Excarcelación: La cuestión del "quantum" en la caución real.

por Horacio J. Romero Villanueva


1. Introducción

La prisión preventiva se enmarca en la necesidad indispensable de asegurar la investigación y la actuación de la ley penal (1), por consiguiente, todas restricciones al derecho de permanecer en libertad mientras no haya una sentencia condenatoria se encuentran regidas por el criterio de necesidad cautelar que emergen del art. 319 del Cid. Procesal Penal de la Nación (2)
Ello es así, porque el estado jurídico de inocencia, reconocido por la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales obligan a la interpretación sobre la base del principio "favor libertatis", que no significa otra cosa, que todas las instituciones procesales deben buscar la libertad del imputado previo a la condena; pues la prisión preventiva solamente procede cuándo ella sea imprescindible (3).-
Nuestra Constitución impide que se trate como si fuera culpable a la persona a quien se le atribuye un hecho punible, cualquiera que sea el grado de verosimilitud de la imputación, hasta tanto el Estado, a través de los órganos judiciales, no dicte la sentencia penal firme que declare su culpabilidad y la someta a una pena, transformando así la pretensión punitiva en derecho subjetivo de castigar al particular e imponerle una pena por tal motivo (4).
Sin embargo, existen supuestos donde la procedencia del decreto cautelar esta acotado la necesidad hacer un pronóstico punitivo hipotético que remite al interprete a conjugar la posibilidad de conceder el beneficio de la excarcelación o exención de prisión, bajo un determinado tipo de garantías, para lograr la "coerción personal" del imputado (5).-
No es occiso recordar que en toda investigación penal existen una pugna de valores entre libertad y defensa social (6), tensión que transcurre durante todo el proceso, y no pueden quedar sujeta a una mala mezcla de disposiciones adjetivas y sustantivas.
Por esa razón pretendemos analizar brevemente la problemática de la determinación del "quantum debetaur" en la caución real.-


2. La caución real

El órgano jurisdiccional, al momento de decidir la concesión de la exención de prisión o de la excarcelación de un imputado (7), debe además arbitrar las medidas necesarias que la normativa procesal prevé para objetivamente asegurar el cumplimiento de las obligaciones que le imponga, como así también de los requerimientos que el mismo le efectúe en el ámbito de sus atribuciones como autoridad judicial competente y procurar que el imputado se someta a la ejecución de una eventual sentencia condenatoria de cumplimiento efectivo (8).
El instrumento legal que el Código Procesal Penal establece exclusivamente para dosificar la potencia coactiva de tales efectos -y no a otros- (9) es la caución, que puede ser juratoria, personal o real (10).
De los tipos de caución enumerados, la opción por la real - art. 324 del C.P.P.N. - muestra la necesidad de reforzar pecuniariamente dicha garantía, pero el monto dinerario (o su equivalente) fijado, sólo debe atender a los fines expuestos precedentemente sin constituirse en un obstáculo insalvable para la libertad.
Aquí, cabe la advertencia, que en nuestro sistema procesal este tipo de garantía no tiene por finalidad asegurar la reparación del daño ocasionado (11), ya que éste objetivo se cumple mediante la adopción de las medidas cautelares dispuestas al dictarse el auto de procesamiento, o bien en el supuesto previsto en el último párrafo del artículo 518 del C.P.P.N..; cualquier otra finalidad que no sea la de garantizar la comparecencia del encausado sobre estas bases objetivas, desnaturaliza su finalidad.-
La caución entre otro de sus objetivos garantizar la comparecencia del procesado cuando fuere llamado o citado por el juez que conozca en la causa (12) y neutralizar la presunción de elusión a la acción de la justicia que pesa sobre él; al absorber la efectividad asegurativa que en las medidas cautelares personales detención y prisión preventiva se instrumenta en la privación provisional de libertad (13).
Este tipo de coerción personal necesariamente implica - como dice Ledesma (14) - para el juez que deba atender al momento de ejercer su opción la naturaleza del delito, las condiciones personales y los antecedentes del sujeto en su conjunto.-
En la valoración de dicho interés, juegan un importante papel dos factores que han de ser apreciados conjuntamente con los criterios de la gravedad de la pena esperada y de la importancia de la causa: nos referimos al grado de la imputación y al éxito previsible de la medida. Mediante la exigencia de aplicación de ambos criterios se pretende reforzar la necesaria relación medio- fin que la cuantía han de observar.
Como dato ilustrativo, debemos recordar que en el derecho constitucional de los Estados Unidos aparece frecuentemente una formulación donde toda" todas las personas podrán ser liberadas con la garantía de fiadores suficientes; salvo por los delitos capitales cuando la prueba es evidente a las presunciones graves" (15).-
En dicho sistema los jueces tienen la amplitud de movimiento con relación a la concesión de la libertad del sospechado, con las limitaciones que le impone la Enmienda VIII de la Constitución Norteamericana, que reza: "no se exigirá fianzas excesivas, ni se impondrán multas desproporcionadas, ni se infligirán penas crueles y desusadas".-
En ese ordenamiento la "fianza" se puede dar de dos maneras: en primer lugar, a través del compromiso de pagar una determinada suma de dinero si el imputado de un delito no se presenta cuando el juez lo requiera o, en segundo lugar, por medio de un reconocimiento meramente verbal ante el juez o el tribunal, no exigiéndose firma del imputado.-
La modalidad de la fianza, mediante el depósito de una suma de dinero, es aceptada actualmente en los Estados Unidos, admitiéndose un porcentaje de la fianza fijada, siendo tipificado como delito el incumplimiento de la obligación de comparecer por parte de la persona que se encuentra excarcelada.-


2. Requisitos para su procedencia

La regla general en la materia esta constituida por la caución juratoria (16) - art. 321 del C.P.P.N. - y, así lo estableció de modo unamine la jurisprudencia (17).
De las tres formas mencionadas de caución el magistrado tiene que optar por una, teniendo en cuenta que la misma sea de cumplimiento posible; a tal efecto, ha de tomar en cuenta la situación personal del imputado y su personalidad moral, y las características del hecho, estando expresamente vedada la alternativa contraria, esto es, que no se hallen al alcance del encausado los medios suficientes para efectivizarla (18).
El auto que dispone la concesión de la libertad caucionada debe ser motivado bajo pena de nulidad (19); pues debe plasmar racionalmente el beneficio que condicionada.-
Por otra parte, para un sector mayoritario de la jurisprudencia, en materia de delitos de carácter económico la libertad se debe conceder bajo este tipo de caución (20); Pero este único rasgo no justifica, por sí solo, apartarse de lo establecido como regla general en el art. 321 del C.PP.N.(21).
La naturaleza del delito que se imputa al encausado resulta una pauta para establecer el monto de la caución se justifica por sí misma, ya que la gravedad dependerá el mayor o menor interés del imputado en eludir el procesamiento y la pena que pudiera corresponderle.
Mientras mayor sea la pena conminada por la ley para el hecho imputado, la tentación de "escapar la punición" será mayor, por ello el factor de disuasión psicológica debe afincarse en una magnitud económica la garantía. En otras palabras, a penas graves garantías más fuertes.
A todo ello, debemos recordar que existen normas de carácter sustantivo, para algunos delitos económicos, como por ejemplo, el previsto por el art. 135 ley 24241, o el derogado art. 17 de la ley 23771(22) que condicionan la exención de prisión al establecimiento de una caución real, y no personal, al imputado (23).-
Por su parte, la jurisprudencia interpreta que son criterios para su elección: a) los antecedentes; b) domicilio; c) procesos pendientes o paralelos; d)prófugo; e) la personalidad moral y no existe motivo suficiente para poder acceder a la libertad caucionada por el mero hecho de que el imputado registre causas en trámite (24); o el registro de una condena prescripta (25) o cuando era menor de edad(26), la falta de una actitud evasiva a la acción judicial que comprometa futuras obligaciones procesales (27); la condena de ejecución condicional, sumado a un proceso en trámite, si el imputado reside en un domicilio conocido y carece de rebeldías (28); o aún con resultado negativo el informe acerca del domicilio que proporcionó ( 29) o su ausencia (30) o su renuencia(31); el haber brindado su verdadera filiación aun cuando con anterioridad la había falseado (32) la fuga de un instituto de menores y no comprobar que cuente con un domicilio real (33) .-


4. La problemática de la proporcionalidad de la caución real

Como lo expresamos, la excepción es fijar una caución real y sólo cuando las otras resulten insuficientes. Esta regla tiene como fin respetar el principio de presunción de inocencia y la excepcional privación de libertad antes de la condena así como observar la última parte del art. 320 C.P.P.N. que prohibe imponer cauciones de imposible cumplimiento.
La fianza adecuada en su "quantum" es aquella que garantiza de mejor manera que el imputado cumpla con sus obligaciones, esta circunstancia no puede vincularse únicamente a la naturaleza económica del delito, sino que ella aparece como una pauta más a valorar por el juzgador; y en es más, la circunstancia de que se trate de un ilícito con características económicas no es ni la única cuestión a ponderar, y ni siquiera es la más importante.
Si bien una caución de monto desproporcionado desvirtúa la naturaleza del instituto al encubrir una tácita negativa, también una irrisoria acarrea el mismo resultado respecto de la garantía. Una garantía económica que no tiene significación económica, no es tal cosa.
De lo que se trata es de encontrar un equilibrio en un monto que no sea de imposible cumplimiento para el imputado, pero que sea lo suficientemente significativo como para compelerlo a sacrificar su libertad para la realización de la justicia.
Para determinar su quantum, nos recuerda Kent (34), se debe justipreciar, entre otros índices validantes, la condición socio económica o los medios de vida del imputado, su personalidad moral, sus antecedentes, el modo de cometer ilícitos, a lo cual le agregamos el número de ilícitos que se le atribuyen y su gravedad (35).-
El problema surge cuando el juez fija una caución con un monto que no responde a las condiciones socio económicas del imputado (36), tornando de imposible cumplimiento, pues la suma establecida resulta exorbitante.
Sobre particular, la Cámara Nacional de Casación Penal en la causa "Rodríguez" (37) ha sostenido que dicho temperamento tiene el carácter de una "verdadera pena anticipada" y la imposición de una caución de elevado monto a quien carece de patrimonio no sólo manifiesta una desproporcionalidad vedada por la ley, sino que deja al descubierto la voluntad jurisdiccional de denegar la libertad acordada.-
La desproporción surge plasma de dos fuentes esenciales: a) el monto en atención a la situación económica del imputado y b) la motivación en su imposición.
En relación al primer supuesto al acreditarse la indigencia del imputado la caución fijada no puede resultar de ilusorio cumplimiento, por lo que ante la imposibilidad real de pago, corresponde decretar su disminución o sustitución(38) y debe tener en cuenta a tal fin, la precaria situación económica del encausado que se desprenda del informe social practicado (39); o el tiempo transcurrido desde la fijación del monto hasta la fecha sin que el encartado lo haya hecho efectivo, permite inferir que la suma impuesta escapa las posibilidades económicas del incuso (40)
En cambio existe una fundamentación contradictoria, lo que equivale a falta de motivación, cuando el juez declara inaplicable el principio general en la materia y después afirma en su razonamiento la necesidad de una magnitud económica carente de equilibrio con la solvencia patrimonial, negando implícitamente la libertad del reo(41).
Esta fundamentación aparente lesiona los principios constitucionales de razonabilidad, proporcionalidad y libertad; pues la excarcelación procede como garantía constitucional y no como simple concesión de la ley penal de forma (42); y la libertad bajo caución se halla respaldada por pactos internacionales suscriptos por nuestro país (43).
El respeto por el principio de idoneidad debe ser reclamado en el caso concreto y en la voluntad de quien decide la restricción de un derecho fundamental, lo que significa que los órganos de persecución penal no pueden perseguir una finalidad distinta de la prevista por la ley amparándose precisamente en la habilitación que esta última ofrece, pues, en tal caso, el precepto que contuviera la habilitación legal sería utilizado como "norma de cobertura" para defraudar el derecho fundamental cuya limitación está legalmente preordenada a la satisfacción de fines legítimos previstos.
En definitiva, toda medida dirigida a la consecución de fines no previstos por la norma habilitadora de la injerencia ha de ser considerada inconstitucional, sean cuales sean los móviles, de carácter público o privado, del sujeto actuante, siempre que la ley no autorice la restricción con la finalidad que efectivamente se trate de alcanzar.
Por ello, debe evitarse que el monto excesivo de la caución torne ilusoria la excarcelación concedida. Máxime que nos encontraríamos en lo que muchos denominan "prisión por deudas" (44)


5. Epilogo

En definitiva, cuando el órgano jurisdiccional impone una caución real irrazonable y absurda para evitar que el imputado pueda oblarla y recuperar la libertad, funda el monto elegido en las exigencias que prevé el art. 319 CPPN -que regula la denegatoria de excarcelación-, evidenciando así su intención de evitar la soltura.
El monto no puede trepar a una cuantía que desnaturalice la finalidad de la libertad provisional(45); Porque la caución real desproporcionada presenta características de: a) torna "ilusorio" el derecho a la libertad acordado; b) encubiertamente persigue como fin vedar el acceso a la libertad personal; y, c) vulnera el principio de igualdad ante la ley (arts. 16 y 75, inc. 22 de la C.N. y 7.5 C.A.D.H. y 9.3 P.D.C.P.), ya que la efectivización de la soltura concedida queda supeditada al tenor del patrimonio del enjuiciado.
El juez debe determinar en cada caso el tipo de caución a imponer, de modo que constituye un motivo para que el imputado se abstenga de infringir sus obligaciones; por ello, la imposibilidad económica del imputado para hacer frente a una caución real, revestiría el carácter de una verdadera pena anticipada, y corresponde revisar en cada caso particular, para poder aplicar en concreto otro tipo de caución de "efectivo cumplimiento" (46).-

 


Notas

1 Nuestra legislación en materia de restricción de la libertad personal es el vinculado a la noción de "ley". Recuérdese que nuestra Constitución Nacional indica que "...ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso.."; por su parte el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su art. 9°.1 establece que "Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley [...]"; y, que el art. 7°.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos prescribe que: "Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas".
2 Sin embargo, el artículo 316, segundo párrafo al que remite el art. 317, inc. 1°, del Código Procesal Penal de la Nación, determina la improcedencia de la excarcelación por el monto de la pena ( un máximo superior a los ocho años de pena privativa de libertad) constituye una reglamentación razonable del art. 18 de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales
La regla establecida por el legislador que, valorando políticas de interés general, limita la facultad de los jueces para liberar a las personas durante el proceso con el propósito de asegurar la efectiva aplicación de la ley, procurando impedir que el sistema corra riesgos de fuga o de entorpecimiento por parte del procesado en aquellos casos en que el delito atribuido tiene una amenaza de pena suficientemente grave y es muy probable que la eventual condena vaya a ser a cumplir (Tamini, Adolfo L., "Dos resoluciones judiciales y el tema de la constitucionalidad de las restricciones a la excarcelación", en Doctrina Penal, Año 9, 1986, Ed. Depalma, ps. 141/154).
3 Cafferata Nores Jose I., "Garantías y sistema constitucional", en Revista de Derecho Penal, 2001-1, Rubinzal-Culzoni, pag. 124 y ss, en especial, p. 129
4 Maier, Julio B., "Derecho Procesal Penal - Fundamentos-", t. I., Editorial del Puerto, Bs.As. 1999, p. 490;íd. Velez Mariconde, A. "Derecho Procesal Penal", 2° ed., Lerner, Buenos Aires, 1969, pág. 39 y ss.; íd Clariá Olmedo, J. A. "Tratado de Derecho Procesal Penal" t. I, Ediar, Bs. As., 1960, p. 231.
5 El prof. Roxin, afirma que "..para llevar a cabo el proceso penal son indispensables las injerencias en la esfera individual y, por cierto, tanto para asegurar el proceso de conocimiento como para asegurar la ejecución penal" y agrega que "... se pueden diferenciar los medios de coerción según su función procesal: investigación, aseguramiento de las pruebas, comprobación de los presupuestos procesales, aseguramiento de la posibilidad de realización del procedimiento, aseguramiento de la ejecución de la sentencia y prevención de hechos punibles.." (Roxin, Claus "Derecho Procesal Penal" trad. Gabriela Córdoba y Daniel Pastor, Ed. del Puerto, Bs. As., 2002, ' 29. A)
6 Lorences sostiene que "el rechazo o la revocación de la excarcelación o de la exención de prisión se justifican en la existencia de un derecho de defensa social que hace necesaria la restricción momentánea de algunos derechos particulares; esto implica ejercitar la coacción estatal con cautela para la persona del sospechado de un delito en una causa determinada, en beneficio del interés general" (Lorences, Valentín, "Excarcelación y Exención de Prisión", Editorial Universidad, Bs.As., 2002, p. 143).
7 La jurisprudencia reconoce que "la finalidad del instituto de la excarcelación es que el encierro durante el proceso no resulte, eventualmente, más gravoso que la condena que pudiera recaer en el caso, y viole, de tal modo, elementales criterios de racionalidad y proporcionalidad"(C. Nac.Casación Penal, Sala 3°, causa N° 2.321, "Pereyra, Eva", rta: 29/12/1999; íd..C.Nac. Crim. y Corr. Sala 6°; causa N° 21.994, "García, Leonardo", rta: 01/07/2003)
8 Debe advertirse que en los pedidos de exención de prisión, o cuando la excarcelación tiene origen en petición de parte, la resolución del magistrado decidiendo favorablemente la concesión de libertad provisional al imputado, debe necesariamente guardar relación con lo solicitado en punto a la clase de caución que en la misma se imponga, estando vedada al magistrado la posibilidad de conceder la libertad requerida bajo una caución distinta a la peticionada, como así también la de denegar "bajo cualquier tipo de caución" la excarcelación -o exención de prisión- impetradas bajo una modalidad determinada (Jarque, Gabriel D., "Exención de prisión y excarcelación en la ley 23984", JA, 1995-III-860).
9 Cafferata Nores, José I. "La excarcelación" t.I., Ed. Depalma, Bs.As., p. 58.-
10 Dice D'Albora que como las cauciones procesales son -citando a Couture- las seguridades o cautelas otorgadas en resguardo y garantía del cumplimiento de una obligación derivada del proceso, la denominada caución juratoria carece de toda significación cautelar, pues sólo es una simple libertad bajo palabra (D´Albora, Francisco, "Curso de Derecho Procesal Penal", t. I., Abeledo-Perrot, Bs. As., 1982, p. 305).
11 Corte Sup., 27/8/1993, - Debandi, Oscar A. y otros; en particular de voto en disidencia de los Dres. Cavagna Martínez y Moliné O'Connor; íd. C. Nac. Crim. y Corr. Fed., sala 2ª, 30/10/1997, - - "Innocenti, Claudio Conrado"; íd. C. Nac. Crim. y Corr., sala 5ª, 15/8/1998, - "Riquelme, Silvestre P.).En igual sentido Velez Mariconde sostiene que la caución no tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de las obligaciones de carácter civil que puedan emanar del hecho ilícito (Proyecto de 1968, p. 39, cit. por Núñez, Ricardo "Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba. Anotado" Ed. Lerner, 1986, p. 284).
12 Chichizola, Mario I., "La excarcelación - La libertad bajo caución -",Ed. La Ley, Bs.As., 1963, p.103; íd. Navarro, Guillermo R. "Excarcelación y eximición de prisión", Ed. Pensamiento jurídico Editora, 1980, p. 240..-
13 Moras Mon, Jorge E. "Manual de Derecho Procesal Penal", Ed. Abeledo Perrot, 2° edicción, Bs.As., 1992, p. 264.-
14 Ledesma, Guillermo "Eximción de Prisión y excarcelación", Lerner Editores Asoc., Bs.As., 1981, p. 108
15 Hendler, Edmundo S. "Derecho Penal y procesal penal de los Estados Unidos", Ed. Ad-Hoc, Bs.As., 1996, p. 172/3.-
16 Básicamente para estipular el tipo de caución "el tribunal debe hacer estimaciones de diversa índole, objetivas y subjetivas, para ubicar el caso concreto conforme a la finalidad coercitiva..."; que "la libertad... debe quedar racionalmente condicionada..."; que la libertad bajo caución juratoria "se otorga cuando el riesgo de incumplimiento de la promesa es menor, quedando incluido el pobre como regla... para que no incida el factor económico..." (Clariá Olmedo, Jorge A., "Derecho Procesal Penal", t. II, actualizado por Carlos A. Chiara Díaz, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2001, p. 379/380).
17 C.Nac. Crim. y Corr. Sala 1°, causa N° 21.866 - "Cuello, Juan A.", rta el 6/10/2003; íd. Sala 1°, causa N° 18.419, "Medina, Julio César", rta: 22/5/2002; íd. Sala 1°, causa N° 18.396, "Cardozo, Guillermo", rta: 10/5/2002; íd. Sala de Feria B., causa N° 202 - "Carrara, Ana María", rta. el 8/1/2003
18El art. 320 últ. parte del CPPN, limita la facultad dispositiva del magistrado, ya que "queda absolutamente prohibido fijar una caución de imposible cumplimiento para el imputado teniendo en cuenta su situación personal, las características del hecho atribuido y su personalidad moral".
19 Navarro, Guillermo R. y Daray, Roberto "Código Procesal Penal de la Nación", t.I., Pensamiento Jurdico Editora, Bs.As., 1996, p. 683.-
20 C.Nac. Crim. y Corr. Sala 1°, 12/11/2003 - causa N° 22.187 "Gónzalez, Pablo Luis" rt. 12/11/2003 ; íd. causa N° 21.143 "Barbará, Rodrigo Ruy", rta: 10/11/2003; íd. Sala 4°, causa N° 19.620 - "Gatabria, Omar", rta: 25/09/2002 íd. C. Fed. San Martín, sala 1ª, - "Brande, Pedro"rta. 21/12/1992.-
21 C. Nac. Penal Económico, Sala A, 27/4/2004 - causa N° 51.678 - "Cortese, Ruben y otros",rta. 27/4/2004.-
22 Esta norma respondía al anterior regimen penal tributario y disponía que la procedencia de la excarcelación o eximición de prisión, éstas se concederán bajo caución real, la que, cuando existiera perjuicio, deberá guardar correlación cn el monto en que, en principio, aparecieren damnificadas las rentas fiscales o previsionales nacionales. A fin de consultar la extensas criticas a esta norma, entre otros, se puede ver: Soriano, Jorge A. "Aplicación de la caución real en la ley penal tributaria N° 23771". LL, 1993-E-964.-
23 C. Nac. Penal Económico, sala B, -"Giussani, Luis A."rta. 28/11/1997; íd. sala B, - "Arze, Estela" rta. 5/3/2002; JA, 2002 - II - 779.-
24 C. Nac. Crim. y Corr., Sala de Feria B., causa N° 116 - "Brabeunzakc, Emanuel", rta. 13/01/2003; ídem Sala de Feria A, causa N° 265 - "Albornoz, Daniel A.",rta: 15/01/2003; íd. Sala 6°, causa N° 15.360 - "Campione, Gustavo", rta: 15/3/01.-
25 C.Nac. Crim. y Corr., Sala de Feria B.causa N° 24 - "Figueredo, Francisco Luis G.", rta: 02/01/2003; íd. Sala 5°, causa N° 22.941 - "Iglesias, Walter A.", rta: 30/10/2003
26 C. Nac. Crim. y Corr. Sala 7°, causa N° 22.312 - "Boveda, Pedro R.", rta: 18/09/2003
27 C. Nac. Crim. y Corr. Sala 7°, causa N° 23.072 - "Chanquia, Héctor R.", rta: 16/12/2003
28 C. Nac. Crim. y Corr. Sala 1°; causa N° 22.318 - "Grippo, Jorge O.", rta: 21/11/2003
29 C. Nac. Crim. y Corr., Sala 7°, causa N° 22.202- "Carrasco, Yonny E.", rta: 29/08/2003
30 C.Nac. Crim. y Corr. Sala de Feria A., causa N° 179 - "Gueimunde, Vicente M."rta: 31/07/2003
31 C. Nac. Crim. y Corr., Sala 6°, causa N° 15.494 - "Salto, Carlos D.", rta: 15/3/01.-
32 C. Nac. Crim. y Corr., Sala 7°; causa N° 21.851 - "Vera, Sergio A.", rta: 14/07/2003
33 C. Nac. Crim. y Corr. Sala 7°, causa N° 20.944- "Morel, Pablo A.", rta: 01/04/2003
34 Kent, Jorge, " La libertad caucionada (Algunas pautas de mensuración)", LL, 1995-D-1409. Aún cuando compartimos las mismas pautas, este autor sigue a Oderigo y agrega la gravedad de los daños ocasionados por el delito, circunstancia que a nuestro juicio se encuentra excluido.-
35 C. Nac. Crim. y Corr. ; Sala de Feria A, causa N° 276 - "Nuñez, Mónica F."rta. 28/01/2003
36 La jurisprudencia de modo unamine sostiene como solución posible que "...si no obstante el grado de indigencia del encausado, el pago de la fianza, por exiguo que fuera su monto, representa un escollo insalvable a la libertad otorgada, y, sin perjuicio de que el juez de instrucción imponga al procesado la obligación de concurrir periódicamente ante el juzgado, corresponde convertir en juratoria la caución bajo la cual deberá efectivizarse la excarcelación concedida.." ( C.Nac. Crim. y Corr., Sala 5°, causa N° 20.915 -"Rojas, Telmo E.", rta 20/2/2003; íd. sala 7ª, 16/5/2000, - J., N.; JA, 2001 - II - 670; íd. sala 6ª, 21/2/2002, - C., R. N.; JA 2002 - II - 750)
37 C.Nac. Casación Penal, Sala 1°, 13/11/2003 - Rodriguez, Daniela A.; Lexis Nº 1/1000073
38 C.Nac. Casación Penal, Sala 1°, 13/11/2003 - Rodriguez, Daniela A.; Lexis Nº 1/1000073; íd. Gurruchuga, Hugo D. "Excarcelación y exención de prisión", Ediciones Forense, Bs. As., pág. 186; íd. Donna, Edgardo A. y Maiza, María C. "Código Procesal Penal - Comentado, Anotado y Concordado", Ed. Astrea, Bs.As., 1994, p. 375.-
39 C.Nac. Crim. y Corr., Sala de Feria B, causa N° 130 - "Castaño, Miguel A."rta 13/01/2003
40 C. Nac. Crim. y Corr., Sala 6°; causa N° 20.626 - "Castro, Maximiliano",rta: 03/12/2002; íd. causa N° 22.174,- "Salvatierra, Hortensia E."rta: 04/08/2003; íd. causa N° 15.883 - "Areco, Damián", rta: 16/3/2001; íd. causa N° 15.912 - "Benítez, Julio", rta: 16/3/2001
41 En tal sentido la Cámara Nacional de Casación Penal ha dicho "la imposición de una caución de elevado monto a quien carece de patrimonio no sólo manifiesta una desproporcionalidad vedada por la ley, sino que deja al descubierto la voluntad jurisdiccional de denegar la libertad acordada (C. Nac. Casación Penal, Sala 3°, 14/12/1998- Agüero, Irma D).
42 CSJN Fallos 300:642; 301:664 y 304:184
43 arts. 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos ( CADH) y 9.3 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticios (PIDCP)
44 Parte de la doctrina sostienen que lo la previsión normativa de los pactos internacionales prohiben la prisión por deudas, y pone en jaque a este tipo de cauciones, es que, si no hay hoy prisión por deudas nadie puede estar preso por ser pobre (confr. Domínguez y Virgolini, Julio "El derecho a la libertad en el proceso penal", Némesis, Bs.As., 1984, p. IX)
45 Bidart Campos, Germán "Eximición de prisión, caución real y derecho a la jurisdicción", ED, 159-588
46 Ábalos, Raúl Washington "Código Procesal Penal de la Nación", 2da. edición, Ediciones Jurídicas Cuyo, Santiago de Chile, 1994, pág. 735

Texto incorporado el: 2008/12/14. Revista de actualización permanente. Se recomienda citar: Apellido, Nombre. "Título del trabajo" en Revista electrónica Derecho Penal Online [en línea]. Disponible en: http://www.derechopenalonline.com

Hecho el depósito de ley 11.723. Todos los derechos reservados. 2000-2016 ©derechopenalonline. ISSN 1853-1105. Prohibida la reproducción de cualquiera de los textos incluídos en este sitio web sin la correspondiente autorización del autor.

Relacionados




Nuevo en el sitio

Flagrancia. Instrucción clausurada sin el dictado de la prisión preventiva. Libertad.Cámara Nacional Criminal y Correccional, Sala VII, CCC 10255/2017/1/CA1 “V., L. D.” del 7/3/17
Flagrancia. Denegatoria de la excarcelación. Proporcionalidad de la detención en relación a los acotados plazos procesales.Cámara Nacional Criminal y Correccional, Sala IV, CCC 6582/2017/1/CA1 “G., G. E. s/Excarcelación - Flagrancia" del 14/2/17
Robo con arma cuya aptitud para el disparo no pueda ser probada. In dubio pro reo. Inconstitucionalidad (disid.)Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala II, CCC 23104/2009/TO1/CNC1 "V., Darío Fabián s/ robo” del 9/9/16
Derecho Penal OnlineQuienes somos
Amenazas. Atipicidad. Proferidas al calor de la discusiónCámara Nacional de Casación Penal, Sala I, causa Nº 12.002, caratulada: “O., U. J. s/recurso de casación” del 26/10/10
Tentativa de homicidio agravado por el vínculo. Madre coimputada víctima de violencia de género. Absolución. No exigibilidad de otra conducta.Tribunal de Casación Penal, Sala IV, c. 75136 “O. V.,P. s/ recurso de casación” y c. 75132 “B. B., M. s/ recurso de casación” del 14/10/16

Hecho el depósito de ley 11.723. Todos los derechos reservados. 2000-2016 ©derechopenalonline. ISSN 1853-1105. Prohibida la reproducción de cualquiera de los textos incluídos en este sitio web sin la correspondiente autorización del autor.