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Código Penal: penas pecuniarias relacionadas con el beneficio ilícito obtenido y de ejecución comunitaria

Mariano Borinsky encabezó la reunión de la Comisión encargada de elaborar el anteproyecto de Reforma del Código Penal que se reunió hoy, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a fin de avanzar en la incorporación al texto de penas tanto accesorias pecuniarias en formato de días multa, como alternativas al encierro, de ejecución comunitaria.

La creación de los días multa asegura que la pena no pierda efectividad en el tiempo, un día multa se corresponderá al 10 por ciento del monto de la queja judicial. El monto de la queja hoy es de 26.000 pesos, es ajustada con regularidad por el Poder Judicial, por lo que a un día multa corresponderán 2600 pesos y se podrá imponer de 1 hasta 200 días multa.

En hechos de importante contenido patrimonial, el juez podrá llevar el monto de las penas pecuniarias, accesorias a las penas privativas de la libertad, hasta el 20 por ciento del beneficio ilegal obtenido, recuperando así las multas su contendido disuasorio, y la posibilidad de recuperar dinero en casos de delitos complejos como la corrupción o el contrabando.

Por otra parte, el pleno empezó a estudiar la posibilidad de incorporar al nuevo texto, Penas de Ejecución Comunitarias (PEC) a las condenas que no excedan los tres años. Estas penas alternativas al encierro se enmarcan en una política pública de respeto a los derechos humanos, y de resultado exitoso en todos los países avanzados de Europa.

En estos casos se entiende que la prisionización provoca más daño que resultado resocializador, al poner a personas con delitos menores en un ámbito que no los favorece y los aleja de toda interacción beneficiosa para sí o para la sociedad.

La inclusión de las PEC elimina la ejecución condicional, amplía el catálogo de penas y confirma la idea de que a cada infracción corresponde una pena, y que se debe cumplir.

Las penas de cumplimiento en comunidad incluyen el arresto domiciliario con tobillera, el trabajo comunitario en lugares y horarios que establezca el juez, el monitoreo estricto de estos trabajos, y la existencia de un único organismo que se ocupe del control de la ejecución de la pena y de la asistencia a los condenados.

Asimismo se mejoró la redacción del artículo referido a las agravantes del homicidio por precio, ensañamiento, o cuándo la víctima o el victimario sea miembro de una fuerza de seguridad. Y se decidió que no corresponde la aplicación de la suspensión del juicio a prueba (probation) en los delitos con violencia de género o cuando en el delito hubiera participado un funcionario público.

Por otra parte se busca adecuar la normativa del Código de fondo y de los códigos Procesal Penal de la Nación y los de las provincias, adaptando el nuevo texto al modelo acusatorio, se intenta dar reglas precisas sobre cuándo se puede renunciar a instar la acción, por ejemplo, en los casos de insignificancia.

Finalmente en relación a los siniestros viales se confirmó la redacción que específicamente incluye la conducción temeraria en el tipo penal.

La Comisión tiene amplias facultades para convocar o consultar a expertos cuyos aportes considere relevantes. Hoy participó del encuentro el juez civil Lucas Aón, para hablar de su experiencia en casos de personas legalmente inimputables, pero capaces de dañar gravemente a terceros como el caso de violadores o asesinos.

En este sentido se prevé que si una persona, cometiere un hecho ilícito en estado de incapacidad de culpabilidad por cualquier padecimiento mental o perturbación de conciencia, o en estado de inconciencia, el tribunal podrá ordenar, previo dictamen de peritos, su internación en un establecimiento adecuado, si por causa de su estado existe el peligro de que el sujeto se dañe o dañe a otros. La Comisión debe establecer si corresponde a un juez civil o a un juez penal la decisión sobre estos casos después de determinada la inimputabilidad.

En el marco de la ronda de presentaciones que la Comisión hace en todo el país, Borinsky acordó hacer encuentro en Mendoza para febrero de 2018, como los que se han realizado en Córdoba, en Salta y en Tierra del Fuego, entre otras provincias.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de diciembre de 2017.-

 

Fuente: Sitio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación, República Argentina