis de diferenciación, emparentada en Sloterdijk con la totalización y de allí con el fascismo, es una crisis de diferenciación funcional, y por ello, un concepto que parece remitir a Durkheim, y a la solidaridad mecánica (2001, capítulo II). Curiosamente, y desde otra óptica completamente distinta, G.H. Mead (1918) ya había advertido este peligro en la concepción demasiado positiva de Durkheim, sobre la solidaridad mecánica y sus manifestaciones. Mead advertía que la psicología punitiva que se pone en marcha en estos movimientos es antagónica a un orden social complejo y a la misma idea de libertad que emerge de él, y que tiende a borrarlo. Esto es, si para Sloterdijk esta crisis de diferenciación tiende a la “totalización” y al fascismo, para Mead tiende fatalmente a un belicismo (interno a la sociedad, pero también nacionalista) que progresivamente atenta contra todas las diferencias y la libertad. Para Mead como para Girard (1998), la violencia punitiva liberada atenta contra el orden social mismo y su supervivencia.

Si es cierto que la noticia criminal en la prensa asume la forma del escándalo y la reacción que produce implica “la crisis de las diferencias”, el discurso punitivista y consensualista de la prensa que se monta sobre la lógica legal-judicial y también contra ella, coloca en crisis el mismo funcionamiento “curativo” del sistema judicial penal (Girard, Op. Cit.). Porque el sistema penal judicial opera como una versión más elaborada de los mecanismos sacrificiales, cuya función es impedir la expansión de la venganza y la violencia, representándola y racionalizándola: “el sistema judicial racionaliza la venganza, consigue aislarla y limitarla como pretende; la manipula sin peligro; la convierte en una técnica…” (p. 29). La noticia-espectáculo como producto de juicio y la prensa como lugar de jurisdicción (iuris-dictio), que implica la desacralización y hasta la humillación del sistema judicial, impone una violencia persecutoria que “sigue siendo sacrificial, incluso religiosa. En realidad, es cada vez más violenta… es más activa, más virulenta y anuncia siempre una violencia todavía peor, una violencia desmesurada” (Girard, Ibid).

“El parlamento se trueca en arena, la arena se trueca en medio de noticias, el medio de noticias en parlamento… La crisis suprime la diferenciación de los ámbitos funcionales En esta fusión, la función de la arena toma la voz cantante, pues conduce a la reunión de la masa curiosa a la vista de un espectáculo que fascina a la par que sincroniza las actitudes.” (Sloterdijk, Op. Cit., p. 123)

 

La “clase política”


¡Aléjate de mí, naturaleza mía y cede su lugar al alma de un vil adulador!...

Yo escamotearé sus afectos, hurtaré sus corazones

y volveré amado de todos los ganapanes de Roma….

Volveré siendo cónsul.

Coriolano.


El doble juego de presión hacia la “clase política” desde un sector social y desde la prensa, y a la vez la instigación y el aprovechamiento del sentimiento colectivo de indignación tanto por el político profesional como por el medio de prensa, para aumentar su representatividad, hay que decirlo, es tan viejo como la política misma o como la prensa, según sea el caso. Pero, en este caso, “en los sistemas democráticos, quizás por primera vez la penalidad deviene objeto significativo (en algunos, prácticamente el principal) del intercambio político entre electores y elegidos, entre opinión pública y sistema de la política. Y en esto quizás es posible hallar un perfil de democratización de la política criminal, aunque sólo sea en el nuevo sentido ofrecido por la “democracia de opinión”.” (Pavarini, 2003)

En el Poder Judicial, la presión “pública” a través de manifestaciones de sectores sociales cuya expresión es organizada, amplificada y reforzada por los medios de comunicación, necesariamente impacta en sus lógicas y en sus resoluciones aplicando penas ejemplares (y en menor medida sobreseyendo o absolviendo a imputados ejemplares) o acomodando su discurso jurídico a la recepción del “clamor público”. El Poder Judicial es una presa apetitosa en las luchas discursivas y del imaginario. Someterlo es en sí mismo una performance de poder por parte del grupo de empresarios morales reclamante, de todos los grupos políticos que inviertan capital social en su empresa, y, entre ellos, principalmente, de la prensa.25 La presión se trasmite directa o indirectamente: los mismos políticos profesionales, al hacerse propio el reclamo con fines de lograr representatividad, ejercen una presión mucho más precisa sobre los operadores judiciales26. Presión que, en los casos más leves importan críticas públicas, pero en los más graves, pérdida de apoyo político en la carrera judicial (lo que importa el congelamiento del magistrado y su pérdida de poder político interno), y hasta citaciones27 y juicios de expulsión por parte del Consejo de la Magistratura (dominado por las estructuras de la política profesional).

También relacionado con la necesidad de hacer frente a la demanda punitiva que así se trasmite, el Poder Judicial ha echado mano de técnicas económicas de administración para reorganizar su poder persecutorio y responder a la demanda creciente de castigo. Este argumento traducido en la necesidad de tener una justicia más rápida y eficiente ha provocado por ejemplo, la instauración del “juicio abreviado” (pena negociada con el fiscal) en los años 1997 a 1998; la puesta en marcha proyectos para evaluar a ciertas fiscalías y tribunales bajo las normas ISO 9001:2000 de gestión de servicios con la fórmula “eficiencia= rapidez= cumplimiento de plazos”, presionándolas así a lograr mayor celeridad en cuanto a realización de juicios y producción de sentencias, a comienzos de este siglo, en la Provincia y en la Justicia Nacional . Y durante el año 2008 en la Provincia de Buenos Aires los procedimientos en caso de flagrancia, en los que se resume el proceso penal en una sólo audiencia previa al juicio y de llegarse a juicio, ocurre en dos meses como plazo máximo.28

Los dos espacios gubernamentales dominados por la política profesional (esto es la profesión de competir por la representatividad en términos electorales), el Poder Ejecutivo y el Legislativo, guardan una relación mucho más directa de utilización y trasformación mutua con los sentimientos punitivos. Los reclamos sociales por seguridad-castigo se dirigen también a la “clase política profesional” y a los espacios legislativos y ejecutivos (a veces arbitrariamente, según el significado con que se cargue la identidad pública del político en cuestión). Pero a la inversa, todo espacio donde circulan emociones colectivas e imágenes del sí mismo y del otro, es materia prima para moldear y extraer ganancia para la política profesional. De esas imágenes se construye representatividad: utilizándolas, diseñando la propia imagen pública del actor político sobre ellas, dándoles forma, capitalizando su peso moral y aprovechándolo al unirlo a la imagen del candidato, etc. El político debe saber amalgamar, poner en palabra y representar esos sentimientos colectivos difusos y las imágenes que a partir de allí se construyen.

El Caso Blumberg ha sido y está siendo analizado ampliamente como un caso en que la presión ejerce fuerza sobre la clase política, y a la vez, ésta se aprovecha y lo toma como fuente de legitimidad29 para desempolvar viejas propuestas represivas. Pero estos casos son solamente el emergente más visible (y tal vez más grosero) de un fenómeno que ocurría desde hace tiempo, y cuyo verdadero impacto en la política penal comienza a hacerse fuerte a fines de los años 90, y se ha mantenido desde entonces con cierta constancia. Basten algunos casos ejemplificativos:

En 1999, a raíz de las presiones de grupos feministas y diversas opiniones que reclamaban un mayor castigos para los abusos sexuales, particularmente a partir de un fallo de la Cámara de la Justicia Nacional (que no consideró violación la fellatio forzosa), se modificó todo el capítulo de delitos sexuales del Código Penal (ley 25.087), unificando la calificación de tipos penales, abriéndolos, y aumentando los máximos. Las razones esgrimidas en el debate parlamentario no tuvieron que ver tanto con la utilidad de la ley sino más bien con lo emotivo: la gravedad del castigo que merece quien comete estas conductas.

También en 1999 el Congreso, a partir de la conmoción pública suscitada por el antes mencionado “caso Cabello” en que un conductor jugando ‘picadas’ chocó y mató a dos víctimas, y a instancias del Presidente (De la Rúa) a fines del año 1999 agravó en dos años el máximo cuando el homicidio fuera por tránsito y con pluralidad de víctimas (ley 25.189). A su vez, agravó las lesiones culposas, el incendio culposo, el descarrilamiento culposo y la trasmisión culposa de enfermedades (aunque esto no tuviera en apariencia nada que ver con el caso anterior). Entre otras cosas, en el debate algunos senadores afirmaban lo siguiente: “…votaré afirmativamente en general el proyecto, más allá de algunas observaciones en particular, porque simplemente me he vuelto más mediático que reflexivo y porque es el menos malo.” Quien dice esto, (el Senador Agúndez, quien permanecería “más mediático que reflexivo” también en la oleada Blumberg del 2004) se justifica porque unos meses antes había sido dejado sin tratamiento un proyecto similar. Similar este caso a lo que descubre Van den Dooren (2009) en su investigación del caso Blumberg, en realidad, el movimiento de presión permitió que los actores políticos que ya intentaban sancionar estas reformas desde un tiempo antes sin éxito, capitalizaran a favor de su proyecto la sensibilidad pública que se había generado a partir del caso.

A mediados del año 2001 la principal razón que se esgrimía en la campaña mediática contra la llamada “ley del 2x1” (24.390) no era otra que suponer que una supuesta “ola delictiva” obedecía a condenados o procesados que habían salido en libertad prematuramente por efecto de esta ley, dictada a fines de noviembre de 1994. Los legisladores, utilizaron el argumento de los reincidentes en numerosas ocasiones cuando se sancionó su derogación aunque sin indicar las fuentes, arrojando datos estadísticos erróneos y apelando al sentido común.

Unos meses después, ese mismo año, en razón de un caso de homicidio a unos custodias policiales del gobernador Ruckauf, se llevó a cabo la reforma del homicidio de personal de fuerzas de seguridad (ley 25.601). Los legisladores justificaron la reforma (siguiendo a una idea generalizada en ese momento en la prensa más influyente) informando que el problema de la criminalidad era culpa de los reincidentes, por lo que debía dictarse la condena perpetua para aquel delito.30.

En otro sentido, pero parte del mismo fenómeno, el caso Cromañón señalado antes posibilitó que el elegido Jefe de Gobierno de la Ciudad fuera destituido por la oposición minoritaria. Y aliándose con los reclamantes, la oposición comenzó a ganar popularidad y legitimidad, convirtiéndose en el partido gobernante.

Todos estos casos demuestran el doble efecto funcional que hay entre una “cultura de la inseguridad” y el fenómeno del “populismo punitivo” del que se nutre cierto sector de la clase política. Hay una ansiedad y sentimiento generalizado de inseguridad que se imputa a la “impunidad” y así trasmite presión hacia los actores políticos más visibles. Hay una particular forma de entender esa seguridad como aquella que se puede resolver mediante el castigo duro a un “delincuente”. Y, a la inversa y al mismo tiempo, hay un aprovechamiento de la clase política del discurso “contra la impunidad”, de los significados instalados y de estos sentimientos y representaciones para acumular representatividad y construir legitimidad, montando sobre ellos una imagen electoralmente atractiva.31


La demanda punitiva y política criminal material.


Algo está podrido en el estado de Dinamarca

Hamlet

En todos estos desplazamientos, juegos de poder, disputas por el imaginario, se generan tensiones entre las demandas al poder punitivo estatal y la política profesional. Se genera un capital político creciente, pero muy volátil, que es producido, instigado, y capitalizado en contra y favor de un determinado proyecto político, candidato, imagen, etc. Pero estos casos de persecución pública difícilmente tuerzan los invariantes de la política penal. A nivel simbólico, adquiere mucha relevancia histórica la persecución de aquel que simboliza una identidad colectiva a degradar y, a la inversa, la necesidad de reivindicación de otra. A nivel general de la práctica material del sistema penal, esto no tuerce la dirección de la política penal, sino que aumenta su cantidad y la intensifica.

Para 1998, el 53,4% de las condenas aplicadas por el sistema penal lo eran por delitos contra la propiedad (hurtos y robos); y a los que se debe sumar los delitos contra “administración pública” (casi todos encubrimientos32), 4,48%. Entre ambos superan el 66%.33. Para 2007, nueve años después en los que se han desarrollado numerosas de estas campañas, los números se mantienen similares: las condenas por robos y hurtos son el 54,80% del total, y los encubrimientos 6,25 %. Ambos dan el 62%.34 Saliendo del problema de las condenas y yendo al porcentaje de encarcelados35, resulta que alrededor de el 61% lo está por delitos contra la propiedad, el 15% por delitos de homicidios y tentativas y el 8,4 por drogas.

Es decir que, más allá de la selectividad del sistema legislativo al interpretar el reclamo punitivo y sancionar conductas perseguibles, y más allá de las orientaciones de las agencias del sistema policial-penal al tomar conocimiento formalmente de las conductas punibles ocurridas y formalizarlas en una causa penal, hay un enorme espacio de selectividad a la hora de aplicar la persecución penal y llevarla hasta una condena. A nivel total de delitos la tasa promedio de condena contra la tasa de hechos conocidos en todas las provincias fluctúa entre 0,1% y 3% (acelerándose a un 4% en algunos casos en los últimos años, gracias a nuevos institutos procesales que acortan el plazo procesal, evitando el debate oral).

Enorme margen de selectividad y de administración arbitraria del poder tanto de perseguir, como de condenar, y tanto de someter a proceso con mayor o menor restricciones, de condenar simbólicamente (con una prisión en suspenso), como de encarcelar efectivamente (con o sin condena). Más precisamente, para llegar a la condena existe un margen de entre el 97% y el 99,9% de selección.36

¿Cómo se aplica ese margen? De más está decir que las cárceles están pobladas casi exclusivamente por la clase baja. El 80% de quienes se encuentran allí eran desocupados o sub-ocupados (40% para cada categoría). El 50% no tuvo ni profesión ni oficio (el 41% tuvo algún oficio, pero no profesión; el 9% sí tuvo profesión). El 80% no llegó a la educación secundaria (del esta cifra, 6% nunca tuvo educación formal, 21% empezó la primaria, 53% terminó la primaria pero no empezó la secundaria).37

Partiendo estos datos sobre cierta constancia en la realidad operativa del sistema penal a la hora de ejercer su criterio de selectividad cabe formular la siguiente hipótesis: la demanda de persecución penal contra una cierta clase de enemigos sociales que se transforma legislativa o administrativamente en un aumento de la intensidad, amplitud o en una aceleración del sistema penal, y en un clima político cultural que exige mayor eficiencia en la persecución penal, tiende a traducirse en un aumento de la extensión y la intensidad de la persecución a la clientela usual y a los delitos clásicos para los que está preparado perseguir el sistema penal (el robo visible), y por ello, en mayor encarcelamiento de sectores marginales.

Y, en efecto, a medida que se han desarrollado todos estos movimientos punitivos, variando de dirección pero ganando progresivamente en convocatoria, la tasa de encarcelamiento no ha cesado de crecer. A fines de los años 80, la Argentina ostentaba una tasa de encarcelamiento media-baja: alrededor de 110 personas cada 100.000 habitantes38. Hoy, agregando a las estadísticas penitenciarias los detenidos en comisarías, tenemos una alta tasa de encarcelamiento que supera los 162 cada 100.000 habitantes.39

El sistema penal, alimentado como distribuidor de etiquetas simbólicas degradantes y reinvidicatorias, pero funcionando como burocracia de aplicación de penas y de producción del encarcelamiento, se dirige con natural constancia al robo –y sus conductas relacionadas- que a cualquier otra conducta, y a los marginales, antes que a cualquier victimario. La fuerza punitiva que se amasa en los reclamos contra la impunidad de ciertos victimarios, se traslada a un sistema penal que se acelera e intensifica, descargando esa presión, mayoritariamente sobre la clientela habitual y clásica del sistema penal moderno: el ladrón visible.

La ansiedad social que ha fogoneado a la justicia penal como la arena simbólica por excelencia para dirimir posiciones de poder, es el combustible de la expansión de la maquinaria penal, cuyo principal producto, a nivel encarcelamiento, es siempre es el mismo, porque se realiza en y por burocracias construidas y formadas para la producción de un tipo de persecución particular.

Hay así, más que un espacio, un abismo entre las luchas que se disputan en el imaginario sobre la función simbólica degradatoria de las etiquetas penales y el comportamiento estable del sistema penal, que traduce la demanda, cualquiera fuera su orientación original, en mayor persecución de los delitos comunes (los delitos contra la propiedad). Pero ese abismo no está vacío, está compuesto por empleados, funcionarios, reglas y sistemas, marcado por la tradición burocrática, por la lógica administrativa de las agencias penales, por la ideología de los operadores y una variedad de factores, que ya no es posible abordar aquí.


Conclusiones


Graciano, el mundo me parece lo que es:

un teatro, en que cada uno hace un papel.

El mío es ... bien triste.

El Mercader de Venecia

“El imaginario social es el otro elemento que hace posible y plausible el poder de castigar, imaginario que interpela no solo a la razón sino a las emociones, a la voluntad y a los deseos. Estos tres elementos, fuerza-razón-imaginario social se interrelacionan de manera algunas veces equilibrada pero también con contingentes preeminencias o de uno o de otro: por momentos la fuerza o la violencia predomina sobre lo racional o lo imaginario y por momentos los otros dos. En el espacio del imaginario colectivo se debate quizás el mayor dilema para la legitimidad del poder porque es el espacio donde la realidad siempre es interpelada por los súbditos y sometidos, y en gran medida a la vez que produce consenso produce críticas, el arma de la crítica.” (Pegoraro, 2006)

En el mismo espacio de la legitimación se genera la crítica. Y, hemos señalado, a la inversa, en el espacio de la crítica se genera la legitimidad. Se genera una forma de entender la justicia punitiva como un bien curativo necesario. Y una vez instalada así en el imaginario es y será utilizada con los fines más diversos, distintos a aquellos para los que fue pensada originalmente.

El reclamo punitivo de la persecución de ciertas conductas y ciertos victimarios acelera y fogonea la locomotora de la maquinaria penal, que sólo puede seguir las vías para las que está construido. La atención pública y la agenda penal en los medios se mantiene en ebullición cambiando de direcciones y mostrando cimbronazos y cambios, pero el impacto de los cambios de dirección en el imaginario en la realidad de la política penal macro es muy tangencial y a veces imperceptible: todo va a dar a esa gran caldera donde se cuece la persecución de los delitos contra la propiedad y los relacionados con ellos.

Si a los efectos de la reivindicación de una identidad colectiva ha sido importante históricamente condenar a algunas decenas de sujetos despreciables, hay que recordar que viajan al desprecio en el mismo tren en el que lo hacen decenas de miles de pobres y marginales. Y, como dice Girard (1998) sobre el sistema judicial penal: “al igual que todos los progresos técnicos constituye un arma de doble filo, tanto de opresión como de liberación.” (p. 30). El sistema jurídico penal opera como una sinécdoque que representa lo que pasa en el sistema penal social: En casos puntuales, en los que hay imputados de gran capital social (o que en su momento concentran representaciones sociales importantes y masivas a favor) se generan y reconocen jurisprudencialmente nuevas garantías que abren puertas a cambios generales y límites en la persecución penal. A la inversa en casos de gran relevancia en contra, se cuecen teorías y jurisprudencia que flexibilizan garantías, justifican excepciones, relegitiman la persecución penal. Y una vez abiertas estas puertas, ya no se puede evitar que se haga circular por ellas al resto.40

En la historia de los recamos punitivos se ha construido la base de la lógica discursiva que encuentra en la arena penal el ámbito primordial y hasta necesario para la degradación/reivindicación de identidades. Se construye a través de la persecución penal a un victimario que encarna difusamente una pluralidad de sentimientos negativos colectivos (ansiedad, temor, menosprecio), y de allí la idea de la pena y el castigo como una necesidad moral ineludible. Esta misma base lógica se instala en el imaginario como la materia prima que proveerá y estimulará la demanda alarmista sobre la inseguridad y la delincuencia. En la historia de los reclamos “contra la impunidad” se ha generado el humus simbólico del que nutre la selva punitiva hoy.

En el cruce de estas representaciones en el imaginario, los cambios en la “sensibilidad social” y la lucha política permanente debe reconocerse la condición para el crecimiento del mercado político de la “inseguridad”. Mercado que nutre del capital social y político de las imágenes de la justicia y la “inseguridad” y exhibiendo gestos expresivos de “lucha” contra ella.

Se han establecido así unas reglas de juego en la competencia política por la representatividad, en las que el impulso persecutorio y la capacidad punitiva será uno de los principales capitales políticos a exhibir.

Es por ello, que esta es una historia trágica. En el sentido de que no hay final feliz -ni justo- posible y parecemos llevados por la fatalidad. Sólo se podría intentar hacer otra historia.

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Notas:

1 Ensayo publicado en el libro “Por una sociología del Control Social. Homenaje a Juan Pegoraro.” Ed. Del Puerto, 2010.

2 Hablaré aquí de “imaginario” en el concepto amplio que utiliza Bazscko, 1999

3 Utilizaremos el término “identidad” en el sentido de “identidad social” del que habla Goffman, 2001.

4 Para datos de la destrucción parcial de la clase media en la época menemista, así como una expresión que refleja la lectura victimal de la misma clase media, léase Minujin y Anguita, 2004.

5 Un análisis exhaustivo y amplio del valor “bisagra” de este caso lo hago en Gutiérrez, 2006 (véase, principalmente, la parte I), a esa obra me remito para mayor fundamentación.

6 Nótese no sólo el discurso victimal, sino además cómo se utiliza el “silencio” como forma de expresión, haciendo tácita referencia a las “marchas del silencio” del caso María Soledad Morales, y por ello, montándose sobre su legitimidad, usurpando su lenguaje. Dice el Clarín del 14 de agosto de 1999 bajo el título “Reclamos por seguridad en el acto del Luna Park”: “Bajo el lema “El grito del silencio. Estamos desamparados y mal representados”, alrededor de cinco mil personas se reunieron el miércoles a la noche en el estadio Luna Park, convocados por el periodista Bernardo Neustadt para pedir más seguridad. La gente sigue desamparada, hay inseguridad y vamos a terminar temprano para que no nos roben en la calle, dijo Neustadt”,

7 La forma repite la manifestación que se hiciera en diciembre de 2001, al lanzar el “corralito” contra la casa del entonces ministro Domingo Cavallo. Se aplica luego sobre el ex ministro Roberto Alemann y sobre algunos jueces y legisladores. Puede incluir insultos, escupidas y huevazos (y eventualmente algún golpe) por un grupo de militantes como forma de señalar públicamente a un victimario o persona no grata. Los años subsiguientes la modalidad será reutilizada contra los militares por las agrupación HIJOS, e incluso por manifestantes de derecha contra políticos kirchneristas. Aún quienes advertían en 2002 contra de esta forma de expresión de repudio, no podían evitar ligarla con lo que consideraban el gran problema de la época “la impunidad”: "El escrache es una conducta errada y un gran mal, producto de otro gran mal: la impunidad y el mal funcionamiento de las instituciones. Es un resultado no querido de la impunidad", afirma el constitucionalista Daniel Sabsay.- “…"Con la impunidad pagan justos y pecadores. Al no haber premios y castigos y no aplicarse la Constitución y el Código Penal, todos son culpables y la sociedad se transforma en una sociedad sin reglas donde se quiere hacer justicia por mano propia." (La Nación, 14/3/2002). En el mismo artículo se dice “A menos que una protesta se desmadre, lograr la actuación de oficio y en el acto de la Justicia puede ser un poco más difícil. Un juez y un fiscal en lo penal explicaron, en riguroso off the record, que, dado el estado de ánimo reinante, no se les ocurriría enfrentar a la gente salvo en casos de clara violencia. "Hace poco un colega -cuenta el juez- tuvo que ir al lugar donde un hombre fue baleado. Cuando los vecinos supieron que era el juez, empezaron a gritarle: "¡Corrupto!".”

8 Consecuentemente, una lectura de los medios de esta época reflejan una heterogeneidad ideológica e inestabilidad de miradas, editoriales y consejos. Algo así como una búsqueda desesperada por una “salida viable” a la crisis. A mediados del año 2005, Clarín da mucha importancia por ejemplo a las críticas del embajador norteamericano Collin Powell, y titula su editorial “Un discurso dirigido a toda la clase política” (Clarín, 07/05/02). También véase el 9/06/02 en la sección “Panorama Político” la nota inverosímilmente titulada “El mundo no sabe bien qué hacer con la Argentina”.

9 El escándalo suscitado por los asesinatos policiales de los manifestantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en junio del 2002 terminará por volcar definitivamente a los medios de comunicación a la propuesta más de centro izquierda, desarrollista e integradora, en contra de las propuestas que parecían llevar al autoritarismo y la vuelta a la represión. Los discursos políticos comienzan a intentar capitalizar ese clima político cultural. Lo logrará, finalmente, Néstor Kirchner a comienzos del año siguiente.

10 No casualmente este movimiento estará protagonizado también por representantes religiosos, a la cabeza de ellos unos años después, el ya convertido en personaje público “rabino Bergman” (famoso, entre otras cosas, por sustituir del himno, en los actos públicos, la palabra “libertad”, por la palabra “seguridad”).

11 Véase, por ejemplo, Colombo, 2008.

12 Para todo este análisis me remito fundamentalmente a la exhaustiva investigación de Van den Dooren, 2009.

13 Por ejemplo, en el año 2004, profuso en noticias optimistas sobre la baja del delito en el país (a diferencia que el segundo diario, La Nación) publica una fuertísima nota (el 5 de agosto) denunciando a la dureza del sistema penal, acusando en el título “En la Provincia, tres de cada diez presos son inocentes.” La bajada explicaba: “Están bajo prisión preventiva hasta cuatro años, y en el juicio oral terminan absueltos o sobreseídos. Cayeron por diversas maniobras policiales y, como la mayoría es pobre, tienen defensores oficiales que les dedican poco tiempo. Cuando salen libres, ni siquiera reciben ayuda ni indemnización del Estado.” Habla de “trucos de policías inescrupulosos… pliegues de una trama legal que les niega el derecho constitucional de esperar el juicio en libertad… defendidos por abogados a quienes ni siquiera conocen, y dentro de tres o cuatro años, cuando la Justicia les haga justicia, ni siquiera podrán esperar que el Estado los indemnice por el error. En la provincia de Buenos Aires, unos nueve mil presos inocentes esperan que la democracia llegue hasta ellos.”Continúa dando cifras alarmantes sobre los presos sin condena y la detención en comisarías, explica que es el efecto de políticas de mano dura, y que del 75% de los presos “la Justicia no determinó aún si son culpables del delito del que se los acusa”. Luego aclara que “un 28 por ciento de las sentencias dictadas en relación a las personas detenidas son "absoluciones o sobreseimientos". Es decir que tres de cada diez presos termina siendo declarado inocente. Cerca de 9.000 personas.”
La nota es profusa en cifras y en información y muy crítica en su análisis. Informa sobre las estrategias policiales para inducir una imputación, sobre las dificultades de la defensa pública y la arbitrariedad de la selectividad penal. Finalmente, informa que a los detenidos y absueltos, en el 80% de los casos se les niega cualquier tipo de indemnización.

14 El momento en que ocurre su giro ideológico parece coincidir con la ruptura de la alianza política que mantenía con el gobierno de Kirchner y su posterior enfrentamiento (que también se traduce en enfrentamientos empresarios). La imagen de caos e inseguridad generalizada socava las representaciones del delito que sostiene el gobierno en sus discursos (menos represivo que los otros grandes partidos), y por lo tanto ataca indirectamente a la ideología discursiva del gobierno mismo, pero también estimula un sentimiento generalizado de victimización y vulnerabilidad frente al delito, que, por supuesto, genera disconformidad, y alimenta la imagen de inidoneidad o impotencia del gobierno para lidiar con él, principal argumento de la campaña opositora. Similar a lo que, según Martini (Op. Cit.), había ocurrido nueve años antes con la presidencia de Carlos Menem.

15 Véase, por ejemplo, Bauman, 2000.

16 Por ejemplo véase la campaña del grupo Clarín contra la justicia garantista y las “pulseras” (dispositivos monitoreo electrónico para facilitar detenciones domiciliarias) en el caso del Juez Schiavo, desde comienzos a fines del mes de agosto del año 2008 que señalamos en Gutiérrez, 2008.

17 Algunos podrían cuestionar el alcance de esta afirmación, en tanto conductas motivadas “con arreglo a valores” no siempre están motivadas por un interés racional (para los interaccionistas, sin embargo, sí). La objeción podría ser válida salvo en el mundo de las grandes empresas. Tal vez ellos sean los sujetos cuyo comportamiento está guíado utilitariamente (en términos económicos) de la forma más racional y calculadora posible. Sin dudas la intervención de una gran empresa comercial sí, siempre está motivada por la existencia de un interés.

18 En el sentido en que lo usa Verón (2004), en cuanto el medio debe articular “las expectativas, motivaciones, intereses y a los contenidos del imaginario”

19 Para una lectura crítica de este discurso consensualista que adopta la prensa Rodríguez, 2000. Para una lectura que sigue sosteniendo a la televisión como arma de democratización de la justicia, Camps y Pazos, 1999.

20 Para una lectura más desarrollada de cómo la amplitud de apoyos conseguida por un reclamo es captada por la prensa que sobre ella construye su voz autorizada y representante del consenso, Gutiérrez, 2006, parte II.

21 Por ejemplo Stella Martini afirma que “durante la campaña presidencial de 1999, acompañando a la Alianza, muchos de los medios argentinos (entre ellos Clarín y La Nación) construyeron una agenda policial con notas de tapa casi todos los días y comentarios sobre el tema. Acorde con las propuestas de ‘lograr la transparencia’y ‘administrar una sociedad más segura’, del entonces binomio De la Rúa-Alvarez, algunos de los medios dedicados a los sectores medios y altos de nuestro país ofrecieron imágenes de una sociedad insegura. Esa imagen abandonó las tapas de los matutinos citados en cuanto asumió el nuevo gobierno, momento en que las agencias de noticias policiales se reorganizaron para mostrar un índice menor de inseguridad.” (Martini, 2002)

22 Nos remitimos, en todo lo que a este comentario respecta, al trabajo de Rodríguez (2000)

23 La sociedad vertebrada en su totalidad por los medios forma un único estadio en que mediante los procedimientos competentes se observa con diversión la lidia. (Sloterdijk, Op. Cit, p. 126)

24 Sloterdijk, sorprendido frente al escándalo mediático -del mismo nivel de seriedad- que se generó cuando publicó su polémico ensayo “Reglas para el parque humano”, reflexionaba: “Podríamos definir este sistema, con buenas razones, como un fascismo de entretenimiento. Esta regla lingüística tendría la ventaja de poner el acento de antemano sobre la existencia de una clara conexión facistoide entre el entretenimiento de masas y la dirección ejecutiva del resentimiento.” Es así que, en efecto, hay una dirección ejecutiva del resentimiento, que está en gran parte dirigida desde los medios masivos de comunicación. En su análisis, la sociedad de masas tiene rasgos comunes que provienen de la Roma antigua, pero, entrando en crisis de diferenciación (el mismo concepto que utilizaba Girard para describir el peligro de la escala de violencia desorganizada), y emparentando éste con la paradoja del estado de excepción instituido como la norma.

25 Nuevamente, para mayor fundamentación, Gutiérrez, 2006.

26 En ejemplo ilustrativo: Una masacre provocada por un detenido a comienzos de agosto de 2008, que sufría arresto domiciliario, generó un escándalo en los medios. Comunicadores de toda clase, incluidos conductores y personajes de la farándula reaccionaron junto con los principales medios de comunicación que apuntaron al Juez escandalizados. El Ministro de Seguridad de la Provincia reaccionó rápidamente también acusando al juez y pidiendo públicamente su juicio político. En todos los programas de noticias, de opinión, de espectáculos, periodistas y “panelistas” de toda clase criticaban una justicia “demasiado blanda” por la impunidad y la inseguridad que ella generaba.

27 En el ya mencionado caso Cromañón, a raíz de las presiones de los grupos de familiares contra la medida de excarcelación de uno de los acusados, el Consejo de la Magistratura citó en noviembre del año 2005 a los jueces Garrigós de Rébori y Bruzzone a “dar explicaciones”. La contundencia de sus argumentos y el apoyo de gran parte de la comunidad académica, sin embargo, impidió que se siguiera el proceso de destitución.

28 Para un abordaje un poco más desarrollado sobre la lógica de estas reformas, Gutiérrez, 2009.

29 Por ejemplo, así lo ha hecho Van den Dooren, 2009.

30 Según el Clarín del 24/5/01, Miguel Piccheto justificó "la mayoría de los delitos los cometen delincuentes reincidentes, por eso hay que ser duros con ellos. En su jerga, matar a un rati o a un poli, como les dicen en las villas, se premia con un ascenso en su escala social. Para ellos matar a un  miembro de una fuerza de seguridad es un valor en sí mismo.” Más o menos había dicho lo mismo el senador Bulacio, unos años antes al debatir la portación de arma de uso civil en delito: “... estamos fallando, ya que el 60 por ciento de los delitos son cometidos por reincidentes”. Las estadísticas oficiales (a las que tenían acceso, por supuesto) revelaban que desde 1998 hasta el 2002 el número de reincidentes condenados fue siempre similar, la tasa se mantuvo particularmente estable. No hubo en el sistema penal más reincidentes delincuentes en una época que en otra. Y por supuesto, los reincidentes, no eran responsables de “la mayoría”, ni de un 60%, tal como afirmaran científicamente los senadores, sino un cuarto (entre 23 y 24%)

31 Sobre este punto, principalmente, Garland, 2005. Sobre un caso concreto, por ejemplo, los intentos del gobierno actual por capitalizar en su favor estos reclamos contra la impunidad/inseguridad, véase Colombo, 2008.

32 En nuestra práctica penal la figura del encubrimiento es la que se imputa a alguien por estar en posesión de un objeto robado sin poder probar que esa persona fue quien lo robó. Otros delitos dentro de esta categoría legal, pero manifiestamente distintos, como fraudes a la administración pública ni siquiera llegan a producir un porcentaje de condenas registrable.

33 El resto de las condenas se reparten de la siguiente manera: 12,8% de las condenas es por delitos dolosos contra las personas (lesiones y homicidios); el 10, 07% por delitos contra las personas culposas, y otro 10% por delitos “previstos por leyes especiales” (por ejemplo, y principalmente, la ley de drogas, 23.737)

34 Todos los datos estadísticos de esta sección, salvo aclaración en contrario, son tomados de la Dirección Nacional de Política Criminal, Ministerio de Justicia de la Nación.

35 No es lo mismo, puesto que en nuestro país el 63% aproximadamente de los presos lo está preventivamente, es decir, sin condena (y esto es un récord de mínimo, pues la media histórica de las últimas décadas supera el 70%). Por ello, la verdadera fuerza punitiva se decide mayoritariamente antes de la condena, durante el procedimiento. Aquí se abre todo un nuevo espacio donde también se ejerce la arbitrariedad y que también está cruzado por numerosos factores y complejos procesos.

36 Este 97/99 % que no recibe condena, no quiere decir que no sea un conflicto manejado o administrado de cierta forma en el proceso penal. O es dejado prescribir (por el paso del tiempo), o resulta en un sobreseimiento, o en absolución, o se somete al imputado a una “suspensión del juicio a prueba” (trabajos comunitarios).

37 Fuente SNEEP (Sistema Nacional de Estadísticas de Establecimientos Penitenciarios), Ministerio de Justicia, 2003/2004

38 Fuente SNEEP (Sistema Nacional de Estadísticas de Establecimientos Penitenciarios), Ministerio de Justicia, 2003/2004.

39 Es casi imposible saber con certeza si ni llega incluso a 175 %000 porque el dato de los presos en comisarías en todo el país es prácticamente inaccesible. De forma muy conservadora, podemos establecer un mínimo de 6600 detenidos, y a su vez un también muy inaccesible número de menores de edad , entre quines se encuentran privados de libertad en instituciones cerradas alrededor de 2500, según estimaciones del Ministerio de Justicia. El cálculo se realiza siguiendo cifras de la población del INDEC estimando una población actual de 39.000.000 de habitantes y tomando en cuenta las estadísticas del SNEEP, a los que se agregan los datos estimativos de los presos en comisarías y jóvenes privados de libertad (sin tomar en cuenta los “menores tutelados” cuyas medidas restrictivas de libertad no significan permanencia forzada en institutos cerrados). De calcular estas otras medidas restricciones que implican cierto grado de restricciones o privación de libertad habría que sumar casi 18.000 jóvenes.

40 Una pregunta que debería inquietar al mundo jurídico penal ¿Qué ocurrirá con los esfuerzos constantes y trabajosos para impedir la adopción de la peligrosísima teoría del “Derecho Penal del Enemigo” (o sus parientes como el “derecho penal de dos velocidades” ) una vez que aceptamos que el principio de legalidad debe ceder a principios superiores de derecho internacional humanitario que obligan a una determinada persecución penal? ¿No es acaso la apertura de una puerta que lleva a un circuito muy peligroso que puede desembocar en la explosión de la punitividad?

Texto incorporado el: 2011/04/28. Revista de actualización permanente. Se recomienda citar: Apellido, Nombre. "Título del trabajo" en Revista electrónica Derecho Penal Online [en línea]. Disponible en: http://www.derechopenalonline.com

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