Código Procesal Penal de la Provincia de Río Negro: entre el sistema mixto y el acusatorio. Propuesta de reforma legislativa de “transición”

Por Adrián Fernando Zimmermann


I.- INTRODUCCIÓN:

Retomando lo que he sostenido en anterior oportunidad[1], ratifico que estoy absolutamente de acuerdo con que el Código Procesal Penal de Río Negro debe reformarse siguiendo el movimiento latinoamericano, contemplando -en general- “los siguientes ejes temáticos: rol de los diversos órganos que intervienen en el proceso penal; principio acusatorio: investigación a cargo del fiscal y jueces que cumplan estrictamente la jurisdiccional; simplificación del trámite; valorizar el juicio; mayor eficacia en persecución de los delitos y tutela de derechos y garantías individuales; distribución equitativa de los asuntos para superar la sobrecarga; reducción en los plazos de duración del proceso; mayor capacidad de investigación en delitos complejos o de alto impacto social; regulación de un procedimiento para asuntos especiales y complejos; mayor intervención de la víctima del delito; contemplar formas compositivas del conflicto penal; optimizar y racionalizar el empleo de los bienes y recursos, de los órganos e instituciones vinculados con la investigación y juzgamiento de delitos; extender la oralidad a todas las instancias del proceso y participación del ciudadano en el juzgamiento del delito.“[2]

Por eso, en esta oportunidad, bien podría escribir sobre las bondades del “sistema acusatorio” exigiendo-reclamando su instauración-aplicación.

Pero, nuevamente, considero que la diversidad de variables que se deben tener en cuenta para la reforma siguen haciendo aconsejable plantear una alternativa de “transición” que gradualmente y con fuerza nos lleve a la realización de aquél.

 

II.- DIVERSIDAD DE VARIABLES:

En mi anterior artículo de doctrina me explayé in extenso sobre éstas, a las cuales me remito para no fastidiar con su reiteración.-

Siguiendo ese orden de pensamiento, me gustaría agregar, brevemente, lo que afirmó el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia: “[… si] el Poder Legislativo y el Ejecutivo asignaran al Poder Judicial los fondos suficientes, en vez de detraerlos como en la última década, donde el promedio histórico del 6% (seis por ciento) del Presupuesto General, que correspondía al Poder Judicial, se redujo a sólo el 4% (cuatro) por ciento. Ello es así, a partir del año 2004, y en tal sentido cabe remitir a los fundamentos expuestos por este STJ al dictar la Acordada Nº 4/09.” [3]

Asimismo, considero de insoslayable mención –a título ilustrativo- el informe de avance de la Reforma Procesal Penal en Perú elaborado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA)[4], publicado en marzo de 2009, en especial cuando en el Capítulo II de la Introducción refiere los resultados de la implementación del nuevo CPP en Huara y La Libertad (v.gr.: dotación de recursos humanos necesarios –jueces, fiscales, defensores y personal de apoyo-; audiencias –cumplimiento de agendas y celeridad-; necesidades de capacitación; información presupuestal).

 

III.- PROPUESTA DE REFORMA DE TRANSICIÓN HACIA EL SISTEMA ACUSATORIO:

De conformidad con lo anterior, mientras se trabaja en la coordinada reforma integral del sistema penal en la provincia de Río Negro podríamos ingresar en una etapa de “transición” en la cual se lleven a la práctica aspectos sustanciales del sistema acusatorio.-

Y como entiendo necesaria dicha etapa de “transición” realicé un análisis del CPP vigente –texto consolidado- y de proyectos de CPP basados en el principio acusatorio en función del cual desarrollo una propuesta de reforma legislativa, que consiste en la actualización de la que presenté en el artículo de doctrina publicado en el año 2.008.-

No esbozo una reforma del sistema procesal, sino una corrección de “actividades procesales” sin modificar competencias, conformación de tribunales, incorporación de magistrados, funcionarios ni empleados, inmuebles, mobiliario, insumos, etc.-

Y lo primero que resalto es que si bien la investigación seguiría a cargo del juez de instrucción, éste encontraría limitadas sus actividades por los actos procesales que se exige cumplir al Ministerio Público Fiscal (MPF) y que no son más que los correspondientes a su función de acusador.-

En esta línea de ideas, con las modificaciones se pretende que el MPF cumpla una actividad procesal protagónica[5] similar al proyectado en los CPP de corte acusatorio.-

La realidad del CPP vigente nos muestra que el juez de instrucción traza la línea de la acusación, también es el que realiza la imputación (que luego será la acusación) cuando la causa se inició por prevención policial y no hay requerimiento fiscal de instrucción [6], por lo que, en definitiva, el “fiscal, luego de requerir el comienzo de la investigación formal del caso -requerimiento que se limita al hecho y no a los imputados-, habilita a este buen señor, paradigma de la aplicación imparcial de la ley, a perseguir a los habitantes que considere involucrados. Tras cumplir esta tarea requirente originaria -y en algunos casos sin ella- el fiscal puede, si lo desea, gozar de inmerecidas vacaciones, puesto que el diseño federal -similar al de la provincia de Río Negro- lo convierte en el convidado de piedra, al conceder la suma de las facultades persecutorias al tribunal. Durante la etapa del juicio y, con anterioridad, en su preparación, nuevamente las posibilidades del tribunal y, especialmente, el papel que el código expresamente le otorga, convierte al fiscal, en el mejor de los casos, en un partícipe secundario del procedimiento.” [7]

En este orden de ideas, con las modificaciones se lograrían los siguientes –en lo sustancial- cambios en el proceso penal:

a) que existiendo requerimiento de instrucción o no (esto último puede suceder cuando el proceso se inicia por prevención policial), el Agente fiscal deberá emitir motivado dictamen sobre: 1) el mérito para llamar a indagatoria[8] (vinculante para el Juez de Instrucción); 2) la descripción del hecho a imputar[9] (vinculante para el Juez de Instrucción); 3) la petición de prisión preventiva (también puede pedirla el querellante particular); 4) la producción de prueba; 5) la clausura de la instrucción (vinculante para el Juez de Instrucción).-

El Juez de Instrucción salva su responsabilidad funcional respecto de los dictámenes vinculantes (en cuanto está a cargo de la instrucción) dejando expresa constancia de su opinión contraria sobre pertinencia, utilidad y/o necesidad de determinados actos procesales para la etapa procesal, y sin perjuicio de controlar la debida motivación[10].-

b) en la aplicación de los criterios de oportunidad se precisa (respecto de los primeros cuatro supuestos) la oportunidad procesal hasta la cual se pueden aplicar. También se admite la posibilidad de aplicarlos a funcionarios públicos [11] [12].

c) se suprime la exigencia de resolver la situación procesal (procesamiento o falta de mérito) después de la declaración indagatoria.- A pedido del acusador podrá dictarse la prisión preventiva debiéndose merituar la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener razonablemente la participación del imputado en el hecho ilícito; el auto es impugnable.-

Queda también resguardado el derecho del imputado –en cuanto está ligado al proceso- al quedar vigente la posibilidad de solicitar el sobreseimiento en la etapa de instrucción por lo que el Juez –a los fines de resolver- deberá merituar la prueba, siendo el auto apelable.-

d) el Tribunal sólo resolverá la petición de prisión preventiva bajo los lineamientos de que su procedencia se debe fundar en la posible intención de fuga o entorpecimiento de la justicia[13].- El auto es impugnable.-

e) el Ministerio Público Fiscal, en cada intervención, deberá requerir todos los actos procesales correspondientes para el avance del estado procesal de la causa (ya sea a los fines de la instrucción –art. 185 CPP-, la aplicación de criterios de oportunidad, avanzar hacia la etapa intermedia, probation, juicio abreviado, etc.) como obligación inherente al ejercicio de la acción penal[14] y su incumplimiento será considerado falta grave.- También incumbe al Agente Fiscal que la instrucción se cumpla en el término del art. 198. [15]

El Juez de Instrucción, el Juez de Control y el Tribunal de Juicio merituarán el impulso oportuno, eficiente y necesario y pondrán en conocimiento de la Procuración General y del Superior Tribunal de Justicia cuando se observe un desempeño irregular o disfuncional[16].-

f) el sumario dejará de ser secreto para el imputado[17], sin perjuicio del “secreto de sumario” que pueda resolver el juez por determinadas circunstancias y un breve plazo.-

g) se fija una etapa intermedia a los fines del control de la acusación que estará a cargo de un Juez de Cámara cuya decisión podrá impugnarse por el recurso de reposición ante la Cámara en pleno.-

En esta intervención será competente la Cámara que resolvió en grado de apelación durante la instrucción, preservándose los jueces naturales de la otra Cámara o Sala para la etapa del juicio (de forma especial, para la primera, tercera y cuarta circunscripciones judiciales).-

h) en la etapa del juicio, las declaraciones testimoniales no podrán ser suplidas por la lectura de las recibidas durante la instrucción salvo aquéllas que se hubieran recibido conforme a las reglas de la prueba considerada definitiva e irreproducible.-

Se omitió la obligación de convocar siempre a los peritos, sin perjuicio de que así lo hagan las partes, manteniéndose el criterio del código vigente.-

i) para el trámite de apelación[18], se pone énfasis en que debe tramitarse por incidente pudiendo el Tribunal requerir el expediente principal cinco días antes de la audiencia debiendo devolverlo luego de resolver.-

j) la intervención de la víctima (como parte querellante[19] y sin constituirse como tal[20]) está previsto en el CPP vigente (arts. 74 y sgtes.), aún cuando se lo considere de forma mínima.-

k) las vías recursivas (reposición, apelación, casación y –sin perjuicio de la controversia doctrinaria sobre si es un recurso- revisión) seguirían rigiéndose por la regulación actual. [21]

l) se fija el procedimiento a seguir y la competencia por razón de la materia de los delitos de acción pública respecto de los cuales se dictó sentencia dejando subsistente sólo la acción privada del querellante particular.-

ll) en las diligencias del sumario que durante la etapa de instrucción se harán constar en actas. Al Juez no se le exige ser asistido por el Secretario. Tampoco a este último por otro funcionario en las nuevas facultades (conf. arts. 125 -inc. 5-, 442, 811 y ccdtes. de la ley P nº 4142). Se deja subsistente el requisito de dos testigos para las actuaciones que realiza la policía[22].

m) en algunos casos no se justifica la declaración en Cámara Gessel de los menores entre dieciséis (16) y dieciocho (18) años, ya sea por el tipo de delito mencionado en el art. 229, o por las características de la persona, del hecho o sobre lo que deba declarar.- Queda a criterio del magistrado, quien al fundar su decisión deberá tener presente –entre otras normas- el art. 68 de la ley D nº 4109.-

n) la suspensión del juicio a prueba sólo podrá solicitarse, bajo pena de caducidad, dentro de los cinco días siguientes de la declaración indagatoria[23]. El incidente se remitirá al tribunal competente y no se suspende la instrucción.- No se afectan derechos ni garantías ya que el encartado sólo podrá solicitar el beneficio después de la indagatoria (cuando hubiere motivos para sospechar que una persona ha participado en la comisión de un delito) y no existen presiones sobre el imputado que –en principio- estará en libertad.- Así se contribuye a la eficiencia real del sistema descongestionando la administración de justicia que se ve desbordada por el número de causas penales que llegan a su conocimiento.-

ñ) similar consideración corresponde hacer respecto de la oportunidad hasta cuando (cinco días siguientes de la declaración indagatoria) el Ministerio Público Fiscal puede aplicar un Criterio de Oportunidad.- Las facultades del uso de tales criterios reglados otorgadas al Ministerio Público Fiscal surgen por la necesidad del diseño de un sistema penal operativo, dado por la planificación de políticas de persecución que permitirían, como criterios políticos, liberar recursos antes aplicados indistintamente a casos diversos para concentrarlos en otros, según su complejidad o mayor repercusión pública.-

o) se me ocurre también un nuevo instituto procesal: el “juicio abreviado directo”: dentro de los tres días siguientes de la declaración indagatoria el MPF y el encartado, con la asistencia del defensor, podrán presentar al expediente un acuerdo en el cual el MPF aplica un criterio de oportunidad (prescindiendo parcialmente del ejercicio de la acción penal –art. 172) y –los antes mencionados- solicitan la realización de un “juicio abreviado” (art. 330).- El acuerdo deberá ser completo y contener todos los requisitos exigidos para aplicar un “criterio de oportunidad” y para el “juicio abreviado”[24].-

De lo anterior quiero resaltar que sólo para los determinados supuestos reglados el no-ejercicio de la acción es siempre una atribución del Ministerio Público Fiscal y la opción a favor será válida en la medida en que quede comprendida en el catálogo permitido por el legislador (conf. STJRN SP Se. 7/2008).-

Además, mutatis mutandi, la extensión del control al acuerdo de “juicio abreviado” propuesto “no va en desmedro de las reformas implementadas al código ritual, pues el cercenamiento parcial de las funciones jurisdiccionales de los tribunales de juicio no alcanza a fulminar desde tal óptica su validez constitucional por el carácter no vinculante del acuerdo […] Además de ello, inicialmente el instituto en tratamiento ‘...es un verdadero juicio, en el que se abrevia la producción de la prueba por razones de economía procesal y celeridad, evitando el debate cuando las partes se ponen de acuerdo respecto de la claridad y suficiencia de la producida durante la etapa instructoria […]’, con lo que el acuerdo sobre la pena no sería relevante para el funcionamiento del instituto, de lo que se deduce la posibilidad de controvertirlo en dicho ítem.- […] Por último, este control tampoco va en desmedro del sistema acusatorio, en tanto la "transacción" respecto del monto de la pena y su modalidad de ejecución no se identifica con él. "Intentar encontrar en la transacción un elemento que torne a los procesos en 'acusatorios' es, como se dijo antes, tergiversar el proceso acusatorio romano y el proceso acusatorio teórico, siendo este último el que nos rige. A su vez argumentar que la exigencia de juicio previo representa en un caso puntual una interpretación constitucional 'perversa' toda vez que el imputado con el acuerdo se encuentra beneficiado, es por cierto una confusión teórica respecto de dos puntos fundamentales. El primero de ellos es que el imputado no tiene un 'derecho' a una pena determinada, por el contrario y como consecuencia de la legalidad penal el imputado tiene solamente derecho a la aplicación de una pena que responda al marco legal aplicable, razón por la cual jamás puede considerarse un derecho que se imponga una pena menor de aquella que normativamente se le debe imponer... El segundo punto a considerar es que las instituciones jurídicas, y entre ellas el juicio, son conquistas que el Estado de derecho liberal ha conseguido frente al absolutismo del Estado que monopoliza el uso de la fuerza. Lo 'perverso' es por cierto, considerar que los límites al poder de represión del Estado constituyen perjuicios al imputado amenazado de pena, y si en un eventual caso concretamente representara un beneficio, no será más que por la circunstancia de un Estado que se ha excedido de los límites que tiene constitucionalmente impuestos" […] Por las razones que anteceden, entiendo que se encuentra dentro de las atribuciones del juzgador analizar el monto de la pena y su modalidad de ejecución en el acuerdo celebrado entre el Ministerio Público Fiscal y el imputado para la realización del juicio abreviado.” (STJRN SP Se. 177/2005).-

 

En definitiva, el lector observará que las sustanciales propuestas siguen los lineamientos de los proyectos que suscriben al sistema acusatorio y que aquí sólo se compatibilizan con el CPP vigente para intentar una “transición” sin afectación de la actual organización del Poder Judicial (jurisdiccional y ministerios públicos) ni incorporación de magistrados, funcionarios ni empleados que seguirán desarrollando sus funciones en los ámbitos y condiciones establecidas al igual que el resto de los operadores del sistema.-

Lo anterior implica necesariamente dejar de lado -por inoficiosa- toda discusión sobre el modelo o el por qué del cambio, introduciéndome de lleno en una propuesta de reforma de “transición” hacia la implementación del único modelo posible o practicable –al menos hasta el momento- en un estado democrático de derecho.-

Sin mayores comentarios, paso a mencionar la propuesta de reformas a la ley Provincial P nº 2107, Código Procesal Penal de la Provincia de Río Negro [25]:

 

1.- Sustitúyase el artículo 21 por el siguiente texto:

Competencia del Juez de Instrucción y en lo Correccional.

Artículo 21: El Juez de Instrucción investiga los delitos de competencia criminal y correccional, según las reglas establecidas en este Código.

El Juez en lo Correccional juzga según las reglas establecidas en este Código:

1. En los delitos reprimidos con pena no privativa de la libertad.

2. En los delitos reprimidos con pena privativa de la libertad cuyo máximo no exceda de tres (3) años según la acusación del Agente Fiscal del artículo 319 y sin límite por la acusación del querellante particular.-

3. En grado de apelación en las resoluciones sobre faltas o contravenciones y de queja  por denegación de este recurso.

4. En los delitos tipificados en los artículos 84, 163 inciso 1), 164 y 302 del Código Penal.

 

2.- Sustitúyase el artículo 22 por el siguiente texto:

Determinación de competencia.

Artículo 22: Para determinar la competencia se relacionará la acusación del Agente Fiscal del artículo 319 con la pena establecida por la ley para el delito consumado y las circunstancias agravantes de calificación. La acumulación de penas por concurso de delitos de la misma competencia, no será tenida en cuenta a estos efectos.

Cuando la ley reprima el delito con varias clases de pena, se tendrá en cuenta la cualitativamente más grave.-

Los delitos de acción pública respecto de los cuales se dictó sentencia dejando subsistente sólo la acción privada del querellante particular se juzgarán por el tramite del Capítulo III del Título II del Libro Tercero.- Para determinar la competencia se relacionará la acusación del querellante particular del artículo 319 y demás pautas del primer párrafo del presente.-

 

3.- Modifíquese en el art. 34: cuando dice “352” debe decir “325”.-

 

4.- Suprímase en el artículo 37: el último párrafo.-

 

5.- Sustitúyase el artículo 54 por el siguiente texto:

Función. Informe sobre el ejercicio de la acción penal.

Artículo 54: El Ministerio Fiscal promoverá y ejercerá la acción penal en la forma establecida por la ley.

En cada intervención deberá requerir todos los actos procesales correspondientes para el avance del estado procesal de la causa como obligación inherente al ejercicio de la acción penal.-

El Juez de Instrucción, cuando se resuelva un sobreseimiento, archivo o reserva de las actuaciones, el Juez de Control, previo a remitir la causa para continuar con el trámite correspondiente, y el Tribunal de Juicio, luego de dictada la sentencia definitiva del artículo 430, resolverán motivadamente en el término de un (1) día sobre el cumplimiento del término del artículo 192 y la actividad en el ejercicio de la acción penal, lo que se pondrá en conocimiento de la Procuración General y del Superior Tribunal de Justicia cuando se observe un desempeño irregular o disfuncional que se considerará falta grave.-

 

6.- Sustitúyase el artículo 93 por el siguiente texto:

Juramento

Artículo 93.- Cuando se requiera la prestación de juramento, éste será recibido según corresponda, por el Juez, por el Presidente del Tribunal, por el Secretario o por el representante Fiscal bajo pena de nulidad, de acuerdo con las creencias del que lo preste, quien de pie, será instruido de las penas correspondientes al delito de falso testimonio.

 

7.- Sustitúyase el artículo 94 por el siguiente texto:

Oralidad

Artículo 94.- El que debe declarar en el proceso lo hará de viva voz y sin consultar notas o documentos, salvo que el magistrado o funcionario lo autorice para ello, si así lo exigiere la naturaleza de los hechos.

En primer término el declarante será invitado a manifestar cuanto conozca sobre el asunto de que se trate, y después, si fuere necesario, se lo interrogará. Las preguntas que se formulen no serán capciosas ni sugestivas.

Cuando se proceda por escrito, se consignarán las preguntas y las respuestas.

 

8.- Sustitúyase el artículo 113 por el siguiente texto:

Regla general

Artículo 113.- Cuando el funcionario público que intervenga en el proceso deba dar fe de los actos realizados por él o cumplidos en su presencia, labrará un acta en la forma prescripta por las disposiciones de este capítulo. A tal efecto, los funcionarios de policía, en los casos del artículo 165, inciso 4 y Capítulo II del Título III del Libro Segundo de este código, serán asistidos por dos testigos que podrán pertenecer a la misma repartición en casos de suma urgencia.

 

9.- Sustitúyase el artículo 115 por el siguiente texto:

Nulidad

Artículo 115.- El acta será nula si falta la indicación de la fecha, o la firma del magistrado o funcionario, o la de los testigos de actuación, o la información prevista en la última parte del artículo anterior.

Asimismo son nulas las enmiendas, interlineados o sobrerraspados efectuados en el acta y no salvados al final de la misma.

 

10.- Agréguese al artículo 117 el siguiente inciso:

            3. Tomar las declaraciones testimoniales que ordene el Juez de Instrucción, salvo la prevista en el artículo 229.-

 

11.- Sustitúyase el artículo 172 por el siguiente texto:

Criterios de oportunidad

Artículo 172.- El Agente Fiscal podrá prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal o limitarla a alguna de las personas que intervinieron en el hecho, de oficio o a petición de parte, siempre previa audiencia de la víctima, en los casos siguientes:

            1º… 2º… 3º…4º…5º…6º…7º…

No corresponderá la aplicación de un criterio de oportunidad si el delito cometido por un funcionario público, en el ejercicio de su cargo o por razón de él, afecta el interés general o la natural credibilidad que debe tener el pueblo en sus gobernantes.

Los primeros cuatro supuestos sólo se podrán aplicar hasta el quinto día siguiente de la declaración indagatoria.-

 

12.- Sustitúyase el artículo 189 por el siguiente texto:

Carácter de las actuaciones.

Artículo 189: El sumario será público para las partes y sus Defensores que lo podrán examinar, pero el Juez podrá ordenar el secreto por resolución fundada, siempre que la publicidad ponga en peligro el descubrimiento de la verdad, exceptuándose los actos definitivos e irreproducibles, que nunca serán secretos para aquéllos.

La reserva no podrá durar más de diez (10) días y se dispondrá motivadamente sólo cuando la gravedad del hecho o la dificultad de la investigación lo exijan. Por excepcional circunstancia se podrá prolongar hasta por otro tanto.-

El sumario será secreto para los extraños salvo las excepciones que el Tribunal podrá autorizar, cuando exista fehacientemente un interés legítimo y en la medida que ello no interfiera la normalidad del trámite.

 

13.- Sustitúyase el artículo 192 por el siguiente texto:

Duración.  Prórroga.

Artículo 192: La instrucción deberá practicarse en el término de cuatro (4) meses a contar de la indagatoria. Si el mismo resultare insuficiente, a requerimiento del Agente Fiscal el Juez solicitará prórroga a la Cámara en lo Criminal, la que podrá acordarla hasta por otro tanto, según las causas de la demora y la naturaleza de la investigación.

Sin embargo, en los casos de suma gravedad y de muy difícil investigación, la prórroga acordada podrá exceder excepcionalmente de dicho plazo. Vencido dicho plazo, si no hubiere mérito para elevar la causa a juicio, el sobreseimiento será obligatorio.

 

14.- Sustitúyase el artículo 193 por el siguiente texto:

Actuaciones

Artículo 193.- Las diligencias del sumario se harán constar en actas que el Juez y/o el Secretario extenderán y que este último compilará conforme a lo dispuesto en el Capítulo IV, Título V del Libro I.

 

15.- Sustitúyase el artículo 217 por el siguiente texto:

Deber de indagar

Artículo 217.- Se interrogará a toda persona que conozca los hechos investigados, cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad.

 

16.- Sustitúyase el artículo 221 por el siguiente texto:

Facultad de abstención

Artículo 221.- Podrán abstenerse de testificar en contra del imputado sus parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, excluidos los enumerados en el artículo anterior, sus tutores y pupilos, a menos que el testigo fuere denunciante, querellante particular o que el delito aparezca ejecutado en su perjuicio o contra un pariente suyo de grado igual o más próximo al que lo liga con el imputado.

Antes de iniciarse la declaración y bajo pena de nulidad, se advertirá a dichas personas que gozan de esa facultad, de lo que dejará constancia.

 

17.- Sustitúyase el artículo 227 por el siguiente texto:

Forma de declaración

Artículo 227.- Antes de comenzar la declaración, el testigo debe ser instruido acerca de la pena de falso testimonio y debe prestar juramento de decir verdad, con excepción de los menores de dieciséis (16) años y de los condenados como partícipes del delito que se investiga o de otro conexo. El magistrado o funcionario debe interrogar separadamente a cada testigo requiriendo a su nombre, apellido, estado, edad, profesión, domicilio, vínculos de parentesco y de interés con las partes y cualquier otra circunstancia que sirva para apreciar la verdad.

Después de ello lo debe interrogar sobre el hecho de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 94. Para cada declaración se debe labrar un acta con arreglo a los artículos 113 y 114.

 

18.- Sustitúyase el artículo 229 por el siguiente texto:

Menores de dieciséis (16) años

Artículo 229.- Cuando se trate de víctimas o testigos de los delitos tipificados en el Código Penal, Libro Segundo, Título I, Capítulos I, II, III y IV y Título III, que a la fecha en que se requiera su comparencia no hayan cumplido los dieciséis (16) años de edad, se debe seguir el siguiente procedimiento:

a)        Los menores aludidos sólo deben ser entrevistados por un psicólogo o médico psiquiatra especialistas en niños y/o adolescentes designados por el juez que ordene la medida, no pudiendo en ningún caso ser interrogados en forma directa en sede policial o por el Juez, el tribunal o las partes.

b)        El acto se debe llevar a cabo en un gabinete acondicionado con los implementos adecuados a la edad y etapa evolutiva del menor.

c)         En el plazo que el Juez disponga, el profesional actuante debe elevar un informe detallado con las conclusiones a las que arribe.

d)        A pedido de parte o si el Juez lo dispusiera de oficio, las alternativas del acto serán seguidas desde el exterior del recinto a través de vidrio espejado, micrófono, equipo de video o cualquier otro medio técnico con que se cuente.

En ese caso, previo a la iniciación del acto, el Juez debe hacer saber al profesional a cargo de la entrevista las inquietudes propuestas por las partes, así como las que surgieren durante el transcurso del acto, las que deben ser canalizadas teniendo en cuenta las características del hecho y el estado emocional del menor.

e)        Del acto mencionado en el inciso d) se dejará constancia en soporte audiovisual. A dicho soporte tendrán acceso exclusivo las partes y será exhibido como prueba siempre velando por el interés superior del menor.

Cuando se trate de actos de reconocimiento de lugares y/o cosas, el menor debe ser acompañado por el profesional que designe el Juez, no pudiendo en ningún caso estar presente el imputado.

 

19.- Sustitúyase el artículo 230 por el siguiente texto:

Menores entre dieciséis (16) y dieciocho (18) años

Artículo 230.- Cuando se trate de víctimas o testigos previstos en el artículo 229, que a la fecha de ser requerida su comparencia hayan cumplido dieciséis (16) años de edad y no hubieren cumplido los dieciocho (18) años, prestarán juramento previo al acto.

Se deberá seguir el procedimiento del artículo anterior, salvo decreto fundado del Tribunal.-

 

20.- Sustitúyase el artículo 232 por el siguiente texto:

Falso testimonio

Artículo 232.- Si un testigo incurriere presumiblemente en falso testimonio, se ordenarán las copias pertinentes y se las remitirá al Agente Fiscal competente, sin perjuicio de poder ordenarse su detención.

 

21.- Sustitúyase el artículo 269 por el siguiente texto:

Procedencia y término. Acusación. Acusación alternativa. Ampliación de la acusación. Querellante particular.-

Artículo 269: Cuando hubiere motivos para sospechar que una persona ha participado en la comisión de un delito, el Juez correrá vista al Agente Fiscal por el término de tres (3) días o por veinticuatro (24) horas si estuviere detenida, quien al expedirse manifestará:

1º) que considera prematuro llamar a indagatoria solicitando las diligencias que considera necesarias; o

2º) que corresponde dictar el sobreseimiento; o

3º) que estima que la investigación proporciona fundamento para citar a prestar declaración indagatoria al imputado, debiendo precisar:

a) los datos que sirvan para identificar al imputado y, en caso de que haya sido designado su defensor con anterioridad, su nombre y domicilio;

b) la relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que atribuye al imputado; en caso de contener varios hechos punibles independientes, la separación y el detalle de cada uno de ellos;

c) los fundamentos sintéticos de la imputación;

d) la expresión precisa de los preceptos jurídicos aplicables;

Podrá indicar alternativamente aquellas circunstancias del hecho que permiten encuadrar el comportamiento del imputado en una figura distinta de la ley penal, para el caso de que no resultaren demostrados en el debate los elementos que componen su calificación jurídica principal. La misma facultad tendrá la parte querellante.

El dictamen fiscal será notificado al querellante particular quien podrá manifestarse con observancia de los requisitos de los incisos 1º), 2º) o 3º) precedentes, o adherir a la acusación del fiscal, en el término de tres (3) días.-

Si la persona estuviere detenida, se procederá a interrogarla a más tardar en el término de cuarenta y ocho horas (48) horas desde que fue puesta a su disposición, o se dispondrá su libertad.-

Cuando hubiere motivos para citar a una ampliación de indagatoria se deberá aplicar éste artículo.-

 

22.- Incorpórese como artículo 269 bis, la siguiente redacción:

Proposición de diligencias. Sobreseimiento: petición, trámite y resolución.

Artículo 269 bis: Si el Agente Fiscal solicitare diligencias probatorias el Juez las practicará dejando constancia, en su caso, de que no las considera indispensables ni útiles. Las pedidas por el querellante particular las practicará sólo si fueran estrictamente indispensables y útiles.

Si requiere el sobreseimiento, y no existiere oposición de la víctima, el Juez, si estuviere de acuerdo, lo dictará.

Si el Juez no estuviere de acuerdo remitirá el proceso por decreto fundado al Fiscal de Cámara, quien dictaminará en el término de cinco (5) días.- El dictamen será obligatorio y el Juez, según el mismo, dictará el sobreseimiento o correrá vista al Agente Fiscal que siga por orden de turno.-

Si el Fiscal de Cámara concuerda con el Agente Fiscal y existiera oposición de la víctima, la decisión no impedirá la persecución del hecho por medio de la acción privada.-

 

23.- Sustitúyase el artículo 273 por el siguiente texto:

Requisitos de la Intimación al Imputado.

Artículo 273: Terminado el interrogatorio de identificación, el Juez informará al imputado los hechos que le imputa el Ministerio Público Fiscal referencia al art. 269 inc. 3º y las pruebas existentes en su contra, y que puede abstenerse de declarar sin que su silencio implique una presunción de culpabilidad. Si el imputado se negare a declarar, ello se hará constar en el Acta. Si rehusara suscribirla, se consignará el motivo. El hecho objeto de la intimación se mencionará en el acta bajo sanción de nulidad.-

 

24.- Incorpórese como artículo 278 bis, la siguiente redacción:

Juicio abreviado directo

Artículo 278 bis.- Dentro de los cinco días siguientes de la declaración indagatoria, el Agente Fiscal y el encartado, con la asistencia de su defensor, podrán presentar al expediente un acuerdo donde el primero aplica un criterio de oportunidad prescindiendo parcialmente del ejercicio de la acción penal, y los tres solicitan la realización de un juicio abreviado.-

El acuerdo deberá ser completo y contener todos los requisitos exigidos para la aplicación de un criterio de oportunidad y para la realización de un juicio abreviado.-

Observadas las condiciones de admisibilidad formal, el Juez de Instrucción formará y remitirá el incidente al Tribunal de juicio competente.-

 

25.- Sustitúyase el artículo 279 por el siguiente texto:

Evacuación de citas.

Artículo 279: El Juez deberá investigar todos los hechos y circunstancias pertinentes y útiles para la etapa de instrucción referencia al Libro Segundo a que se hubiera referido el imputado.-

 

26.- Sustitúyase el nombre del Capitulo III del Título IV del Libro Segundo, por el siguiente texto:

“MEDIDAS DE COERCIÓN”

 

27.- Sustitúyase el artículo 281 por el siguiente texto:

Principio general

Artículo 281. Las únicas medidas de coerción posibles en contra del imputado son las que este Código autoriza; tendrán carácter de excepcionales y serán proporcionadas a la pena o medida de seguridad y corrección que se espera del procedimiento, con estricta sujeción a las disposiciones pertinentes.

 

28.- Sustitúyase el artículo 282 por el siguiente texto:

Finalidad y alcance de las medidas de coerción

Artículo 282. La libertad personal y los demás derechos y garantías reconocidos a toda persona por la Constitución de la Nación, por los tratados celebrados por el Estado y por la Constitución de la Provincia, sólo podrán ser restringidos cuando fuere absolutamente indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del procedimiento y la aplicación de la ley.

Exigen una resolución judicial, serán autorizadas por decisión fundada y sólo durarán mientras subsista la necesidad de su aplicación.

 

29.- Sustitúyase el artículo 283 por el siguiente texto:

Presentación espontánea

Artículo 283. Quien considere que pudiere haber sido imputado en un procedimiento penal podrá presentarse ante el juez penal, pidiendo ser escuchado.

 

30.- Sustitúyase el artículo 284 por el siguiente texto:

Medidas urgentes. preservación de cosas y lugares. Arresto

Artículo 284. Cuando en el primer momento después de la comisión de un hecho punible no fuere posible individualizar al autor, a los partícipes y a los testigos, y se deba proceder con urgencia para no perjudicar la averiguación de la verdad, la autoridad que dirija el procedimiento podrá disponer que los presentes no se alejen del lugar, ni se comuniquen entre sí antes de informar, ni se modifique el estado de las cosas y de los lugares, disponiendo las medidas que la situación requiera, y, si fuere necesario, también el arresto de todos ellos. La detención no podrá durar más de veinticuatro horas para llevar a cabo medidas urgentes y un interrogatorio sumario de las personas presentes, debiendo ponerse a las personas privadas de su libertad inmediatamente a disposición del juez penal con los antecedentes del caso.

Las personas a cargo de un lugar cerrado o factible de ser cerrado y los conductores de vehículos o medios de trasporte están autorizados a hacer uso de la misma facultad en los casos correspondientes, pero deberán requerir de inmediato la presencia de alguna autoridad policial, fiscal o juez penal, quien, en adelante, se hará cargo del procedimiento.

 

31.- Sustitúyase el artículo 285 por el siguiente texto:

Citación

Artículo 285. La comparecencia del imputado se dispondrá por simple citación, salvo los casos de flagrancia y lo previsto en el artículo siguiente.-

Si el citado no se presentare en el término que se le fije, ni justificara un impedimento legítimo se ordenará su detención.-

 

32.- Sustitúyase el artículo 286 por el siguiente texto:

Aprehensión policial y privada

Artículo 286. En los delitos de acción pública, la policía debe aprehender:

1º) Al que intentare un delito, en el momento de disponerse a cometerlo; o inmediatamente después del hecho, con el fin de evitar la consumación del hecho punible o que él produzca consecuencias ulteriores.

2º) Al que fugare estando legalmente detenido.

3º) A quien sea sorprendido en flagrancia en la comisión de un delito de acción pública reprimido con pena privativa de la libertad.

También podrá aprehender a una persona para conservar elementos de prueba; y contra la cual haya indicios vehementes de culpabilidad, salvo que sea menor de dieciséis (16) años, siempre que sus antecedentes hagan presumir que no obedecerá la orden de citación y aparezca procedente la prisión preventiva.

En los delitos que dependen de instancia privada rige el mismo deber por denuncia o pedido de socorro de la víctima, incluso en forma verbal, o para evitar la consumación o consecuencias ulteriores.

Cumplida la aprehensión, los funcionarios policiales deben, inmediatamente, poner al aprehendido y los antecedentes del caso a disposición del juez penal o en su defecto, a la autoridad judicial más próxima.

En los mismos casos y con el mismo objeto, cualquier persona está autorizada a practicar la aprehensión, pero debe entregar al aprehendido inmediatamente a la policía, al fiscal o a la autoridad judicial más próxima.

El fiscal podrá ordenar su libertad cuando en los casos antes señalados resulte innecesario mantener la detención

El fiscal puede ordenar la aprehensión del imputado, cuando estimare que concurren los presupuestos para dictar la prisión preventiva y que resulta necesario su encarcelamiento, debiendo poner al aprehendido y los antecedentes del caso a disposición del juez penal.-

 

33.- Sustitúyase el artículo 287 por el siguiente texto:

Flagrancia

Artículo 287. Se considera que hay flagrancia cuando el autor del hecho es sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después, o mientras es perseguido por la fuerza pública, por la víctima o el clamor público; o mientras tiene objetos o presenta rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar en un delito.

 

34.- Sustitúyase el artículo 288 por el siguiente texto:

Prisión preventiva

Artículo 288. Se podrá ordenar la prisión cuando medien los siguientes presupuestos:

1) la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener, razonablemente, que el imputado es, con probabilidad, autor de un hecho punible o partícipe en él; y

2) la existencia de una presunción razonable, por apreciación de las circunstancias del caso particular, de que el imputado no se someterá al procedimiento (peligro de fuga) u obstaculizará la averiguación de la verdad (peligro de entorpecimiento).

No se podrá ordenar la prisión preventiva cuando se impute un hecho punible que no tenga prevista pena privativa de libertad o cuando, en el caso concreto, no se espere una pena privativa de libertad que deba ejecutarse. En estos casos, sólo podrán ser aplicadas, bajo los mismos presupuestos, las medidas previstas en los incisos 3 a 7 del artículo 294.

Tampoco se aplicará la prisión preventiva en los delitos de acción privada y excepcionalmente procede la prisión, a pedido del acusador, para hacer comparecer al imputado a las audiencias del juicio en las que sea necesaria su presencia, cuando él no comparezca a ellas, o cuando, ostensiblemente, obstaculice la determinación de la verdad; aun en estos casos, son preferibles las medidas alternativas antes nombradas.

 

35.- Sustitúyase el artículo 289 por el siguiente texto:

Peligro de fuga

Artículo 289. Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrá en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:

1) arraigo, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo, y las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto;

2) la característica del hecho y la pena que se espera como resultado del procedimiento;

3) la importancia del daño y la actitud que el imputado adopte, voluntariamente, frente a él y a su víctima eventual; y

4) el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida en que indique su voluntad de someterse a la persecución penal.

El juez ponderará el número de delitos que se le imputaren, el carácter de los mismos, la existencia de procesos pendientes, el hecho de encontrarse sujeto a alguna medida cautelar personal, la existencia de condenas anteriores y la alta probabilidad de que el imputado se vincule a otro u otros procedimientos en la misma calidad.

La inexactitud del imputado al denunciar su domicilio real será considerada como indicio de fuga.

 


36.- Sustitúyase el artículo 290 por el siguiente texto:

Peligro de entorpecimiento

Artículo 290. Para decidir acerca del peligro de entorpecimiento para la averiguación de la verdad, se tendrá en cuenta, especialmente, la sospecha de que el imputado:

1) destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba; o

2) influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente; o

3) inducirá a otros a realizar tales comportamientos; o

4) persistiera en su accionar respecto de la víctima.

 

37.- Sustitúyase el artículo 291 por el siguiente texto:

Competencia, procedimiento, forma y contenido de la decisión

Artículo 291. 1) La decisión que ordena una medida de coerción será dictada por el juez penal a pedido de alguna de las partes.-

El juez podrá disponer una previa audiencia en la que se permitirá al fiscal y a la víctima fundar sus requerimientos y, eventualmente, demostrar su necesidad, en presencia del imputado y de su defensor, quienes también serán oídos. Si fuera necesario recibir prueba, el juez ordenará producirla en la audiencia y podrá prorrogarla para el día siguiente con el fin de lograr la asistencia del defensor o la incorporación de medios de prueba. Si el defensor no compareciere, se lo reemplazará por un defensor de oficio hasta que concurra.

2) Durante el debate será competente el tribunal que interviene en él o el juez que lo preside, en caso de integración unipersonal.

3) La decisión deberá contener:

a) los datos personales del imputado o, si son ignorados, aquellos que sirvan para identificarlo;

b) una enunciación sucinta del hecho punible que se le atribuye;

c) los fundamentos de cada uno de los presupuestos que la motivan; y

d) el dispositivo, con cita de las disposiciones penales aplicables.-

 

38.- Sustitúyase el artículo 292 por el siguiente texto:

Comunicación

Artículo 292. Cuando el imputado fuere aprehendido, será informado acerca del hecho que se le atribuye y de la autoridad que ha ordenado su detención o a cuya disposición será consignado.

 

39.- Sustitúyase el artículo 293 por el siguiente texto:

Cesación del encarcelamiento

Artículo 293. La privación de la libertad finalizará:

1) cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no subsisten los motivos que fundaron el encarcelamiento o tornen posible su sustitución por otra medida; o

2) cuando su duración supere o equivalga a la condena que se espera, por consideración, incluso, de la posible aplicación de reglas penales referidas a la remisión de la pena o a la libertad anticipada.

 

40.- Sustitúyase el artículo 294 por el siguiente texto:

Medidas de coerción

Artículo 294. Siempre que el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad pueda ser evitado razonablemente por aplicación de una medida menos grave para el imputado que su encarcelamiento, quien decida, aun de oficio, preferirá imponerle con sustento en las constancias del proceso o en las pruebas ofrecidas por las partes que se consideren pertinentes y útiles para ser ordenadas, en lugar de la prisión, alguna de las alternativas siguientes:

1) el arresto domiciliario, en su propio domicilio o en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que se disponga;

2) la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, que informará periódicamente sobre el sometimiento del imputado al proceso;

3) la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad que se designe;

4) la prohibición de salir del país, de la localidad en la cual él reside o del ámbito territorial que se fije, sin autorización previa;

5) la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares;

6) la prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afecte el derecho de defensa; y

7) la prestación de una caución económica adecuada, por el propio imputado o por otra persona, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, embargo o entrega de bienes, o la fianza de una o más personas capaces y solventes.

Se podrá imponer una sola de estas alternativas o combinar varias de ellas, según resulte adecuado al caso, y se ordenarán las medidas y las comunicaciones necesarias para garantizar su cumplimiento. En ningún caso estas medidas serán utilizadas desnaturalizando su finalidad o serán impuestas medidas cuyo cumplimiento fuere imposible por parte del imputado; en especial, no se impondrá una caución económica o no se determinará su importe fuera de lo posible, cuando el estado de pobreza o la carencia de medios del imputado tornen imposible la prestación de la caución.

Se podrá también prescindir de toda medida de coerción, cuando la simple promesa del imputado de someterse al procedimiento baste para eliminar el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad.

 

41.- Sustitúyase el artículo 295 por el siguiente texto:

Acta

Artículo 295. Antes de ejecutar cualquiera de estas medidas, se labrará acta, en la cual constará:

1) la notificación al imputado;

2) la identificación de las personas que intervengan en la ejecución de la medida y la aceptación de la función o de la obligación que les ha sido asignada;

3) el domicilio real que denuncien todos ellos, con indicación de las circunstancias que pudieren imponerle al imputado la ausencia de él por más de un día; y

4) la promesa formal del imputado de presentarse cuando sea citado.

En el acta constará también la instrucción a todos sobre las consecuencias de la incomparecencia del imputado.

 

42.- Sustitúyase el artículo 296 por el siguiente texto:

Cauciones

Artículo 296. El tribunal, cuando corresponda, fijará el importe y la clase de la caución, y decidirá sobre la idoneidad del fiador, según libre apreciación de las circunstancias del caso y atendiendo siempre a la finalidad descripta en el artículo 294.

A pedido del fiscal o de la víctima, el fiador justificará su solvencia.

Cuando la caución fuere prestada por otra persona, ella asumirá solidariamente con el imputado la obligación de pagar, sin beneficio de excusión, la suma que el tribunal haya fijado.

El imputado y el fiador podrán sustituir la caución por otra equivalente, con autorización del tribunal debiendo concederse oportunidad de manifestarse al fiscal y a la víctima.

 

43.- Sustitúyase el artículo 297 por el siguiente texto:

Ejecución de las cauciones

Artículo 297. En los casos de rebeldía o cuando el imputado se sustrajere a la ejecución de la pena, se fijará un plazo no menor de cinco días para que comparezca o comience a cumplir la condena impuesta. De ello se notificará al imputado y al fiador, advirtiéndoles que, si aquél no comparece, o no comienza a cumplir la condena impuesta, o no justifica que está impedido por fuerza mayor, la caución se ejecutará al término del plazo.

Vencido el plazo, el tribunal obtendrá testimonio o copias certificadas de las partes pertinentes de la causa y las remitirá al Juzgado en lo Civil, Comercial y de Minería que por turno corresponda junto con los bienes que tuviere en concepto de caución.

Recepcionadas las actuaciones por el Juez, se dará vista a la Fiscalía de Estado para que tome la intervención que corresponda e impulse el proceso. A su pedido, se dispondrá la venta de los bienes del imputado y del fiador por intermedio de una institución bancaria o en subasta pública mediante martillero público designado por sorteo.

Los recaudos para la realización de la subasta y la inscripción registral de los bienes, cuando correspondiere, serán los previstos en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia.

Los fondos obtenidos se depositarán en una cuenta judicial a nombre del Tribunal y como perteneciente a los autos, que luego será transferida a una cuenta de la institución de ayuda pospenitenciaria local.

 

44.- Sustitúyase el artículo 298 por el siguiente texto:

Cancelación

Artículo 298. La caución será cancelada y devueltos los bienes afectados a la garantía, siempre que no hubieren sido ejecutados con anterioridad:

1) cuando el imputado fuere oportunamente constituido en prisión;

2) cuando se revoque la decisión de constituir cauciones, sean o no sean reemplazadas por otra medida;

3) cuando, por decisión firme, se absuelva o se sobresea al imputado;

4) cuando comience la ejecución de la pena privativa de libertad o ella no deba ejecutarse; y

5) con el pago íntegro de la multa, cuando no haya sido condenado a pena privativa de libertad, o cuando sea condenado sólo a la pena de inhabilitación.

 

45.- Sustitúyase el artículo 299 por el siguiente texto:

Tratamiento

Artículo 299. El encarcelado preventivamente será alojado en establecimientos especiales, diferentes de los que son utilizados para los condenados a pena privativa de libertad, o, al menos, en lugares absolutamente separados de los dispuestos para estos últimos, y tratado en todo momento como inocente que sufre la prisión con el único fin de asegurar el desarrollo correcto del procedimiento penal.

El juez que autorizó el encarcelamiento controlará el respeto de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones impuestas por las reglas del régimen establecido. Podrá delegar esta atribución en un tribunal competente territorialmente en el lugar donde se halle el establecimiento carcelario. Excepcionalmente, podrán conceder permisos de salida, por un tiempo limitado, siempre que aseguren convenientemente que esa medida no facilitará la fuga del imputado o entorpecerá la averiguación de la verdad.

Toda restricción que la autoridad encargada de la custodia imponga a los derechos concedidos al imputado, deberá ser comunicada inmediatamente al juez, con sus fundamentos, y éste la autorizará o revocará, según el caso.

El condenado que cumpla pena privativa de libertad y simultáneamente esté sometido a prisión preventiva, seguirá el régimen que impone su condena y será trasladado al establecimiento que correspondiere, cercano al lugar donde se tramita el procedimiento, en lo posible. El juez podrá disponer que, por tiempo limitado, se lo mantenga en otro establecimiento.

 

46.- Incorpórese como artículo 299 bis, la siguiente redacción:

Carácter de las decisiones

Artículo 299 bis. La decisión que imponga una medida de coerción o la rechace es revocable o reformable durante el transcurso del proceso. La revocación del rechazo de una medida de coerción o la reforma de una decisión que la impone, perjudicial para la situación del imputado, deberá ser requerida por la parte acusadora.

 

47.- Incorpórese como artículo 299 ter, la siguiente redacción:

Examen a pedido. Impugnabilidad

Artículo 299 ter. El imputado, su defensor y el ministerio público fiscal podrán provocar el reexamen de la prisión preventiva o de la internación o de cualquier otra medida de coerción que hubiera sido impuesta en cualquier momento del proceso.-

La parte acusadora a quien le hubiere sido rechazada una orden de detención o de prisión o cuando hubiere sido ordenada una medida de coerción distinta sin su conformidad, podrá provocar el reexamen en cualquier momento del proceso.-

Lo decidido por el juez sobre la prisión preventiva, su rechazo, cesación y sustitución de encarcelamiento y cauciones será impugnable por todas las partes.-

 

48.- Incorpórese como artículo 299 quater, la siguiente redacción:

Eximición de prisión

Artículo 299 quater. Toda persona que se considere imputada de un delito, en causa penal determinada, cualquiera sea el estado en que ésta se encuentre, y hasta el momento de dictarse la prisión preventiva, podrá solicitar por sí o por terceros al juez que entiende en la misma su eximición de detención.

El Juez calificará el o los hechos de que se trate y, si estimare prima facie que no procederá la prisión preventiva, podrá eximir de detención al imputado. A los efectos mencionados, requerirá informes de antecedentes.

Si el juez fuere desconocido, el pedido podrá hacerse al juez de turno, quien determinará el juez interviniente y le remitirá, si correspondiere, la solicitud.

Para el ejercicio del derecho acordado por el presente artículo no es necesario que el imputado se encuentre detenido o se hubiere librado en su contra orden de detención.

El pedido de eximición de detención se resolverá, previa vista a las partes, en el término de 24 hs., aún cuando no obraren en la causa los antecedentes requeridos.

La resolución que recaiga será apelable dentro del término de tres (3) días.

 

49.- Sustitúyase el artículo 300 por el siguiente texto que deberá ordenarse bajo Capítulo IV “Medida Cautelar” del Título IV del Libro Segundo:

Medidas cautelares civiles. Procedencia y legitimación

Artículo 300. Las medidas cautelares previstas en la legislación civil serán acordadas por el juez, a petición de parte, para garantizar la multa o la reparación del daño. Formado incidente por cuerda separada, el trámite y resolución se regirá por el Código Procesal Civil de la Provincia y las leyes especiales, salvo la revisión, que tramitará en la forma prevista para las medidas de coerción personal.

El embargo de bienes, la inhibición y otras medidas eventuales de coerción para garantizar el pago de la multa o de la reparación, podrán ser solicitados por cualquiera de los acusadores o por la víctima que anuncie su deseo de reparación con posterioridad a la eventual condena.

 

50.- En el artículo 304: sustitúyase “inciso 4)” debiendo decir “inciso 5)”; y agréguese como último párrafo: “Rige el artículo 269 bis.”.-

 

51.- Sustitúyase el artículo 306 por el siguiente texto:

Procedencia.

Artículo 306: El sobreseimiento procederá:

1) si el hecho no se cometió;

2) si el imputado no es autor o partícipe del mismo;

3) si el hecho no se adecua a una figura legal;

4) si media una causa de justificación, inculpabilidad o ausencia de punibilidad;

5) si la acción penal se extinguió;

6) si no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba ni fundamentos para requerir la apertura a juicio.

En los tres primeros casos, el Juez hará la declaración de que el proceso no afecta el buen nombre y honor de que hubiere gozado el imputado.

 

52.- Sustitúyase el artículo 316 por el siguiente:

Suspensión del Juicio a Prueba: Plazo y Condiciones

Artículo 316.- Dentro de los cinco días siguientes de la declaración indagatoria, el imputado o su Defensor podrán solicitar al Juez la suspensión del proceso a prueba, cuando sea objetivamente posible la eventual aplicación del artículo 26 del Código Penal.

El Juez de Instrucción elevará el incidente al Juez de Control.- La petición no suspenderá el trámite del proceso.-

El Juez de Control correrá traslado de la solicitud a la víctima y al querellante, si los hubiere, y al Ministerio Público Fiscal, quien deberá expedirse en forma fundada en el término de cuarenta y ocho (48) horas. El Juez de Control resolverá por auto fundado, en el plazo de tres (3) días. La resolución será impugnable por el solicitante, el fiscal y el querellante en el plazo de tres (3) días; y será competente la Cámara que hubiera intervenido en grado de apelación durante la etapa de instrucción.-

El Juez de Control podrá también citar a audiencia para examinar la petición formulada con la intervención del fiscal, el imputado, su Defensor y la víctima y el querellante si los hubiere, y de modo tal que todos ellos deban expresarse, debiéndose consignar en el Acta sólo sus conclusiones. En este caso, el Juez de Control decidirá inmediatamente por auto fundado, lo que corresponda. Esta decisión también podrá ser impugnada como se indica en el párrafo precedente. El Juez de Control podrá rechazar in limine los pedidos manifiestamente improcedentes.

No procederá la suspensión del juicio a prueba cuando se trate de delito reprimido únicamente con pena de inhabilitación. En cuanto a los casos en que esta pena sea impuesta en forma conjunta con una pena principal de privación de libertad, una de las condiciones que deberán fijarse obligatoriamente por el Juez de Control para otorgar el beneficio, será una inhabilitación temporaria especial igual al mínimo de la prevista en la norma penal de que se trate, que el imputado deberá ofrecer cumplir voluntariamente para que prospere su pedido, como así también la imposición de la realización de los cursos, prácticas o estudios que, al prudente criterio del Juez de Control, resulten suficientes para estimar razonablemente que la impericia o desconocimiento de las leyes del arte u oficio por parte del imputado, han de ser subsanadas.

 

53.- Sustitúyase el artículo 317 por el siguiente texto:

Concesión

Artículo 317.- Cuando se hiciere lugar a la suspensión del juicio se fijarán las instrucciones o imposiciones a que deba someterse el imputado, expresando el tiempo de iniciación o finalización de las mismas.

Cuando deba intervenir alguna institución pública o privada, como beneficiaria de servicio o responsable del control, se fijarán las condiciones que correspondan, pudiendo diferirse las condiciones prácticas que requieran averiguaciones previas.

Resuelta la concesión, será competente en la continuidad del trámite el Tribunal que corresponda conforme al artículo 22.

El Tribunal podrá dejar sin efecto la suspensión, de oficio o a pedido del querellante particular o del ministerio público fiscal cuando el imputado incumpliera injustificadamente las condiciones impuestas. El imputado será oído y se le admitirán pruebas procediéndose en la forma prevista por el artículo 461.

 

54.- Sustitúyase el artículo 318 por el siguiente texto:

Vista Fiscal.

Artículo 318: Cuando el Juez hubiere tomado indagatoria y estimare cumplida la instrucción, correrá vista al Agente Fiscal por el término de cinco (5) días, prorrogable por otro tanto en casos graves o complejos. Si hubiera imputados detenidos, la autorización de la prórroga será excepcional.

 

55.- Sustitúyase el artículo 319 por el siguiente texto:

Dictamen Fiscal.

Artículo 319: El Agente Fiscal manifestará al expedirse:

1º) que solicita diligencias probatorias que considera necesarias; o

2º) que la instrucción está completa y corresponde sobreseer; rigiendo para este y anterior incisos el artículo 269 bis; o

3º) que la instrucción está completa y debe elevarse la causa a juicio expresando:

a) que sostiene la acusación formulada;

b) los fundamentos de la acusación que deberán incluir los medios de prueba posteriores a la indagatoria;

c) la expresión precisa de los preceptos jurídicos aplicables;

d) las circunstancias de interés para determinar la pena o la medida de seguridad y corrección, con expresión de los medios de prueba que propone para verificarlas;

e) el ofrecimiento de la prueba que propone para el juicio;

f) la pretensión punitiva provisoria; y

g) si ofrece la aplicación del procedimiento de juicio abreviado.-

El dictamen fiscal será notificado al querellante particular, quien podrá manifestar su adhesión o expedirse de conformidad a lo previsto en este artículo en el término de cinco (5) días.

 

56.- Sustitúyase el artículo 320 por el siguiente texto:

Notificaciones al defensor:

Artículo 320: El requerimiento de elevación a juicio del Agente Fiscal, y en su caso, del querellante particular, será notificado al Defensor del imputado, quien podrá, en el término de cinco (5) días:

1) objetar la acusación, instando el sobreseimiento;

2) deducir las excepciones que no hayan planteado con anterioridad;

3) solicitar el saneamiento o la declaración de nulidad de un acto;

4) proponer una reparación concreta siempre que no hubiere fracasado antes una conciliación o la aplicación del procedimiento de juicio abreviado;

5) solicitar que se unifiquen los hechos objeto de las acusaciones cuando la diversidad de enfoques o circunstancias perjudiquen la defensa;

6) plantear la unión o separación de juicios;

7) ofrecer pruebas para el juicio.

 

57.- Sustitúyase el artículo 321 por el siguiente texto:

Ofrecimiento de prueba.

Artículo 321: Al ofrecerse la prueba, todas las partes presentarán la lista de testigos, peritos e intérpretes que deben ser convocados al debate, con indicación del nombre, profesión y domicilio, y acompañarán también los documentos o se indicará dónde se encuentran.

Los medios de prueba serán ofrecidos con indicación de los hechos o circunstancias que se pretenden probar o, de lo contrario, no serán admitidos.-

Sólo podrá requerirse la designación de nuevos peritos para que dictaminen sobre puntos que anteriormente no fueron objeto de examen pericial.

 

58.- Sustitúyase el artículo 322 por el siguiente texto:

Elevación a juicio.

Artículo 322: Vencido el plazo del artículo 320, el juez de instrucción dictará la resolución del artículo 54 y remitirá la causa por simple decreto al Juez de Cámara encargado del control de la acusación.-

 

59.- Sustitúyase el artículo 323 por el siguiente texto:

Clausura.

Artículo 323: La instrucción quedará clausurada cuando el Agente Fiscal solicite la elevación de la causa a juicio o el Juez dicte el sobreseimiento.-

 

60.- Incorpórese en el LIBRO SEGUNDO el siguiente Título, que se ordenará abajo del artículo 323:

TITULO VIII

Control de la acusación

 

61.- Sustitúyase el artículo 324 por el siguiente texto:

Juez de control. Ministerio Público Fiscal. Ofrece prueba.-

Artículo 324.- Un Juez de la Cámara en lo Criminal que hubiera intervenido en la causa integrando el tribunal de alzada, o al que por turno le corresponda, ejercerá las funciones de Juez de Control de la acusación.-

A partir de esta etapa del proceso actuará el Agente Fiscal o el Fiscal de Cámara, conforme a la determinación de competencia del artículo 22.-

El Fiscal de Cámara podrá ampliar, desistir o modificar la acusación en cuanto a los incisos c), d), e), f) y g) del inciso 3) del artículo 319 por el término que fije el Juez de Control, notificándose al querellante particular y al defensor en los términos del artículo 320 por igual término.-

 

62.- Sustitúyase el artículo 325 por el siguiente texto:

Audiencia de control de la acusación. Desarrollo

Artículo 325.- El Juez de Control convocará a las partes y a la víctima, cuando correspondiere su intervención, a una audiencia oral y pública, dentro de los CINCO (5) días siguientes, en cuyo ámbito se tratarán las cuestiones planteadas. La audiencia se llevará a cabo según las normas generales del debate.

Cada parte podrá formular las solicitudes, observaciones e instancias que estimare relevantes con relación a las peticiones realizadas y las pruebas ofrecidas por los demás intervinientes.

El juez de control evitará que en la audiencia se discutan cuestiones que son propias del juicio oral y resolverá exclusivamente con la prueba que presentaren las partes.

 

63.- Sustitúyase el artículo 325 por el siguiente texto:

Decisión

Artículo 325.- El juez de control resolverá de manera fundada, en la misma audiencia, todas las cuestiones articuladas, a saber:

1) Si se admitiere el planteo sobre defectos formales en la acusación del fiscal o del querellante, se autorizará a que ellos sean subsanados sin suspender la audiencia, si ello fuere posible. En caso contrario, ordenará su suspensión por un plazo que nunca podrá exceder de tres (3) días. Transcurrido éste, los defectos de la acusación que no fueren subsanados se considerarán falta grave y se correrá vista al Fiscal de Cámara o al Procurador General, según corresponda, a iguales fines procesales y administrativos correspondientes.

2)  Si se hubieren deducido excepciones de previo pronunciamiento que no hayan sido planteadas con anterioridad, ellas serán resueltas en primer lugar.

3) Si durante la audiencia se constatare alguno de los supuestos enunciados en el artículo 306, se dictará el sobreseimiento del imputado.

4) Si se admitiere la petición de proceder conforme con las reglas de juicio abreviado, o la conciliación, se procederá en cada caso conforme lo dispone este código.

Cuando no procedieren los planteos anteriores y el fiscal justificaren la probabilidad acerca de que el acusado es autor o partícipe del hecho atribuido, se dictará auto de apertura del juicio oral según se establece en el artículo siguiente. En caso contrario y cuando hubiere acusación del querellante particular, la decisión no impedirá la persecución del hecho por medio de la acción privada.-

El Juez de Control deberá decidir sobre la procedencia de las medidas cautelares solicitadas, o resolver sobre la continuación o sustitución de las ya impuestas.

La resolución del Juez de Control será pasible del recurso de reposición que resolverá en igual término la Cámara del Crimen del artículo 324, salvo lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo siguiente.-

 

64.- Sustitúyase el artículo 326 por el siguiente texto:

Auto de apertura del juicio oral.

Artículo 326.-  El auto de apertura del juicio oral, contendrá:

1) la descripción de los hechos de la acusación por los cuales se autorizó la apertura del juicio y su calificación jurídica;

2)  la decisión sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la prueba ofrecida para el debate, con expresión del fundamento; y

3)  los fundamentos por los cuales se rechazó, total o parcialmente, la oposición a la apertura del juicio.

El auto de apertura del juicio oral es irrecurrible.

En la misma resolución se dispondrá remitir la causa al tribunal de juicio que resulte competente, a cuya disposición se colocarán las personas sometidas a las medidas de coerción dictadas; sin perjuicio de lo previsto en el último párrafo del artículo 54.-

 

65.- Sustitúyase el artículo 327 por el siguiente texto:

Resolución sin audiencia.

Artículo 327.- Cuando el Juez de Control considere, de oficio o a pedido de parte, que por las características de los planteos realizados no resulta necesario llevar a cabo la audiencia de control de la acusación regulada en el artículo 325, procederá a dictar resolución dentro del plazo de cinco (5) días. La decisión será pasible del recurso de reposición que resolverá en igual término la Cámara del Crimen del artículo 324.

 

66.- Sustitúyase el artículo 329 por el siguiente texto:

Trámites. Instrucción suplementaria. Recusación.

Artículo 329: Recibido el proceso, el Presidente de la Cámara imprimirá el trámite del juicio abreviado o del juicio oral, según corresponda.-

En su caso, ordenará los actos de instrucción indispensables que fuere imposible cumplir en la audiencia, o recibir declaración a las personas que presumiblemente no concurrirán al debate, por enfermedad u otro impedimento.

El decreto se notificará a las partes quienes podrán recusar en el término de tres días.-

 

67.- Suprímase del Artículo 330, 1º., a), el párrafo que dice: “dentro del plazo de citación a juicio”.-

 

68.- Sustitúyase el artículo 335 por el siguiente texto:

Designación de audiencia.

Artículo 335: Vencido el término del artículo 329 y, en su caso, cumplida la instrucción suplementaria, el Presidente fijará día y hora para el debate ordenando la citación de las partes, y la de los testigos, peritos o intérpretes que deban intervenir.

El imputado que estuviere en libertad y las demás personas cuya presencia sea necesaria serán citados bajo apercibimiento, conforme el artículo 130.-

 

69.- Sustitúyase el artículo 367 por el siguiente texto:

Lectura de declaraciones testificales.

Artículo 367: Las declaraciones testimoniales no podrán ser suplidas, bajo pena de nulidad, por la lectura de las recibidas durante la instrucción, salvo cuando el testigo hubiera declarado por medio de informe siempre que se hubiese ofrecido su testimonio, o de conformidad a lo dispuesto en el artículo 185.-

Si el declarante incurre en contradicciones respecto de declaraciones o informes anteriores, el juez podrá autorizar a las partes a que utilicen la lectura de aquellas para poner de manifiesto las diferencias o requerir explicaciones.-

 

70.- Modifíquese en el artículo 402: cuando dice “los artículos 281 y 287” debe decir “el artículo 288”.-

 

71.- Modifíquese en los artículos 138, 145 y 428: la palabra “excarcelación” debiendo decir “cesación del encarcelamiento”.-

 

72.- Modifíquese en el artículo 342: la frase “esté excarcelado” debiendo decir “se hubiera dispuesto la cesación del encarcelamiento”.-

 

73.- Sustitúyase el artículo 425 por el siguiente texto:

Remisión de copias. Requerimiento del expediente principal.

Artículo 425: Cuando la remisión del expediente entorpezca el curso del proceso, se elevarán copias de las piezas relativas al asunto. Si la apelación se produce en un incidente, se elevarán sólo sus actuaciones.

En todo caso el Tribunal de Alzada podrá requerir el expediente principal cinco (5) días antes de la audiencia debiendo devolverlo luego de dictada la resolución.

El Superior Tribunal de Justicia, cuando corresponda su intervención, también podrá solicitarlo.-

 

74.- Suprímanse los artículos: 260 a 268; 301; 328; 331 a 334; 336; 382 y 487 a 489.-

 

IV.- CONCLUSIÓN:

La propuesta de reforma tiende a dar respuesta, tanto al común de la gente como a los ámbitos académicos, y de allí surge la idea de un sistema procesal que con los medios disponibles en nuestra actual realidad demos un paso hacia la implementación de un sistema penal imbuido en el principio acusatorio.

 

 

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(*) Relator General - Secretaría N° 2 (Penal) - Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro.- adzimm2001@yahoo.com.ar

 

[1] “Código Procesal Penal de la Provincia de Río Negro: entre el sistema mixto y el acusatorio. Propuesta de reforma legislativa de ‘transición’”; publicado en www.derechopenalonline.com el 09/04/2008, en www.eldial.com el 15/04/2008, y en www.jusrionegro.gov.ar/escuela/index.htm.-

[2] Ángela Ester LEDESMA, “Reformas al Código Procesal Penal de la Nación”.-

[3] STJRN SO Se. 24/2010, “Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro S/ Acción de Inconstitucionalidad (Titulo VI de la Ley 4199)”, rta. en fecha 20/04/2010.-

[4] Publicado en marzo de 2009

[5] Ver las “Directrices sobre la Función de los Fiscales”, Aprobadas por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.-

[6]Ver Adrián Fernando ZIMMERMANN, “En la provincia de Río Negro: ¿por qué el juez de instrucción redacta la imputación - acusación?”, publicado en www.derechopenalonline.com (el 01-02-08) y en www.eldial.com el 18/03/08 elDial - DCD8D.-

[7] Alberto BOVINO, “Ingeniería de la verdad. Procedimiento penal comparado”, publicado en http://www.derechopenalonline.com/derecho.php?id=14,248,0,0,1,0  , en fecha 26-11-2005.-

[8] Ver STJRN, Se. 141 del 25-08-04.- También Sergio Aníbal SZYLDERGEMEJN, “La motivación del llamado a indagatoria en el Código Procesal Penal de la Nación”, publicado el 13-08-05 en http://www.derechopenalonline.com/derecho.php?id=14,205,1,0,1,0 .-

[9] Ver Adrián Fernando ZIMMERMANN, “En la provincia de Río Negro: ...”, supra citado.-

[10] Ver Se. 105/08 STJRNSP; entre muchas otras.-

[11] Ver  Adrián Fernando ZIMMERMANN, “Criterios de Oportunidad (con breve análisis de los Códigos Procesales Penales de las Provincias de Río Negro y Buenos Aires)”, publicado en www.eldial.com el 29-11-2005 elDial - DC76B; y Adrián Fernando ZIMMERMANN, “Criterios de oportunidad para funcionarios públicos (con referencia al CPP de Río Negro y al proyecto de CPPN del INECIP)”, publicado en www.derechopenalonline.com el 19-06-2006.-

[12]  Por supuesto que se tiene en cuenta que: Los criterios de oportunidad deben ser asumidos con suma responsabilidad por los operadores del Ministerio Público Fiscal, con celosa custodia de los extremos que hacen a la letra y el espíritu de la norma, como también a la doctrina legal que se vaya construyendo al respecto ya que, si bien es un instituto reciente y progresista, no ha dejado de tener aristas controversiales en la reglamentación y la implementación, por lo que ha de evitarse cualquier bastardeo o desnaturalización que vaya en detrimento del sentido optimizador del sistema penal que inspiró al legislador. Por lo demás, la sociedad está sumamente sensibilizada con la inseguridad, el aumento del delito - tanto en su aspecto cuantitativo como cualitativo - y la deficiencia del sistema en el juzgamiento oportuno y preciso de los responsables de ilícitos, circunstancia que además compromete el avance de un garantismo racional y modernizador en el fuero. Tales criterios de oportunidad deben acompañar ese avance, sin constituirse en un "vale todo" que vaya en detrimento de la esencia misma del sistema y las instituciones, por menos relevante que sea el hecho denunciado y la prueba abonada. (STJRN SP Se. 103/05, Opinión personal del Dr. Lutz).

[13] Criterio sostenido por el STJRN; ver SP Se. 44/2010; entre otras.-

[14] Sobre qué debe entenderse por ejercicio de la acción penal, ver Adrián Fernando ZIMMERMANN, “En la provincia de Río Negro: ...”, supra citado.-

[15] Me preocupé en poner el acento en este aspecto, ya que “en lo que a nosotros interesa, tanto el “sistema de enjuiciamiento acusatorio” en su conjunto, como el “principio acusatorio” marcan esencialmente el cumplimiento de funciones distintas e inescindiblemente separadas entre los órganos que tienen a su cargo la función jurisdiccional y los que realizan la acusación.- Así, se afirma que, “la separación de juez y acusación es el más importante de todos los elementos constitutivos del modelo teórico acusatorio, como presupuesto estructural y lógico de todos los demás, ... comporta no sólo la diferenciación entre los sujetos que desarrollan funciones de enjuiciamiento y los que tienen atribuidas las de postulación -con la consiguiente calidad de espectadores pasivos y desinteresados reservada a los primeros como consecuencia de la prohibición ne procedat iudex ex officio- ... La garantía de la separación, así entendida, representa, por una parte, una condición esencial de la imparcialidad (terzieta) del juez respecto a las partes de la causa, que, como se verá, es la primera de las garantías orgánicas que definen la figura del juez; por otra, un prepuesto de la carga de la imputación de la prueba, que pesan sobre la acusación, que son las primeras garantías procesales del juicio” (FERRAJOLI, Luigi, “Derecho y Razón: Teoría del garantismo penal”, Editorial Trotta, Madrid, 1989, p. 567).” (Angela Ester LEDESMA, “Principio de congruencia en el proceso penal. Reglas aplicables.”, http://www.procesal2007mdp.com.ar/resource/Ledesma%20Principio %20de%20Congruencia%20I.doc).-

[16] Sobre la diferencia entre irregular y disfuncional, ver el Diccionario de la Lengua Española - Vigésima segunda edición, http://buscon.rae.es/draeI/.-

[17] Ver apartado 11) del artículo de Javier Teodoro SÁNCHEZ SERANTES, “La Defensa del Imputado: su importancia en la Administración de Justicia. Aspectos Generales y Particulares”, publicado en eldial.com el 18-03-08 elDial - DCD91; también el fallo "Dr. Lirman, Fernando...", CNCrim y Correc Fed, 14/12/2006, sumario publicado en eldial.com en fecha 06-03-07.-

[18] Que en no pocas veces el trámite insume demasiado tiempo, y aún más si se interpone el recurso de casación.-

[19] El STJRN receptó la doctrina de la CSJN que surge del fallo “D.45.41 - Recurso de hecho deducido por Juan Carlos Del'Olio en la causa Del'Olio, Edgardo Luis y Del'Olio, Juan Carlos s/ defraudación por administración fraudulenta", rto. el 11-07-2006, conforme el cual el querellante particular debe concretar su pretensión objetiva y subjetivamente cuando la causa se eleva a juicio bajo sanción de que en la oportunidad de los alegatos del debate “no podría integrar legítimamente una incriminación que no formuló previamente” (ver STJRN Se. 180/07; entre otras).-

[20] Sobre los derechos de la víctima sin constituirse como parte querellante, es interesante destacar el obiter dictum del voto del Dr. Víctor Hugo SODERO NIEVAS, in re “S., M. H. s/Queja en: 'S., M. H. s/Abuso sexual gravemente ultrajante'”, STJRN, rta. el 28-06-06, en donde de forma extensa desarrolló una interpretación del CPP vigente en función de la cual le reconoce derechos amplios y durante todo el proceso; de forma breve cito: “VI) Carácter de “Parte” en el Proceso (II): … Me detengo aquí en la “víctima” que no se constituyó en parte querellante, pero que –como vimos- es “parte” en el Código Procesal Penal de la Provincia de Río Negro. … En tal orden de ideas, en el presente apartado desarrollo mi convencimiento de que la “parte” “víctima” prevista en el Código Procesal Penal tiene derechos que se deben reconocer. … Bajo toda la línea de pensamiento que desarrollé, es mi opinión que debe interpretarse y aplicarse el Código Procesal Penal de la provincia –de lege lata- permitiendo el ejercicio de los derechos que la víctima (como parte del proceso) tiene reconocidos.- Es decir que el rito local reconoce como “parte” al Ministerio Fiscal, al imputado, al querellante particular y a la víctima –quien eventualmente puede dar lugar a una pluralidad de personas, o a ninguna-, mientras que el testigo carece de interés directo.”.-

[21] Destaco que en virtud de la reciente sanción de la ley 4503, que modificó de forma íntegra la ley K nº 2430 (Ley Orgánica del Poder Judicial), en su art. 50.b.2) se estableció que la Cámara en lo Criminal es competente para conocer y decidir “De los recursos contra las resoluciones de los Jueces unipersonales en materia penal”, con lo cual viene a reglamentar el art. 139, inc. 14), de la Constitución Provincial.-

[22] Al respecto, ver “La reforma del sistema penal en la Provincia de Río Negro: ¿y la real investigación del delito? Necesidad de una Policía Judicial (art 223 CP)”; autor: Adrián Fernando Zimmermann, con la colaboración de Luis Lutz; publicado en: www.eldial.com el 19/08/2008.-

[23] En contra: STJRN SP Se. 74/2010; entre otras.-

[24] El instituto que propugno se adecua a las razones del legislador para la implementación de los institutos involucrados -el descongestionamiento del funcionamiento del la justicia penal en la provincia de Río Negro para que pueda optimizar sus recursos materiales y humanos pero resguardando los intereses del Estado y del imputado (ver –sobre juicio abreviado- Sesión Ordinaria Nº 13, del 11-11-03, según lo dicho por el legislador Fernado Chironi). A lo anterior sumo que a los fines del juicio abreviado el reconocimiento del imputado acerca de su culpabilidad no puede ser estimado como un arrepentimiento de lo sucedido, sino que busca una disminución en la penalidad; en esto consiste el acuerdo que conlleva el instituto del juicio abreviado, y que es un elemento más que marca la presencia del principio de oportunidad en su implementación (ver STJRN SP Se. 177/05).

[25] Texto Consolidado, http://www.legisrn.gov.ar/DIGESCON/detallado_dig.php?ejecutar=DOCU.ASIENTO%3D1986100019&tablas=dgnorma+as+DOCU, de fecha 25-05-2010.-

Texto incorporado el: 2010/07/18. Revista de actualización permanente. Se recomienda citar: Apellido, Nombre. "Título del trabajo" en Revista electrónica Derecho Penal Online [en línea]. Disponible en: http://www.derechopenalonline.com

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